¿Guerra de sexos?

El varón castrado

Es el título del libro más políticamente incorrecto de la temporada. Su autor denuncia que el hombre es la víctima real de la ley contra la Violencia de Género JOSÉ DIAZ HERRERA

Alcanzado por el dardo invisible de mi mirada, el miembro de Médicos sin Fronteras, colaborador de radio y televisión, J. S., sufrió en 2005 uno de los procesos inquisitoriales más traumáticos de su vida.

Previamente, la voz melodiosa de una mujer le dijo al teléfono: «Te llamo de la comisaría de la calle Rubio Gali. Tienes una denuncia por malos tratos y queremos charlar contigo. ¡Pura formalidad! ¿Puedes pasarte por aquí?». Semanas antes había entrado en vigor la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Acostumbrado a vivir el dolor de las guerras que asolan Africa, el médico se presentó en comisaría a pecho descubierto.

Nada más identificarse, sin leerle sus derechos ni informarle de qué se le acusaba, un grupo de agentes procedió a tomarle las huellas dactilares, a hacerle fotos de frente y de perfil. Luego le colocaron unas esposas para conducirle a los calabozos.

«Ya que me van a enchironar quiero que vean esto», planteó mientras entregaba un DVD a una de las mujeres policías. La agente lo cogió con desgana y le echó un vistazo. Pero la escena que le devolvió el ordenador le puso los pelos de punta. Una mujer, blandiendo un enorme cuchillo de cocina, corría tras el médico, le acorralaba y le apuñalaba.

La policía reconoció en las imágenes a la mujer que había puesto la denuncia. Pero no se conmovió. Si duras fueron las lesiones causadas por el arma blanca, más dolorosa fue la respuesta que el presunto acusado escuchó de los labios del agente: « ¡Qué le habrá hecho usted a su mujer para que le clave un cuchillo!».

Estudioso de la violencia familiar, J. S. no pudo contenerse: « ¿Insinúa que soy culpable de que mi mujer haya querido matarme?».

«Una mujer no hace eso si no se le provoca», contestó la policía.«Es decir, usted juzga a la gente por sus perjuicios feministas. No admite que haya mujeres asesinas, malvadas, arpías, dispuestas a asesinar a su marido para quedarse con sus hijos y su casa», se defendió él.

Para reafirmar su tesis de hombre maltratado, J. S. entregó a la agente una treintena de partes de lesiones de distintos centros de salud de Madrid. La agente los leyó uno tras otro. Como aquella situación no figuraba en su protocolo de actuación no supo qué hacer y elevó el caso a sus superiores.

«Las pruebas están a su favor y es probable que condenen a su esposa por intento de asesinato pero yo tengo una denuncia por malos tratos de su mujer. Esta noche tendrá que dormir en el calabozo», le dijo el responsable del centro.

J. S. parecía estar viviendo en un país de locos la peor pesadilla de su vida. Su mujer había querido matarle, había presentado las pruebas a la policía, y le «condenaban» a él.

Al final, logró que le dejaran volver a su casa con la promesa de acudir al día siguiente al Juzgado. «Se va con el compromiso de encerrarse con llave. Porque si su mujer se presenta en casa y usted la mata, quien se juega el pan de los hijos soy yo», le ordenó el oficial de policía.

Durante el año largo en que estuve investigando por los juzgados de toda España mi libro El Varón Castrado. Verdades y mentiras de la violencia doméstica en España, que se publica la próxima semana, tuve acceso a más de 3.000 sumarios judiciales, viví centenares de situaciones tan o más esperpénticas como la anterior. Veamos otro caso.

Siete meses antes, M.D., ingeniero industrial, tuvo una pelea con su esposa en su domicilio de la calle Menéndez Pelayo de Madrid. Como él no quería discutir, su mujer le provocó empujándole contra una cómoda causándole una lesión en la espalda. El varón reaccionó y le devolvió el golpe.

Poco después la policía se lo llevó detenido a la comisaría de la calle Huertas. Ella le había denunciado por malos tratos. Allí le tomaron las huellas, le quitaron sus objetos personales, incluido el reloj y los cordones de los zapatos, las medicinas para combatir un resfriado, sus gafas (tiene 5 dioptrías en cada ojo) y lo metieron en el calabozo.

Era viernes y los Juzgados de Violencia estaban cerrados. Al día siguiente lo trasladaron a la comisaría de Moratalaz donde volvieron a reseñarle. El lunes lo presentaron en Plaza de Castilla después de pasar tres días encerrado, alimentado sólo con zumo y galletas.

Allí se encontró con la primera sorpresa. El juez negó a su abogado el derecho a representarle y nombró uno de oficio que, nada más verle, le preguntó cuánto ganaba. Luego le recomendó que firmara una sentencia de conformidad: «Así aceptas una condena de 7 meses, evitas una pena mayor y no te expones a ir a prisión», le dijo el letrado.

Después de tres noches sin pegar ojo, víctima de un principio de neumonía, desorientado, sin ver un palmo más allá de sus narices, M. D. solo quería salir del infierno. Esposado, tras un «juicio» de diez minutos firmó lo que le pusieron delante y acabó la pesadilla.

Por la tarde, le soltaron, le entregaron una bolsa de basura y una patrulla le acompañó a recoger sus objetos personales. La vivienda, regalo de su madre, le fue adjudicada por el juez a su ex mujer y a sus dos hijos a los que debía pasar una pensión de 600 euros.

Todo aquello por lo que un hombre lucha -familia, hijos, hogar, patrimonio- se lo habían arrebatado en un juicio fotocopia, defendido por un desconocido.

«Bajo el shock traumático del calabozo, enfermo, sin asesoramiento, sin prestar declaración ante el juez, sin que le leyeran la acusación ni ser escuchado y sin que nadie le explicara las consecuencias de una sentencia firme e inamovible mi cliente fue condenado sin juicio», afirma su letrada Patricia Gómez. «El asunto no tiene parangón en la jurisprudencia de ningún país civilizado. Es tan grave que clama al cielo».

Hoy la gran tragedia de M. D., similar a la de otros miles de hombres, es cómo les contará el día de mañana a sus hijos, que él no es un maltratador, que nunca pegó a su madre, salvo para defenderse.

REALIDAD INVISIBLE

Escenas como las narradas, propias de un relato de Kafka, ocurren centenares de veces al día. Son tan aberrantes que para recrearlas habría que resucitar al escritor checo, clonarlo un millar de veces, y poner a todos sus clones a escribir sin descanso.

Y es que en España hay una realidad invisible que raramente aparece en los medios: la persecución sistemática del hombre por el mero hecho de serlo, la violación continua de su derecho a la presunción de inocencia, su condena sin ser oído y la creencia unánime de que un alto porcentaje de los varones son maltratadores genéticos y que hay que darles caza, sin tregua ni cuartel.

Los datos de esta nueva Inquisición son harto elocuentes. Desde comienzos de 2004, en que se puso en marcha la orden de protección, más de 250.000 varones han sido sacados por la fuerza de sus casas, separados de sus familias, desposeídos de sus bienes en juicios inapelables y muchos enviados a la cárcel como si se tratara de individuos no reciclables para la sociedad.

Paralelamente, 190.000 varones, han sido fichados en el Registro de Maltratadores y más de 25.000 desterrados en 2005 de su entorno mediante órdenes de alejamiento, el instrumento más eficaz para acabar con muchos matrimonios, ya que pueden durar varios años.

Y es que la Ley de Violencia de Género es como un revólver. Aniquila a los hombres sin atender a razones, con la mecánica de las armas. Según el Observatorio del CGPJ, durante su primer año de vigencia, se detuvo en España a 150.000 varones (160.000 de acuerdo con las cifras aportadas en los cursos de Verano de El Escorial), más de 400 por día.

Una Ley destinada a perseguir al hombre, a veces sin otra prueba que la denuncia telefónica de su compañera, no tiene parangón en ningún país europeo. La medida podría tener justificación si la violencia familiar fuera superior a la del resto de los países del entorno. Ocurre lo contrario. España es uno de los países más pacíficos de Europa. Un informe del Centro Reina Sofía del 2000 revela que la tasa de uxoricidios era del 2'44 por millón, cifra por debajo de la cual sólo estaban Islandia, Irlanda, Holanda y Polonia. El resto de las naciones civilizadas -Finlandia, Dinamarca, Suecia, Rumania, Reino Unido, Italia, Alemania o Francia-, ofrecen cifras de asesinatos de mujeres hasta cinco veces más altas.

La tendencia a judicializar los conflictos familiares, dando el mismo tratamiento penal a la violencia ocasional y a la habitual, prohibiendo la mediación y el perdón, con ser grave no es lo más pernicioso. Lo es el hecho de establecer como verdad incuestionable que las riñas entre parejas tienen siempre un elemento activo que trata de imponer su autoridad por la fuerza -el hombre- y otro pasivo, la mujer, víctima ancestral del dominio del macho.

Un enfoque maniqueo que no se compadece con la realidad. Así, en 2001 E.R.P. fue detenida en Barcelona por matar a su primo de 27 puñaladas; C.P. pasaportó a tiros a Antonio Quintana; E.G.G. despachó a su compañero a martillazos; M. S. apuñaló 18 veces a su amante en Valencia; a Restituto Rojo su hija le cortó el cuello de un tajo y una mujer estranguló a un paralítico en Valencia. Son sólo algunos de los asesinatos cometidos por mujeres en el año en el que 35 varones fueron ultimados.

Sus muertes son silenciadas. Aunque nadie duda de que el hombre es más violento que la mujer, la lista de varones asesinados por sus parejas es irrebatible. Pero como afirma la catedrática de la Politécnica de París, Elisabeth Badiner, discípula de Simone de Beauvoir, «nadie las cita; para conseguir leyes protectoras hay que demostrar que somos víctimas de los hombres».

AGRESIVAS

Erin Pizzey, la feminista que abrió el primer refugio para maltratadas en Londres, lo corrobora: «La violencia no es cuestión de sexo. De las primeras 100 mujeres que entraron en mi refugio 72 eran más agresivas que sus maridos».

Y es que la Ley contra la Violencia de Género, manejada por el feminismo de la reivindicación, es un maquiavélico instrumento para acelerar las políticas de igualdad entre sexos. Es cierto que nació con otros fines. Convertida en el proyecto estrella del Gobierno Zapatero, fue aprobada en el 2004 con el loable propósito de acabar con los asesinatos de las mujeres.

Conviene señalar, no obstante, que no fue la primera norma puesta en vigor con ese encomiable fin. La aplicación del Código Penal como medio para frenar los conflictos familiares, comenzó a esgrimirse a partir de la reforma de 1989 que castiga la violencia en su artículo 425.

El Código Belloch (1995), amplió los sujetos y los tipos penales. Imbuido de la filosofía del palo, el PP, en lugar de agravar las condenas a los asesinos de mujeres, violadores, o maltratadores habituales, siguió la senda de meter a todos los hombres en el mismo saco.

Pese a que un informe de la Universidad de Zaragoza reveló en el 2000 que sólo el 18% de las mujeres asesinadas habían denunciado malos tratos, el PP ensanchó las barreras punitivas para abarcar a mayor número de varones. Legislando con encuestas manipuladas, a golpe de opinión pública impulsó los juicios rápidos, estableció la orden de alejamiento y toda una panoplia de normas, encaminadas a proteger a uno de los elementos del conflicto.

Tras alcanzar el poder, al PSOE solo le bastó dar una vuelta de tuerca para convertir en sospechosa a la mitad de la población. Actuando como un potente bulldozer, la maquinaria policial del Estado con una simple denuncia ha detenido a hombres de 90 años, dementes, drogadictos o mendigos por no tomarse su medicación; se ha llevado de sus casas a hombres en calzoncillos y ha interrogado a menores en el colegio para localizar al padre.

Con una norma que convierte las faltas más nimias en delitos, no es extraño que los juzgados estén colapsados por varones que han dado un tirón de orejas a su mujer porque ella le quitó el coche, por individuos acusados de beber de la botella de agua de sus esposas o por parejas que riñen por el mando del televisor, asuntos todos ellos de escasa entidad desde el punto de vista del reproche penal, pero convertidos artificialmente en delitos. La reforma de la Ley del Divorcio ha enturbiado aún más el panorama.

El 11 de julio de 2005, el rumano Julian Grosu se quemó a lo bonzo hasta morir frente al Parlamento de Bucarest. Tomó la drástica decisión tras 15 meses de lucha, para que se cumpliera la Convención de la Haya y los tratados internacionales.

Dos años antes Grosu se separó de su mujer en su país y los tribunales le concedieron la guarda y custodia de su hijo. En un viaje a España, donde residía su ex mujer, fue detenido y un juez, vulnerando la soberanía de los tribunales rumanos, le quitó al menor y se lo entregó a su mujer.

Su caso no es único. Miles de padres luchan en España por la custodia compartida de sus hijos e incluso para que se penalice su secuestro durante años en las casas de acogida sufragadas por el Estado, vulnerando los autos judiciales.

Porque, si hace años parecía justificado que tras la ruptura matrimonial los hijos vivieran con la madre al disponer de más tiempo, en 2006 en que el 52% de las mujeres trabajan es lógico que por lo menos un porcentaje similar de hombres comparta su cuidado.

No ocurre así. Al tramitarse la Ley de Divorcio, el feminismo radical presionó a Zapatero para impedir la custodia compartida. «Quitarle a la madre el control de los menores supone echarla de la casa, suprimir la pensión y arrojarlas a la marginalidad», argumentaron. «No hacerlo es fomentar el parasitismo de la mujer, condenarla a depender del hombre o del Estado», arguyeron las dirigentes de Nuevo Feminismo.

Por eso, transcurridos 17 años desde que el Código Penal entró en la familia, las medidas se han manifestado inútiles. Lo reconoció el Fiscal General del Estado: «La Violencia de Género ha crecido en el último año en un 52%».

Y es que, una norma que castiga en exceso, que lleva a cabo todos los días una razzia de más de 400 hombres sin dejarles otra salida que la miseria, e induce a muchos varones a quitarse la vida para escapar de ella no es buena. Miles de condenados, con la colaboración de sus mujeres, la incumplen al negarse a acatar las órdenes de alejamiento. Muchas mujeres se aprovechan de ella y denuncian malos tratos para obtener un divorcio en 24 horas y centenares de parejas la hacen inservible al negarse a declarar.

Por eso, a la Ley contra la Violencia de Género habría que derogarla sin dilación como se ha pedido en más de 100 autos al Constitucional. Aunque sólo fuera para salvar el honor de centenares de jueces, policías y fiscales que tratan de aplicar una norma que divide a la sociedad, casi por partes iguales, en buenos y malos.

El varón castrado, de José Díaz Herrera (Editorial Planeta), sale a la venta el próximo 16 de noviembre.

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20.000 AGRESORES JUZGADOS EN UN AÑO

D os hombres, de 42 y 37 años, han detenidos esta semana, en Basauri y Portugalete, acusados de agredir a sus parejas; la Audiencia de Girona ha condenado a 11 años de cárcel al hombre que prendió fuego a su ex mujer... En lo que va de 2006 ya han muerto 59 mujeres y el balance final posiblemente superará las 62 víctimas de 2005. La Ley Integral contra la Violencia de Género no ha logrado frenar la sangría.

JUZGADOS. 436 juzgados de Violencia sobre la mujer (17 de ellos dedicados en exclusiva a las denuncias presentadas por ellas) echaron a andar en junio de 2005. En un año, han atendido 148.448 asuntos: un 20% de solicitudes de protección, un 45% lesiones, un 13% contra la libertad, un 8% contra la integridad moral...

PROTECCION. Un total de 35.540 mujeres solicitaron protección (el 10% extranjeras), que fue facilitada a 27.366. En un 97% de los casos se concedió una orden de alejamiento, prohibición de comunicación (87%), prohibición de volver al lugar de residencia de la víctima (26%), suspensión de tenencia y uso de armas (18%) y cárcel para el agresor (11%).

CONDENADOS. En poco más de un año, 20.000 agresores han sido enjuiciados. El 98% eran hombres. Ocho de cada 10 fueron condenados. De las 436 mujeres juzgadas, 266 (el 61%) fueron condenadas.

TELEASISTENCIA. El servicio, vía móvil, fue puesto en marcha a finales de 2004 y permite a las víctimas estar en contacto 24 horas al día con el Centro de Atención. En caso de peligro vital, el «botón del pánico» las conecta directamente con la Policía. Hasta marzo de 2006 contaba con 3.141 usuarias en toda España.

TERAPIA. Existen programas para la rehabilitación de maltratadores en 33 de las 64 prisiones. En junio pasado participaban en ellos 319 presos. En esa misma fecha, unos 1.700 maltratadores condenados a someterse a terapia, estaban aún pendientes de acudir a los cursos de rehabilitación.

SUICIDIO. Según la Federación de Mujeres progresistas, el 64% de las víctimas de la violencia doméstica ha intentado suicidarse y un 80% lo ha pensado.

El Mundo, 5 de noviembre de 2006

Sobre la homosexualidad de los políticos

Primer principio: a los gobernantes hay que juzgarlos primordialmente por sus hechos; también por el discurso, porque éste posee asimismo un efecto sobre la sociedad, pero sobre todo por lo que hacen.

Sentado este principio, es necesario añadir que los gobernados deben interesarse por las razones personales subjetivas que mueven a los gobernantes en la medida, claro está, que este conocimiento no afecte al respeto a la dignidad de la persona y a la intimidad a la que todos tenemos derecho.

Esta cuestión, la de conocer datos biográficos públicos y relacionarlos con las políticas que emprenden es, en nuestro tiempo y en este país, más importante que nunca, porque la política se halla contaminada hasta el hartazgo del subjetivismo que provoca la doctrina de la desvinculación.

Esta doctrina afirma que la única forma en que el ser humano puede realizarse es mediante la satisfacción de sus deseos e impulsos, y que ninguna ley, tradición, relación personal, compromiso, vínculo, en definitiva, puede condicionar aquella satisfacción. Se trata de un pensamiento que tiene en la perspectiva de género su construcción más acabada y se traduce en las llamadas políticas del deseo.

Rechazar de plano el matrimonio homosexual no significa mantener una actitud contraria a las personas de esta condición. Se trata lisa y llanamente de estar alineado con la gran mayoría del mundo occidental y democrático, y de confrontar con un objetivo político sobre cual es el sentido del matrimonio como institución insustituible socialmente valiosa.

Una ley que ha modificado de raíz el matrimonio, cuyo fundamento es el derecho consuetudinario, ha sido aprobada en España por una mayoría pírrica en el Congreso de los Diputados, el veto del Senado y la crítica de instancias tan significativas como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

¿Por qué el gobierno se empeñó con este factor de conflicto que ha dividido a la sociedad española y cuyos efectos destructivos sobre el sentido la unión matrimonial se van desarrollando en el tiempo? Unos efectos adversos que no tienen nada que ver, como es sabido, con el número de matrimonios homosexuales que será ridículamente bajo, y que a estas alturas todavía no ha superado la cifra de 1300.

El problema del matrimonio homosexual es que desvirtúa la función primordial de esta institución ligada a la descendencia y a la perspectiva personal y social que ello implica para la comunidad. Reflexionar del por qué de tanto empeño gubernamental es necesario.

Las organizaciones políticas homosexuales insisten en la necesidad de “salir del armario”, es decir, confesar la condición homosexual como un dato normal. La legislación sobre el matrimonio, las subvenciones a organizaciones homosexuales para que introduzcan la divulgación de sus principios en la escuela, la abundancia en los programas de televisión, son elementos que explicitan esta normalidad.

Por consiguiente, no debería ser extraño que los miembros del gobierno de Rodríguez Zapatero, que tanta ocupación y preocupación vienen desarrollando en materia de leyes relacionadas con el impulso del deseo, confesaran abiertamente su condición de homosexual. Pero no es así, la difuminan, la ocultan. Un hombre o una mujer no oculta que está casado o que piensa casarse o que tiene una novia o un novio, aunque esté en el gobierno.

Este dato ni debe tener un especial protagonismo ni debe constituir un secreto de estado. Por eso sería bueno que los actuales miembros del gobierno se definieran en este aspecto, y que futuros candidatos a la alcaldía de Madrid también lo hicieran, porque entonces los ciudadanos tendrían claro cuales son las políticas que pueden esperar de estas personas al margen de sus discursos. Políticas basadas en la construcción de la homosociedad, de la primacía a las organizaciones del homosexualismo político, y la difusión de la perspectiva de género, que constituye la base ideológica que justifica sus preferencias personales.

Mal podrá el gobierno defender la normalidad de la orientación homosexual si sus miembros lo tratan como un hecho que debe enmascararse u ocultarse. La normalidad no es exhibicionismo pero tampoco ocultación, como lo atestiguan los alcaldes de París o Berlín.

 

Editorial de ForumLibertas.com, 27 de octubre de 2006

CORRUPCIÓN JUDICIAL FEMINISIMA

Las habladurías sobre corrupción judicial se centran hoy en materias matrimoniales. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano partidario. En el mejor de los casos, archivará la denuncia con un simulacro de investigación. En el peor, abrirá expediente al denunciante. Solo la corrupción en la cumbre judicial puede explicar la prosperidad de esos bufetes feminísimos que, sin preparación jurídica, se especializan en prefabricar pruebas con las que obtener medidas provisionales o definitivas, en favor de esposas reconvertidas en profesionales de sus maternidades y de sus estados de separadas, divorciadas o “nulidadas“, contra maridos expoliados por la magistratura feminísima del arbitrio. Y el corporativismo protege la violación de derechos fundamentales del varón.

 

Un matrimonio se separa en un Juzgado de provincia. La esposa obtiene la custodia de la hija y una pensión razonable, renunciando al domicilio conyugal. Y se instala en Madrid en un piso alquilado. Una empresa de la que es administrador el marido compró, tres años después de la separación, un duplex en la zona más apreciada de Madrid. Durante la reforma del piso, la empresa se lo cedió amueblado a la esposa, sin cargo alguno, hasta la terminación del curso escolar de la menor. Terminado éste, la madre se fue a vivir con su hija a Marbella. Sin signo que lo presagiara, la esposa fue sorprendida in fraganti cuando intentaba entrar en el duplex de Madrid. Frustrada, se puso en manos de un bufete feminísimo y comenzó la odisea del varón en cuatro escenarios.

 

En el primero, el hombre ignora la conspiración de seis mujeres para conseguir que la separada se apodere del duplex, multiplique por tres su pensión y reduzca a la mitad la convivencia del padre con su hija. Esto lo decide un Auto irrecurrible dictado, “inaudito marido“, por la Magistrado del Juzgado de 1ª instancia nº 28 de Madrid, doña María Dolores Planes Moreno. El varón se entera de este Auto cuando se lo comunica la empresa de seguridad del duplex, alertada de que había sido allanado, con fractura de cerraduras y alarma, por una fémina herramentada con un Auto de Medidas Previas a una demanda de separación, que prometía presentar la mujer ya separada por Sentencia firme cinco años antes.

 

En el segundo, se libra la batalla judicial entre el varón -que no logra satisfacer su derecho al juez predeterminado por la ley, a un proceso donde sea oído antes de condenado, a resoluciones que expliquen sus motivos- y la Magistrado que, sin respetar la competencia del Juzgado de provincia, falsifica de su puño y letra la demanda de la hembra, no la traslada al domicilio del esposo ni lo cita por edictos; celebra una comparecencia ad hoc de seis mujeres, ejecuta el Auto de Medidas Provisionales; no resuelve las oposiciones del ejecutado, ni los incidentes de nulidad; y no cursa los recursos de apelación ni las propuestas de recusación.

 

En el tercero, la batalla se traslada a la jurisdicción penal, con la querella por prevaricación contra la Magistrado, la Fiscal, la Secretario, las dos abogadas y la esposa separada, ante el Tribunal Superior de Justicia. Su Presidente, D. Javier María Casas Estévez, forma Sala de cuatro Magistrados; nombra Ponente, sin tramitar la querella, al Magistrado-adscrito, Sr. Fernández Castro, con adscripción caducada; separa al Magistrado Sr. Suárez Robledano, sin comunicar el motivo; decide no admitir la querella, con el voto en contra del Magistrado, Sr. Pedreira Andrade; comunica que la ampliación de la querella entró el 16 de junio y dicta un Auto de inadmisión según lo decidido ¡el 15 de junio!; decreta el Auto desestimatorio del recurso de súplica, sin reunir la Sala, sin deliberar ni votar, y fechándolo en 8 de septiembre, después de que el Magistrado disidente denunciara esas falsedades en su voto particular de ¡13 de septiembre!; y dicta Providencia de inadmisión del incidente de nulidad, porque los defectos alegados ya los desestimó ¡el Auto que los cometió!

 

En el cuarto escenario, la batalla se libra en campo administrativo. El varón denuncia al Presidente del TSJ ante el CGPJ, por faltas muy graves, documentadas todas con resoluciones judiciales. Se toma declaración al denunciado, Sr. Casas Estévez, quien solo responde, a la separación del Sr. Suárez Robledano, diciendo que era normal puesto que todos los Magistrados se turnan semanalmente, no por asuntos sino ¡por acuerdos! La Comisión Disciplinaria archiva el expediente y pone una multa de mil euros al denunciante. El Magistrado Sr. Pedreira denuncia al Sr. Casas por presiones contra su independencia. Y el CGPJ inicia una investigación ¡contra el denunciante! La Juez Mª Dolores Planes se venga con nuevos Autos contra el varón. Éste responde con otra querella por prevaricación, que corre la misma suerte que la primera. Los dos recursos de amparo están pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional.

 

Y el Sr. Casas se jacta de haber impedido la publicación de este artículo en el diario El MUNDO, a cuyo Director se lo envié con mi firma.

 

Antonio García – Trevijano, 24 de septiembre de 2006

 

http://www.antoniogarciatrevijano.com

 

Los peligros de estar en contra de la homosexualidad

Los cristianos se enfrentan a ser procesados por sus comentarios

LONDRES, viernes, 20 octubre 2006 (ZENIT.org).- En muchos países hablar abiertamente en contra de la homosexualidad puede acarrear graves problemas legales. Y en la actual batalla por proteger la libertad de expresión de forma que los cristianos puedan expresar sus creencias, el futuro no está muy claro.

En una victoria reciente, en Gran Bretaña, se retiraron los cargos contra Stephen Green, informaba el 29 de septiembre el periódico Telegraph. Green fue arrestado por la policía a principios de septiembre tras repartir folletos en el festival homosexual «Mardi Gras» de Cardiff, en Gales. El folleto contenía versículos de la Biblia contra la homosexualidad. Durante una audiencia, previa al juicio, la Fiscalía de la Corona anunció que no seguiría con la acusación.

Un reportaje el 6 de septiembre en el periódico Daily Mail citaba las palabras de la policía sobre el hecho de que Green no fue ni violento ni agresivo. Su único delito fue distribuir los folletos. El artículo observaba que esta no era sino la última de una serie de actuaciones policiales contra la oposición a la homosexualidad. También se dio una advertencia a la escritora Lynette Burrows por un «incidente homofóbico», tras sugerir, en el programa de radio de la BBC Five Live, que los homosexuales no serían los padres adoptivos ideales.

También fue advertida una pareja cristiana de Lancashire tras quejarse por las políticas de la administración local a favor de los derechos homosexuales. Y la policía de Londres investigó a Sir Iqbal Sacranie, antiguo líder del Consejo Musulmán de Gran Bretaña, tras afirmar en una entrevista que la homosexualidad era dañina.

El Christian Institute cuestionó el comportamiento de la policía con respecto a la homosexualidad en una nota de prensa el 22 de septiembre. Estando pendiente el juicio contra Green, el grupo observó que no se presentaron cargos contra la Asociación Gay de la Policía tras publicar un anuncio que acusaba a los cristianos de asaltos violentos contra los homosexuales. Se recibieron más de 40.000 quejas del público contra el anuncio, según el Christian Institute.

Presión de la Unión Europea
Al caso de Green podrían seguir muchos otros, si se aprueba la legislación propuesta por el gobierno británico. Las Regulaciones de la Orientación Sexual podrían hacer, entre otras disposiciones, que la discriminación contra los homosexuales fuese ilegal.

En un comentario publicado el 2 de octubre en el Telegraph, Philip Johnston observaba que la legislación se introducía por la insistencia de la Unión Europea. Tras un periodo de consultas, que recibió una gran oposición de los grupos religiosos, el gobierno considerará ahora si modifica la legislación propuesta.

Uno de los problemas implicados, indicaba Johnston, es el conflicto de derechos. Los cristianos sostienen su derecho a expresar puntos de vista basados en sus creencias religiosas, mientras que los grupos homosexuales quieren que se silencie cualquier oposición basándose en prohibir la discriminación. «Estas son las negras aguas en las que entramos cuando buscamos encerrar cada vez más los ‘derechos’ en la legislación», concluía Johnston.

La legislación propuesta recibió duras críticas del cardenal escocés Keith O’Brien. En una homilía a los parlamentarios el 14 de junio, advirtió que las leyes son «una amenaza a la libertad de conciencia» y «a la libertad de religión».

Las palabras del cardenal fueron pronunciadas en el mismo corazón del parlamento británico, en una cripta de la Cámara de los Comunes.

«Las leyes que son aprobadas por cualquier autoridad humana deben respetar siempre la dignidad de la persona humana y la integridad de conciencia de cada una, esté formada esta conciencia por principios cristianos o por otros sistema de creencias», insistía el cardenal O’Brien. «El estado se excede en su papel cuando pisotea las libertades morales legítimas y cuando impone valores que no tienen mérito racional y sociológico alguno».

Esta falta de libertad queda ilustrada en un reciente caso en Escocia. Nueve bomberos de Strathclyde sufrieron sanciones disciplinarias tras negarse a repartir panfletos en una marcha del «orgullo gay», informaba el 1 de septiembre el Guardian. La marcha tuvo lugar en junio. Como castigo, se ordenó a los bomberos que se sometieran a «reeducación». Uno de los hombres fue degradado de rango, por lo que perdió cerca de 5.000 libras (9.400 dólares) de salario.

Escribiendo en el Sunday Herald el 3 de septiembre, el arzobispo de Glasgow, Mons. Mario Conti, explicaba que aunque a los homosexuales, y a otros grupos, se les dan consejos de seguridad en caso de fuego, el lugar para hacerlo no es un festival tipo carnaval. Los bomberos, observaba, sabían que al ir a este evento «estarían sometidos a silbidos, comentarios inapropiados y, para algunos de ellos, a graves insultos a sus creencias religiosas».

El arzobispo indicaba que la razón verdadera para repartir material durante la marcha «no era ofrecer asesoría de salvamento a los individuos presentes – era permitir que la brigada como institución fuera vista como tolerante, ‘que abrazaba la diversidad’ y políticamente correcta». La tolerancia, sin embargo, no se extendía a las creencias de los bomberos.

En la línea de fuego
Existen riesgos similares en Estados Unidos. Robert J. Smith, miembro de la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington, perdió su trabajo tras sostener en un programa local por cable, que la homosexualidad consistía en una «desviación sexual».

Según el periódico Baltimore Sun del 16 de junio, el gobernador Robert Ehrlich Jr destituyó a Smith. Ehrlich describía los comentarios de Smith como «inadecuados, insensibles e inaceptables», y estando «en conflicto directo con el compromiso de mi administración por la no exclusividad, la tolerancia y la oportunidad».

Tras su despido, Smith, católico, manifestó que tenía derecho a expresar su opinión. Sus comentarios tuvieron lugar durante un programa entrevista que incluía el tema del matrimonio homosexual.

En California, el gobernador Arnold Schwarzenegger ha firmado una ley que convierte en ilegal para los proveedores de servicios financiados por el estado, como la policía, el departamento de bomberos y las universidades, la discriminación contra homosexuales, bisexuales y transexuales.

Las organizaciones cristianas, junto a otras, criticaron la medida, afirmando que amenaza las universidades de inspiración religiosa, los centros de día y las organizaciones sin ánimo de lucro, informó el 31 de agosto el Washington Times. Los grupos que tienen contratos gubernamentales o reciben financiación del estado corren ahora el riesgo de tener que aceptar homosexuales, bisexuales y transexuales.

Una victoria, por ahora
En Canadá, los cristianos ganaron a principios de año una larga batalla por la libertad de expresión religiosa. El periódico National Post del 17 de abril informaba de que un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Saskatchewan revocó la sentencia del juicio del caso Hugh Owens. Éste es un cristiano que había sido acusado del crimen de publicar anuncios de periódicos citando pasajes de la Biblia contra la homosexualidad.

En 1997 Owens puso un anuncio en el Saskatoon Star-Phoenix como respuesta personal a los anuncios que celebraban la «semana del orgullo gay». Se le consideró culpable de violar el código de derechos humanos de Saskatchewan, aunque este código contiene excepciones por las creencias religiosas y la libre expresión. La sentencia de abril, no obstante, está lejos de ser una clara victoria, comentaba el National Post. El tribunal hizo alusión a que en las circunstancias actuales, con mayores derechos legales para los homosexuales, tal anuncio no debía haberse permitido.

De hecho, una carta pastoral del obispo de Calgary, Mons. Frederick Henry, expresaba su preocupación por las amenazas a los cristianos que se oponen a la homosexualidad. En su carta, con fecha del 6 de septiembre, Mons. Henry animaba a los católicos a expresarse contra los cambios legales que el año pasado permitieron los matrimonios del mismo sexo.

«El estilo de vida homosexual debe tratarse ahora como sano y legítimo, cuando en realidad es malsano e inmoral», afirmaba. «La libertad de expresión está amenazada por quienes se oponen al ‘matrimonio’ del mismo sexo en público». Y se ha despedido a funcionarios civiles que han rechazado oficiar matrimonios del mismo sexo.

En un discurso a los obispos de la provincia canadiense de Ontario, Benedicto XVI advertía la dramática separación entre el Evangelio y la cultura contemporánea. En su discurso el 8 de septiembre, el Papa observaba cómo en nombre de la «tolerancia vuestro país ha tenido que soportar la insensatez de la redefinición del término cónyuge».

«La democracia sólo tiene éxito si se basa en la verdad y en una correcta comprensión de la persona humana», explicaba el Pontífice. Los católicos implicados en la vida pública y civil «no pueden aceptar componendas con respecto a este principio», añadía. Principios a los que les esperan muchas batallas.
P. John Flynn
ZS06102013

El declive de las familias con un padre y una madre

Mientras se redefine la paternidad, los hijos pasan a un segundo plano

NUEVA YORK, domingo, 8 octubre 2006 (ZENIT.org).- Las estructuras familiares y el papel de los progenitores están quedando redefinidos dejando de prestar la suficiente atención a las necesidades de los hijos. Esta es la advertencia de un informe publicado recientemente, en el que se describen las tendencias mundiales en la legislación familiar y en la tecnología reproductiva.

«The Revolution in Parenthood: The Emerging Global Clash Between Adult Rights and Children’s Needs» («Revolución en la paternidad: el emergente choque global entre los derechos de los adultos y las necesidades de los hijos) ha sido publicado por la Commission in Parenthood’s Future.

La comisión «es una organización independiente y no política de expertos y líderes», activos en el área de la familia, según una nota de prensa de la página web del Institute for American Values. El instituto, con sede en Nueva York, es una de las organizaciones que están detrás de la comisión.

La autora del informe es Elizabeth Marquardt, miembro de la comisión y autora del libro «Between Two Worlds: The Inner Lives of Children of Divorce» («Entre dos mundos: las vidas íntimas de los hijos del divorcio»). El informe registra que las tendencias mundiales en la legislación y en las tecnologías reproductivas están redefiniendo la paternidad de forma que se piensa antes en el interés de los adultos que en las necesidades de los hijos.

«El modelo de paternidad de dos personas, padre y madre», indica, «se está cambiando para adecuarse a los derechos de los adultos en vez de a las necesidades de los hijos a conocer a sus padres y ser criados, en la medida de lo posible, por una madre y un padre».

La revolución en la paternidad descrita en la publicación comprende varios temas: altos índices de divorcio; niños criados por un solo progenitor; el uso creciente de óvulos y esperma de donantes; el apoyo al matrimonio del mismo sexo; y las propuestas de permitir que los niños concebidos usando esperma y óvulos de donantes tengan tres progenitores legales

Una revolución legal
El informe da algunos ejemplos de los cambios legales de gran envergadura en la familia, introducidos con frecuencia sin un profundo debate:

--En Canadá, la ley que permitió el matrimonio del mismo sexo también incluía una disposición que eliminaba el término «padre natural» de la ley federal, reemplazándolo por «padre legal». Con dicha ley, el lugar donde se define quiénes son los padres de un niño ha pasado de forma precipitada de la sociedad civil al estado, con consecuencias todavía por conocer.

--En España, poco después de la legalización de los matrimonios del mismo sexo, el gobierno cambió el formato de los certificados de nacimiento de todos los niños. En el futuro se leerá «progenitor A» y «progenitor B» en lugar de «padre» y «madre».

--En las directrices de la India para la tecnología de reproducción asistida, publicadas en junio del 2005, establecen que un niño nacido por medio del uso de esperma u óvulos donados no tendrá ningún derecho a saber la identidad de los padres genéticos.

También existe presión para otros cambios más radicales.

--En Nueva Zelanda y Australia, las comisiones legales han propuesto permitir que los niños concebidos con el uso de esperma y óvulos de donantes tengan tres padres legales. Las propuestas no logran explicar qué sucedería si los tres padres rompen y litigan sobre el niño.

--Aumenta el apoyo de las influyentes comisiones legales y de catedráticos de derecho en Canadá y Estados Unidos para que se legalicen los acuerdos matrimoniales en grupo como la poligamia y el poliamor, que implica relaciones íntimas con tres o más personas.

--En Irlanda, una comisión sobre reproducción humana ha propuesto que las parejas que encarguen un hijo a través de una madre de alquiler deberían ser automáticamente los padres legales del niño, dejando a la mujer que entrega el bebé sin ninguna protección legal por si cambiara de idea.

Francia es el uno de los pocos países que resisten las acometidas para cambiar la legislación familiar. Un informe parlamentario sobre la familia y los derechos de los hijos, publicado el pasado enero, indicaba que «el deseo de un hijo parece haberse convertido en el derecho a un hijo».

El informe francés también recomendaba no legalizar el matrimonio del mismo sexo. Entre las razones que daba estaba la preocupación por la identidad y el desarrollo de los hijos cuando la ley crea una situación en la que hay «dos padres o dos madres» – lo que biológicamente ni es real ni plausible». El informe parlamentario insistía en la necesidad de una justificación médica para la procreación asistida, y que debería permanecer la prohibición de la maternidad de alquiler.

Los adultos primero
En «Revolution in Parenthood», Marquardt explica que los cambios en las estructuras paternales y familiares están llevando a un enfrentamiento entre los intereses de los hijos y los intereses de los padres. «Esta redefinición», advierte, «pone hincapié cada vez más en los derechos de los adultos a los hijos en vez de en la necesidad de los hijos a saber y a ser criados, en la manera de lo posible, por una madre y un padre».

«Una buena sociedad protege los intereses de sus ciudadanos más vulnerables, especialmente de los hijos», sostiene el informe de Marquardt. Pero la base misma de la institución se está redefiniendo de forma fundamental, con frecuencia de una forma que se orienta primariamente a los derechos de los adultos».

El hilo común en muchos de los cambios es alegado «derecho a un hijo». El deseo de un hijo es de hecho «una fuerza poderosa sentida en lo profundo del alma», admite Marquardt, y la incapacidad de tener un hijo propio suele sentirse como una enorme pérdida. «Pero», añade, «los derechos y necesidades de los adultos que desean tener hijos no son la única cara de la historia».

La adopción siempre ha estado al alcance de los padres que no podían tener hijos. Pero el uso de los métodos de reproducción asistida ha transformado la situación llevando a la separación deliberada de los hijos de sus madres y padres biológicos. La biología, obviamente, no lo es todo, observa el informe, pero al mismo tiempo importa.

Las estructuras familiares son también cruciales para los niños. Los estudios sobre las vidas de los hijos del divorcio muestran las consecuencias negativas para ellos, no consideradas suficientemente cuando se introdujo el divorcio libre.

La primera generación de niños concebidos gracias a donantes está alcanzando ahora la edad adulta. Fueron concebidos por parejas heterosexuales casadas usando esperma de donantes. Marquardt cita algunos casos de niños que ahora hablan del poderoso impacto en su identidad cuando los adultos conciben a propósito un niño con la clara intención de separar a ese niño de su padre biológico. Los jóvenes suelen decir que se les negó el derecho a conocer a sus padres biológicos.

De hecho, muchos de estos adolescentes y adultos están formando ahora organizaciones y usando internet para intentar contactar con los donantes de esperma y encontrar a sus medio hermanos concebidos con el mismo esperma.

Consentimiento
Un tema surgido de los hijos de donantes es que, en los procedimientos de tecnología reproductiva que intencionalmente separan a los hijos de uno o ambos padres biológicos, no se obtiene el consentimiento informado de la parte más vulnerable, el niño.

«Revolution in Parenthood» observa que en las últimas décadas ha surgido un fuerte consenso entre los científicos sociales sobre los beneficios del matrimonio para los hijos. La actual redefinición de paternidad, dice el informe, está reformando la cultura y los sistemas legales «de forma que llevan a incertidumbres más profundas sobre el significado de la paternidad y de la maternidad».

Por ejemplo, en Estados Unidos, al menos 10 estados permiten que a una persona, sin relación biológica o de adopción, y sin relación marital con ninguno de los progenitores del niño, se le den derechos y responsabilidades parentales como si fuera un padre psicológico o un padre de hecho.

«En la ley y la cultura, el modelo natural de dos padres, el modelo padre-madre está cayendo, reemplazado por la idea de que los hijos están muy bien con cualquier adulto al que llamen padre, mientras este sea una persona agradable», comenta el informe.

Estos cambios tendrán consecuencias de gran envergadura para la familia, los niños y la sociedad. «Aquellos de nosotros que estamos preocupados», concluye el informe, «podemos y debemos suscitar y llevar adelante un debate sobre las vidas de los hijos y el futuro de la paternidad».

P. John Flynn
ZS06100821

La tiranía feminista: “aconsejan” a Hispanidad.com que retire los vídeos sobre lo que ocurre en los juzgados de violencia de Género

Ya lo decía un famoso periodista económico español –probablemente el más famoso-: ¿Pero a éstas quién las ha engañado? Se refería, naturalmente, a la mujer actual sobre la que la sociedad actual ha cargado, en nombre de su liberación, con la doble tarea de madre y profesional. Y lo que es peor: ha conseguido que la avanzadilla feminista le haya obligado a ser femenina y masculina a un tiempo. Naturalmente la mujer actual anda al borde un ataque de nervios. Y es que la libertad libera pero las liberaciones obligadas esclavizan.

Las feministas aúllan que los hombres no quieren soltar el poder. Yo creo que eso es tan cierto como el que las mujeres les aburre tremendamente el poder y siempre lo han considerado una tontísima pasión masculina. Hablo del poder político o social. Para la feminidad, la sociedad de un escenario para desarrollarse, no un campo de batalla para ser conquistado.

Chesterton, un escritor que siempre fue más admirado por las mujeres que por los varones, lo calcaba con estas palabras: “La filosofía de los sexos que crean las sufragistas con el feminismo es la misma que habían establecido los árabes con su antifeminismo. Es más difícil que una mujer encuentre su hogar en una fábrica que un harén”. Siempre me ha asombrado el curiosísimo hecho del silencio feminista ante la barbarie islámica. Un dato : las feministas siempre han sido más antijudías y anticristianas que antiislámicas.

Con todo, en el siglo XXI hemos llegado a una especie de dictadura feminista y a la peor guerra social que se recuerda: la guerra de sexos, media humanidad contra la otra media. Como siempre, la primera víctima de la guerra es la verdad y la justicia. Quién ha contemplado los dos vídeos emitidos el jueves por Hispanidad se dará cuenta de que el feminismo ha enloquecido definitivamente, y que todo vale con tal de fastidiar al varón. Lo que está ocurriendo en los juzgados de familia y en los de violencia de género es mucho más que ultrafeminismo : es un atentado contra la verdad y la justicia. Las feministas mienten con descaro y así, se ha creado un estado de cosas en el que, por ejemplo, todo abogado de toda mujer en trance de separación aconseja que denuncie violencia de género, porque a partir de ese momento no sólo obtendrá la custodia de los hijos sino que podrá exprimir a su “ex” y practicar una especie de venganza oriental sobre el gran enemigo, el varón, con la colaboración de la autoridad. No me extraña que la violencia de género continúe aumentando.

Pues bien, en la mañana del viernes recibíamos una llamada de la responsable de prensa del Tribunal Superior de justicia de Madrid, señora Elisa Beni, “aconsejándonos” que retirásemos esos vídeos porque han sido grabados de forma ilegal. Entramos en el proceloso terreno de los defectos de forma. Lo que importa no es le fondo de la cuestión –lo que está ocurriendo en estos juzgados- sino que las pruebas han sido obtenidas de forma ilegal. Dicho de otra forma: el que se atreva a denunciar la tiranía feminista se expone a terribles contratiempos.

Pues sea, los retiramos dado que se nos acababa de comunicar su ilegalidad, aunque de forma un tanto curiosa. La verdad es que no hicimos otra cosa que recoger unos vídeos que cualquier internauta puede ver en la página Projusticia. Precisamente, la noticia consistía en que uno de los promotores de dicha asociación, Francisco Zugasti, ha presentado una queja ante el Servicio de Inspección del Consejo general del Poder Judicial (CJPJ) acerca de la actuación de la juez Raimunda de Peñafort Lorente en caso de violencia de género. No nos parece justo, y creemos que lo que importa es el contenido de los vídeos, pero, ahora que sabemos de su ilegalidad, los retiramos.

Después de hacerlo, una nueva llamada a la redacción de Hispanidad de doña Elisa Beni nos explicó que eran conscientes de la retirada pero que casualmente –hay que ver cómo han aumentado las responsabilidades de los jefes de prensa- cursó informe al fiscal de tan presunta ilegalidad. Me refiero a la presunta de Hispanidad –presunta, no sólo por cosa no juzgada sino porque no parece que las jefaturas de prensa constituyan el cauce adecuado para tramitar denuncias contra los periodistas; hasta el momento, pensábamos que su función era la de informar a la prensa, no la de demandarla-. Y es que hay ciudadanos muy celosos de la legalidad y del Estado de Derecho.

El problema, en España y en el mundo, sigue siendo el mismo : para el feminismo, la mujer es mujer antes que persona. A partir de ahí, pervertido el principio primero de la justicia y el respeto, cualquier aberración resulta justificable. La ética da una vuelta de campana, porque se considera bueno aquello que resulta gratificante para la mujer o negativo para el varón.

Hispanidad.com
Eulogio López
30-09-2006

El treinta por ciento de las separaciones conflictivas usan a los hijos como arma arrojadiza

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) que se presenta cuando uno de los progenitores educa al niño en el odio y lo utiliza como arma arrojadiza se presenta en un 30 por ciento de las 43.300 separaciones conflictivas que se producen al año en España, según el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) que se presenta cuando uno de los progenitores educa al niño en el odio y lo utiliza como arma arrojadiza se presenta en un 30 por ciento de las 43.300 separaciones conflictivas que se producen al año en España, según el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.

Para evitar que este tipo de maltrato, esta institución presentó ayer una guía elaborada por el psicólogo José Manuel Aguilar en la que explica el proceso por el que se puede llegar a estas situaciones y facilita claves de actuación para evitar la utilización de los niños en las separaciones.

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, recordó que esta institución recibió el pasado año 210 quejas referidas a separaciones traumáticas frente a las 133 de 2004.

Asimismo, subrayó la necesidad de aprobar una Ley de Mediación. Morgades al mismo tiempo, apostó por la implantación de una "justicia de familia" con personal especializado y recalcó la necesidad de crear puntos de encuentro para las situaciones de separaciones más enfrentadas, bien dotados, con profesionales preparados y estables.

En este sentido, Núñez Morgades señaló que de esta manera se podría evitar el "maltrato institucional involuntario" que se produce cuando los menores deben declarar ante la Justicia o los Servicios Sociales a lo largo de los procesos judiciales de las separaciones.

El Síndrome de Alienación Parental consiste en una campaña de injurias hacia el otro progenitor, que en ocasiones se extiende a toda su familia, hasta que el padre o madre consigue que el menor exprese un rechazo frontal hacia el otro progenitor.

Finalmente, el propio progenitor alienador afirma que él no puede hacer nada para convencer a su hijo y que es éste el que ha decidido por sí mismo no tener contacto con el padre o la madre.

Análisis Digital, 14 de junio de 2006.