A propósito de la pasada Asamblea Extraordinaria del episcopado he leído las opiniones más diversas, algunas de ellas disparatadas e imaginativas. No logro entender por qué a unos les molesta y a otros repugna que los obispos defiendan la unidad de la nación Española.
Ahora bien, si la unidad no está en peligro y creen que no es importante, no tienen por qué escandalizarse ni injuriar a quienes les importa y preocupa; al punto de que, cuando dicen que la Iglesia no debe meterse en política, quieren que entendamos que la Iglesia debe aceptar la situación de facto y dejar de cuestionar la "filosofía" que la impregna.Cosa bien distinta es unir la unidad de la fe católica con la unidad de España. Nadie en la jerarquía está en esta postura. Lo atestigua la obra "Moral Política", que tiene como subtítulo "Magisterio de la Conferencia Episcopal Española, 1972-2002".
Acaba de publicarse y consta de nueve capítulos. El primero comienza con la declaración colectiva de la XVII Asamblea Plenaria de la CEE de 1972 titulada "La Iglesia y la Comunidad política". El último documento es el titulado "Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias", que se publicó en noviembre de 2002.
La experiencia histórica común es que la "indisoluble unidad de la Nación Española", artículo 2º de la Constitución, nos va bien prácticamente a todos. Ponerla en peligro, o en entredicho, ¿es sólo una fechoría política y jurídica y una traición histórica, o es algo más grave que merece todo tipo de reprobaciones? ¿Se puede romper este principio para generar otro modelo de nación al gusto de los nacionalistas excluyentes y de los terroristas? Por supuesto que no, y podemos aportar razones históricas, culturales, políticas, jurídicas y éticas para apoyarlo. Pero, de llevarse a cabo, debe decidirlo el pueblo soberano.
Lo contrario es lo que algunos están imponiendo: la conquista y el reparto étnico del territorio, hasta consumar la caducidad de la Constitución, superada por los Estatutos de las autoproclamadas nuevas naciones. El fraude o el delito, no sé cómo definirlo, que se proyecta, es de órdago.
La paz y la unidad, como marco de mayor integración y solidaridad, como referencia a unos valores comunes y como sentido de pertenencia a unas raíces históricas, filosóficas, humanísticas, religiosas, éticas y culturales, no son incompatibles. En cambio, el régimen del terror es incompatible con la paz y la unidad.
A aquellos que prefieren la disgregación del pueblo intentan convencernos de que la unidad de España es un tema secundario, porque lo realmente definitivo es la paz. Sería de agradecer que aclararan sobre qué cimientos pretenden construir esa paz de la que hablan tanto. Aclaren si están de acuerdo en que se pase página sobre la masacre del 11-M, a partir de la cual se intensificó esta pesadilla en la que nos ha metido Zapatero, y que tantos beneficios está aportando a los objetivos de terroristas, socialistas y nacionalistas. Aclaren si les importa o no cuestionar los presupuestos de muerte y de mentira sobre los cuales apoyan el mal llamado "proceso de paz".
Aclaren qué están dispuestos a sacrificar para justificar el ocultamiento de las víctimas y la aceptación de las demandas de los asesinos.Hay una perversión radical en la discusión. Y se trata de sanear de raíz los presupuestos, un saneamiento que no puede ser otro que el cumplimiento de la Constitución, la aplicación del Estado de Derecho y la recomposición del consenso del proyecto de 1978, proyecto común roto por Zapatero al ponerse en manos de los asesinos de ETA y del 11-M, que, por otro lado, van pareciendo una sola cosa.
La opción común decidida en la Transición (1975-1978), basada en la reconciliación entre los españoles, en la superación de traumas y fracasos colectivos y en la decisión de construir la convivencia sobre valores comunes recogidos en la Constitución, fue la opción más válida a lo largo de los últimos treinta y cinco años. ¿Se puede olvidar y enterrar este patrimonio, para tender puentes con la II República, una de las etapas más sangrientas de nuestra historia, y reconvertirla en los orígenes de la democracia actual? A pesar de todo, afirmar que no se puede hablar de la unidad de España como "un bien moral" es discutible. No obstante, ¿podemos darle un sentido de deber si aceptamos buenamente que ya se ha discutido y que, hoy por hoy, mientras el pueblo soberano no apruebe otra Constitución, esta es la norma válida, legal y moralmente exigible, en la medida en que se adecua a la conducta responsable que se espera de cada ciudadano? La referencia jurídica y, me atrevo a decir, la base ética común de las opciones no puede ser el horizonte de la paz que promete Zapatero; ese horizonte es engañoso y perverso, porque es impuesto por los asesinos, construido sobre el antes y el después de la masacre del 11-M. La referencia jurídica y ética de las opciones comunes es la Constitución de 1978.
En ninguna cabeza razonable y ordenada cabe la idea de que los obispos vayan a decir que es inmoral no defender la unidad de España. No puedo entender que se diga que si los obispos defienden la unidad de España estarán defendiendo una postura partidista... La Constitución es de todos; el principio de la "unidad indisoluble de la Nación" (artículo 2) no es propiedad de ningún partido, más bien genera un deber cívico que obliga a todos los ciudadanos. Un obispo, como cualquier ciudadano, tiene derecho a tener su opinión nacionalista, y si no quiere defender la unidad de la Nación Española, también está en su derecho y en su responsabilidad. Por otro lado, decir que, si los obispos se pronuncian en defensa del principio de unidad de España, estarán tomando partido sólo por los católicos que lo defienden, estarán dividiendo a los católicos, se cae por si mismo. Los obispos son ciudadanos obligados, como todos los demás, a respetar la Constitución y no procede que inviten a lo contrario, tanto por acción como por omisión. Y no creo que vayan a decir a nadie que si no lo hacen cometen pecado. En todo caso, defender la unidad de España incluye un compromiso ético indiscutible, en la medida en que invita a desplegar recursos, a hacer opciones y a emplear medios que transcienden los intereses particulares para buscar los intereses comunes, sin excluir a nadie; en la medida en que los derechos de las personas se anteponen a los posibles derechos territoriales y lingüísticos; en la medida en que es más acorde a la moral actuar según un orden legal justo (el principio de legalidad constitucional), refrendado soberanamente, que romperlo bajo la presión del asesinato, la extorsión, la persecución y la mentira.
Juan Souto Coelho (miembro del Instituto Social "León XIII")
Libertad Digital, suplemento Iglesia, 29 de junio de 2006.
