Opinión y análisis

¿Y si todo fuera una exageración?

Al acuerdo sobre cómo y en qué condiciones el entorno de ETA puede volver a la vida política le falta un último peinado. Es el momento de aceptar la propuesta de Arcadi Espada y hablar claramente de las cesiones que estamos dispuestos a hacer para que los terroristas abandonen definitivamente las armas.

Sin rasgarnos preventivamente las vestiduras, sin defender a priori que cualquier concesión es inadmisible. Y sin practicar tampoco la hipocresía habitual estos días entre los voceros del Gobierno; un fariseísmo que les lleva a defender que el proceso de paz se limita a dar continuidad a tres años sin muertos y que, de momento, no se ha cedido en nada: ni en Navarra ni en los presos ni en la autodeterminación.

La situación requiere un ejercicio de sinceridad por parte de todos. Consideremos en su crudeza, desnudándola de palabrería y de dobleces, la propuesta que está haciéndole Zapatero a la sociedad española.

Esta semana Cándido Conde Pumpido ha sido su mejor portavoz en el Senado: ¿por qué en lugar de alimentar una justicia de trinchera no apostamos por una interpretación de la ley que nos traiga definitivamente la paz?... No repitamos mecánicamente todo el argumentario acumulado en los últimos meses por los que hablan de un proceso de rendición ante los terroristas. ¿Y si todo ese argumentario fuera una exageración?

Hablemos con franqueza del precio de la paz. Zapatero –sin formularlo- dice: “nos anunciaron el fin del mundo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se ha aprobado y no ha ocurrido nada. La gente sigue cogiendo el metro a la misma hora; tomando el café del mismo modo; para los heterosexuales confesos no han cambiado en realidad nada; y los homosexuales, pocos, que han querido casarse lo han hecho. Aquí paz y después gloria. Cada uno sigue esforzándose, fracasando y acomodándose igual en su vida. Lo mismo ocurrirá si encontramos una fórmula para cambiar el status de Navarra de forma no muy escandalosa, si damos con otra solución para conceder la autodeterminación al País Vasco sin que la unidad de España aparezca sensiblemente desecha y si damos alguna salida a los presos. En el fondo son cambios irrelevantes para lo que verdaderamente importa; a cambio conseguimos la paz”.

Es de agradecer que haya personas como Arcadi Espada, que formulan las cosas con franqueza. En un lado ponen los principios (la dignidad de las víctimas, el modelo constitucional y la soberanía nacional) y en el otro la paz definitiva. El daño de las víctimas es irreparable y lo mejor que podemos darle –dicen- es la esperanza de que no habrá más muertos y la ¿política?... ¿No es más útil la política cuando abandona las abstracciones y resuelve las necesidades reales de la gente? Ésta es la gran cuestión a la que hay que responder.

La primera respuesta, y aquí empezamos a distanciarnos de Arcadi Espada, es que la verdad existe. La paz construida sobre la mentira o sobre la injusticia destruye a un pueblo. Los ejemplos históricos son innumerables, uno de los más sonoros es el de la Alemania de entreguerras. Pero ni siquiera este argumento es suficiente para que sea percibida con claridad la importancia del momento que estamos viviendo. Es cierto que la política está para hacer más fácil que la gente resuelva sus necesidades. Pero si los españoles no percibimos que la necesidad de una paz justa es existencialmente tan apremiante como coger el metro a tiempo o ser queridos... toda la resistencia al mal llamado proceso de paz parecerá exagerada.

No es suficiente afirmar que la verdad impone límites. Es necesario darse cuenta (percibir, sentir, oler) de que el anhelo y la experiencia de verdad que nos impide coger el metro tranquilos cuando hemos sido víctimas de una injusticia en el ámbito laboral o en el afectivo es exactamente lo mismo que está en juego en este caso. Las injusticias públicas, aunque tengan otra forma y otros tiempos, provocan los mismos efectos que las injusticias privadas.

La libertad de las próximas décadas para todo nuestro pueblo, comprometida de un modo que ahora parece imperceptible en las cesiones a los terroristas, es una necesidad tan acuciante -si no más- que cualquier otra.

Fernando De Haro

 

Páginas Digital, 18 de octubre de 2006

 

¿Fue el 11-M nuestro Omagh?

El próximo día 25 tendrá lugar en Estrasburgo un pleno del Parlamento Europeo en el que se debatirá y votará una propuesta de apoyo al proceso de paz abierto tras el alto el fuego permanente que la ETA anunció en marzo. Además de la oposición parlamentaria, mostrarán su rechazo a dicho debate varias asociaciones de víctimas y plataformas cívicas, mediante el previo envío masivo de cartas y correos electrónicos a los europarlamentarios.

A pesar de sus reiteradas declaraciones en sentido contrario, el Gobierno Zapatero no ha cesado de realizar concesiones al entorno etarra, antes incluso del alto el fuego. Tras ordenar a la Fiscalía General del Estado su inhibición en la presentación de candidaturas por parte del PCTV, ha intentado minimizar la importancia de las numerosas cartas de extorsión enviadas a empresarios vascos y navarros, así como de las decenas de actos de terrorismo callejero producidos desde marzo; y ahora quiere regalarle a Batasuna-ETA la internacionalización del conflicto vasco, pretendiendo su equiparación con el de Irlanda del Norte.

Los acuerdos de Viernes Santo de 1998 hicieron albergar fundadas esperanzas sobre la resolución del conflicto irlandés: ocho años después, parece que, efectivamente, hay voluntad por ambas partes de poner fin a cinco décadas de terrorismo cruzado entre el IRA y los grupos terroristas unionistas. ¿Cabe un análisis semejante para nuestro caso?

No sabemos aún si la banda terrorista ETA tuvo algún papel en los atentados del 11-M, la peor masacre terrorista de la historia europea. Un ex director de la CIA señaló en su momento: "No sería la primera vez que un grupo terrorista en fase de desmantelamiento consigue organizar un acto extremo de inaudita violencia". Los ímprobos esfuerzos del Gobierno socialista, aparentemente ayudado por un juez estrella, por borrar todo vestigio que pudiera relacionar a la ETA con el 11-M están consiguiendo que, paulatinamente, vaya descendiendo el número de españoles que cree que fueron sólo islamistas los instigadores y autores de aquella masacre.

Ningún español demócrata puede ocultar su preocupación al saber que el PSOE, tras haber propuesto el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado a finales de 2000, ha mantenido contactos con el entorno etarra, algunos de ellos en fechas próximas al 11-M. Diversos analistas consideran que la ETA, tras atentar mortalmente en Sangüesa a finales de mayo de 2003, pocos días después de las elecciones municipales y autonómicas, inició un repliegue estratégico sin explicitar un alto el fuego.

Por el contrario, en 1997 el IRA anunció un alto el fuego dos meses después de la victoria laborista sobre los conservadores británicos. Meses después, en la Semana Santa de 1998, y tras la incorporación del Sinn Fein a las negociaciones, llegaron los acuerdos de Stormont. Pero el 15 de agosto tuvo lugar la masacre de Omagh (supuestamente cometida por el denominado "IRA Auténtico"), en la que murieron 29 personas (dos de ellas españolas) y más de 300 resultaron heridas.

En marzo del año 2000 el jefe de la policía irlandesa afirmaba, en unas estremecedoras declaraciones: "Es probable que los autores del atentado no lleguen a ser juzgados"; y que los responsables "no tenían intención de matar a tantas personas". ¿Tenían intención los responsables del 11-M de matar a 192 personas y dejar heridas a más de 1.700? Posiblemente nunca obtengamos una respuesta, pero parece claro que un atentado de baja intensidad, con una decena de muertos, no hubiera sido suficiente para conseguir el vuelco electoral en las elecciones del día 14.

La ETA no declaró una tregua dos meses después de la inesperada victoria socialista, sino un alto el fuego permanente dos años después de la misma. ¿Por qué ya antes de ese alto el fuego se han hecho cesiones claras por parte del Gobierno Zapatero? Sólo caben dos explicaciones, ambas preocupantes: 1) los supuestos tres años sin muertos se quieren hacer equivaler a tres años de alto el fuego efectivo, lo que es una inmensa falacia; 2) las negociaciones y contactos secretos entre el actual Gobierno y la ETA, mantenidos incluso cuando el PSOE estaba en la oposición, confieren al proceso de paz unas características especialmente peculiares con respecto al caso irlandés.

La oposición conservadora siempre ha apoyado al Gabinete Blair. Por el contrario, en España se ha pretendido, de forma poco disimulada, el aislamiento del Partido Popular, cuando no su expulsión del sistema democrático. Así, el Parlamento aprobó en mayo de 2005 una resolución aparentemente bienintencionada que sólo fue rechazada por el PP. Si dicha resolución hubiera llegado tras un alto el fuego de la ETA la postura del PP habría sido más difícil de explicar.

Debe recordarse que ya en enero de 2005 el recién nombrado Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo había intentado convencer a los representantes de la AVT de la necesidad de ser flexibles en cuanto a los presos etarras. Afortunadamente, la AVT comprendió perfectamente la tramposa maniobra del Gobierno, que utilizaba para exponer ante las víctimas su política con respecto a la ETA a un egregio padre de la Constitución, nombrado, en teoría, para anteponer los intereses y demandas de las víctimas a cualquier otra consideración. Este engaño frustrado dio lugar a la manifestación del 22 de enero de 2005 en Madrid, primera de una serie de exitosas manifestaciones y concentraciones contra la política gubernamental en materia de terrorismo.

A pesar de la persistencia de la kale borroka y de la extorsión a empresarios, Zapatero anunció informalmente, el pasado 29 de junio, el inicio de las negociaciones entre el Ejecutivo y la ETA. Recientemente, además, el presidente del Gobierno ha dado por supuesta la presencia de Batasuna en las elecciones municipales de mayo de 2007, así como en las autonómicas navarras. Y todo ello, en teoría, haciendo respetar formalmente la Ley de Partidos de 2002, pero sin exigir a Batasuna, con ese u otro nombre, la condena explícita de la violencia, ni a la ETA la entrega de las armas.

Tras el cierre del sumario por el juez Del Olmo, el juicio oral contra los 29 procesados por el 11-M comenzará, previsiblemente, en la primavera de 2007. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no descarta que, en el futuro, sea necesario procesar a más personas, pero parece haber un cierto consenso en que este primer sumario sobre los atentados finalice, en su caso, con la imposición de condenas a alguno de los procesados antes de que se cumpla el plazo legal máximo de prisión preventiva, cuatro años. Esto implica que el Tribunal Supremo tendría que pronunciarse sobre los previsibles recursos antes de marzo de 2008. Fecha de las próximas elecciones generales, siempre que el presidente del Gobierno no decida finalmente adelantarlas.

La opinión pública conoce que la instrucción del sumario ha presentado numerosas irregularidades. A salvo siempre la teórica independencia judicial, parece claro a estas alturas que el juez Del Olmo se ha limitado a incluir en el auto de procesamiento, de abril de este año, numerosos informes policiales, pero sin añadir un obligado relato coherente de los hechos ni la individualización exhaustiva de las imputaciones a cada uno de los procesados.

Si bien dictó en julio un nuevo auto de aclaración, existe un consenso tácito en ámbitos jurídicos –confirmado en cierta forma por la Sección Segunda de la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional– sobre que, de no mediar esa supuesta necesidad de llegar a tiempo, hubiera sido preferible revocar el auto de procesamiento y dictar otro, tras una revisión en profundidad de la propia instrucción. La labor periodística de investigación de unos pocos medios de comunicación independientes, con El Mundo y Libertad Digital a la cabeza, no es ajena a esta percepción, cada vez más extendida.

En la investigación del atentado de Omagh también se han producido irregularidades. De nuevo fueron las víctimas las que tuvieron que unir fuerzas ante la pasividad de la Policía y el Gobierno británicos en la investigación de la verdadera autoría. Un informe de la Defensora del Pueblo en Irlanda del Norte puso de manifiesto en 2001 que, aunque la policía del Ulster sabía de antemano que grupos terroristas republicanos preparaban un atentado en Omagh, no hizo nada para evitarlo. Por otra parte, uno de los principales testigos del juicio contra el único acusado por colaborar en la preparación del atentado declaró ante un tribunal dublinés que mintió, bajó la presión de la policía, para inculpar al procesado.

El tribunal revocó en enero de 2005 la sentencia por la que este irlandés debía cumplir una pena de 14 años de cárcel. Determinó, además, que el supuesto terrorista tenía derecho a un nuevo juicio, pues el juez instructor afirmó que la sentencia impuesta tres años antes era dudosa y cuestionó la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía. Entonces, los jueces reconocieron que los policías habían "falsificado flagrantemente" pruebas para incriminarlo, aunque desestimaron una solicitud de la defensa para anular el juicio. El tribunal, en su momento, había calificado el ataque como "la mayor atrocidad cometida en Irlanda del Norte desde 1969".

¿No recuerda esto demasiado al proceso seguido en España por el 11-M, el mayor atentado de nuestra historia? ¿Se quiere hacer Justicia, con mayúsculas, o se pretende aparentar que en nuestro país funciona adecuadamente el Estado de Derecho?

ENRIQUE BOTO, miembro del Club Liberal de España.

Libertad Digital, suplemento Ideas, 18 de octubre de 2006

Cataluña: un análisis que merece atención

Entre las singularidades de la campaña electoral catalana, llaman la atención las sucesivas visitas que han cursado algunos candidatos a personalidades y centros de relevancia eclesial. Máxime si se tiene en cuenta que Cataluña pasa por ser (y así lo indican algunos índices sociológicos) una de las regiones más secularizadas de España, y si observamos que la política del tripartito ha sido una auténtica punta de lanza del laicismo más sectario.

No está mal que Montilla o Carod busquen ahora el diálogo con los obispos, o se dejen ver tan contentos en alguno de los centros históricos del catolicismo del Principado, eso siempre será mejor que las bromas con la corona de espinas en Jerusalén. Pero resultaría menos sospechoso si lo hubieran hecho antes de comenzar la campaña, por ejemplo cuando se cocinaba un Estatuto de cuyo Título I ha dicho el arzobispo Martínez Sistach que no tutela adecuadamente la libertad religiosa. No es asunto baladí, pero hay otros muchos que producen verdadera alarma (familia, aborto, eutanasia, libertad de educación), aunque la piel católica del honorable Pujol se haya vuelto piel de elefante, y él no encuentre motivos para la preocupación.

Poca sustancia se ha derivado en todo caso de esas visitas de indudable aroma electoral y, que sepamos, no hay indicios de corrección en las políticas del PSC, de ERC ni de IC en estas materias. Por el contrario, se ha abierto estos días el “dossier” sobre la eutanasia, dejando claro hasta qué punto eran ingenuas o frívolas las seguridades que al respecto decían haber obtenido los democristianos de Unió cuando se perfiló el Estatuto.

Ante la proximidad de la cita electoral, los obispos de las diócesis catalanas han publicado una declaración en la que ofrecen a los católicos una serie de criterios básicos de discernimiento, entroncados en la Doctrina Social de la Iglesia. No hay sorpresas al respecto, pero cuando uno los coteja con las políticas del tripartito comprende perfectamente la enjundia del asunto. De acuerdo con su misión pastoral, los obispos alumbran y señalan un marco de actuación, pero ahora deben ser los católicos catalanes los que arriesguen un juicio histórico concreto, que no tiene por qué ser cien por cien coincidente.

Ahí se sitúa el mérito de la toma de postura pública de la plataforma E-Cristians (www.e-cristians.net), que agrupa a numerosas asociaciones y personalidades individuales de diversas procedencias en el mundo católico. En un documento redactado con vistas a las elecciones del 1-N, esta plataforma ciudadana analiza con notable agudeza diecisiete puntos de la acción política del tripartito, en los que se pone de manifiesto el tremendo impacto de la pasada legislatura en términos de ruptura cultural, control estatal de todos los ámbitos de la sociedad y merma de libertades fundamentales, todo ello atravesado por una inconfundible hostilidad a la tradición católica. El análisis es preciso y contundente, pero austero en cuanto a los adjetivos. Por otra parte, no parecen muy necesarios.

E-Cristians concluye recomendando no votar en ningún caso a los partidos que han conformado el gobierno de Maragall hasta que no cambien de rumbo claramente, dado que han hecho bandera de una ideología agresiva contra la familia, la paternidad y maternidad, y los valores religiosos. La concreción del análisis (inusual en el mundo católico español) llega hasta decir que se trata de impedir que la suma de diputados de esos tres partidos alcance la mayoría absoluta. Algo se podría decir también del laicismo cuasi procaz de Ciutadans, una formación de fuerte sesgo antinacionalista que sin embargo podría incurrir en algunos de los vicios de sus enemigos, si no fuera porque con toda probabilidad quedará fuera del Parlament. Así pues, sólo la combinación CiU- PP se salva de la quema, lo cual no significa que a estos partidos no haya que pasarlos también por el tamiz de la crítica.

A la espera de los análisis del día 1-N, merece la pena señalar la utilidad y el valor del ejercicio realizado por E-Cristians, que es fruto de una experiencia cristiana que toma conciencia de su responsabilidad histórica. ¿Encontrará eco en los medios y las comunidades cristianas de Cataluña?

José Luis Restán

Páginas Digital, 13 de octubre de 2006

¿Cuál es la verdad sobre el 11-M?: EL MUNDO y EL PAÍS confunden a la opinión pública

Los titulares de ambos diarios en la última semana con respecto a la investigación, un auténtico galimatías

 

‘Duelo de titanes’ entre dos de los principales medios de comunicación escrita en España. ¿Alguien tiene claro quiénes fueron los responsables y/o instigadores de la masacre del 11-M? A tenor de la ‘guerra’ informativa que mantienen EL MUNDO y EL PAÍS sobre el tema, la opinión pública debe andar despistadísima.

 

Mientras el diario afín a los socialistas mantiene su discrepancia con lo que denominan una ‘teoría de la conspiración’, alentada según ellos por el PP, el periódico dirigido por Pedro J. Ramírez sigue insistiendo en que, tras la versión oficial del Ejecutivo de Zapatero, hay ‘gato encerrado’.

 

El pasado 22 de septiembre, en ForumLibertas.com nos hacíamos eco de lo que, entonces, suponía un punto de inflexión en el debate sobre la investigación y, quizás, sobre la propia autoría de los atentados: El diario EL MUNDO publicaba un informe de la Policía Científica presuntamente falsificado y el supuesto original, que relacionaba a ETA y Hasan Haski, considerado instigador del 11-M.

 

Así pues, lo que hasta ese momento había sido noticia tan sólo para los dos periódicos, a favor o en contra de reabrir la investigación, daba un salto cualitativo y se convertía al día siguiente en portada de prácticamente toda la prensa, radio y televisión.

 

Al mismo tiempo, el ministro Rubalcaba, el portavoz del PSOE López Garrido, el del PP Zaplana, y ‘Pedrojota’, obsequiaban con jugosos titulares a los medios. Y así ha seguido hasta ahora; lo que no ha hecho otra cosa que generar una absoluta confusión con respecto al tema entre la opinión pública.

 

Para hacerse una idea de el abismo que media entre el tratamiento que sobre la investigación del 11-M hacen estos dos medios, reproducimos a continuación los titulares de portada de los seis primeros días de octubre en ambos diarios. Cabe resaltar el hecho de que, en general, EL MUNDO es mucho más prolífico en noticias de portada y subtítulos que apoyan sus tesis de lo que lo es EL PAÍS.

 

 

Día 1 de octubre

 

EL MUNDO:

 

Es la noticia más destacada de portada, donde el titular destaca que ‘Al policía que discrepa sobre el 11-M le cae una campaña de desprestigio’.

 

Subtítulos:

Ignacio López, secretario general de la Confederación Española de Policía, revela que el perito Escribano anotó “las veces que fue presionado”.

López Garrido dice que está convencido de que “se descubrirá quienes han instigado a tres peritos a falsificar un documento público”.

Zaplana: “Cuando conozcamos quiénes son los verdaderos falsificadores investigaremos en el Parlamento a los instigadores”.

 

Una segunda noticia de portada indica que Expertos juristas descartan que los tres peritos hayan delinquido. Y añade: Argumentan que no redactaron un nuevo informe ni le pusieron una fecha distinta a la que tiene el propio documento.

 

EL PAÍS:

 

También, como principal noticia de portada, titula: El principal perito del ácido bórico califica su informe de “elucubración”. Un antetítulo sitúa la noticia: Declaración de los químicos policiales ante el juez Garzón.

 

Subtítulos:

El policía Escribano confiesa en la Audiencia Nacional que actuó sin base científica.

Todos los expertos citados admiten que el ácido nunca se ha usado como explosivo en España.

El magistrado investiga si el documento policial fue falseado por encargo.

 

 

Día 2 de octubre

 

EL MUNDO:

 

Antetítulo:

De sus casi mil análisis a Escribano sólo le cambiaron el que vincula a ETA y el 11-M.

 

Principal titular:

El registro de Garzón exculpa a los peritos e incrimina a sus superiores.

 

Subtítulos:

En disquete de la Policía Científica apareció el informe del 21 de marzo de 2005, cuya literalidad corresponde con lo entregado y firmado de nuevo el pasado 11 de julio.

En un cuaderno, anotado a mano por el propio Escribano, estaba consignado el informe y reflejadas las presiones de Francisco Ramírez para que lo cambiara.

El libro de registro del laboratorio de la Unidad de Análisis constata que fue Escribano y no Ramírez quien personalmente realizó los análisis citados en el informe.

 

Otras dos noticias refuerzan en portada las tesis de EL MUNDO: Treinta horas a disposición del ‘juez estrella’, dice el primer titular, y Zapatero vuelve a identificar buscar la verdad del 11-M con la ‘derecha extrema’ el segundo.

 

EL PAÍS:

 

Zapatero pide a los votantes del PP que rompan con la “derecha extrema”, titula EL PAÍS en portada.

 

Subtítulo:

Testigos de la teoría conspirativa denuncian la manipulación ante el juez

 

 

Día 3 de octubre

 

EL MUNDO:

 

Antetítulo:

Nueva conexión no investigada del lugarteniente de Lamari con la banda.

 

EL MUNDO destaca que Bensmail tenía en su celda la fórmula de los explosivos incautados ayer a ETA.

 

Subtítulos:

 

Además de las direcciones de Parot y de otros tres etarras, se le encontraron las de dos mujeres relacionadas con presos vascos y una nota sobre cómo fabricar cloratita.

Esa nota reproducía en concreto la conocida por la Policía como ‘fórmula 80-10-10’ a base de clorato potásico, azufre y azúcar que ETA ha usado en numerosos atentados.

En el zulo descubierto por la policía francesa en Saint Etienne-de-Baïgorry, a ocho kilómetros de Navarra, se encontraron 115 kilos de clorato portásico y 20 kilos de azufre.

Según el CNI, Bensmail “justificó y apoyó las reivindicaciones de ETA” cuando su agente –el socialista Huarte- le dijo que era “impensable” la relación con los islamistas.

 

Más noticias de portada en EL MUNDO sobre el tema: El Poder Judicial abre una investigación sobre el t5rato de Garzón a los peritos. El magistrado ha interrumpido la tramitación de todos sus sumarios para estar en Colombia como observador de la negociación entre Gobierno y paramilitare; y Zapatero pide al PSOE que no deje pasar ni una al PP sobre el 11-M.

 

EL PAÍS:

 

Noticia destacada: Un juez afín al PP denuncia a Garzón tras desvelarse la trama del ácido bórico.

 

Subtítulo:

La maniobra del vocal del Poder Judicial bloquea un texto de apoyo al magistrado.

 

 

Día 4 de octubre

 

EL MUNDO:

 

Noticia principal: Los peritos ponen a Alonso por testigo de que el informe auténtico era el suyo.

 

Subtítulos:

En una instancia dirigida al ministro en octubre de 2005, Escribano incluyó entre sus méritos para ser condecorado el haber realizado el documento de 21 de marzo que relacionaba a ETA con el 11-M.

El expediente fue examinado en cinco niveles policiales –empezando por la propia Policía Científica- y en ninguno de ellos se cuestionó la autoría del informe antes de que Alonso firmara la resolución.

 

Y más, en portada: Denuncian ante el CGPJ el trato “humillante y vejatorio” que les dio el magistrado (en relación a los peritos interrogados); El Poder Judicial niega el amparo a Garzón que pedían los vocales afines al PSOE; y La Audiencia admite ahora que existen “dudas racionales” sobre el “tipo de explosivo” del 11-M

 

EL PAÍS:

 

Los fiscales avalan a Garzón frente al ataque de los peritos del ácido bórico, dice el titular.

 

Subtítulo:

El sector del PP en el Poder Judicial se niega a defender al magistrado.

 

 

Día 5 de octubre

 

EL MUNDO:

 

Antetítulo de portada: Rotundo varapalo de la sala de lo penal al magistrado y al fiscal Zaragoza.

 

Titular: La Audiencia no ve ni ‘el más mínimo indicio’ de que Garzón sea competente.

 

Subtítulos:

Advierte que no se da ninguno de los supuestos que permitirían a un juez de la Audiencia Nacional investigar la falsedad documental.

El magistrado pide amparo ante el CGPJ horas después de que este órgano se lo negara de nuevo a petición de los vocales próximos al PSOE.

 

Segunda noticia de portada: Rajoy sobre el chivatazo: “Vuelven los peores tiempos del felipismo”. Subtítulos: Minutos antes de que el líder del PP preguntara al presidente en el Congreso, Garzón desestimó la denuncia contra el jefe de seguridad del PSOE, y Zapatero replica a Rajoy: “Respeten alguna vez la Justicia”.

 

EL PAÍS:

 

En portada: Los peritos del ácido bórico negaron en 2000 lo que afirmaron tras el 11-M.

 

Subtítulos:

Los expertos firmaron en un informe que la sustancia no es “explosiva ni incendiaria”.

Garzón pide amparo al Poder Judicial por los ataques del PP.

 

Una segunda noticia de portada refuerza la anterior con un extracto del documento donde se puede leer: La desmemoria de dos policías. Los dos peritos que firmaron en 2005 un informe que vinculaba a ETA con el 11-M por el ácido bórico olvidaron que cinco años antes sostuvieron que la sustancia no es explosiva

 

 

Día 6 de octubre

 

EL MUNDO:

 

Garzón se inhibe y la juez Gallego cita como testigos a los peritos, dice el diario en portada.

 

Subtítulos:

A instancias del fiscal Zaragoza envía el caso a los juzgados ordinarios, pero intenta que se abra otro sumario para escamoteárselo a la juez.

Pese a admitir su falta de competencia, intenta condicionar la instrucción exculpando en un último auto a los mandos acusados de falsedad.

El presidente del Poder Judicial dice sobre el amparo pedido por Garzón: “Tiene suficiente entidad” como para no sentirse “intimidado”.

 

Segunda noticia de portada: Garzón afirma que EL MUNDO “intenta perturbar con ferocidad” su “independencia”.

 

EL PAÍS:

 

Columna a la derecha, en portada: La secretaria judicial confirma que Garzón no tuvo trato vejatorio hacia los peritos.

 

Subtítulo:

El juez se inhibe en el caso de la trama del ácido bórico y lo envía a un juzgado ordinario

Isabel Ordóñez

Forum Libertas, 6 de octubre de 2006

Cuatro verdades sobre el 11-M (y sobre lo que pueda haber detrás)

El garzoneo judicial a cuenta de los peritos ha llevado las cosas a un punto sin retorno: o uno está con el Gobierno y su versión oficial, o uno está en la turbia cloaca de la conspiración.

Lo que oficialmente sabemos, no nos lo creemos; lo que creemos, más vale ni pensarlo. Dos años y medio después del mayor atentado de la historia de España, los ciudadanos tienen todas las razones del mundo para no fiarse de nadie. No hay español consciente que no albergue negrísimas sospechas. ¿Nos dejarán decir cuatro verdades?

Una: Ya nadie cree la versión del Gobierno. Desde el primer momento –demasiado temprano, ¿no?- el Gobierno ha insistido no sólo en una neta autoría islamista, sino, sobre todo, en una vinculación directa de los atentados con la guerra de Irak. Esa tesis, hoy, dos años y pico después, no se sostiene. La conexión Al Qaeda-guerra de Irak ha quedado completamente desacreditada. Primero, por la fecha de preparación de los atentados, muy anterior a la guerra. Después, por el perfil de los supuestos asesinos, insólito en esa red. Tercero, porque carecemos de pruebas fiables en ese sentido, dada la misteriosa inexistencia de análisis de los explosivos. Como el asunto no está claro, lo lógico es dudar. Y por la misma razón, parece poco lógico que el Gobierno no haya tenido nunca la menor duda.

Dos: El problema no es si ETA está detrás; el problema es que el Estado oculte pruebas. Nadie, en efecto, está en condiciones de afirmar que ETA tenga vinculación directa con aquellos crímenes (al menos, nadie fuera de la investigación). Pero el hecho es que a todos consta que el sumario del 11-M está plagado de pruebas falsas, reconstruidas o directamente ocultadas, y algunas de esas pruebas enmascaradas –ni siquiera pruebas, apenas tenues indicios fortuitos- señalan a ETA. Cuando alguien echa tierra encima de un objeto, es porque pretende que no se vea. Es así que el Gobierno –o un sector de él-, la policía –o un sector de ella- y los tribunales –o un sector de ellos- han echado tierra encima de varias pruebas del 11-M. Por consiguiente, nos obligan a pensar que esas fuerzas, encarnación del Estado, pretenden que algo no se vea en el 11-M. Lo que no pueden esperar, además, es que la opinión pública acepte semejante monstruosidad como algo natural. Al contrario, es la propia actitud del Estado la que está levantando sospechas.

Tres: La guerra mediática es síntoma de algo más gordo. Lo importante de la tensísima polémica en torno al 11-M no es que los medios de comunicación anden a la gresca; al contrario, eso es bastante habitual. Lo verdaderamente llamativo es que tras las posiciones de unos y otros se percibe con claridad una fenomenal apuesta de poder, y ya se sabe que esas apuestas vuelan muchos metros por encima de las cabeceras de los periódicos. La presión del poder establecido en torno a este asunto es tan intensa, tan vehemente es su persecución de cualquier duda o cualquier sospecha, que forzosamente hay que pensar en algún gato encerrado, o más bien, por las dimensiones, en un león. El gran misterio del 11-M ya no es quién mató a casi doscientas personas, sino por qué se persigue con tanta energía a quien se aleja un milímetro de la versión oficial. Este capítulo promete darnos grandes sorpresas en los próximos años. ¿O quizá meses?

Cuatro: Esto se ha convertido ya en un problema de Estado y todos nos estamos retratando. Tal y como se han puesto las cosas –sobre todo por las exigencias de la línea gubernamental-, está resultando imposible mantener la neutralidad. El Gobierno pide que comulguemos con ruedas de molino. Los hay con grandes tragaderas, pero los actos de fe conviene reservarlos para lo sobrenatural, no para el señor ministro del Interior. Aquí hay algo oculto que va engordando y engordando. Cualquier día explotará. Para entonces ya nos habremos retratado todos. Y en ese momento tendremos un problema que va a condicionar durante años la vida pública española. Una irresponsabilidad más en el balance de este Gobierno que padecemos.

José Javier Esparza

El Semanal Digital, 6 de octubre de 2006

El escenario que quería ETA

NI la mejor de las voluntades puede interpretar la actitud del Gobierno hacia ETA con criterios favorables de firmeza y seriedad. El llamado proceso de paz, que no es otra cosa que un proceso de negociación política con los terroristas, ha llegado a un punto en el que está en juego no sólo el futuro político de Rodríguez Zapatero, la estabilidad de su Gobierno o la vuelta de los terroristas a la violencia homicida, sino también el mantenimiento del Estado democrático y de Derecho, tal y como ha sido defendido frente a ETA desde 1978. Las advertencias sobre el bloqueo del proceso y las amenazas de ruptura han sido, otra vez, eficaces. La aparición de tres encapuchados en un monte de Oyarzun haciendo alarde de sus armas, y el ultimátum de ETA y Batasuna para «dar pasos concretos» han sido respondidos, según informaba ayer ABC, con la decisión de constituir la mesa política que reclamó Otegi en la Declaración de Anoeta, el 14 de diciembre de 2004, y apoyada expresamente por ETA en el comunicado de 16 de enero de 2005.

La agenda etarra es lo único que se está cumpliendo a mandamiento. El Gobierno no ha esperado a la voluntad inequívoca del abandono de las armas, como se acordó en el Congreso. Tampoco convocó el Pacto Antiterrorista, ni Rodríguez Zapatero informó -menos aún pidió autorización- al Pleno de la Cámara Baja. La «kale borroka» no ha sido, finalmente, óbice para seguir el proceso de negociación y la ilegalización de Batasuna se soslaya en el magma de los discursos presidenciales sobre la paz. Sin embargo, ETA declaró que «las instituciones europeas deberían analizar el conflicto entre Euskal Herría y los estados» (comunicado de noviembre de 2005), y el PSOE ha provocado un pleno del Parlamento europeo sobre el diálogo con los terroristas, lo que Batasuna ha recibido con explicable alborozo. Es más, Rodríguez Zapatero se olvidó de la toxicidad de la foto de las Azores y de la ilegalidad de la intervención en Irak para refugiarse en Tony Blair y vender así la similitud entre el proceso irlandés y la negociación con ETA. Reveladora opción del presidente del Gobierno, que pasa por encima de las diferencias abismales entre ambos casos, fundamentalmente que el Pacto de Stormont sí fue un acuerdo de paz para poner fin a una guerra entre dos comunicados. No en vano, el diario «Gara» se recreaba hace unos días en señalar las coincidencias literales entre frases pronunciadas por Rodríguez Zapatero en el anuncio del diálogo con ETA y pronunciamientos contenidos en el Pacto de Estella-Lizarra. Probablemente, Blair no tuvo ocasión de explicar por qué la autonomía irlandesa lleva más de tres años suspendida.

Más aún, los dirigentes de la ilegal Batasuna y los comunicados de ETA han insistido en que la clave del proceso es el respeto a la decisión de los vascos, base política con la que debía arrancar cualquier negociación para el fin de la violencia. Y el presidente del Gobierno atendió esta exigencia al proclamar, en junio pasado, que «el Gobierno respetará las decisiones que los vascos adopten libremente respetando los procedimientos legales», dando alas a los ideólogos proetarras para anunciar que, por fin, se reconoce desde Madrid que hasta ahora no se había respetado la voluntad de los ciudadanos vascos, sin que la referencia a los «procedimientos legales» signifique más que una mera cita administrativista, sin compromiso alguno con el orden constitucional o estatutario.

Y si finalmente se constituye la mesa política, aun cuando Batasuna se disfrace de organización legal para justificar el salto al vacío del PSOE y el Gobierno, se habrá producido el definitivo punto de inflexión que ETA buscaba desde el inicio de su actividad terrorista: sentar al Estado a negociar políticamente el futuro del País Vasco para un acuerdo prefijado sobre autodeterminación y territorialidad. Se romperá así la memoria de las víctimas, sin duda, pero también la vigencia real del Estatuto de Guernica y de la Constitución, pues no será en el Parlamento de Vitoria, y por sus diputados, donde se decida, de verdad, el futuro de los vascos. Y ETA podrá decir que, cuarenta años después, su terrorismo mereció la pena, que el Estado se plegó a negociar su propia existencia y que se sentó a negociar lo mismo por lo que mil españoles perdieron su vida.

 

Editorial de ABC, 5 de octubre de 2006

Doce falacias sobre la «mesa de partidos»

A estas alturas no caben muchas dudas razonables de que el presidente Zapatero, con el apoyo casi unánime de su partido, sea por convicción o por miedo, y de todos los demás con excepción del PP, el único que conserva la cordura en este asunto, está dispuesto a enviar representantes a una mesa, llamada de partidos, cuya misión será pactar con ETA y los demás nacionalistas determinados cambios de las instituciones vascas con vistas a persuadir a los terroristas de que para conseguir sus intereses, aunque sean ilegítimos, les irá mejor «haciendo política» que pegando tiros y poniendo bombas. A eso le llaman «la paz», y conseguirla es la única justificación de los partidarios de la mesa de partidos, poco interesados en la libertad. Quizás sea oportuno, aunque sin duda poco útil, repasar algunas razones contrarias a la creación de la dichosa mesa extraparlamentaria. Razones que no tienen nada que ver con los intereses de los partidos, y que tampoco niegan a las instituciones parlamentarias cualificadas discutir en su momento los cambios constitucionales que haya que discutir. Pero en el Parlamento competente, no fuera y contra él, y todavía peor, por decisión de quienes están obligados a velar por su integridad.

Allá vamos: ¿qué razones pueden invocarse contra esa mesa en la que Zapatero parece depositar tantas esperanzas y otros vemos tantos peligros? Pues, por ejemplo, las doce que siguen:

1.- No es cierto que la mesa represente al conjunto de la sociedad vasca, sólo a los partidos que acepten sentarse en ella. Y los partidos no pueden arrogarse una representación que no han pedido, que no se les ha concedido y que por tanto no tienen.

2.- No es cierto que los partidos estén facultados para sustituir a capricho las instituciones representativas, como los parlamentos y las propias elecciones, por otras provisionales o de fortuna, como una mesa totalmente irregular donde puedan pactar sin luz ni taquígrafos la modificación del sistema democrático a espaldas de la ciudadanía y suplantando su voluntad soberana, expresada en las elecciones.

3.- No es cierto que sea una iniciativa desinteresada de paz, es una exigencia de ETA planteada en términos de ultimátum: o hay mesa o vuelven los atentados mortales.

4.- No es cierto que la mesa permita por primera vez a la sociedad vasca expresar libremente cualquier proyecto político. No sólo porque en la mesa no habrá ningún representante electo de los ciudadanos, sino sobre todo porque los únicos que no pueden expresarse con entera libertad son las personas amenazadas por ETA. Justificar esa mesa como un foro de diálogo plenamente libre implica aceptar que las instituciones democráticas no lo son tanto y no representan a toda la sociedad vasca, es decir, significa reconocer que ETA tiene razones para existir.

5.- No es una vía alternativa para la solución de problemas, sino que la mesa es un problema en sí misma porque vulnera las reglas elementales de la democracia, como la de que sólo los representantes debidamente elegidos, y para un mandato limitado en tiempo y ámbito, pueden deliberar y tomar decisiones en nombre de sus electores. Nadie ha facultado a los partidos para que decidan nada en una mesa, ignorando los mandatos electorales.

6.- No es simplemente un foro de partidos, es un sustitutivo del Parlamento. Y si en los parlamentos son corrientes las reuniones previas entre los partidos con representación parlamentaria para acercar posturas o preparar acuerdos, razón de más para no crear mesa extraparlamentaria alguna. Todo lo aceptable que pueda hacer legalmente esa mesa es competencia parlamentaria. Y todo lo que vaya a hacer que sea imposible en un Parlamento, como legalizar de hecho a Batasuna, es ilegítimo en cualquier caso.

7.- No es una iniciativa desinteresada para buscar un arreglo inclusivo, sino un contubernio entre políticos profesionales que ponen intereses de gremio y de partido por encima de la democracia: un nuevo reparto de la tarta.

8.- No es un modo de acercar a Batasuna a la aceptación del juego democrático, sino una vulneración descarada de ese juego para modificarlo según las exigencias de Batasuna.

9.- No es una mano tendida a los violentos para que acepten la política, sino una violación de la política democrática para contentar a los violentos.

10.- No es un método práctico para complementar los posibles esfuerzos mediadores de otros foros como el Parlamento de Europa, sino que representa una completa incongruencia con la decisión de llevar a Bruselas la deliberación sobre el final del terrorismo mientras ese debate se sustrae al Parlamento vasco, invitado de piedra en este juego de tramposos.

11.- Estas críticas no son fundamentalistas, sino una advertencia contra la tentación de ceder privilegios a los fundamentalistas antidemocráticos de ETA y del nacionalismo obligatorio, que pretenden abrir un proceso constituyente irregular en su exclusivo beneficio.

12.- Quienes pensamos así no rechazamos la mesa por que nos obsesionen las minucias de procedimiento, sino porque en las sociedades democráticas, donde los valores e ideas son tan distintos e incluso divergentes, lo único sagrado e intocable son, precisamente, los procedimientos y normas básicas del Estado de derecho que acepta la gran mayoría sobre la base de que sean iguales para todos.

El precio implícito

Y no voy a extenderme. Doce «noes» bastarían para quien quiera tomarlos en consideración o, al menos, discutirlos. Cosa que, por supuesto, no ocurrirá en ningún caso. La mesa de marras se constituirá, y ocurrirá una de estas dos cosas: que sirva finalmente para desarmar a ETA, pero al precio de legitimar el terrorismo como un método aceptable, eficaz para forzar el cambio de las instituciones, o bien ETA despreciará los acuerdos que puedan alcanzarse, con lo que, además de no haber servido para nada práctico, la mesa habrá conseguido el efecto adicional de desacreditar la democracia, mostrando que el principio según el cual las mismas leyes y normas rigen para todo el mundo, no rige en cambio para quienes hayan matado lo suficiente.

CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN

ABC, 4 de octubre de 2006

11-M. Comienzan las amenazas

Uno de lo mayores peligros en una democracia es el amedrentamiento y las represalias. Esto es lo último que han traído las investigaciones de los atentados de Madrid, y todavía quedará mucho más. Pero también es preocupante que la búsqueda de la verdad esté inspirada en réditos partidistas o comerciales. Las bombas de aquel día de marzo mataron a 192 personas, y dos años y medio después la onda expansiva sobre nuestro sistema democrático continúa.

La última polémica en la que estamos envueltos a raíz de las investigaciones de El Mundo sobre el 11-M se ha producido en esta ocasión por el famoso informe que firmaron en su día tres peritos de la Policía en el que se relacionaba por el ácido bórico a un terrorista islamista con un piso franco de ETA en Salamanca.

Parecía que iba a ser un fleco más en la investigación que está llevando a cabo El Mundo respecto al 11-M, pero no ha sido así. Este famoso informe ha traído cola. De momento, sólo por su existencia, los tres peritos fueron llamados por el juez Garzón a declarar como testigos y salieron de la Audiencia Nacional como imputados. También a consecuencia de este informe firmado por funcionarios policiales, el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ya ha advertido a todos los policías que mucho cuidadito con lo que vayan contando por ahí sobre la Policía porque será “implacable” contra todos aquéllos que cuestionen a la institución.

Es decir, que ahora ya empiezan a preocupar un poco las revelaciones que está llevando a cabo algún medio de comunicación sobre los atentados de Madrid. Tanto como para que el conocido en su día como “juez-estrella” Garzón se juegue un expediente por extralimitarse en sus funciones, o como para que Camacho amenace a los efectivos policiales al mejor estilo dictatorial.

Hemos pasado del mutismo a la amenaza, que es preocupante en un sistema democrático. Como también lo es que ahora, dos años después, actúen los tres peritos policiales que en su día fueron censurados, porque la pregunta que nos invade ahora a todos es la siguiente: ¿hablan ahora alentados por intereses partidistas, electorales o comerciales?

La versión oficial de lo que ocurrió el 11 de marzo sí podemos darla ya por falsa y la famosa “teoría de la conspiración” todavía está por demostrar, porque, de momento, hechos, lo que se dicen hechos, que no declaraciones, contradicciones y extrañas coincidencias, sólo existe este informe basado en el ácido bórico. Informe en su día manipulado por un superior policial y ahora falsificado por los tres peritos.

La actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad antes del 11-M está bajo sospecha, como ya ha quedado demostrado. También después con las investigaciones. Pero los errores continúan. Garzón se extralimita en sus funciones para evitar que los policías se salgan del guión, los efectivos policiales pueden falsear documentos públicos y desde el Gobierno comienzan las amenazas “implacables”.

El 11 de marzo de 2004 sigue haciendo un daño horrible a la democracia española porque la clase política está salpicada, también las fuerzas de seguridad y ahora los jueces. Las bombas de aquel día mataron a 192 personas y dos años y medio después la onda expansiva sobre nuestro sistema democrático continúa.

Raquel Martín

Páginas Digital, 3 de octubre de 2006