Vieja y nueva política

EL TRIBUNAL SUPREMO PODRÍA DEBILITAR SEVERAMENTE EL ESTADO DE DERECHO Y CONSTITUIRSE EN LA MEJOR DEFENSA DE BATASUNA Y DE IBARRETXE

•          Si se impusiera una doctrina de máximos, impidiendo que la llamada “acusación popular” permitiera en solitario la apertura del juicio oral, estaríamos ante el más grave retroceso del Estado de Derecho español.

 

•          La doctrina del Tribunal Supremo sería, a nuestro juicio, inconstitucional, irrazonable y contraria a la doctrina anterior del propio Tribunal Supremo.

 

•          El Foro Ermua hace un llamamiento a los Magistrados del TS para que mediten las gravísimas consecuencias que su voto podría tener para la democracia española y para el sometimiento del poder político al Estado de Derecho.

 

Bilbao, 7 de diciembre de 2007. La doctrina sentada por el Tribunal Supremo en el llamado caso Botín podría suponer un inaudito retroceso en el sometimiento al poder político del Estado de Derecho. Dicha doctrina vendría a impedir juzgar a una persona con la petición exclusiva de la acusación popular, esto es, cuando la fiscalía no comparta la acusación. Resta por saber si la misma va a extenderse tanto a los delitos en los que hay un perjudicado concreto como a aquéllos en los que la perjudicada es la sociedad en su conjunto y ningún ciudadano en particular. Si, como parece muy probable, la resolución del Tribunal Supremo lo fuera de máximos significaría, en definitiva, que la Fiscalía, órgano jerárquico cuyo Fiscal General es nombrado por el Gobierno, decidiría si se juzgan o no las conductas delictivas  en las que no hubiera un ofendido concreto por el delito.

 

La aplicación y consolidación de esta doctrina de máximos dejaría en manos del Fiscal General del Estado la posibilidad de impedir que fueran juzgados los delitos de desobediencia a las resoluciones judiciales de Batasuna o su entorno, los delitos de enaltecimiento del terrorismo o muchos de los delitos de terrorismo callejero. A nadie se le escapa que de esta manera se allanaría el camino a Rodríguez Zapatero para, en una segunda fase de la negociación con ETA, conseguir lo que gracias a la acusación popular no pudo lograr de manera completa en la primera parte del diálogo con la banda: suspender la aplicación de las leyes en los tribunales, declarar una tregua de facto en la persecución en vía penal a la organización terrorista Batasuna.

 

Tampoco serían los jueces los que determinarían si ha resultado delictiva la conducta de Arnaldo Otegi o cualesquiera otros miembros de Batasuna o de Juan José Ibarretxe, Patxi López o Rodolfo Ares. Sería el Fiscal General del Estado, insistimos, nombrado por el Gobierno, quien decidiría si son juzgados o no por hechos que magistrados independientes consideran indiciariamente constitutivos de delito. En definitiva, la aplicación de la ley penal no estaría en manos de un poder independiente como el judicial, sino de un Fiscal dependiente del poder ejecutivo, con el atentado que ello supone a la separación de poderes.

 

Esta doctrina permitiría, además, que fuera el Fiscal General quien decidiera que se juzgaran o no conductas constitutivas de delitos medioambientales, delitos urbanísticos (recalificaciones ilícitas, construcciones prohibidas, etc.), falsedades cometidas por funcionarios públicos, tráfico de influencias o prevaricaciones donde no se perjudique a una persona concreta, entre otros muchos delitos. ¿Permitiría un Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno de turno un juicio sobre un caso de corrupción política que pueda perjudicar al partido que lo ha nombrado? Por evitar que Juan José Ibarretxe, Patxi López, los policías implicados en el caso del ácido bórico o el Sr. Botín pudieran ser juzgados o por permitir al Presidente del Gobierno llevar adelante una negociación en la que se pueda alcanzar una tregua fáctica en los tribunales frente al brazo político de ETA, podríamos estar reduciendo de manera dramática el control del poder ejecutivo por el poder judicial.

 

La gravedad de la situación es todavía mayor si tenemos en cuenta que esta doctrina se fundamenta en una interpretación de la Ley que a nuestro juicio es claramente inconstitucional, irrazonable y contraria a otra doctrina anterior del propio Tribunal Supremo.

 

Sería inconstitucional, en primer lugar, porque afectaría a la tutela judicial efectiva, recogida en el artículo 24 de la Constitución, dado que no se permitiría a la acusación popular, cuya legitimación está recogida en la Constitución (art. 125 C.e.), obtener una auténtica resolución judicial en un proceso ante los tribunales. Quien realmente determinaría la resolución sería el Ministerio Fiscal y no el juez o magistrado.

 

 En segundo lugar sería inconstitucional porque supondría una interpretación de la ley en el sentido menos favorable al ejercicio de los derechos constitucionales (tanto al derecho a ejercer la acción popular, como el derecho a la tutela judicial efectiva). Es unánime y numerosísima la doctrina que exige interpretar siempre la normativa en el sentido más favorable al ejercicio de dichos derechos.

 

En tercer lugar sería inconstitucional porque supondría dejar vacía de contenido a la acusación popular recogida en el artículo 125 de la C.e.

 

Sería además irracional porque, en primer lugar, la interpretación referida se basa en el hecho de que en el artículo 782 y 783 de la LECrim. no se cita expresamente a la llamada “acusación popular” como parte legitimada para autorizar al juez o magistrado a abrir el juicio oral. Sin embargo, lo inaudito de esta interpretación es que en ningún lugar de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se cita en absoluto a la “acusación popular”. Y no se la cita porque dicha categoría es una creación jurisprudencial y doctrinal que no figura en la Ley. Para la Ley, cuando un ciudadano ejercita la acción pública penal (art. 101 de la LECrim.) se convierte en “acusación particular”, no estableciéndose diferencia alguna entre quien ejercita la acción penal por haber sido o no ofendido por el delito (art. 270 de la LECrim.). Por eso cuando la ley habla del acusador particular, incluye tanto al ofendido por el delito como a quien sin serlo ejercita la acción penal. Aplicando coherentemente la doctrina del Tribunal Supremo la llamada “acusación popular” no podría ser condenada a las costas, ni podría recusar magistrados, ni tendría que ser incluida en los antecedentes de la Sentencia, porque en ninguno de los artículos que regulan estas cuestiones (ni en ningún otro) se la cita expresamente, hablándose en los mismos únicamente del “acusador particular”.

 

En segundo lugar sería irracional porque, según ha sido publicado, parece que la perniciosa doctrina se basaría, asimismo, en que la mera voluntad de un ciudadano no ha de ser suficiente para sentar a una persona en el banquillo. Sin embargo, ese argumento olvida que es el juez de instrucción quien decide previamente si existen indicios de delito en la conducta del imputado. Resolución que es, a su vez, recurrible ante otra Sala compuesta por otros magistrados. Sólo después de ese doble filtro judicial la llamada “acusación popular” puede solicitar la apertura del juicio oral.

 

Por último, la doctrina del Tribunal Supremo es contraria a otra anterior  en la que se había concluido que el hecho de que no se citara a la acusación popular en el artículo correspondiente no significaba que no pudiera abrirse el juicio oral con su sola petición (En la Sentencia 168/2006 de 30 de enero de 2006 se trató exactamente este mismo asunto, con un resultado contrario al que ha alcanzado el Pleno).

 

La falta de sometimiento del poder político al Estado de Derecho, la reducción drástica del control del ejecutivo por el poder judicial derivada de una doctrina probablemente contraria a la Constitución, basada en una interpretación irrazonable de la norma y opuesta a pronunciamientos anteriores del Tribunal Supremo, puede llevar a la democracia española a una situación de peligroso deterioro y de irreversible pérdida de legitimidad. Por este motivo desde el Foro Ermua hacemos un llamamiento a los Magistrados del Tribunal Supremo para que mediten en profundidad el sentido de su voto y eviten que se imponga una doctrina de máximos que otorgue el monopolio de la acción penal al Ministerio Fiscal, regido, como ya hemos señalado, por el principio jerárquico y cuyo Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno. El Tribunal Supremo ha de ser el garante máximo del Estado de Derecho y entre sus obligaciones está la defensa de una interpretación de la norma favorable a la separación de poderes y al sometimiento de todos ellos al Estado de Derecho.

 

 

 

Las sombras del PP

Rajoy, duro es reconocerlo, lucha contra las sombras. Las suyas y las de otros. No quiso subir el cuadrilátero cuando el Gobierno lo retó y ahora ya es tarde.  

Rajoy no asistió a la manifestación de la AVT. La Rebelión Cívica se resintió. Malo. Sombras. Elorriaga dice que España no se rompe sino que se multiplica. El discurso sobre España del PP se resquebraja. Malo. Sombras. Costa sugiere pactos postelectorales con los nacionalistas. La solvencia del discurso nacional creado por la oposición corre el riesgo de disolverse en el nihilismo tecnócrata del antiguo ministro. Malo. Sombras. Saez de Santamaría, después de haber quemado cuatro millones de firmas contra el Estatuto de Cataluña, justifica que al pueblo no le importa quién gobierne sino que lo haga con eficacia. Esta señora no pide, como haría cualquier militante de base con un poco sentido común, el voto para el PP por su honradez y eficacia en el Gobierno y en la oposición, sino que cuestiona la eficacia de un "partido" abstracto como si fuera un hombre-masa, de esos que pueblan a cientos las universidades españolas. Malo. Sombras. Y, además, Rajoy reitera que gobernará en minoría. No entiendo por qué este hombre no pide mayorías. Malo. Sombras.

 

El PP crea sombras por todas partes y se allana a los golpes de efectos cotidianos que produce la fábrica socialista. No pasa un día sin que los socialistas dejen de producir alguna fantasmagoría. Algún engaño. El espectáculo lo dominan a la perfección. Y, encima, nadie habla de ETA y Otegi, de ETA y De Juana, de ETA y Navarra, en fin, de los negocios del Gobierno de Zapatero con el terrorismo de ETA. No están. Nadie los cita. Son sombras lejanas. Eso es terrible para el PP, sencillamente porque no hay posibilidad de combate. No hay dos boxeadores en el ring, entre otras razones porque a uno no se le permite subir al cuadrilátero. El combate está suspendido por falta de oponente.

 

Rajoy, duro es reconocerlo, lucha contra las sombras. Las suyas y las de otros. No quiso subir el cuadrilátero cuando el Gobierno lo retó y ahora ya es tarde. Y, encima, las sombras de las leyes de matrimonios homosexuales, de "Educación Cívica" y el famoso laicismo amenazan con quitarle votos, que irían, naturalmente, al partido de Vargas-Llosa. El famoso "monstruito liberal", ese progre de salón, que tanto gustaba alimentar al PP.

 

Veo, pues, sombras por todas partes. Ojalá me equivoque y todo sea un problema de visión achacable a la edad.

 

Agapito Maestre

Libertad Digital, 28 de noviembre de 2007

¿Basta sólo el candidato para ganar?

Cumpliendo con los rígidos estatutos de los partidos, con la solemne liturgia interna, se supone que tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy a fecha de hoy ya han sido oficialmente proclamados candidatos a la presidencia del Gobierno por sus respectivos órganos de los partidos. Para ambos ha sido un mero trámite estatutario interno. Y ahora toca lanzarse a la precampaña y campaña electoral hasta el 9 de marzo. La suerte parece que está echada: José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy, "he aquí la cuestión". 

Rajoy se presentó en un baño de multitudes en Valencia haciendo lo que sabe hacer: prometiendo la mayor reducción de impuestos de nuestra democracia y Zapatero este fin de semana hizo lo propio con su correspondiente "toque o talante personal", acompañado por primera vez de su mujer Sonsoles, y haciendo hincapié en "la mirada positiva" que tiene hacia la realidad.

 

Análisis del marketing político aparte, que puede ser muy jugoso, uno se queda con la sensación de que la política española asume cada día más un carácter personal. Que la gran batalla electoral ya no se juega en el plano de las ideas. En primer lugar dentro de los grandes partidos. Ya no existen corrientes o sensibilidades que permitan aportar pluralidad a los proyectos políticos.

 

Los años en que dentro del PP existían los liberales o los democristianos, por poner algunos ejemplos, con sus correspondientes fundaciones, verdaderos hervideros de opiniones y corrientes de pensamiento, han pasado a la historia. De igual manera ha ocurrido con el PSOE. ¿Dónde están los utópicos guerristas o aquel "pepito grillo" representado por la Izquierda Socialista de Antonio García Santesmases?

 

Con tan plano perfil interno, por no llegarlo a calificar de pobre, uno se pregunta cómo es posible engendrar un programa electoral con iniciativas atractivas para la sociedad, pegadas al terreno de las preocupaciones de la sociedad y, a la vez, dando respuestas realistas a sus problemas. Porque éste es ahora el principal trabajo de los partidos políticos, la redacción de sus programas electorales.

 

Pero no. Ahora PSOE y PP se la juegan todo en el lanzamiento estelar de su líder y candidato. Parece que con eso prácticamente todo está hecho. Al PSOE, con toda su historia centenaria, le vemos apostando todas sus cartas a la persona de José Luis Rodríguez Zapatero. PSOE ya es igual a Zapatero, él asume, encarna el partido. Con que le conozcan y caiga bien, ya vale para ganar. Exactamente igual pasa con Mariano Rajoy en el PP.

 

Desaparece el debate interno sobre las ideas y también desparecen los equipos. La apuesta de los partidos es exclusivamente el candidato, no su equipo. Recuerdo cómo ganó en 1996 José María Aznar rodeado de un ramillete de buenos políticos en torno a él: Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato o Luisa Fernanda Rudi, por citar algunas de las grandes espadas, porque verdaderamente eran muchos y muy buenos los primeros espadas.

 

José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy, es la única disyuntiva. Estas elecciones son las más personalistas de los últimos comicios celebrados en nuestro país. Poco debate de ideas y pocos equipos. Si la política española comienza a apostar sólo por las personas candidatas, sería el momento entonces de implantar sin miedos las listas abiertas en los partidos, pero quizás todavía no hay la madurez suficiente como para hacerlo.

 

Raquel Martín

Páginas digital, 27 de noviembre de 2007

Homenaje del Grupo Popular a Gabriel Cisneros: intervención de JAIME IGNACIO DEL BURGO.

Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2007.

Permitidme unas breves palabras en este acto de recuerdo y homenaje a nuestro malogrado compañero Gabriel Cisneros. La enfermedad nos lo arrebató cuando más necesitábamos de su sabiduría, de su experiencia, de su memoria histórica, de su honradez acrisolada y de su compromiso con España a la que tanto amó y a la que dedicó lo mejor de su ser.

Conocí a Gabriel en las Cortes constituyentes. Éramos muy jóvenes y veníamos cargados de ilusión y de esperanza. Queríamos construir un futuro de paz, de convivencia pacífica, una España libre de extremismos, donde todo pudiera ser defendido sin más armas que las del razonamiento y la palabra. Intuíamos que íbamos a cerrar –o al menos eso creíamos- una etapa negra de la historia de España. Veníamos con voluntad de concordia, dispuestos a estrechar la mano y no a cerrar el puño ni alzar el brazo contra nuestros adversarios. Por eso hicimos del consenso algo más que un método para alcanzar acuerdos. Lo convertimos en un valor fundamental sobre el que había de construirse el edificio constitucional de la nueva España de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Algo que deberá estar siempre presente a la hora de hablar de posibles reformas de la Constitución.

Cisneros jugó un papel fundamental en esa apasionante tarea no exenta de riesgos y dificultades, obstaculizada por la intolerancia y el extremismo de quienes parecían desear para España un nuevo fracaso colectivo. En el seno de la ponencia se distinguió por su permanente voluntad de encuentro, al tiempo que por la defensa firme y eficaz de los principios y valores fundamentales que en aquel momento crucial supo encarnar como nadie la Unión de Centro Democrático.

Ya en el debate del proyecto de Constitución, Gabriel Cisneros protagonizó algunos momentos estelares del parlamentarismo español. Exponía sus argumentos con una retórica excelente y una oratoria brillante. Era un maestro en el uso nuestra hermosa lengua común con un estilo literario en el que se mezclaba su sobriedad castellana con su tenacidad o, por qué no decirlo, su terquedad aragonesa.

Fue memorable su discurso en la Comisión Constitucional cuando expuso las razones por las que la unidad de España es el fundamento de la Constitución. O cuando defendió la expresa mención a la cooperación con la Iglesia Católica que figura en el artículo 16, que puso fin a la cuestión religiosa. O cuando demostró la bondad y acierto de la disposición adicional primera como fundamento constitucional de la reintegración de los derechos históricos de los territorios forales en el marco de la Constitución.

Siempre recordaré su comprensión y afecto hacia Navarra. Al igual que los demás ponentes de UCD, nos ayudó a defender la libertad de nuestra tierra, amenazada ya por el terrorismo de ETA y el acoso del imperialismo nacionalista. Y cuando, terminaron las tareas constitucionales, pudimos volver a Navarra con la satisfacción del deber cumplido y obtuvimos el refrendo del pueblo navarro. Hoy Navarra sigue siendo, como antaño, una Comunidad orgullosa de su foralidad histórica y comprometida con el proyecto común de España.

Pocos días antes de su muerte, alguien preguntó a Gabriel Cisneros cuál era su momento preferido de la historia de España. “Retendría –contestó- el 1512, la incorporación de Navarra a la Corona española”. Quizás, en esa convicción del papel estelar de Navarra en la forja de la unidad nacional se encuentra la razón de ser de la gran amistad que nos profesamos a lo largo de tantos años de común vida parlamentaria.

Gabriel Cisneros fue un hombre valiente. Vio los ojos a la muerte cuando ETA quiso secuestrarle para hacer chantaje al Estado. Ese día probó que prefería morir de pie que vivir de rodillas.

El pasado 21 de julio se nos fue para siempre. Que la memoria de Gabriel Cisneros, aquel gran español, leal compañero y sobre todo amigo, permanezca siempre en nuestro recuerdo.

 

Zerolo fracasa, la izquierda agrede y un skinhead muere

Este lunes por la tarde fracasó estrepitosamente la manifestación convocada en Madrid por la extrema izquierda extraparlamentaria, el Foro Social, el Movimiento contra la Intolerancia y la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Vallecas Puente y Villa, en protesta por la muerte del joven skin Carlos J.P. Con el apoyo de todos los medios de comunicación y la presencia de Diego López Garrido, Pedro Zerolo, Gaspar Llamazares e Inés Sabanés, reunir un millar personas (según cifras de la prensa de izquierdas) es, sin paliativos, un fracaso.

Quizás suceda que los madrileños, y tanto más los vecinos del barrio afectado, no sean tan fáciles de manipular. Carlos J.P. era un skinhead perteneciente a grupos violentos y radicales, militante de las BAF (Brigadas AntiFascistas, un grupo dedicado al "combate callejero") que participó este domingo en una agresión en masa al skinhead Josué E. De la H., que viajaba por el metro de la capital. Efectivamente, se trató de un enfrentamiento entre tribus urbanas, de estética similar, símbolos opuestos e idética carencia de ideas. Ni más ni menos, aunque el muerto esta vez cayó de un lado y no del otro.

 

Un radical violento

 

La muerte del cabeza rapada Carlos J.P. ha sido una gran desgracia, que nunca debe volverse a repetir. Ahora bien, la responsabilidad por su muerte ha de recaer ante todo en los organizadores y financiadores de las tribus urbanas radicales, que con una cómoda etiqueta, "fascistas" o "antifascistas", se creen autorizadas a imponer sin límite sus amenazas y sus agresiones. Carlos tenía un fotolog, curiosamente ya cerrado, en el que expresaba en fechas muy recientes ideas tales como "ERIK VA POR TI T VOI A RAJAR EL KUELLO ATI Y ALA PUTA DE TU NOVIA" o delicadezas del siguiente tenor: "SI NO ERES DE LOS NUESTROS NAVAJAZO POR TUS HUESOS". Al final él, un radical que había hecho del extremismo su entorno vital, fue la víctima.

 

A Carlos le han matado por ser un radical que iba con sus amigos radicales a pegarse con otros radicales casi idénticos. Y además se produjo en el contexto de una agresión masiva, lo que no sirve de excusa al homicida pero sí de condena a todo un sector extremista (también de izquierdas) hasta ahora impune. La excusa que cada uno de estos radicales tenga para llenar de sentido su vida huera me es indiferente. Uno no es patriota o deja de ser progresista por jugar a bandas con una estética u otra. Sencillamente, es un problema psiquiátrico o social, según los casos, pero en modo alguno es, ha sido nunca o puede ser jamás una parte de la lucha por unos principios que superan ampliamente la capacidad de comprensión y hasta de sentimiento de unos u otros radicales. Por la muerte de Carlos es todo un ambiente quien merece la condena.

 

Descanse en paz Carlos: él ahora está físicamente muerto, pero tanto él como sus amigos y sus enemigos están realmente esterilizados y anulados, por una dinámica que aquí y ahora sólo beneficia a quien quiere una juventud inerte y sólo perjudica a quien quiera un país joven, vigoroso y con convicciones. Todo esto es un problema para la nación, y no una solución para otros problemas mucho más reales y profundos. Seguirán llegando generaciones que seguirán siendo seducidas por ese camino sin sentido, un falso activismo que sirve de desahogo a una parte de nuestra juventud que encontraría de otro modo mejores cauces para su generosidad y sus energías. Pero esto ya está dicho, muchas veces. Yo me niego a seguirme siquiera enfadando por tanta basura intelectual y moral.

 

A la espera de lo que diga el juez, ha sido el ataque de una manada de extrema izquierda a un chaval que había hecho de su estética bandera de unas ideas que, sin duda ni matiz, tampoco se defienden así incluso si realmente se tienen. Josué, que al parecer mató a Carlos, vale tanto como su víctima. Ninguno de los dos merece tolerancia, salvo por lealtad personal de sus amigos y familiares, y ambos merecen una solución que desde luego no puede pasar por la reiteración cobarde de los lugares comunes habituales. Mientras tanto, la gente normal, la que no vive para drogarse ni para cultivar su colección de ropa de marca skin, sigue sin solución para sus problemas. Esos mismos problemas que los gobernantes y algunos periódicos camuflan detrás de noticias como ésta.

 

Pascual Tamburri

El Semanal digital, 13 denoviembre de 2007

Una reforma constitucional para un muerto con buena salud.

Ayer se presentó públicamente una propuesta de reforma constitucional elaborada por la plataforma Por la concordia nacional y la reforma constitucional; entidad integrada por Convivencia Cívica Catalana, Foro Ermua, Fundación Concordia, Fundación para la Defensa de la Nación Española y Fundación Papeles de Ermua.

 

Sin duda, aunque ya anunciada, es una magnífica noticia. Y lo es por varios motivos.

 

Ante todo, se demuestra que la sociedad civil española no goza de tan mala salud como se temía; pues esta propuesta, independientemente de su destino, se ha gestado en su seno, y, aunque algunos conocidos políticos del Partido Popular se encuentran entre sus promotores, para nada puede afirmarse que se trate de una iniciativa partidaria. De hecho, cuando Mariano Rajoy ha sido interrogado el mismo día al respecto, en La Mañana de COPE, ha afirmado que planteará su propia reforma en unas próximas jornadas de su partido. Chico prudente.

 

Con todo, no estamos acostumbrados a este tipo de iniciativas. Es más, en España estamos habituados a que de la política se ocupen los políticos. Y más cuando el actual régimen parece excluir las fórmulas de participación que no pasen por los partidos políticos; unas estructuras más bien endogámicas, alejadas de la sociedad, y casi reducidas a unas coyunturales oficinas electorales.

 

Por otra parte, aunque bien recibida –y muy esperada- entre los sectores más comprometidos y activistas del entorno del Partido Popular, la propuesta tiene pretensiones transversales; pues bien puede ser compartida por simpatizantes de otras formaciones: Ciudadanos, UDP… incluso por algún que otro socialista.

 

El Partido Popular tendrá que definirse al respecto. Acaso termine elaborando una propia, tal y como ha anunciado su presidente, aunque no sea en los mismos términos. Pero, haga lo que haga, habrá que recordárselo.

 

Éste es uno de los defectos del sistema actual. Si no participan de la dinámica partidaria, las iniciativas nacidas en la sociedad civil encuentran dificultades añadidas; ante todo, una falta de interlocución política. ¿Falta cultura participativa? Algo de eso hay. Pero, para subsanarlo, los partidos han hecho más bien poco: están más interesados, generalmente, en escucharse a sí mismos, y a cuantas voces dóciles les acompañan, que en mantener diálogos constructivos con las diversas identidades sociales. Quien sabe. Acaso, esta iniciativa que comentamos señale un cambio en la tendencia…

 

Por supuesto que los partidos políticos son necesarios; pero únicamente cumplirán su verdadera función si saben establecer un flujo y reflujo de iniciativas, diálogos y reflexiones, con las entidades y personalidades más comprometidas de la sociedad a la que dicen servir. Pura higiene democrática.

 

Y seguimos pensando en que es una buena noticia, pues no se trata de un hecho aislado.

 

La sociedad española, aletargada y ninguneada, campo de experimentos utópicos, viene generando, en los últimos años, algunos movimientos sociales muy interesantes.

 

El más conocido y determinante, tal vez, ha sido el impulsado por las mismísimas víctimas del terrorismo. Especialmente, y a partir del trabajo de la AVT y del Foro Ermua, se ha ido generando una opinión pública simpatizante y responsable que se ha movilizado reiteradamente, asumiendo actuaciones que tal vez hubiera correspondido desarrollarlas a los políticos.

 

Pero existe otro fenómeno, acaso menos perceptible mediáticamente, que hay que constatar. Nos referimos a un cierto movimiento identitario español. Desde Foro Ermua, de alguna manera, y, explícitamente, desde la Fundación para la Defensa de la Nación Española, aunque con el concurso de diversas entidades regionales y locales, se viene consolidando un estado de opinión convergente en la necesidad imperiosa de una restauración de la nación española en sus diversas expresiones: estatal, cultural, social, territorial, humana… Despacio y con prudencia. Pero ahí está. Y que siga avanzando.

 

Otro fenómeno social, de notable impacto mediático y que ha nacido desde la precariedad más hiriente, es el movimiento de objeción de conciencia a la Educación para la Ciudadanía. Madres, padres y alumnos, con el concurso de algunas organizaciones, pero, dotándose de sus propias entidades, se han movilizado valerosamente en defensa de las libertades, en suma. No obstante, si bien hemos de destacar el extraordinario valor que han hecho gala al dar un paso nada cómodo al frente, la indiferencia e incomprensión que han encontrado muestran los niveles extremos de atomización alcanzados por la sociedad española. Pero estos ciudadanos han puesto el dedo en llaga: su interés por la educación marca el futuro. Una sociedad que declina en su responsabilidad educativa, será golpeada por todo tipo de modas y patologías individuales y colectivas.

 

Y no acaba ahí la cosa. Recordemos las iniciativas que desde el veterano movimiento pro-vida se han consolidado recientemente, caso del Programa Red Madre, y la revitalización de Jóvenes Pro-Vida. Una auténtica referencia moral colectiva.

 

Culturalmente, también asistimos a todo un arco de iniciativas: desde la implantación de nuevos colegios, pasando la edición de revistas “políticamente incorrectas”, el lanzamiento de nuevos títulos por editoriales de espíritu militante… sin olvidar el activismo desbordante desplegado en la blogosfera.

 

Y que me perdonen los protagonistas de otras realidades no aludidas.

 

Sin triunfalismos, pero con realismo, y ante generalizados pesimismos y derrotismos, hay que constatar la existencia de estas realidades esperanzadoras para el futuro de la sociedad española.

 

Que sepan los Ibarretxes, Carod-Roviras, Zapateros y Cebrianes, que el muerto que quieren enterrar, pese a los golpes recibidos, sigue gozando de buena salud. Y dará mucha guerra.

 

 

Fernando José Vaquero Oroquieta

 

 

P.D.: Una pregunta impertinente. El pasado 12 de octubre, ¿dónde estaban las decenas de miles de militantes de Nuevas Generaciones? ¿No se iban a manifestar por toda España, especialmente en las localidades y territorios más difíciles? ¿O, acaso, abarrotaban sus sedes? La política real no se reduce a campañas mediática, cartelitos y consignas por internet. Ni a moverse por un puesto “seguro” en una lista electoral. Así no se ganan voluntades. ¡Qué contraste con esas manifestaciones de la sociedad civil!

 

 

Diario Liberal, 26 de octubre de 2007

 

La derecha que necesitamos

Nadie dará las gracias a la derecha por camuflar su nombre. Tampoco Gallardón, que vive precisamente de ser “el verso suelto”, o sea, lo que no parece derecha dentro de la derecha que no lo parece. Pero todo esto son cuestiones menores, fulanismos de casino. Aquí lo que hay que saber es qué nos propone exactamente la derecha oficial, es decir, el PP. Nos gustaría encontrar en ella un referente de principios, de convicciones, a la altura de una situación crítica como la presente. No hallamos tal cosa. Lo único que vemos es una firme defensa del orden y la ley. Pero ¿y si la ley es injusta?

 

El discurso de la defensa de la ley y el orden –en nuestro caso, de la Constitución- está muy bien y es muy fácilmente comprensible, pero tiene un límite: ese punto en el que la ley y el orden –léase la Constitución- ya no significan estrictamente nada. Imaginemos, por ejemplo, algo tan verosímil como lo siguiente: el Tribunal Constitucional decide que el nuevo estatuto de Cataluña encaja dentro de la carta magna. Veremos así que pasa a convertirse en ley una norma muy obviamente ajena a la unidad nacional de España, un texto cuya incompatibilidad con la Constitución ha sido puesta de relieve por voces tan distintas como el Defensor del Pueblo y el propio promotor de la iniciativa, el president Maragall. Y bien, ¿qué hacer entonces? ¿Defenderemos el Estatut porque es ley, porque es orden? Aplíquese el mismo razonamiento a cosas como el aborto, por poner otro ejemplo obvio. Hay una ley restrictiva que se incumple sistemáticamente –salvo en Navarra, por ahora- y una realidad que es esta otra: en España se aborta a entrepierna libre con la inhibición cómplice de las instituciones. En ese contexto, ¿qué significa el discurso de la defensa de la ley y del orden sino la defensa del statu quo –de un statu quo escandalosamente injusto, por irracional?

 

La ley y el orden ya no son valores en sí. Eso lo podía pensar la vieja derecha, pero hace tiempo que todo ha cambiado. Hoy ya no es posible decir, como Goethe, “prefiero la injusticia al desorden”, porque el orden actual es profundamente injusto. La ley y el orden son valores positivos en la medida en que representan conceptos filosóficos acerca de la justicia y del bien común. Son esos conceptos los que dan sentido a la ley, que es una codificación, y al orden, que es una praxis de organización pública. Si la ley es injusta o falsa, entonces no merece ser defendida, sino cambiada. Si el orden es en realidad una forma de desorden, entonces no merece ser sostenido, sino reemplazado. Sobre la base de esos conceptos filosóficos –cómo entendemos el bien, la verdad, la justicia, la belleza- se construyen visiones del mundo, valga el término ideologías, y éstas, en la cultura moderna, se expresan a través de escuelas, corrientes de opinión, partidos políticos…

 

Los partidos ya no pueden ser hoy lo que fueron hace medio siglo o cien años, es decir, faros de la vida colectiva, pero siguen siendo las plataformas en torno a las cuales se agrupan los individuos según sus principios y convicciones. No son simples depósitos de voto a los que se confía una gestión “neutra” de un aparato técnico –el Estado. Eso es lo que le gustaría a mucha gente en la derecha, porque es más cómodo, pero es una ficción. Si los partidos no tienen ideas detrás, nada justifica su monopolio de la vida pública. Un partido tiene que ser capaz de expresar un cierto abanico de principios, más allá de la mera conservación institucional. Por puro sentido de la supervivencia, todos hemos aceptado que eso se module en tono bajo, suave, sin estridencias: ni el partido monopoliza los principios que defiende, ni la pugna entre partidos puede convertirse en una escenificación perpetua de la guerra civil. Pero la relajación en las formas no puede significar la extinción de las ideas de fondo. Cuando eso ocurre, todo el sistema político cae en el descrédito y no se recupera hasta que alguien es capaz de volver a formular principios. No es otra cosa lo que acabamos de ver en Francia, sean cuales fueren los recelos que inspira Sarkozy.

 

¿Cuáles son los principios que defiende y proclama el Partido Popular? Realmente me gustaría saberlo. Los que afirma públicamente no son insignificantes, pero sí son irrelevantes: la Constitución, la libertad, la democracia, la economía de mercado… todas esas cosas ya las defienden los demás o se dan por supuestas. Y las que son relevantes y significativas, porque sólo las defiende el Partido Popular, apenas las afirma públicamente: el humanismo cristiano –una fórmula no muy satisfactoria, por cierto-, la unidad nacional de España, etc. Es verdad que ninguna otra fuerza política importante está defendiendo en España la unidad nacional, el derecho a la vida, la familia tradicional y la libertad de educación, por ejemplo. Pero es igualmente cierto que en el Partido Popular hay voces muy ambiguas sobre lo que pueda significar exactamente “unidad nacional”, que el PP gobierna en comunidades –véase Madrid- donde se aborta sin la menor traba, que los gobiernos del PP no han tomado la menor medida eficaz para proteger a la familia y que sus conquistas en materia de educación son modestas por no decir paupérrimas. ¿Qué es, pues, lo que el PP nos quiere vender?

 

Allá ellos: después de todo, ellos son los profesionales. Pero no estará de más que escuchen lo que a algunos, quizá sólo cuatro locos, quizás una multitud, nos gustaría que defendiera el PP. Nos gustaría oír que el PP está dispuesto a defender la unidad de España, por ejemplo, reformando la Constitución para que exprese con claridad plena que la nación es una e indisoluble, y para que se señalen las competencias exclusivas del Estado. Nos gustaría oír que el PP va a defender el derecho a la vida actuando ya, allá donde gobierna, contra las cínicas abortistas que han convertido en una parodia la ley vigente, y proponiendo que esa ley sea cambiada por otra verdaderamente eficaz. Nos gustaría oír que el PP va a apoyar a las familias –y no sólo a los empresarios que contraten a mujeres- ayudando materialmente a las madres que se quedan en casa con sus hijos, como se hace en otros países europeos, y flexibilizando horarios laborales. Nos gustaría oír que el PP va a garantizar la libertad de ejercer el derecho a la educación implantando el cheque escolar, que permitirá a las familias gestionar de manera autónoma la educación de sus hijos. Y hablando de educación, también nos gustaría oír que el PP, allá donde gobierna, va a implantar asignaturas de construcción de la identidad nacional española, especialmente en materia de historia y cultura, para ver si así invertimos el galopante proceso de desmantelamiento que hoy padecemos. Y eso, para empezar.

 

Estas no tendrían por qué ser cosas exclusivas de la derecha. Pero el hecho es que hoy, en España, sólo la derecha está en condiciones de ponerse a ello. Mejor dicho: son las cosas que tendría que hacer la derecha que necesitamos. Porque el discurso de la ley y el orden ya no es suficiente. Ya no.

 

José Javier Esparza

El Manifiesto, 30 de mayo de 2007

PXC no es una anécdota. Muchos españoles creen ver un "racismo inverso": más ayudas en becas y servicios a inmigrantes que a nativos.

La abstención es un mal para el sistema democrático. Aunque a nuestros políticos profesionales ya les esté bien. A pesar de la palabrería la abstención les proporciona menos sobresaltos.

 

En Cataluña ha sido tan notoria como los votos de la Plataforma per Catalunya (PXC). En Vic, Manresa, El Vendrell, Cervera, Olot, Tàrrega o Roda de Ter, ciudades con elevados índices de inmigración, PXC ha obtenido uno o varios concejales.

 

Como otros movimientos político-vecinales, PXC representa a su manera una forma de hacer política “fuera” de la política habitual. PXC está al margen de las estructuras cerradas del poder partidista. Es una plataforma producto del descontento de muchos sectores de la población alertados por la imparable inmigración.

 

Por eso estas elecciones han demostrado que el discurso sin pelos en la lengua vende. Por ejemplo, el PP de Badalona ha subido gracias a la contundencia de la campaña de su líder. Con mayor o menor fortuna, Xavier García Albiol se ha atrevido a abordar los problemas de la inmigración –en especial la islámica–, mientras que los otros candidatos pasaban de puntillas. Victimas del discurso de lo políticamente correcto, han obtenido peores resultados.

 

Conste que hay una gran diferencia entre un musulmán y un islamista. Pero fenómenos como el yihadismo, la reagrupación familiar o los guetos territoriales basados en la sharia complican los procesos de integración. Y esto hay que decirlo, o como mínimo afrontarlo con objetividad y valentía.

 

En su reciente libro, Mientras Europa duerme, Gota a Gota, Madrid, 2007 (comentado en Forum Libertas el pasado lunes 28 de mayo), Bruce Bawer señala algunas costumbres que muchos musulmanes inmigrantes practican en el Viejo Continente.

 

El fetching marriages permite que los miembros de una familia musulmana extensa emigren a Europa y se beneficien de la prosperidad occidental. Ya no es la esposa musulmana nacida en Europa la que se traslada al país de origen del varón, sino toda la familia de éste la que se reunifica aquí.

 

Bawer alerta también del dumping, que consiste en enviar a los niños musulmanes europeos al país donde nacieron sus padres para que frecuenten las escuelas coránicas, e impedir que se integren en los valores de la democracia occidental. Los gastos de esta reeducación suelen financiarlos las mezquitas europeas, que –advierte el autor– suelen recibir fondos de los gobiernos europeos.

 

En algunas ciudades los islamistas no consideran que sus representantes sean los parlamentarios o concejales, sino los imanes y ancianos que mandan en sus comunidades como jefes tribales.

 

Asistimos al nacimiento de califatos donde se aplica la sharia. Según cuenta Bawer, después de la quema de coches en Francia una funcionaria se reunió con un imán en el límite del distrito de Roubaix por respeto a su declaración de que el barrio era territorio islámico. Y en el Reino Unido los imanes han presionado al gobierno para que designe oficialmente algunas áreas de Bradford bajo jurisdicción de la ley islámica. Ocurre lo mismo en Copenhague y Bruselas.

 

Pero lo peor es la yisya, el impuesto de protección que se exige a todos los infieles que viven en tierras musulmanas a cambio de conservar sus vidas. Como Europa todavía no es tierra musulmana, dice Bawer que muchos imanes predican como un acto legítimo el robo a los europeos.

 

Explotar la munificencia europea de los infieles es la nueva yisya. Abusar del ya de por sí precario Estado del Bienestar dispara el racismo y la xenofobia. En España la clase media se empobrece, pierde poder adquisitivo. Los españoles interpretan que las becas de los colegios y las ayudas públicas de antaño ahora se destinan a estos inmigrantes.

 

Aflora, pues, un sentimiento de “racismo a la inversa”, provocado en buena medida por nuestros gobernantes y el buenismo de sus discursos. Bawer señala que en Dinamarca los musulmanes son el 5% de la población… pero reciben el 40% de las ayudas sociales. Es la tónica seguida en otros Estados miembros de la Unión Europea.

 

Decía en la noche electoral Joaquim Nadal que PXC era una anécdota. Yo no lo creo. El ascenso de PXC es preocupante, pero hay que analizarlo con rigor, sin superficialidades. No se trata de xenofobia sin más.

 

El éxito de PXC es la constatación de un racismo inverso para el que nuestros políticos profesionales y los aparatos de sus partidos no tienen soluciones.

 

Àlex Seglers

Forum Libertas, 1 de junio de 2007