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Foro El Salvador

El nacionalismo excluyente

Todo apunta a que el nacionalismo considera que la integración de los vascos no le garantiza el poder mientras que la exclusión de los no nacionalistas sí puede hacerlo. Desgraciadamente esta desprotección es la que ETA ha buscado asesinándoles.

 


La aprobación del plan Ibarretxe confirma las peligrosas intenciones de un nacionalismo institucional al que poco le importa la exclusión de una gran parte de la sociedad vasca que su estrategia conlleva. Sus representantes desprecian las fundadas críticas a la propuesta del lehendakari mediante una retórica que combina el victimismo y la deslegitimación del marco democrático. Este discurso ha ido reproduciéndose educacando a un electorado que debe respaldar tan excluyentes políticas como las que el nacionalismo propugna hoy. Una muestra del mismo podía encontrarse en las páginas de 'Deia' un día antes de que Ibarretxe incumpliera su palabra al aceptar, para aprobar su plan, el apoyo de quienes admiten el asesinato de ciudadanos vascos. El firmante de una carta al director escribía: «Estas fechas siempre despiertan los puntos más sensibles del ser humano. Los presos nacionalistas vascos son tus hermanos. Cayeron bajo la ley del opresor. ¿No lo olvides! Quien los retiene en la cárcel destrozando hogares y atormentando a nuestras madres es el opresor. Que jamás salga de tus labios una sonrisa para él, mientras tus hermanos sufren en la cárcel y en presidio. Visítalos. Tu presencia les fortalecerá. Contémplalos con cariño de hermano a través de las rejas. ¿No los olvides!».

Tan sucinto párrafo contiene una insultante falta de solidaridad hacia las víctimas del terrorismo, pues esos «presos nacionalistas vascos» a los que se alude no son otros que los asesinos de aquellos vascos que se han convertido en víctimas de ETA por el deseo injusto de este grupo terrorista. Es esa violencia etarra la verdadera 'ley del opresor' que la sociedad vasca sufre, la que ha 'destrozado hogares y atormentado a tantas madres'. Semejante incitación al odio aparecía publicada el mismo día en que el lehendakari aseguraba que «no participaremos nunca del proyecto común del Estado, si no es libremente», reforzando una vez más la idea de agravio e imposición en la que el nacionalismo vasco tanto insiste con fines deslegitimadores. Esa misma es la esencia del frecuente recurso de Ibarretxe al anteponer la «voluntad del pueblo vasco» a la del «PP y el PSOE». Bajo esas palabras subyace la lógica de la exclusión que define su plan: los ciudadanos vascos votantes de estas formaciones políticas no deben considerarse integrantes del pueblo vasco. De ese modo el lehendakari interpreta a la perfección el papel de Joseba Egibar, para quien sólo son verdaderos vascos aquéllos que aprueben el plan Ibarretxe, como él mismo ha recalcado. Es éste el mensaje dominante de un partido cuyo presidente ha abogado por construir un nacionalismo cívico que constantemente se revela como un mero señuelo electoral. Y es que la realidad expone un nacionalismo que incluso ha sido criticado recientemente por quienes suelen defenderlo, como hacía en 'Deia' Enrique Curiel al escribir que «no es posible elaborar un proyecto de Estatuto con la mitad del Parlamento y de la sociedad vasca».

Sin embargo, lo que Ibarretxe persigue es la imposición de un proyecto que bajo la apariencia de reforma estatutaria supera con creces este supuesto. Le es por ello indiferente la marginación de una parte de la sociedad si a cambio su radicalización garantiza la hegemonía de quienes se empeñan en definir como «cauce central» de la misma. Alarmante resulta la utilización de esta terminología de connotaciones tan discriminatorias en una sociedad dividida en la que el terrorismo acosa precisamente a quienes no constituyen dicho 'cauce central'. Contrasta que mientras en otros contextos afectados por la violencia, como el de Irlanda del Norte, se han diseñado fórmulas políticas basadas en el consenso entre las comunidades huyendo de la dominación de mayorías conformadas por actores de un único bloque, en el País Vasco el nacionalismo opta por el control exclusivista de una sociedad enormemente plural, como emana de la iniciativa de Ibarretxe. Puede contraponerse el sistema de protección de intereses contemplado por el Parlamento autonómico en Irlanda del Norte con el desprecio con el que el nacionalismo ha respondido a la oposición que prácticamente la mitad de los ciudadanos vascos muestran hacia el plan diseñado por Ibarretxe.

Las normas de funcionamiento de la autonomía norirlandesa hoy suspendida requerían que las decisiones denominadas 'clave' fueran adoptadas únicamente con el apoyo de las dos comunidades norirlandesas, esto es, unionistas y nacionalistas, estableciendo para ello sistemas de votación que obligaban a los miembros del Parlamento a designarse en función de su identidad como «unionistas», «nacionalistas» u «otros». De ese modo cuestiones de especial relevancia exigían para su aprobación o bien una mayoría tanto de los representantes unionistas como de los nacionalistas, o una mayoría cualificada de un 60% de los parlamentarios presentes, incluyendo al menos un 40% de los unionistas y de los nacionalistas.

Así se pretendía evitar que nacionalistas o unionistas dominaran a la otra comunidad, como ocurrió durante los cincuenta años en los que el unionismo administró la autonomía de Irlanda del Norte hasta su suspensión en 1972. Así pues, aunque en Euskadi tanto el nacionalismo institucional como el del entorno de ETA han coincidido en utilizar el término unionista con un sentido derogatorio para referirse a políticos vascos no nacionalistas, es sin duda el PNV el que ha optado por comportamientos que le valieron al unionismo norirlandés acusaciones de discriminación.

La radicalización del nacionalismo institucional vasco se aprecia al rescatar un artículo publicado en 'Política Exterior' en 1997 por Joxe Joan González de Txabarri, en el que defendía con vehemencia el Estatuto que hoy el plan Ibarretxe pretende destruir. Escribía entonces el dirigente peneuvista:

«El Estatuto de autonomía de Gernika constituye un punto de encuentro, de comunicación, entre la mayoría de los ciudadanos vascos, sean éstos nacionalistas o no. La pluralidad política que como rasgo pertinente conoce la sociedad vasca encuentra en dicho marco jurídico una 'coiné' política, que aunque no total, por no encontrarse en ella sectores del mundo radical representado por Herri Batasuna, resulta básica no sólo para la vertebración de Euskadi sino también como factor fundamental de integración y vertebración social».

«A lo largo de estos diecisiete años de vigencia del Estatuto de Gernika, la ciudadanía vasca ha ido demostrando, elección tras elección, su adhesión mayoritaria a las instituciones autonómicas y a los partidos estatutarios. Pero hay algo más importante aún. Con la asunción mayoritaria del Estatuto, la ciudadanía vasca ha optado por algo más que un arreglo concreto de su contencioso histórico. Ha optado por un procedimiento para su solución. Ha tomado en sus manos el conflicto y ha decidido ir resolviendo mediante los procedimientos que el sistema democrático pone a su disposición: el reconocimiento de su propia pluralidad, la negociación entre las partes y los arreglos progresivos y pactados».

«Aunque diecisiete años representan relativamente poco tiempo desde una perspectiva histórica, se han producido durante ellos muchos y significativos cambios en el mundo, en el Estado español, en Euskadi. La Comunidad Autónoma Vasca ha avanzado notablemente desde la entrada en vigor del Estatuto de Gernika, tanto en el volumen de competencias asumidas como en su capacidad política, presupuestaria y administrativa, para ejercitarlas eficazmente y propiciar así el bienestar en la sociedad vasca. Algunas de esas competencias, la Ertzaintza, los medios de comunicación, el Concierto Económico singularizan la autonomía vasca, ya singular de por sí en origen y configuración institucional».

«Cuando en el caso vasco tenemos la oportunidad de explicar el Estatuto de Gernika a expertos o responsables extranjeros, suelen terminar convencidos de estar ante un modelo de descentralización política y administrativa superior a otras experiencias internacionales. De hecho, la imagen del Estado español aparece hoy en día de modo similar a la de un Estado de corte federal. Ciertamente está asegurado un cúmulo de materias en las que la cobertura política y la capacidad de decisión autónoma están garantizadas, y que resultan expresivas de una naturaleza subestatal, dotada de capacidad política».

Analizadas retrospectivamente, esas palabras revelan la incoherencia de un plan como el que ahora el nacionalismo impone para enterrar el Estatuto. ¿Qué justifica la eliminación del «punto de encuentro, de comunicación, entre la mayoría de los ciudadanos vascos, sean éstos nacionalistas o no», del «factor fundamental de integración y vertebración social», del «procedimiento para la resolución del contencioso histórico»? Todo apunta a que el nacionalismo considera que la integración de los vascos no le garantiza el poder mientras que la exclusión de los no nacionalistas sí puede hacerlo. Desgraciadamente esta desprotección es la que ETA ha buscado asesinándoles.


Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.

Rogelio Alonso, EL DIARIO VASCO, 24/1/2005
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