Un plan inconfesable

Los peores augurios se van confirmando y, a tan sólo una semana de que concluya el plazo para presentar candidaturas a las elecciones del 27-M, vemos cómo a Batasuna se le abre la puerta para presentar listas bajo su control con la complacencia del Gobierno. El Ejecutivo de Zapatero sigue cediendo a las presiones de ETA ¿por qué razón?

Tan sólo 48 horas después de que saltara la noticia de la presentación en Navarra y en el País Vasco de una candidatura con el nombre de Acción Nacionalista Vasca, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se apresuraba a conceder un importante aval a esta misteriosa formación al manifestar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que cumplía “todos los requisitos legales” y que había manifestado “explícitamente su rechazo a la violencia”.

Acción Nacionalista Vasca (ANV) nació como partido el 30 de noviembre de 1930, con la firma del llamado Manifiesto de San Andrés por parte de un grupo de militantes desencantados del PNV, que percibían la necesidad de crear un partido nacionalista que se acercara al ideario de izquierdas y republicano. Ya en aquel momento, los firmantes se declaraban favorables a la autodeterminación y a la unificación de los territorios vascos y Navarra, mientras rechazaban de plano la impronta católica que impregnaba el nacionalismo imperante. Después de la guerra civil y del franquismo, la ANV vuelve a registrarse como partido en 1977 pero, tras obtener unos pésimos resultados electorales y con el abandono de líderes históricos como Valentín Solagaistúa al inicio de la década de los 80, la formación pierde su independencia y acaba diluida por completo en Herri Batasuna. Desde entonces, jamás ha condenado un atentado de ETA.

 

Los abertzales siempre han considerado a los ekintzales (militantes de la ANV) sus antepasados políticos directos por defender sus mismos postulados. La reactivación de este antiguo partido en este momento es, con toda probabilidad, la última estratagema de Batasuna para burlar la Ley de Partidos y presentarse a las elecciones municipales sin tener que condenar la violencia. Con la reconstituida ANV, con el PCTV y con las agrupaciones de electores que ha puesto en marcha, el brazo político de ETA no necesitará ya de ninguna nueva marca para volver a los ayuntamientos.

 

Un estudio elaborado por el Instituto de Análisis Industrial y Financiero de la Universidad Complutense, por encargo de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, cifraba en 196 millones de euros el dinero público que ETA-Batasuna gestionaría al año si vuelve a obtener unos resultados similares a los que lograba en el pasado. Además recibiría unos 700.000 euros en ayudas directas. Los proetarras tendrían acceso a los datos del censo electoral y a los de los concejales de las otras formaciones políticas. Pero lo peor de todo es que volverían a recuperar el poder político sin haber renunciado al tutelaje de ETA y sin que esta última haya dado la más mínima muestra de querer abandonar la violencia.

 

Teniendo en cuenta todo esto, y viendo cómo cada semana se acumulan nuevos datos sobre la subordinación de Batasuna a los terroristas, así como de la intensificación del rearme, el chantaje, la extorsión y la amenaza por parte de ETA, cabe preguntarse: ¿de dónde surge este empeño y entusiasmo de la vicepresidenta por garantizar la fiabilidad de la ANV?

 

¿Qué relación guarda el entusiasmo y la urgencia de De la Vega en avalar el partido recién desempolvado con la aparente firmeza y rapidez del fiscal general Conde-Pumpido en ilegalizar hace dos semanas a Abertzale Sozialisten Batasuna (ABS), partido señuelo de la propia Batasuna?

 

Parece que la formación que lidera Otegi repite la jugada que cuadró en las pasadas elecciones autonómicas vascas mostrando el cebo de Auzkera Guztiak para a la vez situar al PCTV en el Parlamento vasco. Resulta difícil pensar que estas artimañas no cuentan con el beneplácito del Gobierno y de la Fiscalía. Con sus afirmaciones, la vicepresidenta no sólo ha tolerado la burda maniobra, sino que la ha facilitado.

 

¿Cuál es el motivo?

 

Pero, ¿por qué razón seguiría el Gobierno empeñado en salvar y fortalecer a Batasuna y, por ende, a ETA, cuando además la tregua ha resultado un fraude? Ya no es posible pensar que Zapatero mantiene vivo el mal llamado ‘proceso de paz’ por un electoralismo de corto plazo, pues lo cierto es que, tras el atentado de la T-4, decisiones como la excarcelación de De Juana Chaos o la retirada de cargos contra Otegi están perjudicando al PSOE en las encuestas. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo sigue dando alas a ETA y a Batasuna?

 

Tal vez existe una razón oculta e inconfesable, un plan que avanza con disimulo pero sin vacilaciones. La clave podría estar en palabras como las que pronunció, hace ya cuatro años, Jaime Mayor Oreja en el Club Siglo XXI de Madrid: “Esa radicalización (de la izquierda) no afecta tanto a planteamientos ideológicos de fondo cuanto a planteamientos estratégicos y tácticos (...) y, sobre todo, a que parte de esa izquierda ha llegado a la conclusión -democráticamente inaceptable- de que ‘el fin justifica los medios’ y de que, en consecuencia, todo vale para tomar el poder (o mantenerlo)”.

 

Para aislar al Partido Popular e impedir a cortar de raíz sus posibilidades de llegar a La Moncloa, el PSOE de Zapatero ha ideado un gran frente de fuerzas de izquierda y nacionalistas. Este frente funciona ya como un marco de alianzas estratégicas en la actividad política cotidiana pero todavía no está lo suficientemente cohesionado y el lugar por donde se puede unir o romper definitivamente es el País Vasco (y Navarra).

 

Y de este modo, en un contexto de nihilismo moral, ETA-Batasuna podría dejar de ser, a ojos de la clase gobernante, una mera organización terrorista para convertirse en la piedra angular de ese edificio común donde convivan la izquierda y el nacionalismo, y desde el que se opongan al orden constitucional. Podría ser éste el inconfesable proyecto del Gobierno.

 

Ignacio Santa María

Páginas Digital, 16 de abril de 2007