En 1936, el bando nacional surge de una amalgama de familias y tendencias políticas bien distintas: carlistas, monárquicos de Acción Española, democristianos de la CEDA, incluso nacionalistas de la Lliga... El único nexo que explica tal confluencia es la deriva totalitaria y revolucionaria de la República; la constatada amenaza de que la democracia parlamentaria fuera sustituida por un régimen socialista.
Durante la primera mitad del régimen que siguió a la Guerra Civil se conforma un sistema político con una fuerte carga ideológica y doctrinal; un sistema difícil de definir por esa diversidad intrínseca del bando nacional y porque, en éste, la propia guerra y la lucha contra el comunismo habían sido un factor de cohesión. Aun cuando el "nuevo Estado" presentó numerosos impulsos totalitarios (especialmente en las formas, por mimetismo con otros movimientos antiparlamentarios de la Europa de entreguerras), puede afirmarse que el peso de lo católico fue definitorio.
Es cierto que este último componente no estaba en el ánimo de los generales que dieron origen al alzamiento, pero la evolución del Gobierno republicano y los masivos asesinatos y persecuciones de que fueron víctimas las gentes católicas contribuyeron a que el factor religioso adquiriera un carácter central en el franquismo.
El nuevo régimen fue profundamente estatista, y dio por supuesto que la confesionalidad y los principios ideológicos que lo sustentaban eran de completa aceptación en el seno de la sociedad. De esta forma, junto a realizaciones inspiradas en la Doctrina Social de la Iglesia, a partir de 1939 el peso del Estado creció enormemente, con lo que se desdibujaba en la práctica el principio de subsidiariedad recogido en las Leyes Fundamentales.
A partir de 1957, con el triunfo de la tecnocracia y la proclamación del "crepúsculo de las ideologías", la evolución del franquismo estuvo marcada por un deseo cada vez mayor de homologación con los países de Europa Occidental. Este deseo se articuló por medio de la despolitización de la sociedad española y de las propias instituciones oficiales.
Por otra parte, seguían vigentes el estatismo, la falta de confianza en el protagonismo de la sociedad civil y el abandono de la cultura. Asimismo, en la cultura y en la sociedad empezaron a calar una serie de principios izquierdistas con un fuerte componente de comunismo gramsciano. Sirva la universidad como ejemplo sintomático de lo que ocurrió: como, para el régimen, no tenía sentido la existencia de universidades de iniciativa social o católicas, pues ya el Estado era "conservador y católico", la universidad española de la última etapa del franquismo (desde mediados de los 60 en adelante) estaba fuertemente marxistizada.
Todo ello nos demuestra que ninguna coraza estatista –por muy "conservador" que sea el discurso oficial, o el envoltorio ideológico– puede suplir a la sociedad civil en el desempeño de su tan necesario quehacer. A largo plazo, tanto las libertades concretas como el desarrollo social próspero y virtuoso sólo pueden alcanzarse si se cuenta con una sociedad civil fuerte y sana.
La política del franquismo afectó a la propia base social conservadora. Los sectores de la derecha, en lugar de defender con gallardía sus principios intelectuales y, al mismo tiempo, reconocer que la forma política concreta estaba marcada por la guerra y la presencia de Franco (un régimen atípico para un país atípico), lo cual presentaba inconvenientes, optaron por lo contrario: abjurar de los principios (o al menos silenciarlos) y defender numantinamente la forma política concreta.
La consecuencia fue la desmovilización intelectual del conservadurismo español, así como el descrédito de esta tradición intelectual ante los neutrales o moderados. En este contexto, la derecha carece de un modelo que proponer cuando comienza la Transición.
Por otro lado, los políticos conservadores, en vez de reivindicar a la derecha como verdadera artífice de la reforma política, fueron presa de un complejo de culpabilidad derivado de haber colaborado con el régimen que ellos habían dinamitado desde dentro para traer la democracia. Es sintomática, en este sentido, la labor de gobierno de la UCD, partido creado al amparo del Movimiento y que realizó una continua descalificación de "la derecha", contribuyendo, así, al corrimiento ideológico del país hacia una izquierda que aún proponía, como modelo político, el socialismo real, responsable del Gulag y del mayor genocidio de la historia.
El cambio de régimen de 1975 supuso un pacto de convivencia por el que los representantes políticos de la derecha, básicamente la UCD, incluso amplios sectores de la Iglesia, abandonaron gran parte de sus principios, pues las concesiones fueron sustanciales.
La necesidad de cambio era indiscutible, pero habría sido exigible a los primeros Gobiernos de la democracia una mayor talla política. Una vez más, el abandono de la cultura y de los principios fue absoluto, y la configuración del nuevo sistema dejó a la sociedad absolutamente indefensa ante el Estado, en una situación mucho peor que la experimentada en otras democracias occidentales.
El sistema autonómico, tal y como está configurado; el enorme poder de los partidos políticos, así como su influencia en la Justicia; el peso dado, gratuitamente, a unos sindicatos muy estatistas, la ausencia de separación real de poderes o el propio sistema electoral (increíblemente consagrado, al estar reglado en la misma Constitución) son una fuente de inestabilidad y de estatismo desmesurado.
Pese a ello, y salvando aquellos primeros y turbulentos años de la Transición, la mayoría de la sociedad española vivió serenamente confiada en el proceso político que comenzó con el cambio de régimen.
Estos años no han estado exentos de momentos y situaciones muy graves, especialmente los provocados por el terrorismo. Se ha convivido con coyunturas económicas duras, sobre todo en los primeros años, así como con crisis políticas de envergadura, como la descomposición de la UCD o la más lenta debacle del PSOE, causada por su generalizada corrupción interna. De hecho, durante estos años se han producido cambios legislativos y sociales muy graves y de muy profundo calado, que han transformado el sentir y el pensar del pueblo español.
El ciudadano de derechas, o de centroderecha, ha contemplado estos cambios con sorprendente mansedumbre y resignación. Creemos que han sido varios los factores que han hecho esto posible:
– Por un lado, el cambio de régimen partía del presupuesto implícito de que había mucho que ceder para conseguir tanto la cohesión social como una convivencia pacífica y estable. De algún modo, era lo que tocaba.
– Especialmente significativo es, aquí, el hecho de que el ciudadano católico (incluyo aquí sólo a aquellos a los que la fe y la cultura católicas les hacen ver el mundo de una determinada manera, configurando su vida de una forma consciente), en su mayoría englobado en el entorno de derecha o centroderecha, también ha aceptado unos cambios sociales especialmente agresivos para la cosmovisión católica. El pacto tácito de la Transición hizo pensar a muchos que había que transigir, en aras del pluralismo, hasta alcanzar una situación de equilibrio, estable, en la que todos estaríamos cómodos.
– Las referencias para estos ciudadanos, los partidos de centroderecha (UCD y PP), y en muchas ocasiones amplios sectores de la Iglesia, han mandado sistemáticamente este mensaje, dejando en una situación muy comprometida a quien discutiera o planteara cuestiones de calado al proceso. Discutir la forma en que se estaba planteando el modelo parecía significar que se cuestionaba el propio régimen de libertades que otorga un sistema democrático parlamentario.
– La iniciativa cultural y social ha sido siempre de la izquierda. Los sectores más tradicionales y católicos no tenían la conciencia militante que otorgan la reivindicación y la mentalidad de "agredido". La comodidad no favorece la iniciativa ni el compromiso.
Sin embargo, en estos momentos, y por primera vez en los últimos 30 años, un gran sector de la población vive en España con la conciencia y la percepción de que las cosas no marchan bien, y esto en un sentido profundo de la expresión; con la sensación de que hay algo de fondo que se resquebraja y de que no es posible mantener por más tiempo un optimismo voluntarista.
Los sucesos del 11 de marzo de 2004 y los resultados electorales de ese mismo fin de semana supusieron una conmoción que dejó a la mitad del país con una sensación de agravio, injusticia y desamparo.
En nuestra opinión, en una buena parte de esa mitad del país el problema es sólo accidental, y se reduce al amargor por la derrota del Partido Popular y por cómo se produjo. Sin embargo, para un porcentaje significativo de dicha "mitad" ese momento ha supuesto la cristalización de un proceso más profundo y lento: el agotamiento del dogma que dice: "Pese a los problemas que veo, el país va, en su conjunto, a mejor, aunque yo no lo vea".
Este cambio de mentalidad, esta nueva actitud, se explica desde diversas causas que confluyen:
– Por un lado, simplemente se ve con más claridad las consecuencias derivadas de unos principios culturales y morales que se han venido implantando en nuestro país en estos años, así como de unas soluciones políticas que tal vez no hayan sido las óptimas. Las delirantes iniciativas legislativas del Gobierno de Zapatero hacen esto más evidente.
– La aceptación por gran parte de la sociedad del denominado "proceso de paz" debiera hacer pensar a los políticos del PP que gobernar no es gestionar el IRPF o el IPC. La no proposición de un modelo social y cultural, la destrucción de la familia y la instauración de un materialismo zafio es algo que hunde la vitalidad moral de la sociedad, conduce a una pérdida del capital social más valioso y –tal vez lo único que les interese– representa un suicidio político.
– Los ocho años de Gobierno del Partido Popular y su abrupto final han evidenciado para muchos:
1) La falta de modelo cultural en el PP, que no cambió el panorama mediático ni el educativo con medidas realmente liberalizadoras, que permitieran la entrada de aire fresco y el establecimiento de un auténtico debate intelectual. Antes bien, se mantuvo la política estatista y de subvenciones; pensaron que tal vez así se ganarían a la "inteligencia" cultural.
2) Que desde un Gobierno "de derechas" se profundizó en el acoso y destrucción de la familia, con medidas sin las cuales no serían posibles los nuevos pasos en la misma senda que ahora da el Gobierno del PSOE.
3) La paradoja de un partido conservador que no es consciente de que contribuye a debilitar las estructuras naturales de la sociedad civil, precisamente aquéllas que, a medio y largo plazo, favorecen su modelo teórico de sociedad y, por ello, sus posibilidades electorales.
– Todo parece indicar que la izquierda y los nacionalismos han dado por terminada la Transición e intentan retomar la ruptura política que no pudieron acometer en 1975. Una vez más, se comprueba que el juego democrático con un marco establecido sirve a la izquierda y a los nacionalismos mientras puedan conseguir avances para sus posiciones. Pero parece que no estaban dispuestos a tolerar otra victoria de un Gobierno no izquierdista. Esto provocó, especialmente en los últimos dos años de Gobierno popular, una actitud muy violenta contra el PP, pasándose de la demagogia habitual a episodios realmente totalitarios y coactivos. La izquierda, así, consiguió movilizar a sus bases, pero también abrió los ojos a mucha otra gente, "empujándola" hacia la derecha, que reclamó el mismo derecho que la izquierda a opinar, manifestarse y no aceptar el discurso oficial imperante.
Este incipiente cambio de mentalidad permite albergar esperanzas sobre la regeneración política y social que España necesita. Pero nada se podrá hacer si no se parte de la premisa, realista, de la tremenda debilidad de la sociedad civil española y del complejo que lastra a los políticos e intelectuales "conservadores" españoles.
La única duda es si podemos esperar algo serio del actual partido de la oposición o si, por el contrario, su ensamblaje en el sistema del "consenso", el estatismo y el dinero público fácil en que viven todas las formaciones políticas le hace incapaz para cualquier tipo de reacción, especialmente para la que España precisa.
Mientras podamos resolver esta duda, sólo nos queda afianzar nuestros principios, crear redes sociales, instituciones o fundaciones donde poder establecer debates reales sobre ideas, formar en los principios conservadores a nuestros mejores jóvenes, contribuir al debate público mediante revistas, publicaciones… Es urgente defender públicamente, donde podamos, que una concepción conservadora de la sociedad es lo más favorable para todos –especialmente para los más desfavorecidos económicamente–, que no hay libertad sin libertad económica y que no se puede ser una sociedad libre si no se es una sociedad virtuosa.
En definitiva, nos queda por hacer aquello que más teme el consenso socialdemócrata imperante: luchar por que la nuestra sea una sociedad verdaderamente libre.
© Fundación Burke
ANTONIO ARCONES, presidente de la Fundación Burke.
Libertad Digital, suplemento Ideas, 24 de enero de 2007
