Los peligros de estar en contra de la homosexualidad

Los cristianos se enfrentan a ser procesados por sus comentarios

LONDRES, viernes, 20 octubre 2006 (ZENIT.org).- En muchos países hablar abiertamente en contra de la homosexualidad puede acarrear graves problemas legales. Y en la actual batalla por proteger la libertad de expresión de forma que los cristianos puedan expresar sus creencias, el futuro no está muy claro.

En una victoria reciente, en Gran Bretaña, se retiraron los cargos contra Stephen Green, informaba el 29 de septiembre el periódico Telegraph. Green fue arrestado por la policía a principios de septiembre tras repartir folletos en el festival homosexual «Mardi Gras» de Cardiff, en Gales. El folleto contenía versículos de la Biblia contra la homosexualidad. Durante una audiencia, previa al juicio, la Fiscalía de la Corona anunció que no seguiría con la acusación.

Un reportaje el 6 de septiembre en el periódico Daily Mail citaba las palabras de la policía sobre el hecho de que Green no fue ni violento ni agresivo. Su único delito fue distribuir los folletos. El artículo observaba que esta no era sino la última de una serie de actuaciones policiales contra la oposición a la homosexualidad. También se dio una advertencia a la escritora Lynette Burrows por un «incidente homofóbico», tras sugerir, en el programa de radio de la BBC Five Live, que los homosexuales no serían los padres adoptivos ideales.

También fue advertida una pareja cristiana de Lancashire tras quejarse por las políticas de la administración local a favor de los derechos homosexuales. Y la policía de Londres investigó a Sir Iqbal Sacranie, antiguo líder del Consejo Musulmán de Gran Bretaña, tras afirmar en una entrevista que la homosexualidad era dañina.

El Christian Institute cuestionó el comportamiento de la policía con respecto a la homosexualidad en una nota de prensa el 22 de septiembre. Estando pendiente el juicio contra Green, el grupo observó que no se presentaron cargos contra la Asociación Gay de la Policía tras publicar un anuncio que acusaba a los cristianos de asaltos violentos contra los homosexuales. Se recibieron más de 40.000 quejas del público contra el anuncio, según el Christian Institute.

Presión de la Unión Europea
Al caso de Green podrían seguir muchos otros, si se aprueba la legislación propuesta por el gobierno británico. Las Regulaciones de la Orientación Sexual podrían hacer, entre otras disposiciones, que la discriminación contra los homosexuales fuese ilegal.

En un comentario publicado el 2 de octubre en el Telegraph, Philip Johnston observaba que la legislación se introducía por la insistencia de la Unión Europea. Tras un periodo de consultas, que recibió una gran oposición de los grupos religiosos, el gobierno considerará ahora si modifica la legislación propuesta.

Uno de los problemas implicados, indicaba Johnston, es el conflicto de derechos. Los cristianos sostienen su derecho a expresar puntos de vista basados en sus creencias religiosas, mientras que los grupos homosexuales quieren que se silencie cualquier oposición basándose en prohibir la discriminación. «Estas son las negras aguas en las que entramos cuando buscamos encerrar cada vez más los ‘derechos’ en la legislación», concluía Johnston.

La legislación propuesta recibió duras críticas del cardenal escocés Keith O’Brien. En una homilía a los parlamentarios el 14 de junio, advirtió que las leyes son «una amenaza a la libertad de conciencia» y «a la libertad de religión».

Las palabras del cardenal fueron pronunciadas en el mismo corazón del parlamento británico, en una cripta de la Cámara de los Comunes.

«Las leyes que son aprobadas por cualquier autoridad humana deben respetar siempre la dignidad de la persona humana y la integridad de conciencia de cada una, esté formada esta conciencia por principios cristianos o por otros sistema de creencias», insistía el cardenal O’Brien. «El estado se excede en su papel cuando pisotea las libertades morales legítimas y cuando impone valores que no tienen mérito racional y sociológico alguno».

Esta falta de libertad queda ilustrada en un reciente caso en Escocia. Nueve bomberos de Strathclyde sufrieron sanciones disciplinarias tras negarse a repartir panfletos en una marcha del «orgullo gay», informaba el 1 de septiembre el Guardian. La marcha tuvo lugar en junio. Como castigo, se ordenó a los bomberos que se sometieran a «reeducación». Uno de los hombres fue degradado de rango, por lo que perdió cerca de 5.000 libras (9.400 dólares) de salario.

Escribiendo en el Sunday Herald el 3 de septiembre, el arzobispo de Glasgow, Mons. Mario Conti, explicaba que aunque a los homosexuales, y a otros grupos, se les dan consejos de seguridad en caso de fuego, el lugar para hacerlo no es un festival tipo carnaval. Los bomberos, observaba, sabían que al ir a este evento «estarían sometidos a silbidos, comentarios inapropiados y, para algunos de ellos, a graves insultos a sus creencias religiosas».

El arzobispo indicaba que la razón verdadera para repartir material durante la marcha «no era ofrecer asesoría de salvamento a los individuos presentes – era permitir que la brigada como institución fuera vista como tolerante, ‘que abrazaba la diversidad’ y políticamente correcta». La tolerancia, sin embargo, no se extendía a las creencias de los bomberos.

En la línea de fuego
Existen riesgos similares en Estados Unidos. Robert J. Smith, miembro de la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington, perdió su trabajo tras sostener en un programa local por cable, que la homosexualidad consistía en una «desviación sexual».

Según el periódico Baltimore Sun del 16 de junio, el gobernador Robert Ehrlich Jr destituyó a Smith. Ehrlich describía los comentarios de Smith como «inadecuados, insensibles e inaceptables», y estando «en conflicto directo con el compromiso de mi administración por la no exclusividad, la tolerancia y la oportunidad».

Tras su despido, Smith, católico, manifestó que tenía derecho a expresar su opinión. Sus comentarios tuvieron lugar durante un programa entrevista que incluía el tema del matrimonio homosexual.

En California, el gobernador Arnold Schwarzenegger ha firmado una ley que convierte en ilegal para los proveedores de servicios financiados por el estado, como la policía, el departamento de bomberos y las universidades, la discriminación contra homosexuales, bisexuales y transexuales.

Las organizaciones cristianas, junto a otras, criticaron la medida, afirmando que amenaza las universidades de inspiración religiosa, los centros de día y las organizaciones sin ánimo de lucro, informó el 31 de agosto el Washington Times. Los grupos que tienen contratos gubernamentales o reciben financiación del estado corren ahora el riesgo de tener que aceptar homosexuales, bisexuales y transexuales.

Una victoria, por ahora
En Canadá, los cristianos ganaron a principios de año una larga batalla por la libertad de expresión religiosa. El periódico National Post del 17 de abril informaba de que un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Saskatchewan revocó la sentencia del juicio del caso Hugh Owens. Éste es un cristiano que había sido acusado del crimen de publicar anuncios de periódicos citando pasajes de la Biblia contra la homosexualidad.

En 1997 Owens puso un anuncio en el Saskatoon Star-Phoenix como respuesta personal a los anuncios que celebraban la «semana del orgullo gay». Se le consideró culpable de violar el código de derechos humanos de Saskatchewan, aunque este código contiene excepciones por las creencias religiosas y la libre expresión. La sentencia de abril, no obstante, está lejos de ser una clara victoria, comentaba el National Post. El tribunal hizo alusión a que en las circunstancias actuales, con mayores derechos legales para los homosexuales, tal anuncio no debía haberse permitido.

De hecho, una carta pastoral del obispo de Calgary, Mons. Frederick Henry, expresaba su preocupación por las amenazas a los cristianos que se oponen a la homosexualidad. En su carta, con fecha del 6 de septiembre, Mons. Henry animaba a los católicos a expresarse contra los cambios legales que el año pasado permitieron los matrimonios del mismo sexo.

«El estilo de vida homosexual debe tratarse ahora como sano y legítimo, cuando en realidad es malsano e inmoral», afirmaba. «La libertad de expresión está amenazada por quienes se oponen al ‘matrimonio’ del mismo sexo en público». Y se ha despedido a funcionarios civiles que han rechazado oficiar matrimonios del mismo sexo.

En un discurso a los obispos de la provincia canadiense de Ontario, Benedicto XVI advertía la dramática separación entre el Evangelio y la cultura contemporánea. En su discurso el 8 de septiembre, el Papa observaba cómo en nombre de la «tolerancia vuestro país ha tenido que soportar la insensatez de la redefinición del término cónyuge».

«La democracia sólo tiene éxito si se basa en la verdad y en una correcta comprensión de la persona humana», explicaba el Pontífice. Los católicos implicados en la vida pública y civil «no pueden aceptar componendas con respecto a este principio», añadía. Principios a los que les esperan muchas batallas.
P. John Flynn
ZS06102013

Multitudinarias manifestaciones contra la pobreza en España

“Rebélate contra la pobreza. Más hechos, menos palabras” ha sido el lema que miles de personas esgrimieron ayer en unas 70 ciudades españolas. Vigo, Santiago de Compostela, Badajoz, Sevilla, Vitoria y Madrid, entre otras, presenciaron el desfile de los manifestantes, que denunciaban el incumplimiento de los Objetivos del Milenio. La marcha que partió de la plaza Cibeles, en Madrid, cerró este histórico día de reivindicaciones solidarias.

Según informaba el diario El País, las manifestaciones, que superaron, en muchas ocasiones, el millar de asistentes, tuvieron lugar, en algunos casos, contra condiciones climáticas muy adversas, como las celebradas en la comunidad gallega. La manifestación de Santander contó con la lectura de un manifiesto por parte del actor José Sacristán, en el que denunció la “falta de voluntad política” para erradicar este gravísimo problema. Por su parte, en Vitoria, el ex alcalde de la ciudad, José Angel Cuerda, y la escritora vasca Toti Martínez de Lezea, coordinadora de ONGs, denunciaron que el 10% de la población mundial disfruta del 70% de las riquezas del planeta. Una desigualdad indignante, pero muy difícil de revertir.

Un broche de oro
La manifestación por la tarde en Madrid puso el "broche final" a la semana de movilizaciones que han tenido lugar desde el pasado día 15, promovidas por la Campaña del Milenio "Sin Excusas 2015" de las Naciones Unidas.

El 0,7, ya
La Alianza contra la Pobreza, organizadora de estas marchas, se propone a partir de hoy realizar una ronda de conversaciones con los partidos políticos para intentar adoptar un pacto contra la pobreza. Por otro lado, los convocantes exigieron que la ayuda al desarrollo ascendiera al 0,7% del producto nacional, así como la cancelación de la deuda externa.

El Gobierno se compromete
Zapatero, en respuesta a estas movilizaciones, declaró -durante un mitin en Lleida- que su Gobierno se encontraba "comprometido en la lucha contra la pobreza y la miseria en el mundo". Por eso, según recordó, desde que comenzó la legislatura, el Gobierno ha duplicado la ayuda oficial a la cooperación y el desarrollo, "y en 2007 llegaremos al 0,5% del PIB, y rápidamente al 0,7".

 

Elplural.com, 22 de octubre de 2006

ENTREVISTA DE ROMANO PRODI CON ZAPATERO. La tristeza del "católico" Prodi

El primer ministro italiano, Romano Prodi, ha sido recibido con alborozo en Madrid por su colega Rodríguez Zapatero. Varios puntos de la agenda política de ambos líderes convergen en este momento: la famosa extensión de derechos ciudadanos, que encandila pero también asusta a la izquierda italiana; así como el análisis de la escena internacional y de algunas aventuras empresariales.

Pero pocos han advertido que, al aterrizar en Madrid, Prodi traía muy fresca la memoria de su entrevista del pasado viernes con Benedicto XVI, en la que se han analizado varios puntos calientes de su programa de gobierno. Paradójicamente, el ascenso de un católico con pedigrí al Palacio Chigi tras la salida de un Berlusconi montaraz, cuya biografía está mucho menos ligada al catolicismo, ha encendido las alarmas de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Italiana.

En Prodi se resume el drama de cierto mundo católico europeo, siempre deseoso de ser bien recibido en los salones progresistas. Nadie duda de la valía personal e intelectual del líder del centro-izquierda italiano; lo duro de aceptar es que la haya puesto al servicio de un programa que, a fin de cuentas, ataca pilares fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia. Romano Prodi es un superviviente de lujo del gran cataclismo de la Democracia Cristiana italiana, un hombre que fue líder de la Acción Católica y cuya cercanía a renombrados eclesiásticos era de todos conocida.

Tras el big-bang de la DC, Prodi eligió la compañía de la izquierda que componen hoy ex comunistas, verdes y radicales varios, a quienes prestó su figura como emblema de moderación y respetabilidad. Es prácticamente un hombre sin partido, cuyo capital político reside precisamente en el hecho de ser "un católico de izquierdas" en un país donde el peso moral y cultural de la Iglesia sigue siendo decisivo más allá de las etiquetas ideológicas.

Es cierto que Prodi se guardó muy mucho durante la campaña electoral italiana de aparecer demasiado ligado a las aventuras de Zapatero. Más aún, dejó muy claro, por ejemplo, que en materia de familia su gobierno no promovería jamás una ley de matrimonio homosexual como la española. Pero a la hora de la verdad, ¿qué viene a significar el católico Prodi al frente del gobierno italiano? Simplemente que la dinámica radical se ralentiza, aunque la sustancia política sea la del estatalismo, la ruptura cultural y el laicismo, todo lo matizado que demande la peculiar sociología italiana.

El problema de Prodi no es que un católico haya buscado la alianza política con la izquierda (esto sería tan legítimo, en principio, como buscarla en el polo liberal-conservador) sino que, de hecho, ha disuelto el patrimonio de experiencia y de valores de la tradición católica en un programa que contradice objetivamente las prioridades históricas del sujeto católico italiano. Es curioso que las primeras banderas desplegadas por el ejecutivo Prodi nada más alcanzar el poder se refieran a las uniones homosexuales, la investigación con embriones y el testamento biológico (que algunos denuncian como una puerta medio abierta a la eutanasia).

Pero tampoco cabe esperar ningún avance (más bien todo lo contrario) en lo que se refiere a la libertad real de la escuela no estatal, uno de los empeños permanentes del mundo católico italiano, y ya es palpable que la nueva política económica entorpecerá el fluido movimiento de iniciativas y obras sociales que es tan característico de una sociedad modelada por principio de subsidiariedad, tan caro al pensamiento social cristiano.

Es posible que, durante su paseo por los jardines de Moncloa, Zapatero haya murmurado a oídos de Prodi eso que repite como un gran hallazgo intelectual: que la fe es algo que corresponde al ámbito de la conciencia personal y que no debe proyectarse sobre los asuntos públicos. Un discurso no sólo patético y simplón, sino agresivo para la trayectoria entera de un hombre como Prodi. Para un viejo democristiano educado en la tradición de Don Sturzzo, debe resultar amargo entrever que su figura juega el rol histórico de dar lustre al programa del laicismo, aunque sea más pálido que el que practica su colega de Madrid.

José Luis Restán

Libertad Digital, suplemento Iglesia, 19 de octubre de 2006

Foro El Salvador exige transparencia y responsabilidad al Partido Socialista de Navarra.

La asociación cívica Foro El Salvador, recogiendo la preocupación de numerosos ciudadanos navarros en las actuales circunstancias políticas, quiere dirigirse públicamente al Partido Socialista de Navarra exigiéndole un ejercicio de responsabilidad y transparencia políticas.

1. No es admisible, desde una perspectiva democrática, la falta de concreción y la ambigüedad manifestada, desde diversas instancias del PSOE, ante el futuro de Navarra en el marco del mal llamado “proceso de paz”.

2. Los silencios, declaraciones parciales, rumores, calladas o abiertas discrepancias internas…, que PSOE, PSE y PSN vienen transmitiendo a la ciudadanía ante las pretensiones de ETA/Batasuna con Navarra, exigen un posicionamiento público, firme, definitivo y claro. Por ello, nos permitimos preguntarles, en un ejercicio democrático de responsabilidad: ¿qué actitud adoptarán los interlocutores socialistas presentes -en la mesa o mesas de partidos- ante las exigencias nacionalistas de territorialidad y soberanismo?, ¿contemplan los socialistas un órgano común de cooperación Navarra-Euskadi o una eurorregión, y, con qué alcance y perspectiva?

3. Los electores navarros no pueden ser dejados de lado. Tenemos derecho a ser informados con absoluta claridad de TODOS los aspectos del programa electoral del PSN-PSOE, y de su estrategia presente y futura, para obrar en consecuencia. Una vez celebrada cualquier convocatoria electoral, no es admisible que partido político alguno desarrolle actuaciones trascendentes no anunciadas -expresa y claramente a todos los ciudadanos- y acaso tendentes a la modificación del actual status quo de la Comunidad Foral de Navarra. De suceder así, constituiría un atentado gravísimo contra la voluntad de los electores, la estabilidad de Navarra, y un fraude a las reglas del juego democrático.

4. Foro El Salvador exige al PSN-PSOE, igualmente, que se comprometa públicamente con la ciudadanía navarra, informando sobre el papel que reserva en su juego político a la Disposición Transitoria 4ª de la Constitución Española, y le recuerda que la misma tiene la fuerza procedente del consenso entonces alcanzado, y ahora cuestionado, y, sobre todo, la propia de una Ley fundamental; de modo que sería ilícito e ilegítimo eludirla mediante cualquier artificio, o pacto político, que no siga los procedimientos previstos.

5. Insistimos en que, desde nuestra perspectiva ciudadana no partidaria, el verdadero debate de la sociedad navarra es el de terrorismo totalitario versus libertades y no progresismo versus reacción; con las correspondientes implicaciones electorales e institucionales.

6. El Pacto por las libertades y contra el terrorismo sigue siendo la principal herramienta de los demócratas para cerrar las heridas de la violencia terrorista. No es posible moralmente ninguna equidistancia entre víctimas y verdugos, entre Estado de derecho y totalitarismo violento y excluyente. Por encima de los intereses partidistas a corto plazo, los demócratas debemos perseguir el bien común, la paz, la justicia, la reparación del daño causado a las víctimas y el castigo de los verdugos terroristas; sin caer en sus trampas dialécticas, ni en los espejismos de supuestos atajos y recetas mágicas que ignoren la realidad por ellos violentada.

Pamplona, 20 de octubre de 2006

Foro El Salvador agradece al Partido Popular de Huesca su talante democrático, solidaridad y disponibilidad.

Foro El Salvador ha remitido un escrito al Partido Popular de Huesca, en concreto, dirigido a la persona de su Secretario provincial, agradeciéndole su disponibilidad democrática ante la denegación, por parte de la Diputación Provincial de Huesca, de nuestra petición de una sala para la celebración de un ciclo sobre terrorismo en fechas próximas en esa ciudad.

Nuestra entidad nació, modestamente y desde el pluralismo de sus integrantes, con la voluntad de defender y servir a las personas, por encima de credos partidistas.

Naturalmente, nuestra actitud es política, pero no partidista; aunque circunstancias como la presente nos arrastren a “tomar parte”.

Estamos ya ultimando las gestiones necesarias para la organización del ciclo previsto. Pero, en coherencia con la naturaleza de nuestra entidad, no podemos aceptar tan generoso ofrecimiento.

Muchas gracias por todo... y seguiremos informando.

Un debate a medio camino

Según las declaraciones de los días previos, varios partidos pretendían convertir el llamado Debate sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento navarro en una rampa de lanzamiento de la campaña electoral. Pese a este afán evidente de restar peso político al debate y limitarlo a cuestiones de gestión, la realidad se impuso y la cuestión central del proceso de resolución y la necesaria implicación de la ciudadanía navarra en el mismo se convirtió en discusión central. En cualquier caso, los grupos no terminaron de explicitar su posición. Sigue pendiente por tanto un debate en profundidad sobre cómo participarán en el diálogo multipartito y cómo la ciudadanía navarra recuperará su capacidad de decisión, que es, en buena lógica democrática, el punto de llegada de ese debate.

A medio camino se quedan, por ello, las palabras de Miguel Sanz. Si bien es cierto que, por primera vez, el líder de UPN no mostró un escepticismo total sobre el proceso abierto, lo cierto es que sus expectativas se limitan, según sus propias palabras, a «atisbar signos de que las pistolas y las bombas pueden dejar paso a la paz y a la libertad». Este tímido alejamiento del discurso del PP, no obstante, quizá sea consecuencia de que la realidad política se mueve y termina imponiéndose. En todo caso, el líder de UPN y del Gobierno navarro no aclaró si sus palabras implican que va a dejar de torpedear, en la línea del PP, este proceso, renunciando a la posición que viene manteniendo desde marzo. Ciertamente, fue Miguel Sanz quien primero reclamó oficialmente a Zapatero que suspendiera cualquier iniciativa tras el incendio de una ferretería en Barañain.

Y también el PSOE se quedó ayer a medio camino. Su cabeza de lista, Fernando Puras, asumió la necesidad de un diálogo político en Nafarroa, pero no lo concreta ni demuestra una implicación real, como demuestra el hecho de que ni siquiera habla con Batasuna. Además, la defensa reiterada por el mantenimiento del actual marco contradice esa apuesta por el diálogo, en el que el marco debe ser una clave de discusión en condiciones abiertas. La cuestión de la opción de cambio de gobierno, predominante en el discurso de Puras y a la que otros partidos también dan relevancia mayor, refleja a la perfección ese medio camino. ¿Quitar a Sanz y meter a Puras sin tocar la cuestión central es la solución? En el debate real de Nafarroa, que a diferencia del parlamentario no excluye a ninguna opción política, se reclama no un cambio cosmético, sino un cambio político real. -

Gara, 20 de octubre de 2006

La AVT estará en Bruselas el lunes, en Madrid el martes y en Estrasburgo el miércoles para mostrar su rechazo a la presencia de ETA en Europa.

La Rebelión Cívica impulsada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), contra la política de rendición ante ETA-BATASUNA del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se hará notar en los próximos días con gran fuerza.

La AVT, que espera que el Gobierno comience a escuchar a las víctimas del terrorismo y deje de rendirse ante todo lo que le piden los asesinos, mostrará así su absoluto rechazo al debate en el Parlamento Europeo sobre el mal llamado proceso de paz. Debate que se producirá el próximo día 25 de octubre y que supone dar voz en Europa a ETA-BATASUNA, que se encuentra en la lista de grupos terroristas aprobada por la Unión Europea.

El llamamiento a la Rebelión Cívica tiene la próxima semana tres citas:

 

• Lunes 23: Una representación de la AVT secundará en Bruselas, a las 18:30 horas, una concentración convocada por la Plataforma España y Libertad frente a la sede del Parlamento Europeo.

• Martes 24: a las 18:00 horas, la AVT ha convocado a la sociedad española frente a la sede del Parlamento Europeo en Madrid (Paseo de la Castellana, 46).

 

• Miércoles 25: La AVT estará presente en Estrasburgo, en la sesión del Parlamento Europeo con la que el Partido Socialista pretende revestir de la autoridad europea su proceso de claudicación ante ETA.

La AVT está convencida de que la sociedad española y europea están preparadas para continuar la Rebelión Cívica que ahora se encuentra en pleno auge. Esta rebelión se caracteriza por defender, de manera democrática y firme, la memoria, la dignidad y la justicia que se merecen las víctimas.

 

Estas iniciativas persiguen el fin del terrorismo y la derrota de los asesinos, con la consiguiente entrega armas, petición de perdón y disolución, sin obtener otra cosa por sus delitos que las sentencias judiciales que les correspondan. La Rebelión Cívica exige que no se produzcan pagos políticos y contraprestaciones por abandonar el terror. Nada de rendiciones, al menos no en nombre de las víctimas que tanto han sufrido de manera pacífica a lo largo de todos estos años de suplicio terrorista

Adjuntamos la carta al director de Antonio Aguirre publicada en EL CORREO, en respuesta al artículo injurioso publicado algunos días antes, sobre las actuaciones del TSJPV en la querella del Foro Ermua contra el lehendakari Ibarretxe y tres dirigentes de Batasuna.

XABIER GURRUTXAGA Y EL FORO ERMUA

En un artículo publicado el 13 de octubre Xabier Gurrutxaga afirmaba que la querella del Foro Ermua contra Ibarretxe por reunirse con Batasuna tiene como objetivo impedir que llegue la paz al País Vasco. La afirmación es grave porque atribuye las peores intenciones a un colectivo que nació para ayudar a poner fin tanto a ETA como a su chantaje y que ha padecido la amenaza y el azote terrorista (uno de los fundadores del Foro Ermua, el periodista José Luís López de Lacalle, fue asesinado por ETA después de la "tregua trampa"). Nadie desea más el final de ETA que los amenazados, los que hemos sido señalados por la banda terrorista como sus enemigos, como es el caso del Foro Ermua.

Pero sólo el Estado de Derecho y sus leyes pueden acabar con el terrorismo, no desafiando a ese estado y convirtiendo la legalidad en papel mojado como ha hecho el señor Ibarretxe al reunirse con Batasuna. Ibarretxe podía haber tenido contactos a título personal y privado, pero si lo ha hecho en público es para retar a las leyes democráticas de las que emana paradójicamente su legitimidad como lehendakari. Es a él y a quienes desafían y vituperan al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a quienes debería criticar y en quienes debe ver las intenciones de convertir el deseo de que ETA desaparezca en una oportunidad para obtener réditos políticos.

Le recordaré lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial y que el Foro Ermua hace suyo: "El derecho a la crítica de las actuaciones judiciales, siempre aceptable en un Estado de Derecho, no debe incurrir en descalificaciones que vayan en descrédito de la función jurisdiccional"

Señor Gurrutxaga, debe distinguir bien quiénes son los verdaderos enemigos de la paz. Y se lo digo con el espíritu de mis compañeros del Foro Ermua, que no es otro que el deseo de paz y libertad para Euskadi y que siguen diciendo lo que piensan incluso en momentos difíciles.

Pero no queremos cualquier paz, no queremos la "paz de Azkoitia", la paz de los cementerios, una paz con precio político que humille a las víctimas del terrorismo y a los que se han jugado y se juegan su vida por defender la libertad en Euskadi.

El Foro Ermua requirió notarialmente a Ibarretxe para que no se reuniese con BATASUNA, hecho por el que, finalmente, el lehendakari va a ser procesado como presunto delincuente. Hicimos lo mismo con las direcciones del PSOE y PSE, otra vez sin éxito, por lo que presentamos otra querella contra los dirigentes del PSE y BATASUNA que celebraron una reunión aireada públicamente de forma notoria y sobre la que se tendrán que pronunciar, espero que sin las presiones del caso que hoy nos ocupa, los tribunales de justicia.

Finalizo diciéndole que acusar al TSJPV de dictar resoluciones por razones extrajurídicas (esto es, prevaricando), y acusar al Foro Ermua, de no querer acabar con ETA son dos infamias que no pueden quedar impunes ante la opinión pública, y por ello le escribo estas líneas en nombre del Foro Ermua en contestación a su artículo.

Antonio Mª Aguirre (Vocal de la Junta Directiva del Foro Ermua).

Cartas al Director, EL CORREO, 18 de octubre de 2006.

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INCRIMINACIÓN

La decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de continuar con el procedimiento instado mediante querella contra el lehendakari y tres dirigentes de Batasuna va a traer cola, tanto jurídica como política. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, parece evidente que el hecho que se les imputa no tiene cabida en el delito de desobediencia que se recoge en el artículo 556 del Código Penal. Esta apreciación jurídica resulta mucho más clara e incontrovertida si la analizamos a la luz del auto dictado por Garzón con motivo del encuentro entre Batasuna y el PSE-PSOE, en el que además de autorizar la reunión dejó claro que la proscripción de Batasuna no significa que no se pueda dialogar con miembros de esta formación, sino que lo que está prohibido es llevar a cabo iniciativas con ánimo de delinquir.

El delito de desobediencia grave exige como presupuesto básico la existencia de una orden legítima a la cual se opone una negativa firme y clara de no cumplimiento. Lógicamente, la desobediencia es un delito doloso; es decir, necesariamente tiene que haber en el autor una voluntad clara de menoscabar la autoridad de quien ha dictado la orden. En este caso es obvio que no se cumple ninguno de los presupuestos establecidos en el referido artículo. No estamos ante una orden expresa que prohíba dialogar o juntarse con miembros de Batasuna. La sentencia del Supremo no puede ser en ningún caso considerada, como la norma que contiene la orden expresa de prohibición. Otro supuesto bien distinto sería si la Sala Especial del TS, en trámite de ejecución de sentencia, hubiese dictado, en forma legal, la resolución pertinente, acordando expresamente la prohibición de reunión con Batasuna, anunciando para quien desobedeciera tal orden las consecuencias previstas en el Código Penal. Ni hay orden legítima, ni existe negativa firme de cumplimiento y tampoco ha existido ánimo de menoscabar autoridad alguna.

¿Siguiendo el esquema de indicios de la Sala de lo Penal, no habría ya indicios suficientes para que se le llamara a declarar a Zapatero como imputado por autorizar y ordenar los encuentros con ETA? Es evidente que en la decisión del TSJPV hay razones extrajurídicas y que éstas pesan más que las estrictamente jurídicas. Es un hecho notorio que las querellas del Foro Ermua responden a una evidente finalidad política, que no es otra que entorpecer y dificultar el proceso de diálogo para el cese definitivo de ETA y la consecución de la paz. Es obvio que la Administración de Justicia no puede resolver los asuntos de su competencia según criterios políticos o de oportunidad, pero tampoco puede desconocer o ignorar el riesgo claro de instrumentalización política que objetivamente supone ciertas acciones judiciales.

No es admisible que se utilice el proceso penal como instrumento de contienda política, convirtiendo en una acción de responsabilidad criminal lo que no son más que actos pertenecientes al ámbito de la contienda política. Lo que realmente sería imperdonable es que los jueces y magistrados, como administradores de la Justicia, entraran en ese juego, convirtiendo la actividad política objeto de enjuiciamiento penal.

Xabier Gurrutxaga

EL CORREO. 13 octubre 2006.