La permanente invocación de la paz por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para justificar su negociación con ETA no puede ocultar el hecho de que lo que el Partido Socialista Obrero Español ha puesto en marcha, con el silencio aprobatorio de los intelectuales de la izquierda, es una transacción política, a iniciativa del Gobierno, que parte de la aceptación de las condiciones impuestas por los terroristas.
Esa palabra, paz, que envuelve, enreda e inunda todas las justificaciones de la negociación gubernamental con ETA tiene al menos una utilidad. No precisamente la de certificar la derrota del terrorismo sino la de demostrar que bajo su protección se pueden cometer todo tipo de aberraciones morales y antidemocráticas. Pero también que, bajo su excusa, las sociedades pueden dar rienda suelta a su cobardía y comprar el perdón de los asesinos a cambio de la dejación de los principios democráticos con los que proclaman regirse.
Tal como están las cosas en el proceso de negociación entre el Gobierno y ETA a la hora de escribir estas líneas, mediados de julio de 2006, la primera de las enseñanzas señalada más arriba está clara. Porque este concepto de paz difumina, ni siquiera esconde, la cesión de un estado democrático ante un grupo terrorista, el precio político que una ETA debilitada ha sido capaz de obtener de un estado fuerte policialmente pero débil ideológicamente. Tengo más dudas sobre la segunda consecuencia, sobre la reacción social. Es cierto que hasta el momento la negociación política ha avanzado con cierta calma social, con unos ciudadanos que en las encuestas se muestran mayoritariamente favorables a dar un margen de confianza al Gobierno en sus contactos con ETA y que incluso parecen aceptar parte de las concesiones políticas. Pero aún es pronto para concluir si estamos ante una asunción consciente del precio político a cambio del fin de ETA o si se trata sobre todo de confusión sobre lo que de verdad está ocurriendo.
Los derrotados imponen sus condiciones
La confusión es notable porque hasta el momento el Gobierno ha sido bastante eficaz en la difusión de dos ideas: 1) la derrota de ETA y la negociación como una consecuencia de esa derrota, es decir, como una pantomima que ETA haría para justificarse frente a sus bases, y 2) la ausencia de precio político, puesto que, argumenta el Gobierno, cualquier tipo de conversación o negociación política tendrá lugar con los partidos políticos, no con ETA. Y ambas cosas funcionan porque incluyen una parte de la verdad, la suficiente para sostener con cierta consistencia la manipulación.
Hay una parte de verdad en la derrota de ETA que es la de su acusado debilitamiento en los últimos años. Por varios motivos. El primero, el fortalecimiento del estado a partir de los años noventa y su capacidad para perseguir y acosar a ETA no sólo policialmente sino también políticamente. Esa historia ya ha sido contada numerosas veces pero no está mal repasarla una vez más para recordar que el problema de la debilidad del estado hasta los años noventa fue doble. Se trataba de la insuficiente eficacia policial, por un lado, pero, sobre todo, se trataba de debilidad política, una debilidad construida con los resquicios de la vieja legitimidad etarra en numerosos sectores de la sociedad española. El estado no podía ser eficaz en la persecución de ETA porque había una sociedad que aún no sabía si quería derrotarla o más bien prefería dialogar con ella. Y si Batasuna, su brazo político, y todas las demás organizaciones de ETA pervivieron con tanta impunidad y durante tanto tiempo fue precisamente por eso, porque había una sociedad indecisa que aún no había tomado la decisión de acabar con el terrorismo a través del estado de derecho. La movilización social, la que posibilitó el fortalecimiento del estado, fue el reflejo de esa decisión. Y súmesele a todo eso el fin de la indiferencia francesa, el 11-S, más tarde el 11-M, y las nuevas alianzas antiterroristas internacionales. Y aun más, súmensele también las crecientes dificultades de la propia ETA para justificar socialmente sus asesinatos en su propio territorio, en el País Vasco.
Ahora bien, una cosa es que ETA esté debilitada y otra que esté derrotada. Si esa derrota fuera tal, deberían darse dos consecuencias. La primera, su aceptación por parte de la banda terrorista con la obvia consecuencia de una entrega de armas con exigencias mínimas. Y, sobre todo, la segunda, una actitud de firmeza del estado que, una vez derrotado el terrorismo, se limitaría, única y exclusivamente, a exigirle la entrega de las armas y el fin incondicional de toda acción delictiva. Pero he aquí que mientras intelectuales y políticos socialistas nos anuncian repetidamente la derrota de ETA, ésta actúa como si hubiera ganado y el estado como si hubiera perdido. Y no precisamente porque los terroristas estén haciendo una representación decorosa de su rendición para que ésta parezca una victoria a sus seguidores. Sencillamente, porque, por el momento, ETA, la derrotada, ha impuesto sus condiciones, y el estado, el ganador, las ha aceptado. Y esto indica que, independientemente del final de este proceso, ETA ha ganado nuevamente otra batalla al estado democrático.
La ha ganado cuando ha conseguido imponer una buena parte de sus exigencias al estado. En primer término, cuando ha mostrado que no es ETA la que anunciaba su rendición y sus consecuentes deseos de negociar sino que la historia ocurrió al revés, que fue el Gobierno el que ofreció determinadas contrapartidas para que ETA declarara la tregua. Pero, sobre todo, la supuesta derrota de ETA se quiebra totalmente cuando comprobamos lo ocurrido en el último año y medio, desde que Rodríguez Zapatero comenzara a insinuarnos que nos encontrábamos próximos al fin del terrorismo.
Zapatero prometió y aseguró dos cosas desde el principio de sus contactos con ETA. Una, que cualquier contacto con la banda debería ir precedido de una ausencia total de actividad terrorista, de la entrega de las armas y de una voluntad inequívoca de no volver a utilizarlas jamás. Y dos, que no habría ningún tipo de negociación política con los terroristas.
Ha incumplido flagrantemente ambas. Y eso que ETA está derrotada y el Gobierno se limita a gestionar esa derrota. Respecto a la primera de las promesas, durante estos meses se ha constatado que la actividad terrorista ha proseguido a través de la extorsión, de la “kale borroka”, de las amenazas y, además, del mantenimiento de todas las estructuras de la banda, listas para otro tipo de atentados en cualquier momento. Por supuesto, no ha habido ninguna entrega de armas. Y lo que es igualmente importante, la banda ha constatado en varias declaraciones públicas que no renuncia a nuevos actos terroristas y que los cometerá si el Gobierno “no cumple sus compromisos”.
Ninguna de las condiciones exigidas por el Gobierno ha sido cumplida por los terroristas. Y, sin embargo, el pasado 29 de junio, el presidente dio por iniciada oficialmente la negociación con ETA. Bajo las condiciones de ETA. Y eso que está derrotada.
El precio político
He escrito en alguna ocasión que me produce cierto pudor explicar a estas alturas el significado del precio político. Para cualquiera que conozca someramente el problema vasco y el discurso tradicional del terrorismo, el contenido de las exigencias políticas de ETA y la forma lingüística en que son articuladas es totalmente claro. Parece fuera de lugar volver a explicarlas a estas alturas. Y, sin embargo, llevo varias semanas abocada a esa tarea, intelectualmente algo infantil, porque el Gobierno insiste una y otra vez en negar el precio político mientras que cumple todos los pasos exigidos por ETA para pagar ese precio político.
El 10 de julio, el periódico Gara causaba un buen revuelo político cuando contaba que la tregua permanente de ETA, declarada en marzo de 2006, había sido el resultado de un proceso de negociaciones entre ETA y el Gobierno que se inició en primavera de 2005 y culminó en febrero de este año. Según Gara, ETA declaró la tregua a cambio de unos compromisos que habría obtenido del Gobierno en ese acuerdo de febrero. Los compromisos incluían el respeto gubernamental a “la libre decisión de los vascos”, la paralización de la actividad policial, el respeto a las actividades del brazo político y la inclusión de Navarra en los acuerdos.
ETA había aludido algo más oscuramente a esos compromisos en la entrevista que dio en Gara el 14 de mayo de este año. En dicha entrevista, los portavoces etarras afirmaban que “ETA ya ha realizado su principal aportación al impulso del proceso (…) Ahora corresponde a esos agentes concretar sus compromisos”; y también que “el paso de ETA no se ha dado en el vacío; en nuestra decisión también han tenido que ver la voluntad y los compromisos expresados directamente por diferentes agentes en estos últimos meses”. Pero, además, los etarras explicaban cuál era la negociación que habían exigido: “deberá desarrollarse un doble esquema: por una parte, el proceso político para decidir el futuro de Euskal Herria; y por otra, lo que deberá ser acordado entre ETA y los estados”. Y concretaban el apartado esencial de sus exigencias: “para nosotros, la clave principal y la base imprescindible se encuentra en el proceso democrático que debe desarrollarse en Euskal Herria, y ahí hay que lograr el acuerdo principal para superar el conflicto, es decir, entre los agentes vascos (…) la esencia de la negociación entre ETA y los estados proviene de ese punto de partida”.
Si lo anterior no fuera suficientemente claro, ETA volvió a explicarlo en un comunicado emitido el 21 de junio. Recordó que sólo estaba dispuesta a una negociación netamente política y que únicamente seguiría adelante si el Gobierno cumplía las condiciones que se le exigían: garantía de aceptación de la territorialidad y la soberanía por encima de la Constitución y suspensión total de las actividades del estado de derecho contra los terroristas.
Con todas las exigencias políticas vigentes, sin renuncia a la violencia, sin entrega de las armas y sin paralización de la actividad terrorista, el presidente del Gobierno respondía a la banda el 29 de junio con un anuncio de apertura oficial de los contactos. Y, sobre todo, con la aceptación de las dos condiciones esenciales marcadas por ETA: el “respeto a la libre decisión de los vascos”, incluido explícitamente por el presidente en su discurso en los términos habitualmente usados por ETA, y el reconocimiento de la existencia de un conflicto político en el País Vasco, un conflicto que debería ser resuelto a través de los “partidos políticos y los agentes sociales, económicos y sindicales”. Además, una semana después, aceptaba también la estructura de negociación exigida por ETA, la de la mesa de partidos que debatirá sobre el futuro político del País Vasco, con la primera reunión oficial con Batasuna.
A pesar de la obvia inclusión de las dos exigencias básicas de ETA en la declaración principal del 29 de junio y a pesar de la aceptación de la mesa de partidos, lo cierto es que el Gobierno ha negado rotundamente la existencia de compromisos y, a lo largo de todo este año de contactos con los terroristas, ha repetido una y otra vez que no pagará ningún precio político. Esta llamativa contradicción, o, más bien, esta abierta mentira, lleva a preguntarse cuáles son las razones que explican el alto nivel de sostenimiento del discurso gubernamental en la opinión pública, cómo es posible que el más que claro precio político y las mentiras sobre ese precio no hayan pasado ya una importante factura política al ejecutivo. Y cómo es posible que ni siquiera una información sobre los compromisos como la de Gara, tan consistente con los hechos, no haya obligado al ejecutivo a una rectificación de sus objetivos.
Parte de las razones se inscriben en la lealtad partidista e ideológica, en la aceptación disciplinada de cualquier paso que pueda dar el PSOE en el poder, sea cual sea su contenido. Aún más importante es el silencio de la mayoría de los intelectuales de izquierdas, al que me referiré más adelante. Pero, además, el Gobierno se sostiene y sostiene su negociación con los terroristas en una profunda ambigüedad, una ambigüedad que usa con los ciudadanos y no con los terroristas. Afirmaba más arriba que el discurso gubernamental basado en las ideas de la derrota de ETA y de la inexistencia de precio político se sostiene parcialmente en la existencia de una parte de verdad en ambas, una pequeña parte, pero suficiente para sustentar el conjunto de la manipulación. Y en el caso del precio político, también, aunque la parte de verdad haya que extraerla de una manipulación temporal.
Es cierto que el Gobierno no va a negociar políticamente con la cúpula militar de ETA porque con quien lo va a hacer es con Batasuna. Eso es exactamente lo que ha pedido la cúpula militar, que el Gobierno negocie los asuntos políticos con su brazo político, pero la confusión que algunos aún persisten en fomentar sobre la verdadera naturaleza de Batasuna permite mantener con un mínimo de dignidad la manipulación sobre una negociación política que no sería con ETA aunque sí con su brazo político. Y como el Gobierno también proyecta legalizar a Batasuna en los próximos meses, aún puede añadir que esa negociación se realizará con grupos plenamente legales, una vez que ETA “haya desaparecido”.
La separación entre ETA y Batasuna le permite, por el momento, sostener el artificio. Y a eso se añade la ambigüedad sobre el derecho a decidir. En términos nacionalistas, o en términos etarras, el derecho a decidir significa aceptación del derecho de autodeterminación y respeto a su ejercicio. Y el Gobierno sabe perfectamente que ése es su significado y que en la medida en que lo incluye en su declaración oficial de inicio de contactos con ETA lo acepta en esos términos de cara a ETA. Ahora bien, de cara a los ciudadanos, juega nuevamente con la ambigüedad temporal. El derecho de autodeterminación será un tema de discusión de la mesa de partidos, y cuando el PSOE tenga que fijar su posición sobre él –piensa el Gobierno–, la violencia habrá desaparecido y los ciudadanos estarán mucho más abiertos a su discusión, e incluso a su aceptación.
El silencio de los intelectuales
Sean cuales sean las ambigüedades, lo cierto es que hay una aceptación evidente por parte del Gobierno de las principales condiciones de ETA. Y si eso ha sido posible con tan limitada contestación social es en buena medida por el silencio de los intelectuales de la izquierda. Los más críticos de entre ellos advirtieron hace algunos meses que otorgaban un margen de confianza a Zapatero para sus contactos con ETA, pero que la negociación no podía suponer un pago político a ETA y que la mesa de partidos, la mesa de negociación política, en ningún caso debería existir.
Meses después, la negociación política es evidente y, sin embargo, los intelectuales de izquierdas persisten en dar un margen de confianza al Gobierno. Al menos, a día de hoy, mediados de julio de 2006. Y junto a ellos, una buena parte de los movimientos sociales antiterroristas del País Vasco que en su día fueron esenciales en el fortalecimiento de la lucha antiterrorista han renunciado a la movilización. Pervive el activismo del Foro de Ermua, pero Basta Ya ha perdido casi toda su presencia en el debate público y lo mismo le ocurre a la Fundación para la Libertad. Y la causa es la misma en ambos, las dudas de una parte de sus integrantes, los militantes o votantes socialistas, sobre una oposición frontal al proceso de negociación del Gobierno socialista. Todas las condiciones exigidas por estos movimientos, tanto en el pasado como en los últimos meses, han sido incumplidas por el Partido Socialista, y, sin embargo, el activismo del pasado ha desaparecido. El análisis de las razones es demasiado complejo para abordarlo en estas páginas, pero hay algo de lealtad partidista y bastante de rechazo a “ser confundidos” con la derecha en una movilización contra la negociación que en estos momentos es identificada con el PP.
Pero, al margen de las causas de ese silencio, lo esencial es que tiene un importante efecto en el debate sobre el proceso de negociación. Hay que recordar que la resistencia antiterrorista fundada por estos movimientos se basaba en la unidad entre votantes socialistas y populares y que, en la medida en que una buena parte de los socialistas se han retirado de esa resistencia, la defensa de los principios del estado de derecho y de la derrota policial del terrorismo pasa a ser un discurso mucho más débil y aislado socialmente.
De hecho, creo que la indecisión que existe en estos momentos en la opinión pública, en torno al proceso de negociación y las posiciones del Gobierno, se debe en buena medida a la ausencia de una parte importante de la referencia intelectual. Y es posible que esa opinión pública permanezca en la indecisión si el silencio de los intelectuales de izquierdas permanece. El silencio público, quiero decir. Porque lo cierto es que la voz privada de esos intelectuales y esos movimientos sociales es profundamente crítica con el Gobierno, con su estrategia y con sus objetivos. Pero apenas ha salido de ese ámbito privado.
Por qué Zapatero paga un precio político
Si ETA está derrotada, ¿por qué el Gobierno accede a sus exigencias? Algunos responden que por pragmatismo. Incluso los propios intelectuales que lo sostienen en este proceso argumentan que es imposible acabar totalmente con ETA sin algún tipo de diálogo o cesión y que Zapatero es, simplemente, un político realista que aplica el único método que permitirá el fin definitivo del terrorismo.
Otros, más críticos con Zapatero, argumentan que este proceso de negociación está sustentado en su profundo deseo de convertirse en el líder que acabó con ETA. Esa ambición personal explicaría casi todo, el enorme riesgo o la amplísima “generosidad” dedicada a los terroristas. Se trataría, en cualquier caso, de una cuestión de pura ambición personal, la de un político frío y calculador que aborda el problema del terrorismo como un medio más para fortalecer su poder político y su carrera.
Hay, sin embargo, una tercera explicación, la que me parece más útil para explicar por qué Zapatero ha cedido ante ETA cuando la debilidad del grupo terrorista y la existencia del Pacto Antiterrorista hacían más fácil que nunca la resistencia del estado. Se trata de la ideología de Zapatero y del sector del socialismo que él representa. Zapatero cede a las exigencias políticas de ETA porque forma parte de esa parte de la izquierda que nunca superó las dudas sobre la legitimidad de ETA, la legitimidad que en algunos círculos sociales e intelectuales ETA aún mantuvo con fuerza en la Transición y en menor grado arrastró durante bastantes años. Podemos resumir esto en unos términos muy sencillos con la siguiente comparación: si ETA fuera un grupo terrorista de extrema derecha, el Gobierno socialista no habría hecho las concesiones políticas que sí ha hecho a un grupo terrorista de extrema izquierda. En otras palabras, en esa izquierda española no hay repugnancia hacia la negociación con los terroristas porque esos terroristas y sus reivindicaciones corresponden en términos ideológicos a la izquierda y al nacionalismo que estuvieron con los socialistas en el antifranquismo.
Si Zapatero ha asumido con tanto entusiasmo la palabra paz para denominar la negociación de asesinos con víctimas, de asesinos con demócratas, es porque nunca tuvo claros los límites de esas demarcaciones o el grado de separación entre etarras y perseguidos. Si así hubiera sido, jamás habría utilizado la palabra paz, una palabra esencial en esta negociación porque la convierte en lo que es en la práctica, en una negociación entre dos partes de comparable legitimidad e incluso respetabilidad. Si Zapatero decía el 29 de junio que “la paz es tarea de todos”, si apelaba a la equiparación de asesinos y víctimas en el proceso del fin del terrorismo, es porque siempre aceptó que hay algo de verdad en el discurso etarra de la existencia de un conflicto en el País Vasco.
Uno de los mayores sostenedores ideológicos de Zapatero, el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca escribía recientemente en las páginas de El País que si queremos que ETA no vuelva a matar debemos conseguir integrar a su base social en el sistema democrático. Es ya muy vieja esta apelación a la integración del brazo político de ETA y de sus votantes. Ha sido tradicionalmente utilizada por la izquierda para justificar el diálogo con ETA. Visten de pragmatismo lo que es simple coqueteo ideológico con una extrema izquierda de la que se sienten lejanos, pero no completamente separados. Integración, pragmatismo, generosidad, paz, son todas palabras manipuladoras que pretenden dar a esta negociación carácter de grandeza de miras, inteligencia y apertura ideológica. Pero esconden en el fondo una simple cuestión de viejos extremismos ideológicos no superados, los que aún conectan sentimentalmente a esta izquierda y a sus hijos con el antifranquismo, con sus fantasmas y con sus mitos.
Edurne Uriarte, Catedrática de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos
Papeles de FAES, número 27.
27 de julio de 2006.
Duch fue jefe de la policía política interna y responsable de Tuol Sleng, también llamada, S-21, una antigua escuela de Phnom Penh que el Jemer Rojo utilizó como centro de detención y tortura. Los presos eran en su mayoría miembros del Partido Comunista acusados de traición y de ser agentes enemigos. Se los obligaba a confesar e implicar a otros y luego se los mataba, a ellos y sus familiares. 