Es «obligación» de la Iglesia pronunciarse sobre las «implicaciones morales» de la política

MADRID, viernes, 23 junio 2006 (ZENIT.org-Veritas).- El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), padre Juan Antonio Martínez Camino, compareció este viernes en rueda de prensa para informar sobre la Asamblea Plenaria Extraordinaria, que finalizó el 22 de junio, y en la que se ha abordado por primera vez un sólo tema: los retos pastorales que plantea la situación actual de España.

Además de algunas acciones ya previstas en el Plan Pastoral 2006 2010, a las que los obispos han decidido dar prioridad (iniciación cristiana, cuidado del domingo, y matrimonio y familia) se ha acordado también iniciar los trabajos de una futura Instrucción Pastoral «sobre la misión de la Iglesia en la actual situación».

Según recoge Veritas, el portavoz reveló que 50 de los 64 obispos presentes en la Plenaria apoyaron la elaboración del documento, mientras 9 votaron en contra, 3 se abstuvieron y 2 votos fueron declarados nulos.

El portavoz quitó importancia a los votos negativos y dijo que el documento «La Iglesia y la comunidad política» (de 1972) tuvo más votos en contra (20) y «nadie lo pone en cuestión». En este contexto, consideró necesario insistir en «la unidad de los obispos», porque «cunde la idea en la opinión pública de que hay división».

Martínez Camino explicó que la Instrucción «abordará todas las cuestiones que preocupan» de modo similar a como se ha hecho en otras ocasiones (el portavoz hizo referidas alusiones en este sentido al libro «Moral Política», que recoge 9 documentos del magisterio de la CEE, aparecidos entre 1972 y 2002).

En este marco, el tema de «la unidad de España» podría también estar presente si se viera que «hay implicaciones morales». El portavoz defendió la «obligación» de los obispos de iluminar las realidad humanas y afirmó que «cuando no se ha hecho (y a veces no se ha hecho suficientemente) se les ha pedido cuentas», aunque reconoció que es «delicado» abordar estas cuestiones.

En cualquier caso, Martínez Camino dio por seguro que la Instrucción no será exclusivamente «sobre la unidad de España», aunque reconoció que este tema es uno de los asuntos «que está entre las preocupaciones de la sociedad actual y de los obispos».

Asimismo, dijo que «la unidad» tiene muchos aspectos, pero que la intención de los obispos no es abordarla desde el punto de vista político, sino desde las «implicaciones morales». «Otra cosa son las interpretaciones», añadió.

Junto al tema de «la unidad de España», la Instrucción abordará otras cuestiones que preocupan a los obispos, algunas de las cuales ya han recibido pronunciamientos por parte de la CEE (Ley Orgánica de Educación, Ley de Reproducción Asistida, Educación para la Ciudadanía, etc.)

El secretario y portavoz de la CEE dijo que aún no hay una agenda de trabajo para la elaboración de la Instrucción y que ni siquiera se ha fijado fecha para la primera ponencia.
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Sin derecho a transitar por su propio país

Euskal Herria se consagra a cada paso, sin que en ello hagan mella las expectativas abiertas por el proceso político ni el espaldarazo a las mismas dado hace ya tres meses por ETA, como un territorio bajo estado de excepción.

Así lo confirma el hecho de que, ante una manifestación convocada en Baiona por el Foro Ibaeta, entidad que reúne a medio centenar de agentes políticos, sociales y sindicales, los pasos entre Lapurdi y Gipuzkoa se convirtieran ayer en auténtico muros.

El próximo 1 de julio se cumplirá un nuevo aniversario de la entrada en vigor efectiva de la denominada Convención de Schengen. Impulsado inicialmente por cinco estados, entre ellos el Estado francés, ese acuerdo se selló el 14 de

junio de 1985, aunque su entrada en vigor efectiva fue el 1 de julio de 1995. Con algunas excepciones ­Italia, Grecia o Austria se sumaron con dos años de retraso a la supresión de controles interiores y Gran Bretaña e Irlanda no secundaron la medida­, desde esa fecha, en el marco de la Unión Europea se asienta el derecho de libre circulación de personas. Es decir, las personas residentes en el conocido como espacio Schengen pueden transitar, al menos en teoría, sin que les sean reclamados documentos de identidad al cruzar alguna de las fronteras estatales.

Sin embargo, la Convención incluye cláusulas de salvaguarda, que permiten imponer de nuevo los controles, aunque para ello deben acreditarse motivos graves del tipo de: amenaza de atentados, estado de emergencia o de guerra, catástrofe ecológica o sanitaria...

A modo de ejemplo, Alemania ha repuesto los controles de frontera en razón de los problemas de orden público que podrían derivarse de un acto multitudinario como es el Mundial.

¿Concurría ayer alguna circunstancia que situara al Estado francés ante una «emergencia nacional»? Nada apunta a ello. Y menos todavía por la celebración de una manifestación en favor de los derechos de los presos, habida cuenta de que decenas, centenares, miles de movilizaciones por la misma causa se han celebrado en este país desde antes incluso de que existiera el Tratado Schengen.

Euskal Herria es un territorio en el que los derechos más básicos, como los de residencia, circulación, reunión, expresión... se modulan en función de las apetencias de dos estados que, con viejos o nuevos tiempos, se empeñan en poner puertas al campo. Aun a costa de fracasar en cada intento de quebrar la movilización social.

Ayer, repitieron.

Editorial de Gara, 25 de junio de 2006

Si Amnistía Internacional promueve el aborto, se desacreditará; asegura el cardenal Martino

SINGAPUR, jueves, 22 junio 2006 (ZENIT.org).- Amnistía Internacional, la organización comprometida con los derechos humanos, se desacreditará si promueve el aborto a nivel mundial, ha afirmado el cardenal Renato R. Martino, presidente de los Consejos Pontificios para la Justicia y la Paz y para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes.

Amnistía Internacional, fundada por el abogado católico Peter Benenson en 1961, con sede central en Londres, ha emprendido una consulta entre sus dos millones de miembros repartidos por el mundo para preguntar si debe abandonar su posición de neutralidad ante el aborto y pasar a luchar por su introducción legal en el mundo.

«Estimo a Amnistía Internacional, pero de este modo se pillarían las manos. Espero que no lo hagan pues se desacreditarían como defensores de los derechos humanos», afirmó el cardenal Martino en una entrevista concedida a la agencia Reuters desde Singapur.

Según han declarado a Zenit testigos presenciales de la entrevista, el cardenal Martino afirmó que el embrión humano debe ser tratado como una persona, con su dignidad humana, con los derechos de cualquier ser humano, según declara la Carta de las Naciones Unidas en 1948 y en 1992.

Si Amnistía Internacional da este paso, añadió el purpurado, surgirá la pregunta: «¿De quién defienden los derechos humanos? ¿De todos? No. No del no nacido, que sera asesinado».

El cardenal se encuentra realizando una visita de tres días a Singapur para celebrar los 25 años de las relaciones diplomáticas de esta República con la Santa Sede.
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Marlaska amplía la operación policial a los empresarios

Lukin es encarcelado también y otros nueve vascos cumplen ya cinco días incomunicados en los calabozos españoles y franceses
Tras las detenciones de doce ciudadanos vascos el martes, el juez Fernando Grande-Marlaska hizo detener ayer a dos empresarios navarros a los que acusa de hacer pagos a ETA. Se trata de una decisión que sólo tiene un precedente, firmado por su antecesor en el cargo e impulsor de este sumario, Baltasar Garzón. Además de ello, mantiene en situación de incomunicación a todos los detenidos en territorio del Estado español, aunque dos de ellos están ya en prisión. París, por su parte, ha aplicado por primera vez a los vascos la reforma legal que le permite extender la detención a seis días.

Tras ordenar junto a la juez parisina Laurence Le Vert la detención de doce ciudadanos vascos el martes, su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, dio un paso más ayer e hizo detener a dos empresarios, de los que sólo se difundió que son navarros. Aparentemente, el juez entendería que han efectuado pagos a ETA, y buscaría determinar ahora si lo hicieron de forma voluntaria o no. El caso es que su decisión apenas tiene precedentes, aunque Baltasar Garzón, que inició este proceso continuado ahora por Marlaska, ya hizo detener en su día al dueño de un comercio deportivo de Tolosa, que luego quedó libre sin cargos. En esas fechas se llamó a declarar además a directivos de Azkoyen, sin ordenar su arresto. Alcanzó gran repercusión también la citación a conocidos cocineros vascos.

Mientras tanto, Carmelo Lukin es el segundo encarcelado tras la redada del martes. En la tarde de ayer compareció ante Grande-Marlaska en la Audiencia Nacional, y a última hora de la noche se conoció que éste había ordenado su ingreso en prisión. Las acusaciones concretas contra él no se detallan.

El magistrado especial mantiene además a Lukin ­yerno de Joseba Elosua, también detenido­ en situación de incomunicación, a la espera de que concluyan las citaciones.

Mientras tanto, hoy se cumple el quinto día de incomunicación para los otros nueve vascos que permanecen en dependencias policiales (Jean-Pierre Harocarene está en prisión desde la noche del jueves, igualmente sin poder hablar con abogados ni allegados, mientras que Izaskun Gantxegi quedó libre ese día). El plazo resulta especialmente significativo en el Estado francés, ya que al haberse superado los cuatro días y noches de incomunicación se aplica por primera vez a ciudadanos vascos la «ley antiterrorista» aprobada hace meses.

 Protesta de los abogados Askatasuna recordó en una nota que esta norma, que entró en vigor el 1 de mayo, permite retener a un detenido durante seis días en dependencias policiales, siempre que se cumpla alguna de estas dos condiciones:que el arresto se haya producido en el momento de cometer el delito o que exista una demanda internacional. Ante la evidencia de que la primera razón no existe en este caso, Askatasuna explicó que «no descartamos que el Estado francés use como excusa» la segunda.

Varias agencias afirmaron, citando fuentes judiciales parisinas, que los seis vascos que siguen en manos de la Policía francesa serán llevados hoy mismo ante la juez, superado ya el plazo de cuatro días desde su arresto. Son Eloy Uriarte, José Román Badiola, José Antonio Cau, Julen Madariaga, Kristina Larrañaga y Anjel Iturbe. En cuanto a los detenidos por orden del juez especial español Fernando Grande-Marlaska, en la noche de hoy a mañana concluye el tope de cinco días de incomunicación, por lo que deberá tomarles declaración durante la jornada. Faltan por pasar a disposición judicial Ramón Sagarzazu, Iñaki Aristizabal y Joseba Elosua.

Según algunos medios, Grande-Marlaska tenía inicialmente la intención de tomarles declaración ayer, pero la Policía pidió más interrogatorios.

 Mientras tanto, Askatasuna denunció que el juez se negó a facilitar cualquier información a los abogados, argumentando que el caso está bajo secreto, pese a las constantes filtraciones a medios españoles. Los abogados, según explicó Askatasuna, consiguieron contactar con el presidente de la Audiencia Nacional para transmitirle su queja, y a consecuencia de ello lograron saber que Lukin declararía ayer a la tarde, y el resto, hoy por la mañana.
El comisario se enfrenta al juez por investigar a policíasLa redada contra doce ciudadanos vascos ha provocado además un fuerte enfrentamiento entre el juez instructor de Madrid, Fernando Grande-Marlaska, y el comisario general de Información de la Policía española, Telesforo Rubio, según revelaron ayer fuentes jurídicas. El altercado se produjo después de que Grande-Marlaska considere que pudo producirse una filtración policial que habría afectado al desarrollo de la redada. Esta tesis ha sido trasladada a varios medios de difusión madrileños.

Grande-Marlaska ha llegado incluso a interrogar a diversos agentes policiales de la investigación, lo que habría provocado el malestar y la respuesta de Telesforo Rubio. Así las cosas, el juez ha recurrido a otro interlocutor policial.

La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, no mostró discrepancia alguna respecto a esta actuación del juez. Es más, valoró que es «razonable y respetable si cree que ha habido una filtración».

LCR y el Comité de Derechos Humanos se unen a la crítica
La redada sigue suscitando muestras de rechazo. Así, el Comité de Derechos Humanos del País Vasco deplora que «personas honorables», entre las que cita a Julen Madariaga, «hayan sido agredidas» y se extraña de que la Policía intervenga ahora por hechos «que se remontan a varios años». En resumen, dice que «si se buscara que el proceso de paz se viniera abajo, no podría actuarse de mejor manera» y añade que «la tregua debe ser obra de todos».

LCR también destaca, al dar apoyo a la marcha de hoy de Baiona, que «estas detenciones no ayudan al proceso en curso». -
El PNV replica a Urquijo por llamar «colaborador» a AgirreTras varios días de rumores e insinuaciones, ‘‘El País’’ aseguró ayer que la Policía ha intervenido conversaciones entre el detenido Joseba Elosua y Gorka Agirre, responsable de relaciones externas del PNV, que podrían relacionar a éste con el «impuesto revolucionario». Aunque el juez no ha tomado medida alguna contra Agirre, un dirigente del PP, el parlamentario Carlos Urquijo, no dudó en airear es- tas sospechas en sede parlamentaria. En el pleno de ayer en Gasteiz, le acusó de «colaborar con ETA», lo que provocó una contundente réplica del PNV.

El portavoz jelkide en este punto del debate, Xabier Agirre, tildó de «indigno» a Urquijo y le dijo que antes de hacer sus acusaciones debería «preguntar a varias familias de Bizkaia del PP qué han solicitado de Gorka Agirre en este tema del ‘impuesto revolucionario’. Primero pregunte, antes de ejercer de bocachancla», indicó el parlamentario del PNV.

Urquijo sacó a relucir la supuesta investigación existente sobre Gorka Agirre en el debate de un punto relacionado con la kale borroka. Después de que el tripartito presentara una enmienda contra la iniciativa del PP, su representante argumentó que «cuando burukides como Gorka Agirre se dedican presuntamente a colaborar con la extorsión terrorista es normal que sus compañeros de grupo presenten enmiendas tan vergonzosas como ésta».

El proceso, «porquería» En su argumentación, el electo del PP llegó a referirse al proceso actual como «porquería».

Criticó además a Josu Jon Imaz, presidente del PNV, por afirmar que Agirre «buscó sólo la paz y verificar que ésta se producía en todos sus términos». Imaz añadió que «la sociedad tiene ese objetivo, y debemos entregarnos a ello».

Gara, 24 de junio de 2006

Más y más distantes lecturas

Los ecos del último comunicado de ETA, lejos de apagarse, se han avivado en las últimas horas.

Daniel Ynnerarity, en ‘‘El País’’ advertía que «el automatismo con el que el PP otorga credibilidad a lo que dice ETA puede tener unos efectos insospechados: el temor de unos a que se rompa España puede alimentar en los otros la expectativa de que así sea. En cualquier caso, preferir creer a los terroristas que a cualquier otro no contribuye a que la interpretación pública del final de la violencia se construya desde la legitimidad democrática».

No pensaba, evidentemente, de la misma manera el editorialista de ‘‘El Mundo’’, que titulaba su pieza:«Cuando no se quiere responder, no se deja preguntar». Dolido porque ZP no quiso más de dos preguntas en su última conferencia de prensa, el escribiente de Ramírez sentenciaba que «no deseamos caer en la tentación de un juicio de intenciones ni pasar del ámbito de las conjeturas, pero ese vergonzante silencio -convenientemente blindado frente al escrutinio periodístico- resulta inquietante. Y más si lo sumamos al anuncio de Zapatero de que no va a parar el reloj y de que anunciará su intención de abrir el diálogo con ETA antes de que acabe junio, precisamente el plazo que el propio diario GARA le dio en uno de sus recientes editoriales.

Aunque sea a través de este tipo de elementos circunstanciales, empieza a calar en una parte importante de la opinión pública la sospecha de que quien calla otorga y de que Zapatero podría estar actuando a remolque de los dictados de ETA».

Ya ven la diferencia, ¿verdad?

El que lo tenía claro era César Alonso de los Ríos, en ‘‘ABC’’, que sintetizaba así su interpretación de la realidad:«Mi interpretación de este juego de malentendidos es la siguiente: el Gobierno se había comprometido a cumplir algunas condiciones de ETA que, en este momento, no ve posibles. Para cumplir con la hoja de ruta que ha trazado Antza no le basta con la buena voluntad de Pumpido ni la colaboración de la policía ni el entreguismo de los jueces ’democráticos’».

Pues eso le parece un disparate al editorialista de ‘‘Deia’’ en cuya opinión «colegir (...) que el presidente español y ETA han cerrado acuerdos responde a una actitud desesperada por desviarse de la verdad a sabiendas para entrar en el territorio de la falsedad». O sea, que el de ‘‘Deia’’ sí que sabe lo que hay...

Maite Soroa

Gara, 24 de junio de 2006

Breve historia de una saga sabinista

Cuando la estupidez precede al crimen
Por Jon Juaristi (Papeles de Ermua Nº4). Diciembre de 2002.

En 1974, yo tenía veintitrés años y un título universitario casi inservible: una condena del TOP me impedía trabajar en la enseñanza pública y en buena parte de la privada. Por eso, acepté de buen grado un puesto de profesor en la ikastola de Sopelana.

Hoy, Sopelana es una de las ciudades satélites en que se desparrama el Gran Bilbao. Entonces era poco más que una aldea, con un barrio residencial para veraneantes, junto a la playa, y algunos bloques de viviendas baratas, construidos en la década anterior y habitados por familias de inmigrantes. Los lugareños llamaban a estos bloques Andalusía, quizá porque sus inquilinos eran originarios de Galicia y Extremadura. La cepa autóctona debía de haber practicado durante milenios una rigurosa endogamia, a juzgar por la proliferación de Ansoleagas y Saitúas en la guía telefónica local.

El arquitecto Lander Gallastegui Miñaur encabezaba el sector más activo de la junta que regía provisionalmente la ikastola, un centro asimismo provisional, pues no había obtenido aún el estatuto legal de cooperativa de enseñanza. Lander no pertenecía al cogollo de la sociedad sopelanense (o sopelatarra, como se diría en eusquera). De hecho, ni siquiera residía en el término municipal de Sopelana. Vivía con los suyos en una urbanización de chalecitos vernáculos, por él mismo diseñada, a las afueras de una pequeña población cercana, Berango. A nadie se le ocultaba, en el Bilbao de la época, que los proyectos urbanístico-arquitectónicos de Lander Gallastegui tenían un claro sesgo de regeneración abertzale.

Hijo de Eli Gallastegui, Gudari, fundador y líder de Jagi-Jagi --un grupúsculo fundamentalista surgido de las Juventudes del PNV en el período republicano-, Lander rendía un homenaje interminable al ideario de su progenitor.

Según Gudari, el más ortodoxo de los seguidores de Sabino Arana, los vascos conscientes de serlo deberían segregarse del contacto con los españoles y fundirse con la reserva racialmente pura de las aldeas y caserías, a la que aquéllos debían aportar fermento ideológico y dirección política. Este nacionalbolchevismo de Eli Gallastegui fue siempre apreciado por ETA, que todavía hoy considera a Gudari como su más legítimo precursor. La urbanización de Lander respondía a un designio radicalmente aranista. Separarse de los españoles implicaba abandonar las ciudades maquetas. Tanto a Lander como a su mujer, Paule Sodupe, les oí invocar a menudo el modelo de los kibutzim israelíes.

Era obvio que los microcaseríos mesocráticos de Berango poco tenían que ver con las granjas colectivas de los pioneros sionistas, aunque conozco algún asentamiento actual cerca de Hebrón que no desmerece de aquéllos, ni siquiera en la ideología de sus moradores. Desde luego, la urbanización abertzale mencionada no era una unidad productiva.

Tampoco tenía ikastola propia. Lander decidió controlar la más próxima, y ésa resultó ser la de Sopelana. Fundada años atrás por un cura, Nikola Tellería (preso, a la sazón, en la cárcel concordataria de Zamora), llevaba varios años funcionando como parvulario, en condiciones de semiclandestinidad más o menos tolerada, según la coyuntura, en unos locales de la parroquia. Lander Gallastegui desembarcó en ella con grandes proyectos bajo el brazo.

Aliado con un constructor local y con el director de la sucursal de una Caja de Ahorros, animó a los padres de los alumnos a suscribir créditos para la rehabilitación del edificio de una antigua quesería, a cosa de un kilómetro del pueblo.

Allí estaba ya instalada la ikastola cuando yo llegué y allí debe de seguir todavía. Los padres de los alumnos eran, en su mayor parte, nacionalistas de clase media y, por lo que puedo recordar, militantes o simpatizantes del PNV. Participaban también en la asamblea del centro algunos representantes de la juventud parroquial, que en años posteriores terminarían en el PNV o en Herri Batasuna, supongo.

Un pequeño grupo de padres se movía en la órbita del PCE, entre ellos, un abogado laboralista, Antonio Giménez Pericás. Mi amistad con éste disgustó desde el primer momento a Lander Gallastegui y sus leales. Pero el verdadero conflicto surgió, apenas empezado el curso escolar, porque las andereños (maestras), que venían exigiendo desde tiempo atrás su afiliación a la Seguridad Social, reiteraron sus protestas. Desde luego, hice mía una reclamación tan básica. Ante la respuesta negativa de la junta, y siempre asesorados por Giménez Pericás, llevamos nuestra demanda a la Magistratura de Trabajo.

El contencioso se politizó de inmediato. Se nos acusó, como era de prever, de españolistas (mis compañeras de trabajo eran abertzales y creo que lo siguen siendo). Fuimos despedidos y, con nosotros, se expulsó de la ikastola a un buen número de familias que habían juzgado razonable nuestra petición. Por supuesto, se expulsó a los hijos de Giménez Pericás (Antonio, después de haber ejercido durante muchos años como magistrado en la Audiencia de San Sebastián, es hoy uno de los puntales del FORO ERMUA).

No llegó a haber juicio: aceptamos el acuerdo económico que nos ofrecieron, porque, en los últimos meses del franquismo, no parecía correcto --después de todo, éramos antifranquistas-- ensañarnos con una institución emanada del pueblo, esa indecente entelequia. El equipo docente que nos sucedió fue despedido en masa a finales del curso siguiente. Pero a la tercera va la vencida: el equipo siguiente resultó ser del gusto de Lander Gallastegui.

Una de las profesoras fue detenida, al poco tiempo, por pertenencia a ETA. Visto desde el presente, el caso de la ikastola de Sopelana se me aparece como una metáfora en miniatura de la historia reciente del País Vasco, con sus limpiezas étnicas e ideológicas.

De los seis alumnos que tuve durante aquel curso, uno terminó en ETA. En la cárcel, Joseba se acogió a la vía de reinserción. No creo que su vida en Sopelana, desde entonces, haya sido muy agradable, pero quién sabe. Los hijos de Lander Gallastegui y Paule Sodupe estaban aún en los cursos de preescolar.

Eran unos críos encantadores. Sus profesoras solían enseñarme los dibujos de alguno de ellos, que representaban siempre la misma escena: aviones con ikurriñas en la cola y en las alas bombardeaban barcos de la marina española. Lander, un arquitecto de reconocido prestigio, realizaba la parte gráfica de la revista infantil Kili-kili, dirigida a alumnos de las ikastolas. Hace algunos meses, Kili-kili publicaba una carta transida de nostalgia: una carta de su antigua y fiel lectora Irantzu Gallastegui Sodupe, que había recibido un número de la revista en la prisión francesa donde se encontraba desde mediados de 1999.

La revista animaba a sus lectores actuales a escribir a Irantzu y confortarla con palabras cariñosas en eusquera. Tras el juicio que decidió su extradición temporal a España, Lander, su padre, describía así la entrada de Irantzu en la sala: "Al ver a sus familiares y amigos, se le iluminó la cara con una inmensa sonrisa y abrió los brazos como queriendo abrazarles a todos".

Hay mucho amor en estas dos líneas, no lo dudo: pocas familias tan unidas he conocido, pocos padres tan amantes de su prole como Lander Gallastegui y Paule Sodupe. Irantzu fue extraditada hace pocos días. Al llegar al aeropuerto de Madrid, con una sonrisa quizá no tan inmensa y conmovedora como la que dedicó a sus padres en el tribunal francés, declaró estar embarazada.

El pasado dos de mayo, la policía detenía a Lexuri Gallastegui Sodupe, hermana de Irantzu y miembro liberado de un comando de ETA.

Otro de los hermanos Gallastegui Sodupe, Orkatz, de diecinueve años, era detenido el mes pasado, acusado de participar en acciones de kale-borroka.

Ha pasado mucho tiempo desde el curso aquel de Sopelana. Veo por televisión las imágenes del bebé palestino disfrazado de mártir de al-Aqsa, y pienso en la equivalencia que Freud establecía entre lo demasiado familiar y entrañable (heimlich) y lo siniestro (das Unheimlich).

Se me olvidaba añadir que Irantzu Gallastegui secuestró al concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco --un muchacho de su edad, hijo de inmigrantes gallegos-- el 10 de julio de 1997.

Rezo, pensando en su hijo venidero, para que no fuera ella la que le quitó la vida dos días después. Ahora la estupidez sucede al crimen, escribió Cernuda. En mi país suele pasar lo contrario.

Por Jon Juaristi (Papeles de Ermua Nº4)

Comunicado de Euskadi Ta Askatasuna a la opinión pública española

Transcurridos tres meses desde que el pasado 24 de marzo entrara en vigor el alto el fuego declarado por Euskaki Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad), ETA hace un llamamiento a la opinión pública española para que apoye una solución negociada, duradera y justa al largo y duro conflicto que enfrenta a Euskal Herria con España. 

Las raíces del conflicto 

ETA es plenamente consciente de que a la opinión española se le ha ocultado y se le ocultan las verdaderas raíces históricas y políticas, así cómo la magnitud del conflicto. 

A lo largo de las últimas décadas la mentira y la desinformación se han convertido en las industrias más productivas de la maquinaria represiva con la que el Estado español ha intentado acabar con la legítima lucha del Pueblo Vasco por sus derechos, por recuperar lo que simple y llanamente le corresponde. 

La lucha contra el "terrorismo" lo ha justificado todo. El Estado español, ocultando que "terrorismo" es un término acuñado por aquellos Estados que precisamente, mediante el terror y la represión, tratan de mantener su dominación sobre los pueblos a los que mantienen sometidos, bajo diferentes regímenes y gestionado por distintos Gobiernos, ha utilizado todas las formas de represión posibles contra el Pueblo Vasco en general y la resistencia vasca en particular. 

La imposición de leyes extranjeras (españolas en este caso), el genocidio lingüístico y cultural, la partición y militarización del territorio, los asesinatos policiales y para-policiales, las razzias y las detenciones selectivas, la utilización sistemática de la tortura, los estados de excepción, pactos y planes especiales, políticas penitenciarias criminales, la deportación, la colaboración de fuerzas autonomistas y de terceros países, el cierre de medios de comunicación, la ilegalización de organismos populares, formaciones políticas y candidaturas electorales.... la lista sería interminable. Y esta lista de opresiones y humillaciones diarias también es ocultada. 

Sin embargo, el fracaso de las estrategias de guerra y represión es evidente. ETA luchó contra la opresión franquista y ha hecho frente durante los últimos treinta años a las políticas de negación y represión de los gobiernos de la UCD, PSOE y PP.

Todos los mandatarios españoles han quedado en el camino y la lucha del Pueblo Vasco siempre ha sido la piedra angular que ha contribuido a su propio fracaso y a mantener abierta permanentemente una profunda crisis política en el Estado español.  

Basta recordar la caída del PSOE de Felipe González por organizar los GAL o el más reciente fracaso del PP cómo consecuencia de la manipulación sobre la autoría de los atentados del 11-M en Madrid, intentando atribuir su responsabilidad a nuestra Organización.

El PP fue víctima de la paranoia represiva del hasta entonces presidente español JM Aznar en su obsesión por pasar a la historia como el mandatario que derrotó a ETA y aniquiló el independentismo vasco. 

Es evidente también que el proyecto español basado en la negación y el sometimiento de los pueblos ha fracasado. El Estado de las Autonomías, creado y diseñado para diluir sentimientos e identidades nacionales, y fundamentalmente, para neutralizar la lucha del Pueblo Vasco combinando la zanahoria estatutaria con el palo de la represión, ha fracasado. 

Una mentira por miles de veces que sea repetida no deja de ser una mentira. La posibilidad de derrotar a ETA se ha confirmado una y otra vez cómo un espejismo represivo.

ETA por encima de coyunturas y absurdas estadísticas policiales es la expresión organizada de la dignidad y el compromiso de miles de mujeres y hombres que generación tras generación han luchado y luchamos con las armas en la mano para que el Estado español abandone su posición de fuerza y reconozca a nuestro pueblo sus derechos nacionales.  

El Pueblo Vasco es un pueblo con miles de años de historia que ha sido capaz de sobrevivir a lo largo de ella gracias fundamentalmente a la voluntad de sus gentes. Un pueblo al que hace varios siglos España y Francia arrebataron su soberanía apropiándose de sus territorios y convirtiendo a sangre y fuego a sus habitantes en súbditos de sus respectivas coronas.  

Conocer el pasado es necesario para comprender el presente y aspirar a un futuro mejor. El conflicto no arranca con el nacimiento de ETA en las postrimerías del franquismo. Ni siquiera cómo consecuencia del alzamiento fascista del 36 o posteriores masacres cómo la del bombardeo de Gernika por parte de las tripas fascistas.

Se trata de un conflicto histórico, en el que el más poderoso, tras atacar y ocupar militarmente el territorio vasco, ha tratado por todos los medios de engullir y asimilar social, cultural y políticamente al menos poderoso. 

Que no le quepa ninguna duda a nadie que de continuar la actual situación de opresión y conculcación de derechos, nuevas generaciones se sumarán a la lucha respondiendo con fuerza a quienes por la fuerza mantengan esta situación de injusticia. 

Que nadie se lleve a engaño. La voluntad y el deseo de ETA de alcanzar mediante el diálogo y la negociación una paz justa y duradera con el Estado español es total, estamos plenamente convencidos  de que la paz, aquí y ahora, es posible.

Pero exactamente con la misma determinación afirmamos: ETA nunca aceptará que el Gobierno español intente utilizar tácticamente este proceso para engañar al Pueblo Vasco o trate simplemente de neutralizar a ETA y opte finalmente por insistir en la vía de la imposición. 

Tenemos muy presente que el Estado español ya dejó pasar otras oportunidades en el pasado. Tras la muerte de Franco dio la espalda a una solución democrática y en Argel las autoridades españolas desaprovecharon una magnífica ocasión para encauzar el conflicto por la vía de la negociación. ETA espera que las experiencias del pasado sirvan para no caer en el error de repetir políticas abocadas de antemano al fracaso. 

Una nueva oportunidad 

Nos encontramos ante una nueva y gran oportunidad para ofrecer un futuro distinto a nuestros respectivos pueblos.

Quizás nunca antes hayamos estado tan cerca de solucionar  el conflicto político entre Euskal Herria y España. Seguramente nunca cómo ahora habíamos podido vislumbrar con tanta claridad un horizonte en el que la vulneración de los derechos nacionales del Pueblo Vasco desaparezca definitivamente la sinrazón de la imposición que alimenta el conflicto sea cosa del pasado y podamos dar paso a un nuevo tiempo político en el que todos, vascos y españoles, saldríamos ganando. 

El camino hacia la paz debe ser desbrozado mediante la negociación y el acuerdo. Euskal Herria lograría unos mínimos democráticos con los que poder construir su futuro, recuperar su territorialidad y la responsabilidad plena sobre su soberanía.

El Estado español alcanzaría la estabilidad política necesaria para poder dar soluciones estructurales a su profunda crisis política. 

Rodríguez Zapatero y su Gobierno, el Estado español en su conjunto, tienen ante sí una oportunidad histórica para apostar definitivamente por una estrategia de paz basada en el diálogo, el acuerdo, el reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a las decisiones a sus ciudadanos y ciudadanas. 

Claves para solucionar el conflicto 

Para avanzar en el camino del diálogo es imprescindible desactivar todas las medidas represivas y de excepción que han acompañado durante tantos años las estrategias de guerra ya fracasadas. La represión que a día de hoy aun persiste es absolutamente incompatible con un proceso de paz. 

El proceso democrático que debe desarrollarse en Euskal Herria con la participación e implicación de todos los agentes vascos tiene que contar con garantías suficientes de no injerencia por parte de los poderes del Estado español.

Los aparatos del Estado no pueden condicionar ni el desarrollo ni el resultado del proceso. Al final de este proceso la ciudadanía vasca deberá tener la palabra y la capacidad de decisión en torno a su futuro, sin ningún tipo de límites. 

Emplazamiento al Gobierno español 

El Gobierno español debe expresar su compromiso de respetar lo que el Pueblo Vasco acuerde y decida sobre su futuro. 

ETA emplaza al Gobierno español para que pase de las palabras a los hechos, dando los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico, ni Constitución sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el Pueblo Vasco. 

Para poder desarrollar un proceso de negociación, las autoridades españolas deben adoptar y cumplir sus compromisos de "alto el fuego", garantizando el cese total de la represión, los ataques contra el Colectivo de Presos Políticos Vascos a través de la aplicación de leyes de excepción y la presión, chantaje y extorsión contra las actividades políticas de la izquierda independentista.

Llamamiento a la opinión pública española

Además, ETA quiere hacer un llamamiento a la opinión pública española para que apoye activamente la superación del conflicto por la vía del diálogo y la negociación. 

La sociedad española haría bien en apoyar las posiciones y los pasos de quienes actúen de manera valiente y decidida asumiendo riesgos políticos importantes en pos de una solución democrática, dando la espalda a quienes insisten en alimentar la injusticia, el odio y la venganza de manera irresponsable y mezquina apostando por la represión y el enfrentamiento. 

Por último, ETA no quiere finalizar este comunicado sin mostrar su mas sincero reconocimiento a todas la personas y colectivo que a lo largo de todos estos años y en la actualidad han mostrado y muestran una solidaridad activa con la lucha del Pueblo Vasco, muy especialmente por su compromiso con los derechos del Colectivo de Presos Políticos Vascos. 

El compromiso de ETA 

ETA se reafirma en su decisión del alto el fuego permanente en vigor desde el 24 de marzo de 2006. 

Así mismo, reafirmamos nuestro deseo de avanzar hacia la consecución de una verdadera situación democrática para Euskal Herria, superando el conflicto de largos años y construyendo una paz basada en la justicia. 

Las decisiones y pasos de Euskadi Ta Askartasuna serán consecuencia de la actitud que mantenga el Gobierno español ante el proceso abierto de Euskal Herria. La solución al conflicto, aquí y ahora, es posible. Ese es el deseo y la voluntad de ETA. 

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA!

GORA EUSKAL HERRIA SOCIALISTA!

JO ETA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE! 

Euskal Herria, junio de 2006-06-21

Euskadi Ta Askartasuna

E.T.A. 

Batasuna emplaza por carta a UPN a «abandonar su actitud de sabotaje»

Batasuna emplaza por carta a UPN a «abandonar su actitud de sabotaje»
Los cinco mahaikides de Nafarroa Garaia han decidido remitir una carta a UPN en la que le piden que reflexione y «abandone de una vez la actitud de sabotaje al proceso democrático y pase a participar, en igualdad de condiciones con las demás fuerzas, en el diálogo multipartito que debe abrir el camino hacia la solución». Ante la sede central de UPN, Juan Kruz Aldasoro repasó la historia del partido y concluyó que «los tiempos de la imposición han pasado».

Los dirigentes de Batasuna ya acudieron a la sede de UPN, hace año y medio, para entregarle la propuesta de Anoeta. Ayer, cuando el panorama político ha cambiado sustancialmente, repitieron el camino hasta la Plaza Príncipe de Viana de Iruñea para reclamarle que «actúe con valentía» y que «se sume al diálogo político», en palabras del mahaikide Juan Kruz Aldasoro, que estuvo acompañado por Jon Garai y Patxi Urrutia en su comparecencia.

Los otros dos mahaikides altonavarros, Pernando Barrena y Ainara Armendariz, suscriben también la carta que ha sido remitida a UPN y de la que dio cuenta Aldasoro. En ella se afirma que «la razón por la que UPN se revuelve contra esta nueva posibilidad de cambio democrático en Navarra y en el conjunto de Euskal Herria es que UPN es consciente de que un escenario de verdadera democracia y de paz en Navarra va a ser el principio del fin de su poder omnipotente».

Aldasoro citó como muestra de este temor el impulso dado por el partido de Miguel Sanz a la concentración ultraderechista ante la reciente charla de Arnaldo Otegi y Martin McGuinness. Recordó que el propio presidente navarro y de UPN citó a Batasuna «como si fuera un partido de asesinos, obviando que representa a miles y miles de navarros».

Al respecto, en la misiva se expone a Sanz y UPN que «Batasuna no va a deslizarse por la senda de la provocación y el enfrentamiento gratuito». Pero, a continuación, se apunta «con la misma contundencia» que «Batasuna no permitirá que UPN ponga vetos al diálogo político y a la participación de la ciudadanía navarra».

Del blindaje a la crisis

En sus explicaciones a los numerosos periodistas que acudieron a la comparecencia, Aldasoro consideró que la actitud de UPN se deriva de que «pensaban que el marco estaba blindado para siempre, pero ha entrado en crisis». Y subrayó que eso se debe a que se diseñó con la exclusión previa de los abertzales y «no fue fruto de la decisión de la ciudadanía navarra».

Al hilo de ello, la carta acusa a UPN de «impedir que la voluntad mayoritaria del pueblo de Navarra en favor de un futuro en común con el resto de territorios de Euskal Herria tuviera posibilidades de materia- lización». Y subraya que «la Navarra uniprovincial y subordinada a España es una imposición que sólo ha servido para garantizar el poder de UPN en Navarra, poder que ha utilizado para atacar sin descanso las señas de identidad culturales y lingüísticas de Navarra y para apuntalar un modelo económico que pone a Navarra al servicio de las multinacionales».

Juan Kruz Aldasoro instó a UPN a «dejar de usar la violencia para sacar ventaja política». «Los tiempos de la imposición han pasado, llegan los tiempos de la democracia, la libertad y los derechos. UPN debe encontrar su sitio en el futuro, dejar atrás para siempre la sombra de su pasado», acaba la carta.

Gara, 22 de junio de 2006