El proceso. Un acontecimiento de extraordinaria magnitud ha revolucionado la política vasca y también la española. A partir del 24 de marzo de 2006, ETA sostiene un alto el fuego de carácter permanente. Arranca, por lo tanto, el invocado proceso de paz. La fase ‘confrontación democrática’, caracterizada por la acentuación del frentismo en torno al eje de Lizarra, ha dejado definitivamente paso a una nueva fase llamada ahora ‘resolución democrática’, cuyo paradigma viene a ser identificado con la declaración que Batasuna presentó en Anoeta en noviembre de 2004.
Por ahora, se consolida la paz entendida como ausencia de violencia. La sola consolidación de este hecho crea un gran alivio y una impresionante expectativa, un verdadero hervidero de emociones positivas. Y aunque la dilucidación del alcance del calificativo ‘permanente’ no deje de tener su miga, sobre todo en relación con la confirmación de si significa o no un repliegue absoluto de todas las acciones violentas atribuidas a ETA y su mundo, el núcleo de mi artículo no se referirá a esta cuestión, sino al juego de estrategias que se prevé vayan a desplegarse en la política vasca como consecuencia de este acontecimiento.
Recientemente, el presidente Zapatero reclamaba un gesto público de ETA que sirviera para autentificar la solvencia de su apuesta de paz. He aquí, pues, ese gesto. Si el gesto es signo de debilidad o fortaleza del grupo violento no es cosa fácil de elucidar. No sería del todo extraño que el movimiento de ETA se haya realizado, por una parte, en un marco de reciprocidad, aún cuando este hecho no tenga porqué tener una repercusión pública con carácter inmediato. Igualmente, habría que tener en cuenta que en las últimas fechas se ha producido una consolidación estratégica del polo de Nazio Eztabaidagunea. Y, sea fruto de la impotencia o de la pujanza, no sorprendería que esta iniciativa de ETA buscara su mayor provecho asentándose en uno, en otro o en ambos parámetros con el objeto de elevar a una posición de mayor preponderancia política a Batasuna, ‘interlocutor imprescindible’ en su nuevo papel de vanguardia del conjunto del MLNV.
Es cierto que la declaración de alto el fuego no se produce en los precisos términos exigidos por la declaración del Congreso de mayo del pasado año. O sea que, en la medida en que el sujeto terrorista no ha mostrado una disposición ‘inequívoca’ a abandonar las armas, los ‘poderes competentes’ deben todavía afanarse en la difícil pero inevitable tarea de crear las condiciones del final dialogado previsto en la citada declaración. En este contexto, más allá de los movimientos que se pueden producir en temas como la justicia, los presos o la norma de partidos, el conflicto entre puntos de vista estratégicos que rivalizan en cuanto a su idea del proceso es inevitable (Véase mi artículo ‘Ante un proceso de paz vasco: el nuevo guión de ETA’ en GoizArgi 36). Interesa, por lo tanto, centrar el debate en torno a cómo se va a gestionar el citado conflicto de estrategias.
En este juego estratégico será muy importante la batalla simbólica. Por medio de ésta se tratará de luchar por representar en mejor medida que nadie la sensibilidad pública, a través de coartadas de apariencia siempre positiva, para conseguir controlar o condicionar el temario que se gestionará a través de la agenda política.
¿Cómo evitar que la política democrática sucumba en la espiral sin salida de un juego estratégico disparatado, que se coma las positivas expectativas y genere un recrecimiento del conflicto? La solución es el acierto en la fijación del método. En un proceso en el que se busca la implicación directa de la opinión pública, la mejor garantía para una solución democrática, la mejor prevención incluso ante el engaño estratégico, es la fidelidad al método democrático.
El método de Anoeta. Estamos en los preliminares del ‘proceso de paz’. Esta cascada de gestos, declaraciones y demostraciones que se están realizando estros días tiene interés en la medida en que en estos inicios se está dilucidando el método conforme al que se desenvolverá la dinámica subsiguiente.
Por encima de todo, incluso de aspectos de contenido, el MLNV quiere confirmar con este mismo carácter preliminar la general aceptación del método de Anoeta que se sustenta en la fijación de un escenario concreto y la designación de unos protagonistas. El escenario consiste en la apertura de dos mesas, una con el cometido de negociar la llamada ‘desmilitarización’ y la otra con el objeto de establecer un acuerdo político en torno al derecho de decisión en el conjunto territorial de Euskalerria. Entre los protagonistas, el poder central y ETA conformarían la primera mesa; los agentes políticos y sociales vascos, la segunda.
Para Batasuna, el de Anoeta es el método, el único válido para la resolución democrática del conflicto. A primera vista, esa idea de ‘único válido’ no parece encajar pacíficamente con el objeto ‘resolución democrática’. Y así resulta ser en el fondo. Se dice que se quiere un proceso democrático, pero el método que se induce a aceptar manifiesta graves carencias en cuanto a su naturaleza democrática.
De inicio, la eliminación de todas las instituciones vascas (de todas ellas, tanto las de la CAV y las de Nafarroa como las de Iparralde) del esquema revela el interés de Batasuna y ETA en que el coste principal de la paz se soporte precisamente contra los actuales representantes democráticos de toda Euskalerria. Pero, de esta manera, la víctima de la paz vendría a ser la voluntad democrática de los vascos de todos los territorios. He aquí, como incomprensible consecuencia, una imagen de conjunto del territorio vasco, más bien una sombra de la unidad territorial, proyectada sobre la exclusión de todas sus instituciones, íntegramente apartadas de todo papel en el aludido guión de Anoeta.
Por otro lado, aunque el formato de la mesa para la ‘desmilitarización’ parece reservar un papel dirigente a los poderes del estado, parece pensado para otorgarle asimismo un papel decisivo a ETA que, al preverse el cierre de la primera mesa sólo tras verificarse el acuerdo político en la segunda, podría dosificar sus gestos al servicio de la hegemonía de Batasuna en esta última.
Finalmente, ese modelo de mesa de ‘desmilitarización’ es el que ha fracasado precisamente en Irlanda, llevando al borde de la ruina las expectativas del 98. Es un modelo opaco, burocrático, que no genera confianza en la base de la sociedad, a la que no se le otorga ningún papel en la comprobación del desarme y del desmantelamiento de las redes de extorsión y amenaza de los grupos terroristas. El caso irlandés es un ejemplo de cómo continúan subsistiendo éstos al abrigo de la vacilante y contradictoria inercia de un ‘proceso de paz’ demasiado condicionado por el progreso y retroceso de un desarme aplazado durante años y una disolución de las organizaciones armadas todavía inverificable.
Todo esto nos coloca ante una cuestión verdaderamente crítica, que nos advierte de la insuficiencia democrática del método de Anoeta: ¿puede desenvolverse cabalmente un proceso democrático a través de medios no democráticos, prescindiendo de instituciones democráticas o bajo la tutela de sujetos no democráticos, sin la debida transparencia, por mucho que el fin último preestablecido sea pomposamente nombrado como ‘resolución democrática’?
Otra metodología: sociedad e instituciones. A la vista de todo esto, si queremos aprovechar las oportunidades que se abren en este momento para la apertura de un proceso democrático vasco, las cosas deben perfilarse desde otra metodología. Sin perder de vista las objeciones que hemos señalado, Anoeta, aunque se pretenda la única salida democrática para salir del túnel del conflicto, es discurso de partido, es el nuevo elemento central de una estrategia de cuño partidista.
Es imposible olvidar que tras todas las propuestas de resolución del conflicto político que ha hecho la llamada izquierda abertzale a lo largo de la historia democrática vasca, se ha encubierto su particular e invariada obsesión de impugnar las instituciones existentes en el país, desde fuera de las mismas. Pero, si hoy quieren de verdad una resolución democrática, el método de Anoeta tiene una legitimidad proporcional a los votos que lo sostienen. Ni más ni menos. Si Batasuna quiere que la propuesta de Anoeta determine la agenda política vasca, deberá partir de este dato y recabar el apoyo popular necesario con arreglo al método democrático vigente en el seno de las instituciones vascas.
Si hay algo que blindar, es seguro que ese algo no es el proceso sino que lo que debería blindarse es su naturaleza democrática. Así debería ser, al menos si lo que se quiere es un desenlace democrático. A tal efecto, paso a enumerar una serie de principios metodológicos muy básicos que pretenden definir los medios democráticos con los que podríamos abordar con garantías una resolución auténticamente democrática. En primer lugar, los proyectos de parte, sean de partidos o de cualesquiera otros operadores sociales o políticos, que quieran hacerse con la legitimidad popular han de ser contrastados en las instituciones, por los representantes legítimos de la voluntad democrática y, en su caso, refrendados directamente por la ciudadanía afectada. En consecuencia, y en segundo lugar, ningún proyecto partidista, , como lo es la propuesta de Anoeta –al igual que la propuesta de cualquier otro grupo- puede ser condición de obligado cumplimiento para el final de la violencia. En tercer lugar, sólo las instituciones vascas representativas pueden garantizar que los vascos podamos abordar el debate y las decisiones sobre nuestro futuro político sin la tutela de ningún poder no democrático, sea éste armado o no. En cuarto, la verificación del cese de la violencia no es un acto burocrático y opaco, que se apoya en un arreglo entre ETA y el Estado, sino que debe ser una tarea social que implica, además de la sociedad, a las instituciones y los partidos políticos vascos.
En estos últimos meses de cierta desorientación, es de agradecer que diversos partidos y colectivos hayan definido sus posiciones respecto a estas cosas. Los documentos que han dado a conocer PNV -‘Elkarbizitzarako bakebideak’-, PSE –‘Euskadi 2006. Hacia la libertad y la convivencia’ y EA, aunque sea a través de su sector crítico, son coincidentes a la hora de subrayar la importancia de los 4 principios antes expuestos. No voy a omitir que entre ellos también afloran elementos de discrepancia. Pero, el cauce por el que estos tres colectivos desean que discurra el proceso democrático es socialmente integrador e institucional.
En parecidos términos ha definido también su posición el lehendakari (22 de marzo de 2006), asumiendo una responsabilidad que quiere compartir con el presidente del gobierno español en lo referente a las cuestiones políticas del proceso de normalización. Su disposición a liderar la búsqueda de un acuerdo integrador en la llamada mesa de partidos, a través de la representación legítima de la voluntad popular, da cuenta de su determinación de hacer irreversible la paz desde el fortalecimiento del papel institucional. Y, finalmente, el compromiso de facilitar una participación activa de la sociedad garantiza suficientemente que la paz no se enfangará en exigencias partidistas.
Un modus (con)vivendi para la normalización. Se habla de nuevo tiempo político. El alto el fuego es un elemento indicativo de este nuevo calendario. Pero, el nuevo tiempo ni puede sostenerse en gestos ni perderse en la complacencia de los discursos y los comunicados. Es posible que estos anticipen acontecimientos en el camino de la normalización del país. Pero esta normalización será imposible si únicamente se limita a dar respuestas a los requerimientos que se realizan en el ámbito de lo institucional y si la agenda del país no incorpora las tareas que incumben al ámbito social y comunitario.
En relación con el ámbito propiamente institucional, es cierto que nos podemos valer de la oportunidad de renovación del proceso instituyente que exige este nuevo tiempo político con el objeto, en primera instancia, de materializar un nuevo pacto de relación o asociación con el estado. Con este motivo, además, podría abrirse una ocasión apropiada de afrontar una reforma institucional interna que actualice la inserción de las instituciones y la administración con la sociedad al gusto de las actuales generaciones y que a la vez recobre el nivel óptimo de satisfacción social con su funcionamiento.
Pero, el otro es el ámbito relativo a la comunidad en su doble esfera social y pública. En este ámbito, la labor a realizar es compleja y requiere una visión de largo plazo. El objeto a conseguir sería la neutralización de todos aquellos factores de antagonismo que subsisten en la política, la economía y la cultura vascas. Los puntos de choque y ruptura que han mantenido vivo hasta el día de hoy un conflicto de alta intensidad en Euskadi se identifican con el choque de identidades nacionales (con sus afecciones políticas y culturales) y la confrontación de modelos socio-económicos. Unas líneas de choque, que por mucho que se achiquen, parece que vayan a permanecer.
Pues bien, la tarea de despolarización social se podría acometer a partir de un compromiso de búsqueda, desde todas las instancias públicas y no públicas, de un ‘modus (con)vivendi’ entre diferentes, que abarque desde el reconocimiento y acomodo de sentimientos de identidad divergentes hasta la aceptación de que en nuestro país coexisten gentes que aspiran a modelos sociales rivales, puede sostener la esperanza a futuro. Un ‘modus (con)vivendi’ en el que la plasmación libre de estos proyectos sea posible sin imposiciones, sin patrones únicos, sobre la base de pactos de convivencia entre los plurales proyectos, sentimientos y modos de vida existentes en Euskadi. Aunque se renunciara a una horma única de ciudadanía, la conjugación creativa y constructiva de las ideas de libertad, pluralidad y asociación voluntaria podría ayudarnos a dar con soluciones democráticas de las que ya existen ensayos, en nuestro país y en el mundo.
Se podrá decir que es poca cosa. Habrá quien seguirá sosteniendo un proyecto de mayor integración, que disuelva las plurales diferencias en un perspicaz consenso político sobre la base de un nuevo patrón de ciudadanía, enmarcado acaso en los parámetros de la nación cívica. Aunque éste no deje de ser un esquema con bastante predicamento entre las autoridades políticas, en realidad responde a un racionalismo de imposible realización en nuestro país, debido al uniformismo que presagia.
La idea liberal del ‘modus vivendi’, más ampliamente desarrollada por John Gray, ha sido tildada de escéptica. Pero, Gray considera que no es defendible que el liberalismo sea un sistema de principios universales y que la diversidad de modos y de valores de vida es un signo de libertad humana, y no un error. Y no se trataría de compartir valores, sino instituciones. Sin duda, creo que este enfoque es muy aprovechable para resolver nuestros problemas. La organización social de la convivencia de la pluralidad real de Euskalerria no tiene solución democrática desde la imposición de un modelo homogéneo único de identidad cultural, nacional y social, por muy cívico que se autoproclame. Ser conscientes de ello es ya un paso de gigante para el arreglo necesario en este ciclo histórico.
Joxan Rekondo
Goiz Argi, Nº38, abril de 2006
