Análisis de Rogelio Alonso

El nacionalismo excluyente

Todo apunta a que el nacionalismo considera que la integración de los vascos no le garantiza el poder mientras que la exclusión de los no nacionalistas sí puede hacerlo. Desgraciadamente esta desprotección es la que ETA ha buscado asesinándoles.

 

La aprobación del plan Ibarretxe confirma las peligrosas intenciones de un nacionalismo institucional al que poco le importa la exclusión de una gran parte de la sociedad vasca que su estrategia conlleva. Sus representantes desprecian las fundadas críticas a la propuesta del lehendakari mediante una retórica que combina el victimismo y la deslegitimación del marco democrático. Este discurso ha ido reproduciéndose educacando a un electorado que debe respaldar tan excluyentes políticas como las que el nacionalismo propugna hoy. Una muestra del mismo podía encontrarse en las páginas de 'Deia' un día antes de que Ibarretxe incumpliera su palabra al aceptar, para aprobar su plan, el apoyo de quienes admiten el asesinato de ciudadanos vascos. El firmante de una carta al director escribía: «Estas fechas siempre despiertan los puntos más sensibles del ser humano. Los presos nacionalistas vascos son tus hermanos. Cayeron bajo la ley del opresor. ¿No lo olvides! Quien los retiene en la cárcel destrozando hogares y atormentando a nuestras madres es el opresor. Que jamás salga de tus labios una sonrisa para él, mientras tus hermanos sufren en la cárcel y en presidio. Visítalos. Tu presencia les fortalecerá. Contémplalos con cariño de hermano a través de las rejas. ¿No los olvides!».

Tan sucinto párrafo contiene una insultante falta de solidaridad hacia las víctimas del terrorismo, pues esos «presos nacionalistas vascos» a los que se alude no son otros que los asesinos de aquellos vascos que se han convertido en víctimas de ETA por el deseo injusto de este grupo terrorista. Es esa violencia etarra la verdadera 'ley del opresor' que la sociedad vasca sufre, la que ha 'destrozado hogares y atormentado a tantas madres'. Semejante incitación al odio aparecía publicada el mismo día en que el lehendakari aseguraba que «no participaremos nunca del proyecto común del Estado, si no es libremente», reforzando una vez más la idea de agravio e imposición en la que el nacionalismo vasco tanto insiste con fines deslegitimadores. Esa misma es la esencia del frecuente recurso de Ibarretxe al anteponer la «voluntad del pueblo vasco» a la del «PP y el PSOE». Bajo esas palabras subyace la lógica de la exclusión que define su plan: los ciudadanos vascos votantes de estas formaciones políticas no deben considerarse integrantes del pueblo vasco. De ese modo el lehendakari interpreta a la perfección el papel de Joseba Egibar, para quien sólo son verdaderos vascos aquéllos que aprueben el plan Ibarretxe, como él mismo ha recalcado. Es éste el mensaje dominante de un partido cuyo presidente ha abogado por construir un nacionalismo cívico que constantemente se revela como un mero señuelo electoral. Y es que la realidad expone un nacionalismo que incluso ha sido criticado recientemente por quienes suelen defenderlo, como hacía en 'Deia' Enrique Curiel al escribir que «no es posible elaborar un proyecto de Estatuto con la mitad del Parlamento y de la sociedad vasca».

Sin embargo, lo que Ibarretxe persigue es la imposición de un proyecto que bajo la apariencia de reforma estatutaria supera con creces este supuesto. Le es por ello indiferente la marginación de una parte de la sociedad si a cambio su radicalización garantiza la hegemonía de quienes se empeñan en definir como «cauce central» de la misma. Alarmante resulta la utilización de esta terminología de connotaciones tan discriminatorias en una sociedad dividida en la que el terrorismo acosa precisamente a quienes no constituyen dicho 'cauce central'. Contrasta que mientras en otros contextos afectados por la violencia, como el de Irlanda del Norte, se han diseñado fórmulas políticas basadas en el consenso entre las comunidades huyendo de la dominación de mayorías conformadas por actores de un único bloque, en el País Vasco el nacionalismo opta por el control exclusivista de una sociedad enormemente plural, como emana de la iniciativa de Ibarretxe. Puede contraponerse el sistema de protección de intereses contemplado por el Parlamento autonómico en Irlanda del Norte con el desprecio con el que el nacionalismo ha respondido a la oposición que prácticamente la mitad de los ciudadanos vascos muestran hacia el plan diseñado por Ibarretxe.

Las normas de funcionamiento de la autonomía norirlandesa hoy suspendida requerían que las decisiones denominadas 'clave' fueran adoptadas únicamente con el apoyo de las dos comunidades norirlandesas, esto es, unionistas y nacionalistas, estableciendo para ello sistemas de votación que obligaban a los miembros del Parlamento a designarse en función de su identidad como «unionistas», «nacionalistas» u «otros». De ese modo cuestiones de especial relevancia exigían para su aprobación o bien una mayoría tanto de los representantes unionistas como de los nacionalistas, o una mayoría cualificada de un 60% de los parlamentarios presentes, incluyendo al menos un 40% de los unionistas y de los nacionalistas.

Así se pretendía evitar que nacionalistas o unionistas dominaran a la otra comunidad, como ocurrió durante los cincuenta años en los que el unionismo administró la autonomía de Irlanda del Norte hasta su suspensión en 1972. Así pues, aunque en Euskadi tanto el nacionalismo institucional como el del entorno de ETA han coincidido en utilizar el término unionista con un sentido derogatorio para referirse a políticos vascos no nacionalistas, es sin duda el PNV el que ha optado por comportamientos que le valieron al unionismo norirlandés acusaciones de discriminación.

La radicalización del nacionalismo institucional vasco se aprecia al rescatar un artículo publicado en 'Política Exterior' en 1997 por Joxe Joan González de Txabarri, en el que defendía con vehemencia el Estatuto que hoy el plan Ibarretxe pretende destruir. Escribía entonces el dirigente peneuvista:

«El Estatuto de autonomía de Gernika constituye un punto de encuentro, de comunicación, entre la mayoría de los ciudadanos vascos, sean éstos nacionalistas o no. La pluralidad política que como rasgo pertinente conoce la sociedad vasca encuentra en dicho marco jurídico una 'coiné' política, que aunque no total, por no encontrarse en ella sectores del mundo radical representado por Herri Batasuna, resulta básica no sólo para la vertebración de Euskadi sino también como factor fundamental de integración y vertebración social».

«A lo largo de estos diecisiete años de vigencia del Estatuto de Gernika, la ciudadanía vasca ha ido demostrando, elección tras elección, su adhesión mayoritaria a las instituciones autonómicas y a los partidos estatutarios. Pero hay algo más importante aún. Con la asunción mayoritaria del Estatuto, la ciudadanía vasca ha optado por algo más que un arreglo concreto de su contencioso histórico. Ha optado por un procedimiento para su solución. Ha tomado en sus manos el conflicto y ha decidido ir resolviendo mediante los procedimientos que el sistema democrático pone a su disposición: el reconocimiento de su propia pluralidad, la negociación entre las partes y los arreglos progresivos y pactados».

«Aunque diecisiete años representan relativamente poco tiempo desde una perspectiva histórica, se han producido durante ellos muchos y significativos cambios en el mundo, en el Estado español, en Euskadi. La Comunidad Autónoma Vasca ha avanzado notablemente desde la entrada en vigor del Estatuto de Gernika, tanto en el volumen de competencias asumidas como en su capacidad política, presupuestaria y administrativa, para ejercitarlas eficazmente y propiciar así el bienestar en la sociedad vasca. Algunas de esas competencias, la Ertzaintza, los medios de comunicación, el Concierto Económico singularizan la autonomía vasca, ya singular de por sí en origen y configuración institucional».

«Cuando en el caso vasco tenemos la oportunidad de explicar el Estatuto de Gernika a expertos o responsables extranjeros, suelen terminar convencidos de estar ante un modelo de descentralización política y administrativa superior a otras experiencias internacionales. De hecho, la imagen del Estado español aparece hoy en día de modo similar a la de un Estado de corte federal. Ciertamente está asegurado un cúmulo de materias en las que la cobertura política y la capacidad de decisión autónoma están garantizadas, y que resultan expresivas de una naturaleza subestatal, dotada de capacidad política».

Analizadas retrospectivamente, esas palabras revelan la incoherencia de un plan como el que ahora el nacionalismo impone para enterrar el Estatuto. ¿Qué justifica la eliminación del «punto de encuentro, de comunicación, entre la mayoría de los ciudadanos vascos, sean éstos nacionalistas o no», del «factor fundamental de integración y vertebración social», del «procedimiento para la resolución del contencioso histórico»? Todo apunta a que el nacionalismo considera que la integración de los vascos no le garantiza el poder mientras que la exclusión de los no nacionalistas sí puede hacerlo. Desgraciadamente esta desprotección es la que ETA ha buscado asesinándoles.


Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.

Rogelio Alonso, EL DIARIO VASCO, 24/1/2005

El buen ejemplo irlandés

El nacionalismo vasco justifica su búsqueda de unidad nacionalista como una fórmula inspirada en el proceso de paz norirlandés para poner fin a la violencia. Sin embargo, las transcurren de manera muy distinta en Irlanda.

 

El Aberri Eguna ha vuelto a reflejar esa búsqueda de unidad nacionalista que domina la estrategia soberanista del partido liderado por Ibarretxe y Arzalluz. Desde la Declaración de Lizarra se aprecian constantemente intentos por articular la unión de las fuerzas que componen el nacionalismo vasco superando sus discrepancias políticas. Esa iniciativa dio forma a unos deseos que el nacionalismo justificó como una fórmula inspirada en el proceso de paz norirlandés para poner fin a la violencia. Sin embargo, la interpretación que el PNV ha realizado del modelo irlandés se sustenta en el falso supuesto de que la paz es el resultado de la creación de un frente nacionalista que ofreció al movimiento republicano, integrado por el IRA y Sinn Fein, una alternativa a través de la cual podían perseguir sus objetivos supliendo la debilidad evidenciada en su reducido respaldo electoral y social. Esa ansiada unidad de acción no ha sido la base del proceso de paz norirlandés, donde el IRA y Sinn Fein fracasaron en su intento por construir un sólido frente nacionalista, de ahí las críticas de dirigentes como Martin McGuinness al nacionalismo gobernante en la República de Irlanda por no defender «los derechos nacionales irlandeses». Significativo resultaba también que Albert Reynolds, primer ministro de Irlanda entre 1992 y 1994, amenazara con mandar literalmente «a tomar por culo» a los líderes republicanos cuando éstos intentaban extraer concesiones políticas a cambio de la tregua.

El IRA accedió a concluir su campaña en ausencia de una unidad nacionalista que tampoco se materializó posteriormente, como quedó de manifiesto durante la campaña de las elecciones generales al Parlamento británico celebradas en 2001. En ellas, el nacionalismo representado por el SDLP (Social Democratic and Labour Party) de John Hume rechazó un pacto electoral a propuesta de Sinn Fein argumentando que no aceptaría una coalición que de haberse materializado habría profundizado las divisiones entre las comunidades norirlandesas. Eddie McGrady, otro destacado representante del SDLP, descartaba dicha alianza nacionalista porque 'guetizaba' al votante constriñéndole en una política de bloques que precisamente el proceso de paz ambicionaba abandonar, al buscar el acercamiento con el unionismo. En cambio, el PNV opta por descalificar a parte de la ciudadanía vasca, como muestra su declaración oficial del 10 de abril en la que denuncia que «la mayoría absoluta» de los nacionalistas en Euskadi se encuentran dominados y regidos por una «mayoría exterior» representada por PP y PSOE. Refuerzan así los nacionalistas el espejismo del enemigo exterior repudiando además la pluralidad de la sociedad y a quienes se definen como vascos y españoles.

Las intenciones excluyentes que se derivan de semejante discurso subyacían también bajo la ambicionada 'mayoría nacionalista' que Arzalluz vislumbraba en el Aberri Eguna si ETA interrumpía su violencia. Se ignoraban así los efectos que dicha alianza tendría o que su mera promesa ya tiene sobre las personas que sufren la intimidación etarra, o sea, los constitucionalistas, con los que el nacionalismo debería buscar la convivencia pero a los que en cambio desprecia verbalmente. En este sentido, resulta interesante observar cómo el primer ministro irlandés Bertie Ahern descartó la inclusión de Sinn Fein en un Gobierno de coalición en la campaña electoral de 2002 en la República de Irlanda. La existencia del IRA y las todavía frágiles credenciales democráticas de un partido vinculado a una organización que hasta unos años atrás seguía involucrada en una campaña terrorista fueron los motivos de una decisión que Sinn Fein recibió como «un insulto». Estas actitudes del nacionalismo constitucional irlandés contrastan con el diferente comportamiento del nacionalismo vasco en la actualidad, que en apariencia coincide con el propósito del pacto con ETA previo a la tregua de 1998 en el que PNV y EA asumían «el compromiso de abandonar todos los acuerdos que tienen con las fuerzas cuyo objetivo es la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España (PP y PSOE)».

El alto el fuego del IRA y la implicación de Sinn Fein en el proceso de paz se produjeron en un contexto en el que el republicanismo irlandés fue incapaz de constituir el anhelado frente de fuerzas nacionalistas, viéndose obligado a poner fin a la violencia a pesar de no haber satisfecho sus principales reivindicaciones. No sólo permanecen los británicos en Irlanda, sino que además los republicanos tampoco han satisfecho sus exigencias de autodeterminación, como Gerry Adams recalcaba en marzo de 2000 al señalar que «la autodeterminación para la población de esta isla todavía tiene que conseguirse». Es ésta una de las claves del proceso de paz norirlandés que ha sido posible gracias a la renuncia del IRA al maximalismo que dominó sus planteamientos durante las últimas décadas. Por ello, el propio Adams ha aceptado la necesidad de ser «realista», reconociendo que no puede lograr sus objetivos mediante «ultimátum».

Estas cuestiones son de enorme relevancia, pues permiten cuestionar la interpretación del proceso de paz realizada por el religioso norirlandés Alec Reid y que ha sido asumida en gran medida por el nacionalismo vasco. En opinión de este sacerdote redentorista, asesor de Elkarri, premio Sabino Arana y, según Germán Kortabarria, uno de los redactores de la Declaración de Lizarra, «el IRA paró cuando se le presentó una verdadera dinámica alternativa» ('Gara', 15-12-2002). Este análisis libera al IRA y, en su extensión al caso vasco también a ETA, de la responsabilidad de la resolución del conflicto, situándola más bien en otros agentes, difuminando por tanto las obligaciones que deberían recaer sobre quienes utilizan la violencia. Sin embargo, la causa del cese del terrorismo del IRA no se encuentra en esa supuesta alternativa que otros actores habrían creado y ofrecido a este grupo. El proceso de paz no ha garantizado las aspiraciones de los republicanos, sustentándose en cambio en unos parámetros que ya habían sido delimitados a comienzos de los años setenta. Es decir, treinta años atrás el IRA disponía de una alternativa prácticamente idéntica que rechazó entonces, pero que hoy acepta tras comprobar la ineficacia de su violencia debido a los costes políticos y humanos de ésta.

En ningún caso la alternativa tomada ahora consiste en la acumulación de fuerzas nacionalistas que el nacionalismo vasco desea para Euskadi. La alternativa por la que optó el IRA en 1994 al detener su violencia, y que existía desde hacía tiempo, no gira en torno al soberanismo sino sobre una autonomía en la que nacionalistas y unionistas han de gobernar conjuntamente. Por tanto, la variación fundamental que ha hecho posible la ausencia de violencia no se encuentra en el cambio de actitud de los Estados, sino en el revisionismo del IRA y Sinn Fein asumiendo ahora lo que habían rechazado anteriormente. El nacionalismo vasco ha preferido ignorar tan útil lección del proceso norirlandés y algo tan vital como que el origen de éste se halla en la derrota política de un grupo terrorista como el IRA. De esa manera, tras haber renunciado a derrotar a ETA, los nacionalistas vascos justifican su radicalización con el pretexto de que así conseguirán el final de la violencia. Sin embargo, en Irlanda la derrota del terrorismo ha sido posible precisamente porque el nacionalismo constitucional resistió la radicalización que el IRA le exigía a modo de chantaje en pago a su alto el fuego.

El proceso de paz norirlandés, basado en el convencimiento de que un sistema de gobierno autónomo compartido ofrece el mejor marco para progresar en la resolución del conflicto, intenta avanzar hacia un escenario similar al que el Estatuto vasco puso en marcha y que el nacionalismo vasco insiste en deslegitimar. Ése es el motivo por el que la consolidación del marco autonómico, y no la autodeterminación, constituye el objetivo principal de los actores norirlandeses. Es en ese marco en el que aspiran a crear un espacio de convivencia en el que la cuestión nacional deje de dominar la vida política. Así, mientras Xabier Arzalluz consideraba en una entrevista publicada en 'Deia' en diciembre de 2002 que «para un nacionalista la vía de acción política está con la izquierda abertzale y no precisamente con el PP o el PSOE», formaciones con las que el dirigente peneuvista rechazaba la cooperación al juzgar que con ellas se estaría «cada vez en un más tibio autonomismo», en cambio el nacionalismo norirlandés ha optado por un 'tibio autonomismo' con la esperanza de que contribuya a derribar el etnicismo excluyente por el que peligrosamente apuesta el PNV.

Rogelio Alonso, EL CORREO, 27/4/2003

 

¿Quiere ETA la paz?

Los criterios con los que el nacionalismo justifica el diálogo con ETA favorecen los intereses de ésta, reproduciendo la transferencia de culpa y la difusión de responsabilidad: el gobierno español y los partidos democráticos, y no únicamente la banda, deben ser vistos como responsables de la continuidad de la violencia.

 

SI Zapatero quiere convertirse en el Tony Blair que resuelva el conflicto, la actitud de Batasuna le acompañará para que ese escenario fructifique». Esta reciente alusión de Arnaldo Otegi al proceso de paz en Irlanda del Norte no ha sido la primera. A lo largo de los últimos años tanto ETA como Batasuna, así como el nacionalismo institucional vasco han mirado con frecuencia al contexto norirlandés en busca de referentes para avanzar su propia agenda política. Sin duda alguna el final del terrorismo del IRA ofrece muy valiosas lecciones para nuestro propio ámbito, pues después de treinta años este grupo terrorista ha renunciado a su violencia a pesar de no haber conseguido sus objetivos. Sin embargo, las útiles conclusiones que de semejante experiencia pueden extraerse para la erradicación del terrorismo etarra han sido constantemente ignoradas por el nacionalismo vasco, mucho más interesado en tergiversar el modelo irlandés con fines partidistas.

En esta tarea términos como la paz, y el diálogo han sido frecuentemente instrumentalizados, como la reciente carta de Otegi y el comunicado de ETA han puesto de relieve. Después de asesinar a cientos de personas e intimidar a miles, las palabras de quienes continúan negándose a condenar el terrorismo de ETA siguen sin ser puestas en duda por muchos políticos y ciudadanos.

Así por ejemplo el editorial del diario nacionalista Deia del pasado sábado señalaba que «la oferta de negociación de Batasuna al Gobierno español representa una muestra de flexibilidad ciertamente espectacular y esperanzadora de la izquierda abertzale». Seguidamente alababa esa «valentía» de Batasuna que también reclamaba del presidente Zapatero. Incluso un grupo de socialistas guipuzcoanos exigió del jefe del gobierno «valentía» y «asumir algún riesgo para ganar la libertad» antes de que Batasuna hiciese pública la denominada propuesta de Anoeta en noviembre.

En estas actitudes y en otras similares que han dado la bienvenida a los recientes pronunciamientos de ETA y Otegi se aprecia la inspiración del IRA y del Sinn Fein. Bajo la apariencia de un nuevo lenguaje pero sin desmarcarse realmente de ETA, su brazo político ha pretendido reparar su deteriorada imagen planteando engañosas expectativas. Expresiones como «es tiempo de paz» o el compromiso con «la utilización exclusiva de vías pacíficas», repetidas por Otegi y Batasuna, fueron también utilizadas con profusión por el Sinn Fein con el fin de salvar la marginación que su vinculación con el IRA le reportaba. Recuérdese por ejemplo cómo ya en 2002 Batasuna presentó otra propuesta bautizada igual que el documento del Sinn Fein de 1987 «Un escenario para la paz». Este documento era parte de una estrategia a través de la cual los nacionalistas irlandeses perseguían apropiarse de la imagen de pacifistas con el objeto de deshacerse del estigma que su asociación con el terrorismo les aseguraba. Como Gerry Adams reconocería, el Sinn Fein había «perdido el control de la palabra paz dejando que otros se apropiaran de ella».

Desgraciadamente las organizaciones terroristas pueden tener éxito con semejantes tácticas, de ahí la enorme responsabilidad que políticos, periodistas y ciudadanos tienen a la hora de evitar asumir como realistas las interpretaciones que sus portavoces reproducen en torno a lo que resultaría necesario para alcanzar la paz. Es en ese contexto en el que los criterios con los que a menudo se justifica el diálogo con ETA favorecen los intereses de esta banda terrorista al contribuir a reproducir mecanismos de transferencia de culpa y difusión de responsabilidad en función de los cuales el gobierno español y los partidos democráticos, y no únicamente la citada banda, deben ser vistos como responsables de la continuidad de la violencia. El nacionalismo vasco ha incurrido con frecuencia en esa peligrosa dinámica presentando a ETA y al gobierno español como «extremos» equidistantes, contrarios al diálogo y, por tanto, como enemigos de la paz. Obsérvese cómo los últimos comunicados de ETA y Otegi rompían esa equidistancia en beneficio del entorno etarra que ha llegado a ser presentado como «flexible» al realizar «generosos movimientos por la paz» que exigirían por ello la respuesta del gobierno en la forma de negociaciones, gestos o concesiones. De ese modo, bajo el pretexto de la búsqueda de la paz y la supuesta ambición de la resolución del conflicto, se intentan consolidar esquemas que eluden la realidad en torno al terrorismo.

Esta realidad ofrece pocas dudas después de una prolongada lucha antiterrorista tanto en Irlanda del Norte como en el País Vasco. La experiencia demuestra que el IRA sólo comenzó a desarmarse ante la presión ejercida por los gobiernos británico, irlandés y estadounidense y que el final de su violencia llegó a pesar de no haber logrado este grupo ninguno de sus objetivos, sino precisamente por ello. Así pues, la derrota del IRA ha constituido el principal incentivo para relegar la violencia, al igual que ha ocurrido con los seis presos etarras que tras reconocer el fracaso de ETA han abogado por interrumpir el terrorismo pese a no haber recibido contraprestaciones políticas a cambio.

En ese escenario, y mediante la comparación con el socialista Tony Blair, Otegi ha reavivado la ilusión de una paz cercana y posible a través de la negociación y el diálogo. Sin embargo, apenas se distinguen diferencias notables entre la política hacia Irlanda del Norte del premier británico y de su antecesor el conservador John Major. Y es que el cambio que propició el proceso de paz allí no vino desde el gobierno británico, sino desde el IRA que decidió poner término a su campaña terrorista a pesar de no haber logrado sus aspiraciones.

No es difícil adivinar en la comparación realizada por Otegi intentos de dividir a socialistas y populares tentando con sus promesas a quienes apuestan erróneamente por un cierto pragmatismo en aras del final del terrorismo.

En ese marco el atentado de Getxo y los que le seguirán completan la coacción que ETA y su entorno trasladan: o se acepta «su paz» o habrá «guerra», de ahí la necesidad de hacer «esfuerzos». Ante la utilización de tan particular «paz» como una táctica terrorista más, debemos tener presente que la dilatada experiencia de la lucha antiterrorista en España nos demuestra que ésta ha alcanzado su mayor eficacia cuando se ha basado en el consenso de las principales fuerzas democráticas. A unos meses de unas elecciones autonómicas en las que Batasuna y ETA aventuran un agravamiento de su situación sería enormemente peligroso caer en la trampa que plantean como salida a su debilidad y aislamiento.


Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de «Matar por Irlanda. El IRA y la lucha armada». 

ABC, 21/1/2005

La ambigüedad de la política antiterrorista

Un diálogo paralelo entre el Gobierno y ETA y de los partidos discutiendo con Batasuna la reforma del marco estatutario, consolidaría un grave déficit democrático. Como el referente norirlandés demuestra, la mera presencia de una organización terrorista condiciona procesos políticos al favorecer una coacción que en absoluto incentiva su definitiva disolución.

 

Diversos medios de comunicación han informado de que el Gobierno ha adoptado el referente norirlandés en su política hacia ETA. La experiencia antiterrorista en Irlanda del Norte ofrece importantes lecciones en la lucha contra ETA siempre y cuando el paralelismo se establezca con rigor y no con la mera intención de respaldar decisiones políticas previamente asumidas como necesarias. Es decir, la tergiversación de las enseñanzas que se desprenden de las respuestas gubernamentales frente al IRA puede ser enormemente perjudicial para la desaparición del terrorismo en nuestro país y de la capacidad de coacción de la organización terrorista ETA. Así lo sugiere la ineludible conclusión de que el IRA ha logrado recuperar parcialmente por la vía política lo que perdió cuando su violencia fue contrarrestada con medidas antiterroristas que devinieron en una eficaz presión política, policial, social y judicial, precedente que podría trasladarse al ámbito vasco si se cometiesen errores de los que creíamos haber aprendido en España.

A fecha de hoy, el IRA sigue siendo una organización involucrada en actividades delictivas, recopilación de inteligencia y financiación hasta el punto de haberse convertido en «uno de los más sofisticados grupos criminales del mundo», en palabras de uno de los máximos representantes del ministerio británico para Irlanda del Norte. Cierto es que el IRA no pretende reanudar su campaña de asesinatos sistemáticos consciente de los elevados costes políticos que ello le generaría. Sin embargo, la complacencia por este último punto ha llevado a subestimar lo perjudicial que ha resultado para la democracia y la normalización política aceptar la perpetuación de la organización terrorista mientras su brazo político, el Sinn Fein, se fortalecía a cambio del táctico y selectivo silencio del IRA. Con una cierta similitud, en nuestro ámbito se corre el riesgo de confundir la debilidad operativa de ETA y su cálculo estratégico de no mantener una campaña de asesinatos altamente costosa en términos políticos, particularmente tras los atentados del 11 de marzo, con una supuesta voluntad de la organización terrorista por desaparecer de la escena política.

Esta interpretación se ve favorecida por las expectativas que el presidente del Gobierno viene alimentado sobre el «principio del fin de ETA». Esa confianza se sustenta en la declarada creencia de un hipotético distanciamiento entre ETA y Batasuna: puesto que la organización ilegalizada desea concurrir a las elecciones municipales de 2007, se vería obligada a exigir a su brazo armado un alto el fuego. Esta lógica ha derivado en una indulgencia hacia Batasuna evidenciada en la celebración de su reunión en Anoeta en 2004 y en la permisividad con la que se pretendía tolerar otro acto propagandístico como el del pasado enero en Baracaldo de no haber sido por la presión ejercida por diferentes actores, siendo muy relevante en este sentido la carta que el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, dirigió al fiscal general del Estado. «Toda tolerancia en relación con lo que pudiera ser una falta de respeto a la legalidad produciría daños irreparables para el funcionamiento del Estado de Derecho», destacaba el Alto Comisionado poniendo de manifiesto el problema que subyace bajo determinadas respuestas frente al terrorismo. Es ese preocupante y peligroso escenario de tolerancia e impunidad el que se vislumbra a pesar de que desde el Gobierno se repite que su estrategia no reportará ningún precio político a favor del terrorismo y en contra del Estado. No obstante, la ambigüedad constituye un pilar fundamental de dicha estrategia favoreciéndose así precisamente la obtención de unos réditos políticos para el terrorismo.

Esta ambigüedad emana de la declaración aprobada en el Congreso en mayo de 2005 pese a que se insiste en que dicha resolución plantea claras y muy duras exigencias a ETA. Sin embargo, contenidos clave de la misma son deliberadamente ambiguos permitiendo muy contradictorias interpretaciones. En ella el diálogo con la organización terrorista se condiciona a que ETA manifieste «una clara voluntad para poner fin a la violencia» mediante «actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción». Aparentemente esta fórmula establece unos límites al diálogo que favorecieron un amplio respaldo a la proposición aprobada en el congreso, pero al mismo tiempo alienta la confusión al no precisar con absoluta claridad cuáles son las obligaciones que se le exigen a ETA. Es decir, en una hipotética situación de tregua la interpretación de cuáles deben ser las «actitudes inequívocas que puedan conducir a la convicción» de que ETA desea concluir su campaña es susceptible de crear una mayor división entre los principales partidos. En realidad, el doble diálogo con ETA y Batasuna, diferenciado pero simultáneo, que ya se acepta desde el Gobierno, favorecería los intereses del movimiento terrorista rebajando las normales exigencias democráticas.

En primer lugar, supone reconocer a ETA como interlocutor legítimo asumiéndose como positiva y suficiente una mera declaración de alto el fuego aunque ésta no equivalga a la total desaparición del grupo terrorista. De ese modo la anunciada promesa de legalización de Batasuna deja de ser un incentivo eficaz para el abandono definitivo del terrorismo favoreciendo por el contrario un contexto en el que el Estado puede verse tentado de facilitar la vuelta a la legalidad del brazo político aunque no sea a cambio de la desaparición y del desarme verificable de ETA y de su entramado terrorista. El motivo es que se genera una dinámica mediante la cual la organización terrorista deja de constituir una carga para el brazo político, pues es precisamente la existencia de dicha organización terrorista la que le garantiza a Batasuna concesiones diversas y un injusto fortalecimiento, derivándose de todo ello una lógica legitimación de los argumentos de quienes justifican y legitiman la violencia como la consecuencia de condiciones no democráticas. El paralelismo con Irlanda del Norte es claro. Gerry Adams y Arnaldo Otegi demandan concesiones bajo pretexto de que sólo así lograrán convencer al IRA y a ETA de la necesidad de dejar la violencia. Sin embargo, Adams ha perpetuado deliberadamente la existencia del grupo terrorista mientras reforzaba su perfil político. De ese modo se ha coaccionado a la sociedad al prometerse la desaparición del IRA al tiempo que continuaba infringiendo la ley mediante la extorsión y otros métodos criminales auténticamente mafiosos. La implícita amenaza que supone esta actitud ha colocado una gran presión sobre la sociedad y las víctimas del terrorismo del IRA transformando el «proceso de paz» en un injusto instrumento de coacción.

Se tiende a limitar el precio político que el Estado habría de pagar al ámbito de los presos etarras, argumentándose que las circunstancias políticas habrían cambiado y que el objetivo último de la paz así lo exigiría. Apréciese cómo determinados movimientos tácticos de ETA, entre ellos el anuncio del cese de sus actividades terroristas en un contexto de debilidad en el que resulta poco rentable la reactivación de los asesinatos, podrían facilitar un escenario en el que bajo el pretexto de una modificación de las «circunstancias políticas», principios esenciales de la democracia y de la lucha antiterrorista fueran abandonados, incluida la máxima recogida en la resolución del congreso de que «la violencia no tiene precio político». Así ocurriría si la separación de poderes en la que se sustenta nuestro sistema democrático fuera ignorada con el objeto de favorecer beneficios penitenciarios con la excusa de que políticamente ciertas medidas son imprescindibles para el avance del «proceso de paz». Ciertamente esa parece ser la consideración de los denominados «expertos del Gobierno», tal y como se desprendía de la información publicada por «El País» el 5 de diciembre de 2005 en la que se leía lo siguiente: «El futuro de los presos será el eje de las conversaciones entre el Gobierno y la banda. Será la clave de esa parte de la negociación. Los expertos confían en que la previa declaración del cese de la violencia terrorista cambie el clima de opinión sobre esta cuestión. Las encuestas reflejan hoy una opinión mayoritaria reacia a la adopción de medidas de gracia para presos condenados por terrorismo». El mismo diario informaba el 4 de febrero de 2006 de que una mera declaración de tregua sería suficiente para que Zapatero acudiese «al Congreso para declarar abierto el proceso de paz» con objeto de proponer «la apertura de un diálogo del Gobierno con ETA para buscar una salida a los presos», iniciativa que «desbloquearía el diálogo entre todos los partidos vascos, incluida la ilegalizada Batasuna, para reformar el Estatuto vasco».

En su decadencia, grupos como IRA y ETA buscan perpetuarse coaccionando a actores políticos y sociales mediante la promesa de una desaparición que no llega si la respuesta gubernamental se traduce en concesiones que demuestran la eficacia de mantener a la organización terrorista, pues esta presencia garantiza contraprestaciones que sin ella no se producirían. Dicha dinámica favorece la peligrosa legitimación de quienes han utilizado la violencia obstaculizando una verdadera normalización política y el logro de la paz. Es por ello por lo que un diálogo paralelo entre el Gobierno y ETA, al tiempo que los partidos discuten con Batasuna la reforma del marco estatutario, consolidaría un grave déficit democrático. Las negociaciones políticas se realizarían sin la desaparición de una organización terrorista cuya mera declaración de cese de actividades violentas no constituye una prueba inequívoca de su voluntad de poner fin a su existencia. Como el referente norirlandés demuestra, la mera presencia de una organización terrorista condiciona procesos políticos en los cuales participa el partido que la representa al favorecer una coacción que en absoluto incentiva su definitiva disolución.

(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos) 
ABC, 15/2/2006

 

Modelos para el final del terrorismo

ETA y Batasuna no son entes ajenos, sino instrumentos con los mismos fines. Ambicionan un poder que paradójicamente el Estado podría facilitarles si entiende que una renuncia táctica a la violencia equivale a una metamorfosis del movimiento terrorista y a su desaparición. Hay que complementar el debilitamiento operativo de la organización terrorista con su absoluta y clara derrota política.

 

La debilidad operativa de ETA y la disminución de su violencia, complementada con la decadencia de su ciclo vital, han suscitado numerosas reflexiones sobre qué política antiterrorista logrará el final de la banda. Por un lado hay quienes sostienen que la derrota de ETA es inviable y que la democracia, tras haber debilitado enormemente al terrorismo, debería mostrar una cierta generosidad que permita la conclusión de este problema a cambio de determinados beneficios para la organización terrorista y su brazo político. Los primeros vendrían en la forma de la excarcelación anticipada de los presos, mientras que los segundos incluirían la legalización de Batasuna, así como la readaptación del marco político mediante diálogos simultáneos, pero diferenciados entre la banda y el Gobierno, por un lado, y por otro, entre los partidos democráticos y los representantes políticos de la organización terrorista con objeto de reformar el Estatuto vasco. Con ese fin se reclama "generosidad" de las víctimas del terrorismo argumentando que éstas "no pueden convertirse en un agente político activo en un proceso de paz", como subrayaba en Gara el 5 de febrero de 2006 el portavoz del PSE en el Parlamento vasco. Se defiende que, tal y como requiere la resolución del Congreso aprobada en mayo de 2005, así el terrorismo no extraería rédito político alguno evitándose nuevas víctimas, si bien éstas sí verían a ETA convertida en un "agente político activo". Por tanto, este modelo aboga por un realismo que demandaría concesiones por parte del Estado frente al terrorismo a pesar de que en el discurso público éstas sean negadas.

Aunque la resolución del Congreso destaca que "la violencia no tiene precio político" y que "la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia", esta salvaguarda podría no ser tal, al plantear este modelo problemas como el de la perpetuación de la organización terrorista, que con una mera declaración de cese de actividades puede conseguir la vuelta a la legalidad de su brazo político y la excarcelación de sus presos. El referente norirlandés demuestra lo perjudicial que resulta recompensar dicho movimiento táctico de la organización terrorista sin ir más allá exigiendo a la banda tanto su desaparición como su desarme total y verificable. Así sucede al confundir la debilidad operativa de la banda y su cálculo estratégico de no mantener una campaña de asesinatos sistemáticos con una supuesta voluntad de desaparecer de la escena política si realmente no existe. De ese modo se toleraría la existencia de ETA, como ha ocurrido con el IRA, condicionando ésta el proceso político mediante un eficaz chantaje: partidos democráticos y sociedad se verían coaccionados para aceptar planteamientos de Batasuna y del nacionalismo institucional durante la reforma estatutaria bajo pretexto de que resultaría imprescindible asegurar que los "políticos" del movimiento terrorista controlasen a los más reacios a adoptar vías políticas en sustitución del terrorismo con el objeto de que ETA no reactivase su violencia. Esa misma lógica se ha manifestado ya incluso sin una declaración de tregua, como confirman los gestos hacia Batasuna ante la creencia de un posible distanciamiento respecto de la banda, entre ellos, la celebración de la reunión de Anoeta en 2004 y la tolerancia con la que se iba a permitir la reciente asamblea de Batasuna de no haber mediado la actuación de distintos agentes, entre ellos, el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo. Se generaría, por tanto, una dinámica difícil de controlar en la que Batasuna y ETA dejarían de recibir la presión política, policial, social y judicial, trasladándose la responsabilidad por la continuidad del "proceso de paz" a los partidos democráticos.

Insuficiente resultaría para el Estado la aparente interrupción de la campaña terrorista si ETA continuara existiendo, pues la banda y Batasuna se verían favorecidas para afianzar su poder y control de relevantes ámbitos sociales y políticos, planteando un desafío difícil de contrarrestar, como confirma la trayectoria del Sinn Fein y del IRA. A día de hoy, el IRA siguesiendo una organización activa que ha abandonado sus asesinatos sistemáticos, pero no sus actividades de financiación y recopilación de inteligencia que ahora, como reconocen las fuerzas de seguridad, utiliza para su estrategia política dirigida por el Sinn Fein. La hábil dialéctica de Gerry Adams, beneficiándose de una peligrosa indulgencia, es enormemente contraproducente para el Estado, pues es cierto que el Sinn Fein ha optado por las vías políticas, pero sin renunciar a la contribución de las actividades ilegales del IRA, que continúa al servicio del partido político garantizándole beneficios mediante la promesa de una desaparición de la banda que nunca llega, al ser dicho objetivo la fuente de concesiones hacia quienes supuestamente habrían de conseguirlo. Es decir, las vías políticas emprendidas no son en absoluto democráticas, al operar el partido político con el apoyo criminal, logístico y financiero de una organización ilegal, propiciando un escenario que seduce a ETA y a Batasuna. Es por ello por lo que la eficacia de la lucha antiterrorista debe evaluarse no sólo en función de la disminución de la violencia como consecuencia de razonamientos tácticos de la organización terrorista ante su debilidad y declive de su ciclo vital, sino teniendo en cuenta además la capacidad de coacción y control que su brazo político, y por tanto la propia banda, pueden llegar a ejercer sobre las instituciones políticas y la sociedad si reciben un respaldo y una legitimación tan innecesarios como perjudiciales para los intereses estatales.

Así lo pone de manifiesto la realidad social de un País Vasco en el que los mecanismos del terror son eficaces, como recuerdan los sucesos de Azkoitia. "El pueblo me apoya a mí, no a ella", explicaba acertadamente el asesino de Ramón Baglietto en referencia a la viuda de éste, definiendo con crueldad el bien y el mal en función de criterios numéricos. La hipocresía del alcalde nacionalista apoyando verbalmente a la víctima, pero respaldando con sus acciones al verdugo, revelaba los peligros que entraña intentar el final de ETA con un modelo antiterrorista que afiance en la sociedad vasca un estado de negación colectivo en el que los referentes morales y políticos queden totalmente revertidos, pues el poder conquistado mediante la violencia y la coacción suele ejercerse con los mismos medios. Precisamente porque ETA se diferencia de otros grupos como los GRAPO al poder disfrutar su brazo político de un significativo apoyo social en determinados contextos, como demostró la anterior tregua, el Estado no puede permitirse la más mínima legitimación de dicho entorno y de la narrativa del conflicto que intenta difundir. Como el modelo norirlandés expone, una sociedad no puede funcionar con el déficit democrático que se deriva de una impunidad política, jurídica y moral como la que se ha impuesto ante las reclamaciones del IRA a cambio del cese del terrorismo y que Batasuna y ETA también anhelan. Un rasgo diferencial agravaría para el caso vasco las consecuencias de esa impunidad, pues la violencia etarra no ha sido contrarrestada con terrorismo de reacción, habiendo respondido la sociedad civil con un pacifismo que sería totalmente despreciado. De ese modo determinados individuos encontrarían en el incumplimiento de la ley un estímulo para la trasgresión y el recurso a la violencia, pudiendo favorecer también la represalia violenta de algunos ciudadanos ante la injusta inmunidad de quienes han infringido las normas del Estado de derecho.

A veces se reivindica el estudio de las causas de fenómenos terroristas exógenos mientras se ignora la etiología del terrorismo etarra, o sea, el absolutismo ideológico de individuos fanáticos que persiguen la imposición violenta de un ideario nacionalista. Al ignorarse dichas causas, aceptando un modelo para el final del terrorismo que incluya concesiones como las descritas, puede impedirse la erradicación del mismo. ETA y Batasuna no son entes ajenos, sino instrumentos de un movimiento que pretenden los mismos fines. Tanto ETA como Batasuna ambicionan un poder que paradójicamente el Estado podría facilitarles al entender que una renuncia táctica a la violencia equivale realmente a una auténtica metamorfosis del movimiento terrorista y a su desaparición. Por todo ello, más eficaz resultaría la adopción de un modelo fundamentado en la necesidad de complementar el debilitamiento operativo de la organización terrorista con su absoluta y clara derrota política. Esto supondría que el proyecto nacionalista perseguido por ETA fuera inalcanzable, pero que el brazo político de la organización tampoco viera satisfechas determinadas aspiraciones políticas como trueque por una simple declaración de alto el fuego. En consecuencia, ante una hipotética tregua de ETA, su desarme y su disolución total representan exigencias realistas y prácticas que deberían satisfacerse y verificarse rigurosamente antes de considerar cualquier diálogo sobre los presos y otras cuestiones políticas como la vuelta a la legalidad de Batasuna, lo cual impediría que la organización terrorista coartase al resto de los actores. Este modelo incentivaría a Batasuna a exigir a ETA su verdadera desaparición y facilitaría la restauración del consenso entre los principales partidos democráticos.

(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos)
EL PAÍS, 1/3/2006

¿El final de ETA?

Ante una declaración de tregua por ETA, muchos defenderían concesiones que ahora se rechazan, pero que presentarían como necesarias para consolidarla y evitar más víctimas. Esto se ha reproducido en Irlanda del Norte, facilitando una contraproducente impunidad política, jurídica y moral que en absoluto ha acercado una verdadera paz.

LA propuesta de diálogo con ETA ha distanciado a los principales partidos en torno a una cuestión, la política antiterrorista, que precisamente reclama el mayor consenso posible para su eficacia. Esta grave situación exige un acercamiento que de no lograrse favorecerá sobre todo a una ETA debilitada. La división de las fuerzas democráticas fue el objetivo que también persiguió el IRA al verse presionado por eficaces medidas antiterroristas que le llevarían a interrumpir su campaña terrorista en 1994. Uno de los estrategas del IRA lo anunciaba en una carta a Gerry Adams en la que reconocía que la violencia mantenía unidos a sus enemigos, por lo que sugería detener el terrorismo y explotar el proceso posterior ante las dudas que surgirían sobre su gestión, provocando así la división de los partidos democráticos. Así lo ha hecho el Sinn Fein, negándose el IRA a desarmarse mientras incumplía sus promesas de disolución. Con unas intenciones muy similares, ETA y su entorno llevan meses creando expectativas sobre un alto el fuego, utilizando un lenguaje que seduce a muchos a pesar de la ausencia de pruebas que evidencien una auténtica voluntad de poner fin al terrorismo, comportamiento que podría acentuarse con una declaración de tregua.

Este peligro subyace bajo el diálogo con ETA sustentado en la hipótesis de que el grupo terrorista realmente desea desaparecer. Lo cierto es que objetivamente no hay evidencia alguna de que ésas sean las intenciones de los terroristas, como demuestran sus constantes intentos de asesinar que se han visto frustrados por los éxitos policiales. Plantear que la ausencia de víctimas mortales desde hace dos años confirma un cambio en el contexto vasco que justifica una actitud diferente hacia la banda con el objeto de facilitar su final equivale a confundir la realidad con los deseos. De ahí que la oferta de diálogo como consecuencia de las promesas enviadas por la organización terrorista al Gobierno añada confusión a la política antiterrorista, contribuyendo a la división de quienes a través del Pacto por las Libertades deberían actuar mediante un sólido consenso.

Cierto es que el diálogo se condiciona a que ETA manifieste «una clara voluntad para poner fin a la violencia» mediante «actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción». Esta fórmula establece límites que han favorecido un amplio respaldo a la proposición aprobada. No obstante, en una hipotética situación de tregua, la interpretación de cuáles deben ser las «actitudes inequívocas que puedan conducir a la convicción» de que ETA desea concluir su campaña es susceptible de crear una mayor división entre los partidos. Véase cómo ya hay amplios sectores que se declaran convencidos de que ETA desea abandonar el terrorismo a pesar de la inexistencia de pruebas que así lo demuestren mientras este grupo continúa con sus actividades de extorsión, intimidación y preparación de asesinatos.

Sin embargo la disminución de algunas de sus acciones, complementada con una retórica que promete paz y esperanza, sirven como eficaz instrumento de coacción al utilizarse la ansiedad colectiva por que el final de ETA llegue pronto como presión que obligaría a aceptar ciertos «sacrificios y riesgos por la paz». Por tanto, ante una declaración de tregua, muchos serían quienes defenderían concesiones que ahora se rechazan, pero que en esas circunstancias presentarían como necesarias para consolidar dicho alto el fuego con argumentos como el de que debe aprovecharse una oportunidad histórica con el fin de evitar más víctimas. Esta dinámica se ha reproducido en Irlanda del Norte, facilitando una contraproducente impunidad política, jurídica y moral que en absoluto ha acercado una verdadera paz.

Ante el fracaso de treinta años de violencia, el IRA ha sido la mejor baza de su máximo dirigente, Gerry Adams, para rehabilitar su imagen de presidente de un partido como el Sinn Fein, que hasta hace poco obtenía una insignificante representación electoral. Adams ha perpetuado deliberadamente la existencia del grupo terrorista mientras reforzaba su perfil político, presentándose como el hombre al que se debía alabar y fortalecer con concesiones para ser así capaz de convencer al IRA, de la necesidad de dejar la violencia. De ese modo se ha coaccionado a la sociedad prometiéndose la desaparición del IRA al tiempo que continuaba infringiendo la ley mediante la extorsión y otros métodos criminales auténticamente mafiosos, incluidos el asesinato. La amenaza que esta actitud supone ha colocado una gran presión sobre la sociedad y las víctimas del terrorismo, transformando el proceso de paz en un injusto instrumento de coacción. Así, el IRA ha logrado recuperar parcialmente por la vía política lo que perdió policialmente, precedente que podría trasladarse al ámbito vasco si se cometiesen errores de los que creíamos haber aprendido. A este respecto, defender la negociación con ETA recordando que anteriores gobiernos también la acometieron es el mejor argumento para descartar de nuevo su utilización, pues esas experiencias previas han demostrado la ineficacia de dichos diálogos.

En consecuencia, y en previsión de una hipotética tregua de ETA, su desarme y su disolución total constituyen exigencias realistas y prácticas que deberían satisfacerse y verificarse rigurosamente antes de considerar cualquier diálogo sobre los presos. Se impediría así que la organización terrorista coartase a otros actores políticos y sociales en un escenario de alto el fuego que en absoluto equivale a un contexto de paz habida cuenta de la continuidad de la intimidación que la existencia de ETA supone. Conceder beneficios a los presos a cambio de una mera declaración de tregua facilitaría al grupo terrorista la coacción durante el proceso político posterior, al ceder el Estado un valioso elemento de presión. No debe olvidarse que nuestro sistema democrático ya permite la reinserción condicionada a la renuncia a la violencia y al resarcimiento de las víctimas mediante la petición expresa de perdón, asumiendo la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos. Por lo tanto, la paz es posible respetando unos límites que impidan la impunidad y que demostrarían la voluntad inequívoca de poner fin a la violencia si realmente existiera, es decir, negando que el terrorismo extraiga «ventaja o rédito político alguno», tal y como exige el Pacto por las Libertades.

Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.

ABC, 24/5/2005

Víctimas de la 'paz'

Presentándose como el hombre a fortalecer con concesiones para que convenciese al IRA de dejar la violencia, Adams ha perpetuado al grupo terrorista reforzando su perfil político. Se ha coaccionado a la sociedad mientras el IRA continuaba con métodos criminales y mafiosos, incluido el asesinato. Esta actitud ha transformado el proceso de paz en un injusto instrumento de coacción.

 

Las últimas elecciones en el Reino Unido ofrecen interesantes lecciones en unos momentos en los que en nuestro país se insiste en emular el proceso de paz norirlandés. La fascinación por dicha región ha sido constante desde diversos sectores políticos tanto en Euskadi como en el resto de España. Sin embargo, la instrumentalización política de lo sucedido en Irlanda del Norte ha sido con frecuencia el planteamiento más común al buscarse el paralelismo entre ambos contextos. La evidencia de que el IRA decretó el alto el fuego a pesar de no haber conseguido ninguno de sus objetivos no ha sido considerada como una prioridad para muchos de quienes sin rigor han perseguido la comparación. Y es que si un grupo como el IRA fue capaz de abandonar su campaña terrorista en semejantes circunstancias, razonable, realista y práctico resulta exigir el mismo proceder de ETA.

El periodo transcurrido entre aquel cese de la violencia y los recientes comicios ofrece una perspectiva enormemente útil para evitar desde nuestro ámbito equivocaciones como las que en Irlanda del Norte se han cometido, como los resultados electorales constatan. Para entenderlo parece conveniente distinguir dos etapas en el llamado proceso de paz. Una primera comprendería hasta el alto el fuego y la firma del Acuerdo de Viernes Santo en 1998. Como se ha indicado, en ese estadio el IRA y su brazo político, Sinn Fein, aceptaron los términos que durante décadas rechazaron. Fue el abandono del maximalismo del movimiento terrorista ante la firmeza de otros actores el que inauguró ese periodo que daría paso a una segunda etapa en la que, a diferencia de la anterior, el partido liderado por Gerry Adams se beneficiaría de diversas concesiones. Éstas son probablemente la causa de que Irlanda del Norte sea hoy una sociedad profundamente polarizada en la que la tímida autonomía concedida en 1998 continúa suspendida desde octubre de 2002 y en la que el DUP, partido unionista liderado por el reverendo protestante Ian Paisley, es la formación más votada con nueve diputados, seguida de Sinn Fein, con cinco.

En contra de quienes deliberadamente han tergiversado el referente irlandés al identificarlo como un modelo de inclusión que debía por ello ser replicado desde Euskadi, es necesario enfatizar que el Acuerdo de Viernes Santo fue un documento que en absoluto negociaron todos los actores involucrados en el conflicto norirlandés. Tan histórico texto no recogía ninguna de las aspiraciones de Sinn Fein. Además el DUP de Paisley abandonó las conversaciones que precedieron a la firma de un Acuerdo cuyos contenidos diferían muy poco de la solución que durante décadas ya se había propuesto para la región. Así pues, lo verdaderamente importante era que el IRA, al estar Sinn Fein marginado política y socialmente, aceptaba por fin una fórmula que durante treinta años rechazó. Siete años después, Sinn Fein y el DUP, partidos que en aquellos días contaban con un apoyo minoritario en la comunidad nacionalista y unionista, representadas de forma mayoritaria entonces por el SDLP de John Hume y el UUP de David Trimble, respectivamente, les han superado electoralmente. ¿Por qué se ha producido tan drástico cambio?

La respuesta puede encontrarse en la gestión de esa segunda etapa del proceso por parte de los gobiernos británico e irlandés, pues su creencia de que la transición desde el terrorismo a la democracia debía ser apoyada se ha traducido en una impunidad e indulgencia hacia Sinn Fein que ha minado los fundamentos de la democracia impidiendo la normalización política. A finales del año pasado el primer ministro irlandés, Bertie Ahern, reconocía su error al afirmar en el Parlamento que con el objetivo de atraer a Sinn Fein al ámbito democrático había «ignorado todo tipo de cosas» en las que el IRA había estado implicado. Un similar reconocimiento de la equivocación que ello ha supuesto fue pronunciado por el premier británico Blair.

Sencillamente, ambos dirigentes han ignorado los principios de un sistema democrático aceptando el chantaje de Sinn Fein que tan eficazmente ha planteado Adams una y otra vez. Así lo hacía al pedir el voto a su partido asegurando que de ese modo se lograría la desaparición del IRA, alertando también de que el vacío político actual se llenaría con violencia si su formación no salía fortalecida de las elecciones. La misma intención perseguía su apelación al IRA el mes pasado para que considere abandonar la lucha armada. Ante el fracaso de treinta años de violencia, el IRA ha sido la mejor baza de la que ha dispuesto Adams para rehabilitar su imagen de presidente de un partido como Sinn Fein que hasta hace poco obtenía una insignificante representación electoral en el norte y el sur de Irlanda. Al presentarse como el hombre al que se debía alabar y fortalecer con concesiones para ser así capaz de convencer al IRA de la necesidad de dejar la violencia, Adams ha perpetuado deliberadamente la existencia del grupo terrorista mientras reforzaba su perfil político. De ese modo se ha coaccionado a la sociedad al prometerse la desaparición del IRA al tiempo que continuaba infringiendo la ley mediante la extorsión, el contrabando y otros métodos criminales auténticamente mafiosos, incluido el asesinato. La amenaza inherente a esta actitud ha colocado una gran presión sobre la sociedad y las víctimas del terrorismo del IRA, transformando el proceso de paz en un injusto instrumento de coacción.

Los contraproducentes efectos de esta política los ha sufrido directamente el que fue el principal partido nacionalista, el SDLP, al incurrir en contradicciones que el electorado no ha obviado. Por un lado el SDLP insiste en que no se puede tolerar que Sinn Fein, beneficiándose de la amenaza que representa la presencia del IRA, ejerza un veto sobre los avances políticos al continuar dicho grupo involucrado en actividades criminales mientras sigue además inextricablemente unido a un partido político. Sin embargo, cuando ante tan antidemocrática realidad los unionistas han reclamado la colaboración del SDLP para formar una coalición que excluyera a Sinn Fein del Gobierno de la región, los nacionalistas se han negado. Con ese incoherente comportamiento lanzaban al electorado un mensaje suicida: Sinn Fein puede condicionar la normalización política a pesar de incumplir las reglas del juego democrático.

Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos. 

EL DIARIO VASCO, 11/5/2005