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Foro El Salvador

Batasuna niega que prepare su legalización y acusa al PSOE de aplazar el diálogo

Batasuna negó ayer "rotundamente" que tenga diseñado un nuevo partido para volver a la legalidad y acusó al PSOE de rehuir el diálogo político por intereses electorales, acusación rechazada por el PSE, que instó a la izquierda abertzale a abandonar el "victimismo infantil" y a asumir las reglas de la democracia.


El dirigente de Batasuna Pernando Barrena negó hoy toda credibilidad a la información que publica el diario El Correo en el sentido de que Batasuna está retrasando su legalización por reticencias internas, a pesar de contar ya con unos estatutos para registrarse en el Ministerio del Interior bajo unas nuevas siglas.

Barrena, quien afirmó que esa información es una invención formada por "cuatro retales", aseguró que "los únicos estatutos que Batasuna tiene entre manos son los de Batasuna", organización que convocó una manifestación para el próximo 13 de agosto en San Sebastián para fomentar la implicación social en el proceso de paz.

Acusó, asimismo, al PSOE de poner cada día "nuevas condiciones" -como la exigencia de su legalización- para abordar un "diálogo resolutivo" y constituir la mesa de partidos, debido, a su juicio, a los cálculos electorales de los socialistas sobre el impacto que pueda tener la negociación en unos comicios.

El secretario general del PSE/EE de Guipúzcoa, Miguel Buen, aseguró que en la militancia de Batasuna hay gente "con suficiente capacidad como para entender" que el PSOE "ha dado muchos pasos" y que el Gobierno socialista "ha sido el que más decididamente se ha atrevido a mojarse" por la paz a pesar de las críticas o de los "hipotéticos costos electorales" del proceso.

El líder de los socialistas guipuzcoanos instó a Batasuna a abandonar el "victimismo infantil" sobre su situación de ilegalidad y a asumir las "reglas del juego democrático" para poder participar en una mesa de diálogo sobre normalización política.

Subrayó, en este sentido, que el partido socialista, tanto en público como en privado, ya ha dicho a Batasuna que "si quiere tener una representación legal y formal" en la "mesa de partidos" que debata el encaje del autogobierno vasco en España debe "cumplir las reglas del juego democrático" y acatar la legalidad, incluida la Ley de Partidos, que "no va a ser derogada".

Aclaró, asimismo, que la legalización de la izquierda abertzale no consiste sólo en "cubrir el expediente" de registrar una nueva "marca" con sus estatutos, sino que requiere asumir "de verdad" la legalidad y "repudiar el uso de la violencia" para la consecución de logros políticos.

El parlamentario del Partido Popular Carlos Urquijo anunció que solicitará al departamento vasco de Interior que prohíba la manifestación convocada por Batasuna bajo el lema "Euskal Herria. Autodeterminación", ya que considera que representa un "nuevo desafío al Estado de Derecho".

Urquijo aseguró que si el Gobierno Vasco "mira para otro lado" y autoriza la marcha -aunque esté convocada por un particular en posesión de todos sus derechos civiles y políticos-, el ejecutivo autonómico "se convertirá en cómplice de la burla que hace Batasuna" a su ilegalización.

Estrella Digital, 6 de agosto de 2006

Hacer irreversible el proceso político

Diversos representantes políticos saltaron ayer prestos a los medios de comunicación para mostrar su consternación ante lo que interpretan como una amenaza al logro del «final de la violencia». El motivo de la nube de polvo veraniega no fue otro que las apreciaciones del mahaikide Pernando Barrena en relación a la no irreversibilidad del proceso político que se abre paso en Euskal Herria.

Desde diversas instancias se trató de presentar sus manifestaciones como una amenaza, como la demostración fehaciente de la supuesta debilidad del compromiso de la izquierda abertzale con la búsqueda de una paz justa y duradera. Por descontado, esas reacciones exaltadas, que tratan de sembrar falsas dudas y alarma en la sociedad vasca, no se nutrieron de una sóla alusión a los múltiples episodios de amenaza al proceso protagonizados por los estados en los cerca de cinco meses transcurridos desde que se hiciera público el alto el fuego permanente por parte de ETA.

Si desgraciadamente algo se ha demostrado irreversible hasta la fecha es la voluntad de los estados de seguir empleando fórmulas de coacción con el ánimo de dificultar y de distorsionar las actuaciones que se llevan a cabo para la puesta en marcha de un diálogo inclusivo. No obstante, la realidad se muestra cruel con los repetidos intentos de envolver en nebulosas político-mediáticas lo que ante la sociedad vasca aparecen como pruebas clamorosas de lo que no se debe hacer si se busca una solución definitiva. Ayer mismo dos allegados del prisionero Imanol Miner, encarcelado a 900 kilómetros de su país, sufrieron un accidente de tráfico. La dispersión se mantiene, y los familiares salieron, un día más, a la calle, para reclamar los derechos de sus allegados y para denunciar en especial la arbitraria decisión de no excarcelar a presos que han cumplido la condena impuesta, como ha ocurrido con Aitor Lorente y David Pla. ¿No resulta preocupante que ésas y otras actuaciones violentas se hayan convertido en la foto-fija de este país en un momento de tanta relevancia? Ello, unido a la todavía hoy persistente situación de falta de respeto al ejercicio de la actividad política que se deriva de la Ley de Partidos o de los macrojuicios políticos, es el obstáculo más real y evidente que se vislumbra hoy por hoy cara a avanzar hacia un escenario de paz y democracia. Derribar esa amenaza es primordial. -

Editorial de Gara, 5 de agosto de 2006

El obispo de Vitoria asegura que “la paz a cualquier precio no es un bien deseable”

Monseñor Miguel Asurmendi, obispo de Vitoria señaló ayer que la esperanza del llamado “proceso de paz” se va haciendo “cada vez más débil” debido a las dificultades que van surgiendo. Además, ahondó en la moneda de cambio de la tregua y dijo que “la paz a cualquier precio no es deseable”

Para el obispo de Vitoria, desde hace ya cuatro meses "muchos" se preguntan "qué precio va a tener la paz", con el convencimiento de que "a cualquier precio, la paz no es un bien deseable " que se alcance. Monseñor Asurmendi realizó estas manifestaciones durante la misa en honor a la Virgen Blanca en la capital alavesa, que desde ayer celebra sus fiestas patronales.

Durante su homilía, el obispo vitoriano destacó que "la mayoría mantiene la esperanza en un final dialogado de la violencia terrorista", pero advirtió de que la "esperanza se va haciendo débil por las dificultades que están surgiendo día a día".

Asimismo, destacó que "hay víctimas de la violencia terrorista que piden respeto a su dignidad y a la justicia en sus causas" y que "han dado ejemplo valioso cuando anteponen el bien común de la paz a sus legítimas reivindicaciones".

Por el contrario, lamentó el hecho de que existan "grupos sociales que parecen anteponer sus intereses no siempre legítimos al deseado bien de la paz". En este sentido, estimó que nos encontramos "en un momento especial" para la responsabilidad colectiva "en pro de la paz", que requiere "fuertes dosis de prudencia y de audacia" y exige a "todos" a anteponer "el bien común”.

Análisis Digital, 6 de agosto de 2006

De la Vega afirma que el "proceso de paz" está en la fase de conversaciones y que no se informará hasta septiembre

Navarra "no es moneda de cambio de nada". Así respondió la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al líder abertzale Pernando Barrena sobre el proceso de paz. Mientras, José Bono consideró que "no hay que hacer caso de las valoraciones de los asesinos y de sus cómplices

El para algunos “mal llamado proceso de paz” se inició hace ya cuatro meses. Ya ha comenzado la fase de las conversaciones con la banda terrorista ETA aunque De la Vega precisó que hasta septiembre no se dará cuenta del estado de esas negociaciones. Fue su manera de responder a las advertencias que provienen estos días de una parte de la izquierda abertzale, en las que avisan de que el proceso no es irreversible.

"Quiero recordar que el presidente del Gobierno, a finales de junio, anunció el inicio de conversaciones con la banda terrorista y señaló que en septiembre se daría cuenta en el Parlamento a los grupos políticos del estado de esas
conversaciones".

La vicepresidenta aseguró que el Gobierno ha dicho también que "durante este tiempo el silencio y la prudencia deben acompañar el trabajo" y recalcó: "como he dicho estos días el Gobierno está trabajando por la paz". Por ello, insistió en que "no es el momento de hacer declaraciones y contradeclaraciones, sino del rigor, la responsabilidad y la prudencia y en septiembre daremos cuenta del estado de la situación de las negociaciones".

Respecto a la legalización de Batasuna, respondió que "es un proceso que significa que hay que adaptarse a la legalidad" y argumentó que "hay una Ley de Partidos Políticos a la que hay que ajustarse plenamente porque está en vigor y una jurisprudencia del Tribunal Constitucional a la que hay que adaptarse también".

En cuanto a la petición de Batasuna de que Navarra esté representada en la mesa de partidos, De la Vega precisó que la posición del Gobierno con esta CCAA "es muy clara: Navarra, ni ha estado, ni estará nunca en cuestión, ni en
duda". En este punto, quiso dejar claro que Navarra "no es moneda de cambio de nada". Por lo tanto, señaló, "no hay nada que discutir sobre Navarra, quiero que se quede muy claro porque, a veces, recurrentemente, se introduce un debate ficticio".

Por su parte, el ex ministro de Defensa, José Bono, consideró ayer que "no hay que hacer caso de las valoraciones de los asesinos y de sus cómplices" en lo referente al proceso de paz después del anuncio del alto al fuego de ETA hace cuatro meses.

Según informó Europa Press, en declaraciones a los periodistas en Torres (Jaén), Bono, que clausuró un curso sobre derecho humanitario y conflictos armados, advirtió de que "no hay que hacer caso de los asesinos ni de los expertos en secuestro" cuando dicen que el proceso de paz no es irreversible.

Análisis Digital, 5 de agosto de 2006

Entre mesas y legalizaciones

Entre mesas y legalizaciones

La jornada mediático-política de ayer estuvo marcada, al igual que la víspera, por una entrevista radiofónica matinal y las posteriores reacciones a la misma. En este caso, el primero en la parrilla de salida fue Pernando Barrena, portavoz de Batasuna. Habló de la mesa de diálogo, de legalización, de pacificación. No tardaron mucho en responderle representantes de otras formaciones.

En este momento, el principal debate político a través de los medios de comunicación reside en si se debe conformar una mesa de partidos para toda EuskalHerria, o una en la CAV y otra en Nafarroa, o sólo una que abarque Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, o también una específica en Ipar EuskalHerriaŠ

Batasuna insistió ayer en que una mesa en la que se sienten exclusivamente formaciones de la CAV, marginando al resto de la ciudadanía vasca, sería «un fraude» que no respaldaría «de ninguna manera».

«No por terquedad, sino por realismo político ­subrayó Pernando Barrena­. El realismo es que se pongan en marcha dinámicas que superen el conflicto y que no se repitan los errores de hace 25 años. Hay que poner en marcha una dinámica resolutiva en la que tomen parte todos los vascos. Cómo hacer eso lo tenemos que decidir entre todos los partidos, y Batasuna actuará con total flexibilidad».

La polémica se avivó el miércoles, cuando Joseba Egibar (PNV) consideró que abogar por una mesa para todo el país no es «realista». Incluso fue algo más lejos al indicar que, actualmente, sólo se podría poner en marcha un foro de estas características en la CAV.

Ayer, Mikel Arana (EB) aseguró que los representantes de Batasuna «saben perfectamente» que en el marco jurídico-político actual «no es factible la constitución de una única mesa que englobe a Euskadi y Navarra». Defendió por ello que «la alternativa más factible, efectiva y válida para alcanzar un acuerdo de cooperación y colaboración entre las dos comunidades» es la puesta en marcha de dos mesas, una en la CAV y otra en Nafarroa.

El portavoz de Presidencia de EB puntualizó que esto no significa «en ningún caso» que ambos foros trabajen «dándose la espalda», sino que pueden profundizar en asuntos comunes «desde el respeto a la voluntad, tanto del pueblo vasco como del pueblo navarro». Además, declaró que la posición de Batasuna «rearma los argumentos del PP y UPN, y genera un sentimiento de duda y malestar en una parte importante de la sociedad navarra».

Otro de los temas «calientes» de las últimas semanas es el de la situación jurídica de Batasuna, declarada ilegal por los tribunales españoles. Pernando Barrena señaló al respecto que no habrá «una solución verdadera y segura» hasta que no se derogue la Ley de Partidos, y se mostró convencido de que «el PSOE lo va a hacer», aunque «lo está retrasando sin fecha por miedos escénicos y cálculos electorales».

«Estan muy equivocados»

En respuesta, el secretario general del PSE de Gipuzkoa, Miguel Buen, aseveró que los portavoces independentistas «están muy equivocados si creen que se va a derogar la Ley de Partidos; pero es que, además, aunque se derogase, Batasuna no sería un partido legal automáticamente». En esta línea, precisó que «ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer para ser legal, que es cumplir las normas y las reglas de juego democrático».

Desde Aralar, Mikel Basabe apuntó que «si Batasuna no está en las siguientes elecciones, eso quiere decir que el proceso de normalización política va muy mal».

En cuanto el tema de la pacificación, Pernando Barrena subrayó la necesidad de superar el «déficit democrático» y abrir un escenario que ofrezca «la garantía de todos los derechos. Creo que sólo eso asegura que aquí nadie, ni ahora ni en el futuro, tomará ningún arma para defender los derechos», añadió.

En este sentido, denunció que «no se perciben demasiado los avances prácticos» después de que ETA declarara su alto el fuego. «Durante estos cuatro meses, desgraciadamente, la actitud del Gobierno español no ha cambiado nada. Continúan los macrosumarios, las operaciones policiales, medidas como la ilegalización o la dispersión de los presos, y creo que ésa no es, ni mucho menos, la receta para poder sacar adelante este proceso», explicó.

Miguel Buen observó en estas palabras «un paso atrás» y «una especie de reconocimiento a que el ejercicio de la violencia está vinculado a no sé qué déficit o decisión del pueblo vasco». Tachó este análisis de «error inmenso» y aseguró que «la democracia española es una democracia plena y ellos [Batasuna] lo saben perfectamente». -

Gara, 4 de agosto de 2006

La Iglesia y los símbolos de la democracia

La Iglesia y los símbolos de la democracia

El oráculo del desgobierno, el diario El País, ha anunciado, con grandes alardes tipográficos, que en la nueva ley de memoria histórica el gobierno va a pedir a la Iglesia la eliminación de los símbolos franquistas en los templos y lugres de culto. Una vez más, los socialistas radicalizados quieren arrojar a la cara de la Iglesia una historia manipulada y manipuladora.

El mensaje subyacente es claro: la identificación entre Iglesia y franquismo es una de las claves de nuestro reciente pasado. El franquismo supuso la ruptura con una tradición de progreso y democracia, un proyecto de modernización, de talante público –la II República– y la Iglesia es hoy la única institución vigente que legitima y permanece en la obstinación de la ruptura del progreso. Al fin y al cabo, nada nuevo bajo el sol. Lo que el gobierno, incitado y excitado por sus socios radicales, está haciendo no es recuperar la memoria, sino recuperar los odios fraticidas.

Mientras la modernidad tuvo una obsesión permanente, manipular la historia, la postmodernidad se ha entregado a la manipulación de la naturaleza. Vivimos en el primer período de la humanidad en el que el poder político incide, decisivamente, en la naturaleza, interviene en ella, actúa sobre ella, la manipulada a ciencia y a conciencia. La característica definitoria del gobierno de Rodríguez Zapatero es no sólo que está en la más desacreditada modernidad –obsesión por la historia– sino que se ha entregada a la más despreciable postmodernidad –destrucción de la naturaleza dada– en su afán por estar a la cabeza del progreso de la transformación radical y redefinición de lo humano –legislación sobre el matrimonio, la familia, la vida–.

Durante los primeros años del siglo XX, el laicismo operante actuaba en un frente, a lo sumo en dos. Hoy los ataques disolventes de lo humano y de lo cristiano se perciben desde una estrategia global, en varios frentes y de muy variadas formas, modos y estilos. Estamos asistiendo a una agresiva sustitución moral frente a una adormecida conciencia social. La pretensión sistemática de remover el pasado, la nocturnidad y alevosía estival de confundir a la opinión pública con leyes de memoria, es una maniobra política para que olvidemos los verdaderos problemas.

La política sobre la historia del gobierno respecto a la Iglesia se basa en una serie de lapsus imperdonables. Olvidan a los mártires de la persecución religiosa, la destrucción de Iglesia y conventos, la saña anticlerical y antieclesial, la ideología marxista subyacente en el proyecto de no pocos de los que tuvieron en sus manos el gobierno de la II República. Pero también olvidan –y eso es lo más importante– el papel de la Iglesia en la consolidación y desarrollo de la reciente democracia. Por más que se empeñen los socialistas radicales, la Iglesia hoy no tiene más símbolos que los del Evangelio, que es constructor de humanidad, de bien común, de democracia. Mientras el gobierno socialista se empeña en recuperar los símbolos laicistas, y en hacerlos visibles, la Iglesia campea por el respeto y la comprensión de y con la historia.

No se puede reivindicar la II República y la memoria de las víctimas de un bando en la Guerra civil sin tener en cuenta que llevamos treinta años de democracia y que ha existido una Transición que aceptó una serie de convenciones y convicciones sobre cuál sería el papel de la historia reciente en la construcción de la sociedad civil. El arzobispo de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, ha recordado en una reciente entrevista que "la influencia que el cardenal Tarancón y los obispos que trabajaban con él para orientar la vida de la Iglesia y sobre todo, las actitudes sociales de los católicos según las enseñanzas del Concilio Vaticano II, fueron decisivas para que grandes sectores de los católicos españoles aceptaran la democracia, aceptaran la renuncia de una manera habitual de ver las cosas e hicieran el esfuerzo generoso de acomodarse a unos esquemas nuevos de vida y a un estilo, nuevo también, de presencia y de acción de la Iglesia en la sociedad y en la vida pública. La Iglesia española, por fidelidad a sí misma y por servicio al bien de España, renunció a su estatuto jurídico, presuntamente de privilegio (porque también tenía muchas servidumbres) y entró muy decidida y sinceramente en el nuevo estatuto de Iglesia libre en un Estado libre, contando exclusivamente con el ámbito de las libertades civiles para ejercer su propia misión, sin ningún especial apoyo o privilegio, acomodándose a los espacios de libertad de una sociedad democrática para desarrollar su vida y anunciar el Evangelio".

Palabras que bien pudieran alentar una ley de agradecimiento histórico a la Iglesia y de memoria de quien ha contribuido, decisivamente, a la democracia.

Por José Francisco Serrano Oceja

Libertad Digital, suplemento Iglesia, 27 de julio de 2006

Realismo

Sólo puede calificarse de sorprendente y sospechoso que quienes más énfasis están poniendo en las dificultades para constituir, como punto de partida del debate democrático, un foro sin exclusiones territoriales sean portavoces que dicen defender a Euskal Herria como una nación con derechos de sujeto político. Estos últimos días el jelkide Joseba Egibar y, otra vez a la vera del socio mayoritario de Lakua, el portavoz de la Presidencia de Ezker Batua, Mikel Arana, han asumido para sí la labor de minar el esfuerzo de alcanzar un lugar de encuentro que esté abierto a todos los territorios y a todas las sensibilidades políticas. Lo lógico sería que, en su caso, fuesen aquellas fuerzas que han negado de forma expresa el reconocimiento de los derechos del pueblo vasco las que asumieran el discurso de las múltiples mesas o de una única mesa para la CAV. Esta suerte de quintacolumnismo voluntario que ejercen representantes políticos como los citados Egibar y Arana sólo sirve para que aquéllos que no quieren salir de las trincheras del constitucionalismo francés y español sientan aún menos necesidad de abandonar sus posiciones.

Es evidente que poner en marcha ese foro resultará difícil. No hace falta que nadie con dotes contemplativas lo diga, y mucho menos que, con sus declaraciones, acreciente los problemas.

Más cuestionable es que la apuesta por una mesa de toda Euskal Herria sea menos realista que las fórmulas que se le contraponen. Salvo que la acepción de «realismo» no sea otra cosa que la de dar por buena la realidad hoy impuesta por los estados español y francés. Efectivamente, en ese caso, lo único posible y, por tanto, realista consiste en mantener lo ya establecido y aspirar, como mucho, a una reforma estatutaria bien cepillada y pulida.

Sin embargo, si se trata de superar el conflicto político, nada más lejos del realismo que aquellas operaciones que pretender dejar en el tintero uno de los elementos centrales de dicho conflicto: la territorialidad y, por consiguiente, el derecho de decisión de todos los vascos.

La creación de una mesa en la CAV, como ha dicho Egibar, para alcanzar un nuevo estatuto, como ha anunciado Imaz, está alejada de todo realismo en lo que se refiere a la solución del conflicto. Ha quedado demostrado empíricamente durante estos casi 30 años. -

Iñaki Altuna

Gara, 4 de agosto de 2006

La estrategia de Hizboláh; combatientes y civiles

La estrategia de Hizboláh; combatientes y civiles

La distinción entre combatientes y no-combatientes parece saltar por los aires cuando las milicias chiíes disparan sobre los israelíes desde hospitales, mezquitas y escuelas; aquellos sitios que precisamente el Derecho de Guerra trataba de salvaguardar a toda costa. Cuando uno de los dos bandos busca que la figura del que lucha se confunda con la del que no lucha, cualquier convención parece quedar en papel mojado, y el Derecho de Guerra se convierte en instrumento contra el propio Derecho de Guerra.

Acerca de combatientes y no-combatientes

En el siglo pasado, el Derecho de Guerra primero, y el Derecho Internacional Humanitario después, se basaron en la distinción entre combatiente y no-combatiente, y crearon unos protocolos de comportamiento para tiempo de guerra; hoy expertos analistas e indignados columnistas apelan a ella para estudiar unos y denunciar otros, las operaciones israelíes en Gaza y Líbano. Pero una vez más, la falta de rigor y la obsesión ideológica convierten cualquier debate en estéril o imposible, y las nociones de combatiente y no-combatiente adquieren el carácter que más interesa al tertuliano de turno o al analista de salón.

A partir de 1889, las convenciones de La Haya y Ginebra fueron un intento de dar contenido a ambas expresiones. El derecho de guerra, heredero de años de brutales confrontaciones entre europeos, señala la distinción entre combatientes y no-combatientes, así como los derechos y obligaciones de ambos. Los Estados, susceptibles de chocar militarmente, fijaban unas reglas para hacer la guerra más humana. Pero más allá de lo plasmado en las distintas convenciones, puede subrayarse cómo la distinción combatiente-no combatiente es más primaria que todo eso, y responde a la pregunta por la naturaleza misma de la guerra.

Puesto que la guerra es duelo, choque violento entre dos voluntades enfrentadas, la primera pregunta debe ser acerca de quién se enfrenta, de quién es sujeto de guerra; no todo el mundo lo hace, por múltiples razones, desde religiosas hasta físicas, y ello exige distinguir entre quienes participan en las hostilidades y los que no. Aún en el caso de la guerra total, distinguir contra quien se lucha, sean unidades militares, milicias populares o caballeros en campo abierto, parece la pregunta inicial, necesidad ontológica antes que estratégica. A la pregunta ¿quién es el enemigo?, eminentemente política, sigue la pregunta acerca de quién lo representa en el campo de batalla, contra quién es necesario combatir y luchar, contra quien organizar la estrategia y la táctica.

El combatiente combate y es combatido. Pero, recuerdo de lo evidente en la época de la histeria pacifista, el no-combatiente es digno de respeto y cuidado en cuanto no participa en las hostilidades. El Derecho de Guerra y el Derecho Internacional –tan reivindicado por quienes parecen no haber leído una sola línea de él- muestran tanto los derechos como las obligaciones de los combatientes, los no-combatientes y los neutrales. Cualquier derecho u obligación que les asista depende primariamente de su adscripción real y concreta a cualquiera de estos grupos. En consecuencia, no comportarse como un no-combatiente o como un no-neutral trae consigo dejar de ser tratado como tal, y perder los derechos y deberes.

En la era de la guerra sucia, parece pertinente recordar el fundamento de cualquier derecho de guerra: es obligación del no-combatiente no participar en la lucha. Desde el momento en que participa en ella pasa a ser combatiente, independientemente de la forma o de la táctica que emplee, de que vista de uniforme, de que luche de manera emboscada o abierta. Deja de gozar de la protección de los no-combatientes, será combatido por el enemigo. De igual forma, el combatiente que por diversas razones deja de serlo, deja de ser objetivo, como reconocerán las Convenciones de Ginebra y La Haya; no son objetivo militar ni el personal civil, ni el sanitario o religioso ni los heridos o prisioneros. Éstos últimos porque ya no combaten. La distinción entre combatientes y no-combatientes no depende, en última instancia, ni del uniforme ni de la actividad política, sino del hecho primario y radical de participar en la lucha.

Consideraciones evidentes, que deben constituir el punto de partida. Después vendrán las consideraciones jurídico-legales; si el que combate lo hace en nombre de una nación a la que representa, entonces es sujeto de unos derechos y deberes fruto del reconocimiento mutuo entre unidades políticas; el soldado representa a la nación, es un enemigo público y por tanto es posible combatirle sin odiarle. Si lo hace en nombre propio y movido por intereses privados, será considerado un bandido o un criminal, y será tratado como tal; ninguna consideración propia del legítimo combatiente espera al terrorista y al criminal, que será juzgado o ajusticiado según costumbre de la comunidad que lo apresa.

Acerca de civiles y militares

Por el contrario, la distinción entre civil y militar es institucional y sociológica; diferencia a aquellos que integran las fuerzas armadas del resto de la población. Con la institucionalización de la guerra como realidad política y su asunción por parte del Estado, aquellos que estaban llamados a realizarla pasaron a ser militares. Por eso, en sentido estricto, militar es aquel que integra el Ejército, y por oposición a él, el civil es aquel que permanece al margen de las Fuerzas Armadas.

Físicamente, tal distinción queda plasmada en el uso del uniforme. éste, además de proporcionar cierta cohesión, jerarquía y distinción en el campo de batalla entre el amigo y el enemigo, tiene una función política excepcional; define quién tiene derecho al ejercicio de la violencia en nombre de la comunidad y quien no. El uniforme es así la plasmación política de la figura del combatiente legítimo, representante de la colectividad cuando las disputas dejan de ser diplomáticas para convertirse en bélicas.

La utilización del uniforme no sólo señala a quien es sujeto y objeto de la guerra, sino que, además, señala quien no lo es. Desde el momento en que la comunidad señala quiénes de los suyos combaten señala a las claras quiénes no combaten. Presenta a los militares, y al hacerlo descarta a los civiles. El militar pasa a ser el combatiente, y el civil el no-combatiente. A partir de este momento, cobran sentido las leyes de la guerra, las convenciones de Ginebra, el Derecho internacional humanitario. Sólo señalando bien a las claras quién combate con pleno derecho se puede señalar quien debe, también por derecho, quedar fuera de la violencia.

En este sentido, el Derecho de Guerra señala los límites de la violencia; la figura del combatiente legítimo limita la violencia, temporalmente en la medida en que cesa cuando el combatiente, por derrota o rendición, deja de ser combatiente; espacialmente porque en la medida en que la lucha se desarrolla allí donde los militares se presentan batalla, el resto queda al margen de las hostilidades.

Ahora bien, si esto es así, la distinción entre combatientes y no-combatientes y la distinción entre civiles y militares derivan una de otra, pero proceden de dos órdenes distintos. El primero se deriva de la naturaleza de la guerra; el segundo de la institucionalización social. Razón por la cual, la identificación entre combatiente y militar no es necesaria; y lo que es más interesante, tampoco la identificación entre no-combatiente y civil. El siglo XX muestra que se puede combatir sin ser militar y ser militar sin combatir.

Hizboláh; combatientes y civiles

Finales de julio de 2006; las televisiones españolas muestran las imágenes captadas por una aeronave israelí que sobrevuela el sur del Líbano. En la pantalla, una docena de milicianos de Hizboláh combaten entre callejuelas contra el Ejército israelí. El espectador contiene el aliento; parece una película, pero están muriendo seres humanos de verdad. En un momento dado se ven forzados a retirarse, en un desordenado repliegue. Por fin llegan a sus vehículos, en los que se montan antes de que acabe la grabación.

El espectador acostumbrado a las soflamas antiisraelíes del presentador y del redactor puede no haber prestado atención a las furgonetas de los milicianos. Si lo hubiera hecho, hubiera observado las rayas oscuras sobre fondo blanco, los dos círculos brillantes en la parte delantera del techo y los dos menores en la trasera. Ambos transportes son iguales, sospechosamente iguales y uniformes. Entonces el atento espectador da un respingo en el sillón; las furgonetas en las que se meten los milicianos de Hizboláh son ambulancias.

Organizaciones no gubernamentales, periodistas, políticos árabes se escandalizan cuando las noticias hablan de voladuras de ambulancias o camiones cargados de alimentos en la carretera a Damasco. Denuncian la extensión de los bombardeos a la población civil, a los no-combatientes. Pero sobre el terreno la cosa no parece tan clara; ¿qué ambulancia transporta a un niño herido y qué ambulancia contiene un comando de Hizboláh fuertemente armado?¿qué espacio formalmente civil es, en realidad, un centro de combatientes pro-iraníes?

Lo que está poniendo de manifiesto la guerra en Oriente Medio es que el Ejército israelí tiene en frente a unas milicias de Hizbolah que han hecho saltar definitivamente por los aires la diferencia tradicional, a la que aún se acoge Occidente como último recurso de humanidad, entre combatientes y civiles. Hizbolah en Líbano, Hamas en Gaza o al-Qaeda en Iraq tienen en común la condición de sus miembros; todos ellos son, voluntaria y declaradamente, tanto civiles como combatientes, y su estrategia consiste, de hecho, en fusionar los dos mundos.

La novedad estratégica parece consistir no sólo en convertir al combatiente en civil, sino en convertir al civil en combatiente activo. La teoría clásica de la guerra irregular había bordeado tales límites; la guerra popular de Mao Tse Tung partía de la idea del apoyo activo del pueblo, escondiendo, avituallando, informando. Después, el analfabetismo estratégico y la atracción por la violencia brutal de Ernesto Guervara dieron lugar a la aberración del “foquismo”; la provocación revolucionaria de la máxima represión posible contra la población civil, en la creencia de que ésta se convertiría en combatiente. La estrategia revolucionaria buscaba convertir a los civiles en combatientes activos contra el Estado.

Pero algo diferente parece abrirse paso en la era de las ONGs, de la CNN y de las comisiones de derechos humanos. Los grupos terroristas islamistas, como revolucionarios, utilizan a la población civil; como observadores de la historia de las democracias occidentales, lanzan a los civiles a la guerra, pero con una novedad; lo hacen de forma pasiva, como instrumento estratégico y político contra Occidente, contra Estados Unidos o Israel.

A estas alturas, más allá de la desinformación que aqueja a los medios de comunicación europeos, más prestos a reportajes sentimentales y emotivos que a informaciones objetivas sobre el terreno, parece evidente que las milicias de Hizboláh utilizan ambulancias para moverse por las calles; sitúan sus almacenes y arsenales en mezquitas y hospitales; lanzan sus mísiles desde los patios de las escuelas. Sitúan sus cuarteles generales en las zonas más densamente pobladas de las ciudades. Características todas atribuibles también a Hamas o a los grupos terroristas en Iraq; la detención de los secuestradores de la cooperante italiana Sgrena destacaron “la frialdad y complicidad de los familiares con las actividades de los detenidos” (ABC, 23-07-2006), que preparaban armas y operaciones en una casa repleta de niños jugando.

El mismo día, Estados Unidos entrega a Israel más bombas guiadas con precisión quirúrgica, en busca de evitar lo que los milicianos pro-iraníes tratan de buscar. Como su pequeña aportación estratégica, Hizboláh funde el espacio del combatiente con el del no-combatiente, ante la boca cerrada de la comunidad internacional, que invoca un Derecho de Guerra despreciado por las huestes de Nasralá.

El tradicional Derecho de Guerra parte de la convicción de que las partes enfrentadas buscan expresamente alejar la violencia de la población civil; sin embargo, en la era de las guerras sucias, grupos por todo el mundo buscan precisamente lo contrario; Sadam lo hizo; aunque no pudo esconder a sus militares entre los civiles, su búsqueda de escudos humanos llevó a lo más burgués de la izquierda europea a haraganear por Bagdad en busca de protagonismo. En Líbano hoy, la población civil ya no es el espacio que salvaguardar de las bombas; se ha convertido en el campo de batalla desde el que Hizboláh lanza sus ataques y espera atrincherado al Ejército israelí.

El uso pasivo de civiles; estrategia y política

Razones estratégicas y políticas parecen explicar este retroceso a épocas de barbarie, retroceso practicado por terroristas y milicianos por todo el mundo. Utilizar pasivamente a la población civil pudiera ser la única forma de hacerlo cuando ésta se cansa del mesianismo de Hizboláh, y al tiempo proporciona varias ventajas estratégico-políticas.

En primer lugar, dificultan que Israel tome la decisión de atacar. Los guardianes de la virtud en Europa presuponen un gusto israelí por la muerte de inocentes; lo cierto es que encaminar la acción expresamente hacia la muerte de civiles es una prerrogativa exclusiva de Hizboláh y Hamas. Quienes identifican ambas partes del conflicto olvidan lo fundamental; la intención es parte imprescindible de la acción humana, y sólo Hizboláh y Hamas tienen la intención confesa y confesada de matar a quienes ni visten uniforme ni combaten en las hostilidades. Que las bombas israelíes matan inocentes es incontestable; que sólo los grupos terroristas lo hacen intencionadamente, también.

Entrelazando las estructuras de mando y ataque con la vida civil en Líbano, Hizboláh establece una primera dificultad a Israel; la de tomar la decisión de un ataque que costará vidas humanas. Tales escrúpulos occidentales, en Beirut o Bagdad, proporcionan una ventaja estratégica a los emboscados; en una primera fase los golpes quedan impunes, los soldados secuestrados se esconden entre mujeres y niños y los misiles surgen de corrales y sótanos libaneses con la certeza de que la respuesta no será ni inmediata ni definitiva.

En segundo lugar, las operaciones militares contra las barriadas y los campos de refugiados repletos de familias chiíes se convierten automáticamente en operaciones limitadas en sus objetivos y arriesgadas en su ejecución. Escondidos en los sótanos y las plantas bajas de los pueblos del sur del Líbano, disparando bajo los dormitorios de niños inocentes, los terroristas buscan protección ante las tropas israelíes. La infantería israelí operará buscando evitar el daño a inocentes; cualquier tanquista se lo pensará dos veces antes de disparar sobre una vivienda ocupada por civiles tanto como por milicianos armados. En Gaza o en Líbano, los no-combatientes son la trinchera más efectiva para Hamás y Hizboláh.

Estrategia que rompe con las pretensiones israelíes y occidentales; ¿acaso humanizar la guerra no ha significado tratar de alejarla de la población civil? La potencia de fuego israelí queda inutilizada cuando de lo que se trata es de distinguir al adolescente palestino del terrorista que porta un cinturón bomba bajo sus ropas. La respuesta de Hizboláh y Hamás a tal dilema parece evidente; pocos escrúpulos tienen los terroristas ante la duda. Pero Israel ni puede ni quiere actuar de manera semejante, no sin renunciar a su espíritu democrático ni a su prestigio internacional. Entre la necesidad de acabar con la infraestructura de Hizboláh, que parasita la vida civil libanesa, y el imperativo supremo de no dañar inocentes, cualquier actuación israelí satisface a muy pocos. Indudable ventaja estratégica de Hizboláh construida sobre la sangre de los suyos.

En tercer lugar, la trinchera humana no sólo proporciona un beneficio defensivo; es un arma política de primer nivel. Israel lleva cincuenta años en guerra; parece difícil doblegar a sus ciudadanos, aunque no imposible; las bombas en los cafés de Tel Aviv aún proporcionan ciertos éxitos para los terroristas. Pero más allá de eso, Hizboláh, Irán y Hamas se hacen la pregunta adecuada; ¿cuántos inocentes muertos forzarán a Europa y Estados Unidos a enfrentarse a Israel?; ¿con cuantos amenazar para tener manos libres en la carrera hacia la Bomba?¿cuántos libaneses muertos soportarán los telediarios en Israel, Alemania o Estados Unidos? Hizboláh es consciente de que los muertos libaneses son misiles dirigidos contra las mentes occidentales.

Fanáticos o iluminados, los terroristas del mundo hacen un análisis certero; Occidente es un tigre de papel. Europa se escandaliza virginalmente cuando la sangre salpica las pantallas de los televisores, y se llena la boca con la palabra “paz”, sin querer siquiera saber qué significado tiene. A su lado, Israel es el vecino molesto que recuerda que la política tiene una cara oscura llamada guerra, que la existencia de un Estado no es un derecho adquirido sin esfuerzo y que la democracia no trae, necesariamente la paz. Demasiado para una Europa que se alzó al grito de “¡No a la guerra!” en socorro de Sadam, con la convicción de que era mejor dejar matar disimuladamente al sátrapa de Bagdad antes que abrir el futuro de los iraquíes aún para matarse ante nuestros televisores.

Dos son los dogmas que se extienden por Europa; nada resulta valioso, y nada merece ser defendido. Sólo un mandamiento parecen entender los europeos; no al esfuerzo, no a la lucha, no al sufrimiento. Israel comete el crimen supremo de negar ambos dogmas; defiende su país con uñas y dientes, y acepta el esfuerzo de mantener su propia existencia cada día del año. Frente a ellos los palestinos también recuerdan una tensión que parece eterna. Tensión constante, existencia militarizada que la Europa del pacifismo y del hedonismo parece incapaz de comprender, y que se le hace insoportable.

Hizboláh y Hamas son demasiado conscientes de ello; los muertos israelíes hacen tanto daño a Israel como los muertos palestinos. Perversión histórica, los inocentes muertos en los combates, sean del bando que sean, se contabilizan en el marcador de Israel. Dando la vuelta al arte de la guerra, la muerte de los propios es un objetivo más apetecible que la muerte del enemigo. Las guerras hoy no se ganan en el campo de batalla, sino en la opinión pública occidental, y para eso hacen falta civiles muertos que endosar a Israel; una vez más, cuanto peor, mejor. Pero, a la sombra del arma nuclear iraní, ocupado en evitar su definitiva aniquilación, Israel obvia los editoriales, los titulares y las manifestaciones encabezadas por Pedro Zerolo. Y este es el mayor crimen que Israel podría cometer ante los profetas del nuevo milenio, los del pensamiento único.

¿Entierro del espíritu de Ginebra?

Hoy, sesudos analistas especulan sobre los objetivos de los israelíes en el Líbano. Los titulares se llenan de referencias a la población civil, a los combatientes, a los no-combatientes, en una espiral de inexactitudes y abstracciones que se acercan cada vez más al moralismo irreal. Se relacionan vertiginosamente Guantánamo, Líbano, los vuelos de la CIA, el precio del petróleo. Todo ello aderezado con la reivindicación constante del Derecho de Guerra.

Las Convenciones de Ginebra y La Haya fueron fruto de la convicción común de que era necesario alejar la guerra de la población civil. Reconociendo la hostilidad como parte de la política, las naciones reconocieron una necesidad común a todas ellas, superior a cualquier litigio que llevara al conflicto. Hoy, en el siglo inaugurado por el 11S, Occidente es heredero de un derecho de guerra al que no puede ni quiere renunciar y aplica unas categorías jurídicas y legales a quienes nada quieren saber de él.

La distinción entre combatientes y no-combatientes parece saltar por los aires cuando las milicias chiíes disparan sobre los israelíes desde hospitales, mezquitas y escuelas; aquellos sitios que precisamente el Derecho de Guerra trataba de salvaguardar a toda costa. Cuando uno de los dos bandos busca que la figura del que lucha se confunda con la del que no lucha, cualquier convención parece quedar en papel mojado, y el Derecho de Guerra se convierte en instrumento contra el propio Derecho de Guerra.

El papel del civil se desdibuja definitivamente cuando el padre de familia chií observa impasible cómo desde la planta baja de su casa los milicianos de Hizboláh lanzan sus misiles contra las tropas israelíes. Se rompe cuando el bunker de Nasralá se construye en un populoso barrio de Beirut, junto a la mezquita o al hospital, fundiendo combatientes y no-combatientes en un mismo espacio. La figura del civil tiene sentido cuando existe un combatiente legítimo que proyecta pero también atrae sobre sí la violencia del enemigo, alejándola de los demás. Aquí ocurre exactamente al revés.

Las clásicas leyes de la guerra, a las que pese a todo aún se acogen Israel en Líbano o Estados Unidos y Reino Unido en Iraq, sólo tienen sentido en la medida en que ambas partes tengan la finalidad común de salvaguardar a la población civil de los desastres de la guerra. Cuando una de las partes busca expresamente lo contrario, convertir la población civil en el campo de batalla desde el que vencer y desmoralizar a la otra parte, convierte al Derecho de guerra en arma de quienes no lo reconocen contra quienes sí lo hacen. Así, sólo parece cuestión de tiempo que las leyes que tanto tiempo costó edificar para humanizar la guerra salten por los aires. Hoy comprobamos que sólo el ideal universalista de Occidente impide que miles de personas, tras las que se atrinchera Hizboláh, reciban el mismo trato que éstos ofrecen a sus enemigos; pero también hoy observamos que ello comienza a resquebrajarse.

GEES

Apuntes nº 35 | 31 de Julio de 2006