La divisoria de los procesos de paz
El atentado de fin de año en el aeropuerto de Barajas tiene una virtualidad: aclara, de forma momentánea, el paisaje político, con todos sus matices. Y nos muestra dificultades reales. Estas no se refieren tanto a un largo periodo histórico con la actuación político-militar de ETA, como a la pretensión de ETA de convertir cualquier proceso político, entre otras cosas, en una forma de dilatación del uso de la lucha armada. Dos procesos políticos quebrados por ETA, el de Argel en el 89 y el de Lizarra-Garazi en el 99, dan fe de ello.
Es verdad que Batasuna se mantenía en un pesimismo vocinglero en lo que respectaba su interpretación del proceso de paz. Es verdad también que Batasuna se atribuye en numerosas ocasiones la exclusiva de interpretación de ese proceso (recordemos las palabras de Otegi: “quien dice que el proceso anda bien, miente”). También es verdad que recientes encuestas reflejaban una sociedad vasca escéptica respecto al logro de la paz y que preveía la posibilidad de que ETA reanudase la lucha armada.
El atentado, sin embargo, ha servido para trastornar el mapa político. La implicación del gobierno español y del PSOE en el denominado proceso hace que el efecto de la acción de ETA afecte directamente a la política española y su juego de poder. ¿Cómo es posible que el gobierno español haya podido caer en tal imprevisión? Esa es la pregunta que se hacen hoy en día muchos ciudadanos.
¿Cómo es posible que pese al atentado, la destrucción y las muertes de Palate y Estacio ETA y Batasuna sigan afirmando que el “proceso” (y la tregua) no se ha roto?
¿A que se debe, asimismo, la actitud contradictoria del nacionalismo vasco?
Estas tres preguntas recogen a tres sujetos políticos diferenciados en sus diversas responsabilidades respecto a lo que se denomina el proceso de paz. Y para responderlas deberemos comenzar por la propia idea de “proceso de paz”.
El problema del proceso de paz es que no hay un proceso de paz: hay varios procesos de paz, tantos como sujetos políticos con objetivos diferentes existen en el escenario político vasco y también en el español.
Cada uno de los sujetos políticos enunciados dispone de una estrategia y de unos medios diferentes.
El PSOE y el gobierno español han jugado la carta propagandista: la posibilidad de influir y controlar medios afines les brindaba la oportunidad de plantea su perspectiva del proceso como si fuese la real de cara a ese ente denominado “opinión pública”. La perspectiva del PSOE era la de plantear una negociación entre ETA y gobierno y solventar la cuestión política pendiente de la mesa de los partidos con una reforma estatutaria, tal como proclamaba últimamente Ramón Jáuregui. Mientras tanto quedaba abierta la posibilidad de que Batasuna pudiese presentarse a las próximas elecciones municipales y de un cambio de la política penitenciaria respecto a los presos de ETA.
Por parte del PNV y del Gobierno Vasco ha habido actitudes contradictorias: Imaz ha denunciado el engaño de la izquierda radical de plantear en la víspera la defunción del proceso de paz y su resurrección explícita con motivo al atentado de Barajas; pero hay otras opciones, dentro del PNV y en la propia dirección de EA, que preconizan un acuerdo político previo con Batasuna para, más tarde, negociarlo globalmente con el estado. Sectores que, en muchos casos, quieren hacer como si el atentado de Barajas no hubiera ocurrido y el “proceso” no estuviera roto.
La efectividad de la lucha armada
Tras más de treinta años de ejercicio por parte de ETA de la lucha armada, no dejamos de escuchar, por parte de algunos corifeos políticos, la repetida alusión a la sinrazón y la impotencia frente a los actos terroristas. Este atentado, al contrario, muestra a las claras la capacidad de los actos terroristas para condicionar el tablero político de forma inesperada y sorpresiva. Desde la perspectiva marxista, que es la que rige a la organización, es evidente su capacidad para crear contradicciones.
El análisis político debería centrarse en los beneficios que ETA y el conjunto de la izquierda radical vasca pensaban conseguir mediante este atentado. Y no debemos olvidar una ley histórica, probada en las anteriores treguas y sus rupturas respectivas: una de las cartas más importantes de ETA es la de poder romper cualquier proceso en el momento en que lo considere –y en contra de las cábalas y reflexiones del estamento político- dejando claro que ella es la que marca los ritmos y las pautas de tal proceso.
Pues la disensión entre gobierno y ETA ha sido respecto al “tiempo” del proceso. El articulista de GARA, Jon Odriozola, lo expresa de la siguiente manera: “El proceso no tenía, para empezar, por qué ser ni largo ni duro ni difícil, pero así lo ha querido el Gobierno marcando la agenda, los tiempos y los ritmos hasta que se le ha pasado el arroz”. Es una disensión táctica en un transcurso histórico marcado por contrapartidas tácticas; pero tal disensión, traducida en los términos del atentado de Barajas, a raíz de la muerte de los ecuatorianos Carlos Palate y Diego Armando Estacio, se convierte en estratégica: la contradicción entre “proceso de paz” y los muertos de Barajas marca la diferencia, donde la lucha armada es un factor para desequilibrar la balanza. La bomba de Barajas quería ser un toque de atención a un PSOE que se veía con las riendas del proceso político. Una manera de tensar la cuerda política, pero no de romperla. Las dos muertes han cambiado esta previsión.
La cuestión de los medios para impulsar el proceso de una u otra manera se convierte en algo fundamental. Y por tanto nos acercamos a una línea divisoria real entre las interpretaciones y la existencia consiguiente de varios y diferenciados procesos de paz. El efecto inmediato del atentado ha sido, precisamente, el que se quería: descabalgar al PSOE y al Gobierno español de la confianza de llevar las riendas del proceso. El atentado supone además la pérdida de capital político que el PSOE venía acumulando, pues pone las muertes de Palate y Estacio en la mitad de lo que hasta entonces denominábamos un “proceso de paz”.
El atentado da en la línea de flotación de la declaración del 2005 del Parlamento Español en tanto a la verificación de una voluntad inequívoca, por parte de ETA, de abandono de la lucha armada como condición para una posible negociación. El PSOE se encuentra, pues, en la tesitura de tener que reelaborar toda su estrategia y actuar de forma en que no preveía. La contradicción que le separaba del PP se agudiza y toma tintes políticos problemáticos, pues pende la amenaza de que pueda perder el poder.
La gran sorpresa del PSOE y del gobierno ha sido contemplar que no existía una comunidad de racionalidad en el entendimiento del proceso. Era previsible una acción de ETA, algo que se veía en las declaraciones y acciones últimas de la izquierda radical vasca. La muerte de los dos ecuatorianos cambió de raíz la naturaleza de esa irrupción de ETA. Y el Gobierno español no consiguió una respuesta satisfactoria por parte de los líderes de la izquierda radical. Políticamente se quedaban sin alternativa. No era posible vislumbrar esa acción como un mero bache del proceso. Con lo cual se da una sensación de fiasco y de imprevisión derivada del juego de diferentes procesos, emergiendo así el abismo real entre las perspectivas.
El comunicado de ETA
El atentado de ETA es coherente con la lógica estratégica de la organización; se trata de validar, en pleno “proceso de paz”, la acción armada y el ejercicio de la violencia. En este sentido, no es diferente a las diversas acciones de kale borroka que han continuado a lo largo de estos nueve últimos meses. A esta perspectiva general, se le añade su pertinencia coyuntural: es una acción militar que viene a consecuencia de la interpretación dada por el conjunto de la izquierda radical vasca sobre la situación política. ETA (con el conjunto del MLNV) ha pretendido establecer su agenda por la vía de los hechos consumados. Es más importante llevar las riendas del proceso que la mera acumulación de logros coyunturales.
No es desdeñable la impronta que el ejemplo del terrorismo islámico deja en esta acción. ETA atenta en un aeropuerto, en una infraestructura pública compleja, con toda la capacidad de crear caos e impacto mediático que ello acarrea. Que la acción pretendiera ser simbólica es una cuestión secundaria. Las muertes de Carlos Palate y Diego Armando Estacio, los numerosos heridos, la destrucción creada, traían el eco atemperado del atentado del 11m. Atacando de esta manera, ETA pretendía dejar bien clara su amenaza para el futuro. Y demostrar claramente que no es una organización moribunda o sin salida.
El comunicado de ETA es coherente con esta firmeza y determinación. Constituye una denuncia en contra de la interpretación dada por el PSOE al proceso de paz. Esta denuncia es doble. Una parte de ella se dedica a denunciar los aspectos tácticos del proceso: “El Gobierno de España y el PSOE son quienes han generado la actual grave situación poniendo obstáculos al proceso democrático de forma permanente”. En este sentido ETA señala el caso de José Ignacio de Juana, la represión política y jurídica en contra de la izquierda radical vasca, la falta de cambio en la situación de los presos, la legalización de Batasuna, etc. La otra parte de la denuncia es estratégica y atañe a la formalización de un acuerdo político: “Los dirigentes del Gobierno español deberían saber que no podrán construir un proceso de paz manteniendo los límites políticos que han generado el conflicto. Por el contrario, la reivindicación de esos límites políticos que garantizan la opresión política, militar y económica de Euskal Herria, no servirá sino para alimentar el conflicto y extender tiempos nuevos de enfrentamiento. Hasta ahora el Gobierno de España y los responsables del PSOE se han empeñado en esta postura”.
El lenguaje de ETA es aquí enrevesadamente dialéctico y se apoya en dos pilares: en la desresponsabilización de los actos de lucha armada derivados del incumplimiento del PSOE de sus compromisos –apoyándose en la vieja concepción de una “violencia de respuesta” frente a la violencia estructural del estado, que es la que, a la postre, motiva la intervención armada de ETA; y en la advertencia de que la resolución del conflicto pasa por la ruptura de “los límites políticos” del actual marco político-institucional; sino se extenderán “tiempos nuevos de enfrentamiento”.
Está claro que aquí topamos con las interpretaciones respectivas, del PSOE y del gobierno, por un lado, y de ETA y Batasuna, por otro, de cual tiene que ser el final del proceso. Ramón Jáuregui dejó bien claro recientemente los límites de la reforma que el PSOE contemplaba la integración de la izquierda radical vasca en el juego político: una reforma del estatuto. Arnaldo Otegi, por su parte, contemplaba la posibilidad de que el PSOE quisiera llegar a la resolución del problema por medio del reconocimiento del derecho de autodeterminación. En este sentido, el articulista de El País, Patxo Unzueta (18-1-2007), recoge unas declaraciones de Otegi en las que se dice “que el bloqueo de las conversaciones políticas (preparatorias de la mesa de partidos) se debió a que “la izquierda abertzale considera que una reforma estatutaria no soluciona el conflicto”.
El comunicado hace mención explícita del “PNV de Imaz”: “queremos denunciar la postura mostrada por el PNV de Imaz en los últimos meses, pues se ha dedicado a alimentar la línea del Gobierno de España contra la izquierda abertzale. PSOE y PNV han actuado con la misma perspectiva del proceso y en la misma estrategia, siendo los presupuestos que han firmado y los proyectos económicos gigantescos el hilo fundamental que los une en el camino”. Es evidente que el acuerdo entre el PSOE y el PNV para la aprobación de los presupuestos del Gobierno Vasco y el acuerdo de inversiones entre este y el Gobierno Español, en el que se trata del TAV, son factores considerados por ETA como muy negativos. Y entra aquí también la acusación contra el PNV de tener “la misma perspectiva del proceso” que el PSOE. ETA señala aquí el peligro de un acuerdo de los dos partidos por considerar, con buen criterio, que tal acuerdo dejaría su propia perspectiva del proceso político y el de paz en minoría.
Hace también un llamamiento a la izquierda española: “las fuerzas democráticas deberían dejar a un lado al PP-UPN y a la derecha fascista del Estado español y atreverse a realizar la segunda reforma del Estado español”. La propuesta de una “segunda reforma” no es retórica, sino que es una apelación a la vieja concepción de “ruptura democrática” que sostenía la izquierda española a comienzos de la transición. ETA aprovecha, así, para intervenir en la política española apelando a los reflejos guerracivilistas de la división entre derecha e izquierda. La contradicción generada por el atentado de Barajas entre los principales partidos españoles le sirve para plantear una receta global, en lo que de lo que se trataría sería de aislar al PP. Pero el atentado y su crítica política se dirigen contra PSOE y al PNV. Frente al inevitable acercamiento de estos dos partidos, la amenaza del tercero, el PP, sirve a ETA para plantear su contradicción política de la forma más cruda posible.
La rúbrica final del comunicado la constituye una amenaza clara contada en el mismo estilo dialéctico: “Las decisiones y las respuestas de ETA dependerán del comportamiento del Gobierno de España (…) pero mientras se mantenga la situación actual de ataque contra Euskal Herria, tal y como dimos a conocer en el comunicado de agosto, ETA tendrá toda la determinación para responder”. Es evidente que en este panorama de contradicciones desatadas, la amenaza de ETA tiene su peso. Y su alusión final a que “todavía sigue en pie el alto el fuego permanente” es otra forma de responsabilizar al PSOE de las acciones que ETA y el conjunto del MLNV consideren cometer en este nuevo contexto.
Conclusión
ETA, también así, con la afirmación de constancia del “alto el fuego permanente” quiere dejar abierta la puerta de retomar la conformidad de la existencia de un “proceso” de paz y político. La muerte de los dos ecuatorianos y la consiguiente ruptura formal de la interlocución entre el PSOE y Batasuna y entre ETA y el Gobierno español es una situación que exige nuevos esfuerzos.
El MLNV entiende el proceso desde su perspectiva de Guerra Popular Revolucionaria, es decir, como un proceso con diferentes frentes y estratos.
En primer lugar tenemos al frente autodeterminista que gira en torno al papel de Batasuna en una hipotética mesa de partidos y su propuesta en la misma. Batasuna pretende liderar la reivindicación de la autodeterminación. Para ello apela, tal como afirma el ex mahakide de Batasuna Tasio Erkizia, al “papel activo de la sociedad vasca, de una izquierda abertzale empeñada en aprovechar esta oportunidad histórica y de otros muchos sectores abertzales, incluido un amplio espectro del PNV, que tendrían la obligación de reactivarse y jugar un papel mucho más activo” (GARA, 30-1-07, “Debemos recuperar el proceso”).
En segundo lugar se han activado ya iniciativas desde ámbitos diversos, con organizaciones y personas distintas (desde la plataforma Milakabilaka, hasta las declaraciones y gestiones del confesor de Gerry Adams, Alec Reid, pasando por la cúpula de EA) con la intención de dar a entender la existencia de un clamor de restablecimiento del “proceso” en los términos que conviene al MLNV. Ya que lo que se pretende es establecer la existencia de unas responsabilidades compartidas y quitar, de este modo, a ETA el peso del atentado de Barajas.
En tercer lugar, se están activando luchas sectoriales, como la del TAV, que dan en contra de la línea de flotación de la gestión institucional de nuestro territorio. En la lucha contra el TAV, el MLNV (además de contar con aliados como ELA) quiere atacar tanto el libre desenvolvimiento institucional como al acuerdo entre el PSOE y el PNV desde la base, desde la movilización de masas y actos alternativos, como referendums en diferentes pueblos del trayecto.
En cuarto lugar, prosigue la kale borroka en contra de objetivos políticos y en contra de infraestructuras además de la amenaza de nuevas acciones de ETA.
También existe un frente internacional (donde el MLNV está vendiendo su versión del conflicto vasco y ha conseguido éxitos mediáticos, como la entrevista a José Ignacio de Juana en el Times de Londres), y los frentes habituales de los presos, etc. Para el MLNV el “proceso” es un conjunto de caminos convergentes en traducir su dominio sobre la agenda política vasca desde diferentes lugares y perspectivas.
Las previsiones de un debilitamiento o de una mala situación del MLNV chocan contra esta estrategia única de aspecto múltiple, para lo cual la izquierda radical cuenta con mucha gente organizada e ideologizada. El MLNV juega al largo plazo. La ruptura de la interlocución con el PSOE y con el Gobierno, con ser un traspié, es algo atado a una coyuntura. De lo que se trata es de volver a reproducir las condiciones de esa coyuntura mientras van avanzando por los carriles de los diferentes frentes, mientras se da una situación de contradicción universal dentro y entre las fuerzas políticas vascas y españolas, nacionalistas o estatalistas.
Un proceso de paz fiado en exclusiva a la paz formal posee el problema de que, a la larga, puede hacer de alimentador de las estrategias de guerra; la violencia tiene profundas raíces en una cultura, que abarca todos los ámbitos de los social y lo político. Ninguna política, hasta ahora, ha conseguido mellar la determinación del MLNV que se fía de una mejor ideologización y una mejor organización. El problema es la determinación de llevar a cabo una estrategia de hegemonía sostenida en recursos de poder para imponer la agenda y la acción institucional y política. Por que la izquierda radical vasca plantea la hegemonía desde la perspectiva de que se hable de sus cosas y sus temas para que al final la sociedad completa no le quede más remedio que asumir los parámetros de su lucha. Y esa determinación, tal como plantea el comunicado de ETA, es inamovible, porque el engaño ideológico, que es la clave de la estrategia hegemonista o de tutela del MLNV, sigue intacto.
Imanol Lizarralde
Goiz Argi, marzo de 2007
