Cultura de vida y derechos humanos

El Papa planta cara a los narcotraficantes parar recordarles su responsabilidad ante Dios

Al visitar una comunidad de recuperación de toxicómanos en Guaratinguetá

 

GUARATINGUETÁ, sábado, 12 mayo 2007 (ZENIT.org).- Benedicto XVI planteó este sábado a los narcotraficantes su responsabilidad ante Dios e invitó a los jóvenes, incluidos los toxicómanos, a que abran su corazón al amor de Jesús.

 

Fue el mensaje central que dejó al visitar la comunidad de la Hacienda de la Esperanza, situada en Guaratinguetá, a 180 kilómetros de Sao Paulo, creada en 1979 para la recuperación de jóvenes toxicómanos y alcohólicos, y para la acogida de madres solteras, de familias necesitadas, de personas sin techo y de enfermos de sida en fase terminal.

 

Citando datos estadísticos preocupantes sobre la dependencia de sustancias estupefacientes, tanto en Brasil como en América Latina, el Papa alzó la palabra para dirigirse a los narcotraficantes y pedirles «que reflexionen sobre el mal que están haciendo a una multitud de jóvenes y adultos de todos los estratos sociales».

 

«Dios les pedirá cuentas de lo que han hecho», exclamó el Papa ante unos dos mil jóvenes de diferentes países que le dieron una calurosa bienvenida en la Hacienda de la Esperanza.

 

El pontífice subrayó que «la dignidad humana no puede ser pisoteada de este modo. El mal provocado recibe la misma reprobación que Jesús expresó a quienes escandalizaban a los “más pequeños”, los preferidos de Dios».

 

Los jóvenes cantaron y bailaron para el pontífice, y algunos narraron testimonios duros de vidas rescatadas de las cadenas de la drogadicción.

 

Antonio, de Guaratinguetá, reveló que ha hecho uso de drogas desde los doce años. Un día, en la esquina donde se reunía para tomar droga, se encontró con un joven, Nélson Giovanelli dos Santos, que trataba de entablar amistad con los drogadictos del lugar, pero no para venderles droga, sino para ofrecerles el rescate en la Hacienda de la Esperanza.

 

Un joven ruso reconoció que su «vida era una pesadilla» y explicó que entró en la Hacienda de la Esperanza porque le parecía su «última esperanza». Después de una primera fase del tratamiento muy difícil, aseguró que había logrado superar la dependencia.

 

«Lo más importante es haber encontrado a Dios. Todos decían que Dios no existía, pero Él existe», dijo.

 

Una joven alemana contó que llegó a la Hacienda después de haber tratado de suicidarse. «Sólo el amor del prójimo pudo transformarme», aseguró. Tras haberse detenido en más de una ocasión a causa de las lágrimas, afirmó: «no hay mayor felicidad que dar la vida por los hermanos».

 

El Papa deseó «paz y bien» --lema franciscano, como franciscano es el misionero alemán que fundó esta Hacienda, Fray Hans Stapel, O.F.M.-- a todos los que se encuentran en fase de recuperación, «así como a quienes se han restablecido, a los voluntarios, a las familias a los antiguos internos y a los bienhechores» de todas las Haciendas de la Esperanza, 32 en varios países del mundo.

 

El Santo Padre recordó a los jóvenes que «Jesús viene y toca, con toques suaves, en lo profundo de los corazones», añadiendo que el Señor se sirve «de un amigo, de un sacerdote», «o predispone una serie de coincidencias para daros a entender que sois objeto de la predilección divina».

 

Lo que más impresiona al Papa de esta Hacienda «son las conversiones, el encuentro de Dios y la participación activa en la vida de la Iglesia», pues «no es suficiente con cuidar del cuerpo, es necesario embellecer el alma con los dones divinos más preciosos, alcanzados con el Bautismo».

 

Al final de su discurso dirigió su pensamiento a «otras muchas instituciones de todo el mundo que trabajan para restituir vida, y una vida nueva, a estos hermanos nuestros presentes en nuestra sociedad, a quienes Dios ama con un amor preferencial».

 

El Papa regresó a continuación a Aparecida donde este domingo inaugurará la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe.

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La Iglesia Caldea en Irak pide plena garantía de los derechos de los cristianos

Es un «giro en la política» de las autoridades religiosas caldeas

BAGDAD, jueves, 9 mayo 2007 (ZENIT.org).- Hace unos días, el rector del seminario Mayor Caldeo de St. Peter, en Ankawa, el padre Bashar Warda, y cinco obispos caldeos del norte de Irak habían invitado a la comunidad internacional a intervenir para detener la locura homicida que diariamente golpea a los iraquíes inocentes.

En una carta a los medios iraquíes y a la Conferencia Internacional de Sharm el Sheik (Egipto), celebrada los días 3 y 4 de mayo, que reunió a medio centenar de ministros de Exteriores y representantes de organizaciones, para aprobar un plan de desarrollo económico y seguridad para Irak, los prelados habían pedido, en especial, poner fin a la violencia anticristiana en este país.

 

El urgente llamamiento fue luego recogido y difundido por otros miembros de la Iglesia, entre ellos monseñor Shlemon Warduni, obispo auxiliar del Patriarcado caldeo de Bagdad, que había invitado a la comunidad internacional a denunciar «el clima de intimidación y violencia que rodea a los fieles cristianos».

 

En aquella ocasión, el prelado había hablado de «conversiones forzadas al Islam, pagos obligados de la tasa de la Jihad, expropiaciones de casas, secuestros de mujeres y jóvenes», que obligan «a los cristianos a huir a otras zonas o al exterior dejando todo».

 

Posteriormente, el mismo patriarca de Babilonia de los Caldeos, Su Beatitud Emmanuel III Delly --según informa el sitio web Baghdadhope, órgano de católicos iraquíes--, al volver de Estados Unidos, habló en Erbil, capital de la región kurda, en la iglesia católica de Mar Qardagh, el 6 de mayo pasado, de la persecución de los cristianos.

 

Según informa Baghdadhope, se trata de «un giro en la política hasta ahora adoptada por las máximas autoridades religiosas caldeas», motivado por el recrudecimiento de la violencia que está golpeando en este periodo espeecialmente al distrito de Dora, en la parte sur de Bagdad, donde se está realizando una verdadera «limpieza religiosa» contra los cristianos.

 

«A las noticias de amenazas y homicidios, y de la petición del pago de la tasa de protección, se añaden en estos días cosas peores. Los cristianos son obligados a dejar las propias casas sin llevar consigo nada y pagando en cambio una especie de ‘peaje de salida’ de 250.000 dinares (unos 150 euros) por persona y de 500.000 dinares por cada coche», explica el sitio web.

 

«Las casas que no son ocupadas abusivamente son legalmente cedidas por los parientes de quien, secuestrado, será restituido a la familia sólo tras el registro del cambio de propiedad», añade.

 

«Una sola posibilidad se deja a los cristianos de Dora: podrán quedarse sólo las familias que acepten dar en matrimonio a una hija o una hermana a un musulmán, un proceso este que si se realiza llevaría a la progresiva conversión de todo el núcleo familiar al Islam», afirma.

 

Por estos motivos, dijo el 6 de mayo Mar Emmanuel III Delly, «pedimos a todos quienes tienen responsabilidad de preservarlos que nos sean reconocidos nuestros derechos»

 

«Quienes tienen cargos de responsabilidad deben poner fin a la persecución de los cristianos porque todos nosotros, musulmanes y cristianos formamos parte de una sola familia, somos hijos de la misma tierra», añadió.

 

«Dios nos ama y nos protege y por ello no debemos tener miedo --subrayó--, Él no nos dejará solos porque somos hijos de la esperanza y tras la oscuridad volverá el sol».

 

«Dios nos manda incluso signos tangibles de su ayuda y justo hoy me entrevisté con el señor Sarkis Aghajan [ministro de Hacienda del Gobierno Regional del Kurdistán, ndr.] que me ha hablado de los proyectos de construcción de casa y aldeas capaces de acoger a más de 7.000 familias perseguidas que han encontrado refugio en el norte para huir a la violencia y a la muerte», informó el patriarca de Babilonia de los Caldeos.

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La Fundación Vida denuncia que los abortos han aumentado en la capital de España un 6,79% más que el año anterior

El presidente de la Fundación Vida, alertó de que "los abortos son un negocio privado cada vez mayor. En 2005 un 98,3 % de estos feticidios se realizaron en centros privados, por encima del 97 % del año anterior"

 

La Comunidad de Madrid registró en 2005 un total de 20.759 abortos provocados, un 6,79 % por encima del año anterior, unas cifras en tendencia ascendente a partir de 1998, según señaló ayer subdirector de la Fundación Vida, Carlos Valdéz.

 

"Los abortos, añadió, son un negocio privado cada vez mayor. En 2005 un 98,3 % de estos feticidios se realizaron en centros privados, por encima del 97 % del año anterior", apuntó.

 

Según la Fundación Vida, Madrid "se ha convertido en la Meca del aborto, pues un 49 % de las mujeres que abortaron vinieron de fuera de la Comunidad de Madrid (39,8 % de otras provincias y un 9,2 % de otros países)".

 

Análisis Digital, 4 de abril de 2007

El Tribunal de La Haya emite órdenes de arresto contra un ministro y un líder de la milicia islamista en Darfur

La Corte Penal Internacional (CPI) ha anunciado este miércoles que ha emitido órdenes de detención contra el ex viceministro del Interior de Sudán, Ahmad Mohamed Harun, y el líder de la milicia oficialista "Yanyauid", Ali Kushayb, acusados de 51 cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos en la región sudanesa de Darfur. Según indicaron fuentes de la Oficina de Información de la Corte, se trata de las primeras órdenes de arresto que la CPI publica en relación con presuntos crímenes de guerra en Darfur, después de que el pasado febrero el fiscal Luis Moreno Ocampo anunciara las acusaciones contra los dos sudaneses.

 

El Tribunal Penal Internacional emitió este miércoles órdenes de arresto para un ministro del Gobierno sudanés y un líder de la milicia oficialista, ambos sospechosos de cometer crímenes de guerra en la región sudanesa de Darfur.

 

"Los jueces han emitido órdenes de arresto", señaló el fiscal del TPI, Luis Moreno-Ocampo, subrayando que el "el Gobierno de Sudán tiene la obligación legal de detener a Ahmad Harun y a Alí Kushayb". "Esta es la decisión del Tribunal Penal Internacional y el Gobierno tiene que respetarla", añadió.

 

El pasado mes de febrero, Moreno-Ocampo había citado a Harun, ministro sudanés de Asuntos Humanitarios, y a Kushayb, líder de la milicia de los "Yanyauid", como sospechosos en un total de 51 casos de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad incluidos los de asesinato, violación, tortura y persecución de civiles en Darfur.

Según Moreno-Ocampo, la emisión de las órdenes de arresto pone de manifiesto la contundencia de este caso. "Hemos completado una investigación bajo circunstancias muy difíciles desde fuera de Darfur y sin exponer a ninguno de nuestros testigos", señaló. "Hemos transformado sus historias en pruebas y ahora los jueces han confirmado lo contundente de esas pruebas", añadió.

Harun se encuentra actualmente en Jartum. El ministro de Justicia sudanés, Mohamed Ali al Mardi, ha dicho que las autoridades sudanesas han llevado a cabo su propia investigación sobre las actividades de Harun y no han encontrado "ni un rastro de pruebas" en su contra.

El Gobierno sudanés afirma que ha detenido a Kushayb a la espera de una investigación interna, pero varios testigos han informado a AP en Darfur de que éste viaja libremente de una localidad de esta región a otra bajo protección policial.

Las atrocidades presuntamente fueron cometidas durante los ataques sobre cuatro localidades cometidos en Darfur Occidental entre agosto de 2003 y marzo de 2004. Harun y Kushayb formaban parte de una conspiración para "perseguir a civiles que asociaban con los rebeldes", señaló Moreno-Ocampo tras la investigación de 20 meses ordenada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2005.

Su métodos fueron "ataques indiscriminados contra población civil, asesinato, violación, actos inhumanos, tratamiento cruel, encarcelamiento ilegal, saqueo, traslado forzado y destrucción de propiedades", según las 94 páginas del documento de la acusación que explican las acusaciones y la orden judicial para su traslado al tribunal con sede en La Haya.

Los enfrentamientos en Darfur han dejado más de 200.000 muertos y 2,5 millones de desplazados, según la ONU. El conflicto estalló en febrero de 2003 cuando rebeldes africanos tomaron las armas quejándose de décadas de abandono y discriminación por el Gobierno de Jartum. Sudán respondió recurriendo al Ejército y a la milicia árabe de los "Yanyauid".

En el momento de los crímenes Harun, considerado como uno de los miembros del círculo más cercano del presidente Omar al Bashir, era responsable de la seguridad en Darfur donde ayudó a reclutar, armar y financiar a los "Yanyauid", según los fiscales. Por su parte, Kushayb presuntamente era el "coronel de coroneles" que comandaba a los combatientes "Yanyauid" en Darfur Occidental.

 

Libertad Digital, 2 de mayo de 2007

El secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe califica el aborto de “terrorismo humano propagado por los medios de comunicación social”

Monseñor Angelo Amato, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, denunció ayer la manipulación mediática que sufren algunas noticias en contra de la vida

Además del terrorismo suicida que acaba con la vida de inocentes casi a diario y que se asemeja a “una película perversa sobre el mal”, existe también un terrorismo “propagado de manera subliminal por los medios de comunicación social”. Para monseñor Amato, en esta categoría entran el aborto, la eutanasia, la píldora abortiva RU-486, los laboratorios en donde se manipulan embriones y los políticos que promueven leyes contra la vida. A su juicio, se trata de “sectas satánicas” que practican “un culto al mal”. Así de rotundo, se mostró ayer el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe en una conferencia que pronunció sobre “El problema del mal. Reflexiones filosóficas y teológicas” en el marco de un seminario mundial de capellanes católicos en Roma.

En su reflexión, abordó algunas de las cuestiones que el Vaticano considera como formas de terrorismo humano, y se refirió a las clínicas que practican abortos como “auténticos mataderos de seres humanos”.

También, criticó que los periódicos “recojan estas noticias repugnantes con propaganda subliminal, manipulando el arte y el lenguaje tradicional con expresiones que esconden la trágica realidad de los hechos” y puso como ejemplos cuando se llama al aborto “interrupción voluntaria del embarazo en lugar de asesinato de un ser humano indefenso” o a la eutanasia “muerte digna”.

Monseñor Amato rechazó considerar como “progreso para la humanidad” la cultura de la muerte que se propaga por nuestra sociedad y lanzó un llamamiento para que los parlamentarios no promulguen leyes contrarias al ser humano.

Finalmente, manifestó que “leyendo los periódicos, navegando por Internet o viendo la televisión, todos los días asistimos a una película perversa sobre el mal que recorre el mundo con escenas nuevas que contrastan con las amenazas reales del terrorismo internacional”.

La cultura de la muerte que impera hoy no es sólo la acción de una persona o grupos individuales sino que proviene de laboratorios, de potencias que manipulan nuestras mentes con mensajes falsos, “tachando de ridículo y retrógrado un comportamiento acorde al Evangelio”. “Por desgracia, -añadió- no podemos cerrar las videotecas del mal que se reproducen como un virus letal, pero podemos pedir a Dios que refuerce, mediante la formación de una recta conciencia, la idea de que el que busca la verdad y el bien, evita el mal”.

Análisis Digital, 24 de abril de 2007

Dolor del Papa por las víctimas de la masacre en la Universidad de Estados Unidos

CIUDAD DEL VATICANO, martes, 17 abril 2007 (ZENIT.org).- Benedicto XVI ha manifestado su pésame por las 33 víctimas de la masacre que tuvo lugar este lunes en la Universidad Técnica de Virginia (Estados Unidos).

«Tras esta tragedia sin sentido», el Papa «pide a Dios nuestro Padre que consuele a quienes están de luto y que les conceda la fuerza espiritual que triunfa sobre la violencia con el poder del perdón, la esperanza y del amor que reconcilia».

En un telegrama enviado al obispo de Richmond, monseñor Francis Xavier DiLorenzo, el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, en nombre del Papa, pide «transmitir sus sentidas oraciones por las víctimas, por sus familiares y por toda la comunidad universitaria».

 

Según ha confirmado el director del centro universitario Charles Steger, el autor de los asesinatos, que después se suicidó, fue un estudiante de la Universidad.

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Aborto, exterminio hitleriano

“Iniciativa de exterminio”, llamaron los obispos de México a la iniciativa de ley que legaliza el aborto en el Distrito Federal.

“Los ciudadanos, al elegir a gobernantes y legisladores, deben averiguar si, con su voto, apoyarán a abortistas, porque se convierten en colaboradores, quizá ingenuos, de asesinatos exterminadores, que en nada se distinguen de los crímenes perpetrados por Adolfo Hitler”, dice la carta pastoral emitida el 14 de marzo por el obispo Felipe Arizmendi, de San Cristóbal de las Casas.

Se refiere a los legisladores que están a punto de aprobar en la Asamblea del Distrito Federal (DF) la iniciativa de ley para legalizar el aborto sin restricciones durante las primeras 14 semanas de gestación.

La legalización del aborto en el DF es sólo el primer paso para luego hacerla extensiva al resto de país. El 16 de marzo el coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, Carlos Navarrete, anunció que su partido introducirá “la misma iniciativa que presentó en la Asamblea Legislativa, para que sea aplicada a nivel federal, en toda la República”.

 

“Ante esta iniciativa de exterminio estamos obligados a alzar la voz en favor de la vida de los más indefensos”, dice un comunicado oficial de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) fechado el 15 de marzo.

 

El obispo Arizmendi se dirige de forma especial a los legisladores, a quienes aclara que “nuestra Constitución, en su artículo 14, consagra el respeto a la vida como fundamento de los demás derechos”.

 

“El feto, aunque está en el cuerpo de la mujer, es una persona distinta”, les dice el prelado. “La misma ciencia nos confirma que, desde el primer instante, el óvulo ya fecundado tiene todos los elementos que constituyen la identidad genómica de un nuevo ser humano”.

 

Luego se dirige particularmente a los legisladores católicos, citando la Nota Doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 2002 sobre los católicos en política: “ Quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana” (n. 4).

 

“Lo pedimos en particular a los legisladores católicos…Una ley no puede cambiar la moralidad de un hecho sólo por haber sido aprobada por unos legisladores sin escrúpulos. La conciencia cristiana considera el aborto como un asesinato y, por tanto, un pecado grave, mortal, penado con la excomunión”, les dice el obispo.

 

El Código de Derecho Canónico, afirma el obispo Arizmendi, establece que “quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae” (canon 1398). Es decir, explica Arizmendi, “se excluye de la Iglesia a sí mismo en forma automática, sin necesidad de juicio canónico. Y son culpables del delito quienes lo realizan, quienes lo aconsejan, quienes ayudan a practicarlo”.

 

Por su parte, la CEM cita la Instrucción Donum Vitae del Papa Benedicto XVI, en la cual se establece que el derecho a la vida no está subordinado “ni a los individuos ni a los padres, y tampoco es una concesión de la sociedad o del Estado: pertenece a la naturaleza humana y es inherente a la persona (…). Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley”.

 

Y termina haciendo un llamado urgente, “a la luz de la fe, de la ley y de la razón, a los legisladores, a los científicos y profesionales de la salud, y a todo el pueblo de México a reafirmar su compromiso con la vida”.

 

Ricardo Olvera

Páginas Digital, 20 de marzo de 2007

No es legal "imponer" el euskera y excluir el castellano

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado una ordenanza del Ayuntamiento guipuzcoano de Azpeitia sobre la normalización del uso del euskera, publicada en el Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG) el 30 de enero de 2006, al considerar que "impone" la lengua vasca y "excluye por completo" el castellano. La sentencia estima el recurso interpuesto por el Abogado del Estado, a instancias de la delegación del Gobierno, y afirma que la orden municipal establece el euskera como "la lengua oficial del municipio" y supone "la imposición del uso exclusivo" de la lengua vasca "en todos los ámbitos", lo que crea "una situación de tal presión" que no puede considerarse que "la utilización del castellano pueda ser libremente elegida".

El acuerdo municipal, además de afirmar que la lengua oficial en el municipio y sus instituciones es el euskera, "garantiza" a los vecinos la utilización el euskera en la sanidad, justicia, Policía, y establece que los topónimos y la nomenclatura de calles y plaza, etc., sean en lengua vasca.

 

Además, se obliga a que todo el personal municipal desarrolle su actividad y se dirija a los ciudadanos en euskera "como lengua propia del municipio", a que todos los puestos de trabajo tengan asignado perfil lingüístico preceptivo para que todas las unidades administrativas presten sus servicios en este idioma, lo que incluye a sociedades e instituciones dependientes o creadas por el Ayuntamiento.

 

Asimismo, establece la necesidad de que las empresas de servicios de interés general, empresas y establecimientos comerciales a rotular sus locales y servicios "al menos en euskera", y precisa que el etiquetaje de los productos que se comercialicen en el municipio podrá realizarse exclusivamente en lengua vasca, si se trata de productos artesanales elaborados en el lugar.

 

En su impugnación, estimada por el TSJPV, el abogado del Estado denunció que la ordenanza pretendía que el euskera fuera "la única lengua obligatoria", con el fin de "orillar y privar" al castellano "del plano de igualdad que le corresponde" y que está previsto en la Constitución.

 

La sentencia del TSJPV considera que la ordenanza supone "un auténtico sistema normativo que planifica y regula la utilización del euskera, partiendo de la base de que ésta es la lengua de los vecinos y no una norma que aglutine varios objetos de competencia municipal, sino que se trata de regular uno solo, la lengua y sus diversas proyecciones".

 

"Sin embargo, la competencia sobre esta materia no le corresponde sino a la comunidad autónoma", para afirmar que el acuerdo del consistorio conculca preceptos constitucionales, leyes sobre la función pública estatales y autonómicas, así como la ley autonómica sobre normalización del uso del euskera, entre otras.

 

A su juicio, cabe concluir que "se está tratando de imponer una sola lengua, el euskera, excluyendo por completo al español". De esta forma, recuerda que "el preámbulo y varios preceptos establecen que la lengua oficial y la lengua del municipio es el euskera, que es el empleado", según el consistorio, "por más del 90% de la población", algo que el Ayuntamiento no llega a acreditar. Además, la resolución judicial indica que "se impone la utilización exclusiva de dicha lengua en una amplia serie de actividades".

 

Aunque fuera cierto que el 90% de la población fuera vascohablante, el TSJPV pregunta "qué pasaría con el resto de vecinos, los que desean expresarse en castellano o con los visitantes de otras partes de España, qué ocurre con su derecho a utilizar el español para comunicarse". "En definitiva, se deja sin virtualidad alguna a la cooficialidad lingüística", afirma.

 

En esta línea, insiste en que, pese a que "todos los vecinos se expresaran en euskera, este hecho no dota de capacidad al Ayuntamiento para regular esta materia porque carece de competencias para ello".

 

Tras considerar que, "al imponer el uso exclusivo" en todos los ámbitos la lengua vasca, se crea "una situación tal de presión" que no permite optar "libremente" por el uso del castellano, se refiere al hecho de que la orden municipal diga que los rótulos de los establecimientos y el etiquetaje de mercaderías tienen que ser, "al menos en euskera", para asegurar que "de nuevo queda en evidencia la intención de suprimir el habla y la grafía española o castellana".

 

El TSJPV reitera, asimismo, que "resulta claro" que la normalización del uso del euskera "es competencia normativa" de la comunidad autónoma, tal como establecen la Constitución y el Estatuto de autonomía.

 

En este sentido, recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo mantiene que "la mancomunidades de entes locales sólo pueden constituirse de forma válida para la realización de fines que consistan en la prestación de servicios de competencia municipal".

 

"El fomento y desarrollo del uso del euskera no es competencia de los municipios, pues, de forma inequívoca, tal competencia corresponde a la comunidad autónoma vasca", señala.

 

Diario Ibérico, 18 de marzo de 2007