Opinión y análisis

El tablero libanés

En Líbano se está desarrollando un pulso de implicaciones gravísimas tanto para el país de los cedros como para el conjunto de la región. Por tercer día consecutivo, y coincidiendo con la llegada a Beirut de un mediador de la Liga Árabe, decenas de miles de simpatizantes de Hezbolá se han manifestado en la capital pidiendo la dimisión del Gobierno democrático y prooccidental de Fuad Siniora. El objetivo declarado de los integristas chiíes, apoyados por Teherán y Damasco, es derribar a un Gabinete compuesto en su mayoría por políticos antisirios de partidos suníes, cristianos y drusos, llegado al poder tras la revuelta popular que siguió al asesinato el año pasado del ex primer ministro Rafik Hariri y la subsiguiente retirada siria de Líbano tras décadas de dominación.

Esta estrategia de la tensión, que acerca a Líbano a una situación de preguerra civil como la asoladora entre 1975 y 1990, comenzó después de lo que Hezbolá llama su "victoria divina" sobre Israel, el verano pasado. Los resultados devastadores de la invasión polarizaron absolutamente el rompecabezas confesional del país entre suníes y chiíes, cada uno con sus aliados cristianos respectivos. La eficacia de los milicianos de Hezbolá, tanto en el campo de batalla como en la posterior reconstrucción, ha reforzado enormemente las pretensiones de su carismático líder Nasralá de dirigir el país por delegación. Para Hezbolá, Líbano debe ser un bastión de resistencia antioccidental, no una isla cosmopolita en el tenebroso mar de Oriente Próximo. Y no cabe un Gobierno que ha tenido la osadía de aprobar la formación de un tribunal internacional bajo auspicios de la ONU para juzgar a los prominentes sirios y libaneses sospechosos del asesinato de Hariri. La retirada de sus seis ministros del Gabinete de coalición, debilitado aún más tras el asesinato el mes pasado del líder cristiano Pierre Gemayel, permite a los poderosos integristas chiíes acusar demagógicamente al primer ministro de no representar al credo mayoritario del país.

Fuad Siniora, apoyado nominalmente por las potencias occidentales, con EE UU a la cabeza, y por varios Gobiernos árabes, asegura que resistirá las presiones. Pero eso no es fácil en el disgregado y débil Líbano de hoy, donde la crisis está inextricablemente mezclada con decisivas influencias regionales. Que la estrategia de Hezbolá sea de momento pacífica no disminuye su perversidad desestabilizadora en un país todavía en carne viva por la reciente guerra contra Israel. Lo que comenzó siendo una disputa política al uso se aproxima así aceleradamente a la línea sin retorno de un nuevo enfrentamiento sectario.

Editorial de El País, 4 de diciembre de 2006

 

ETA quiere un general en el "proceso": un modelo para Zapatero

El nacionalismo vasco anda siempre en pos de un referente internacional, un modelo exitoso de secesión. Si uno lee la prensa nacionalista de este mismo lunes se encuentra con la versión adaptada, o directamente falsificada, de lo que pasa en Quebec, en el Ulster o en Chechenia. A esta manía internacionalista se ha unido el PSOE, claro, porque ya que estábamos hablando de entrega de territorios y de soberanía hace falta saber qué papel tendrá el presidente del Gobierno español. Pues bien, Federico Krutwig ya resolvió la cuestión al fundamentar ETA. Zapatero deberá actuar como un general, o dejar paso a alguien que se comporte como un general y responda a lo que ETA quiere de España.

ETA nació inspirada, entre otras cosas, en la lucha de los nacionalistas argelinos contra Francia. Se trató de un nacionalismo revolucionario, moderno, guerrillero y terrorista, de inspiración marxista y laico cuando no ateo. ETA, Batasuna y el conjunto del MLNV han aspirado durante años a encontrar al frente del "enemigo" a un Charles de Gaulle , es decir a una persona suficientemente poderosa dentro de España como para imponer un abandono, y a la vez suficientemente débil de convicciones como para proceder a ese abandono y a cesar la lucha.

El caso argelino no es el vasco. Pero sí es similar para algunos nacionalistas vascos decisivos en el "proceso de paz", y esto es lo que importa. ETA-Batasuna, como el FLN, aspira al monopolio del nacionalismo, por las buenas o más bien por las malas. Y después quiere llevar a España a una mesa de negociaciones que, como en Evian, llegue a la autodeterminación, prescindiendo de los vascos y navarros leales a España como De Gaulle ignoró a los argelinos de todas las estirpes leales a Francia. ETA quiere un De Gaulle capaz de convertir las ganas de paz del resto de España en rendición a los terroristas, y esto a pesar de que la represión de la delincuencia casi haya aniquilado a la banda, y de que el presidente haya llegado al poder prometiendo la unidad nacional y la derrota del terrorismo.

ETA quiere en Zapatero a un De Gaulle, y le dará argumentos para que se consolide en La Moncloa si lo ve capaz de ir a Suiza, a Noruega o a Italia a firmar la rendición. Nada tiene que ver, objetivamente, la Argelia de 1958 con la soñada Euskalherria de 2008; pero para los nacionalistas es un modelo y quienes se opongan a él deben tenerlo en cuenta, porque también hay cosas que aprender si se quiere evitar que Arnaldo Otegi sea un nuevo Ben Bella.

Pacual Tamburri

El Semanal digital, 4 de diciembre de 2006

Proceso bloqueado

El PSE y el PNV han acordado suspender todo contacto con Batasuna mientras la violencia no desaparezca radicalmente de las prácticas de ETA. Es una decisión acertada que reconduce los términos de la resolución del Congreso de mayo de 2005 a su imprescindible y estricto cumplimiento.

El único reproche que se le podría hacer al Gobierno es que su partido en el País Vasco no haya tomado antes esta iniciativa, a la vista de la deslealtad con la que ha actuado Batasuna desde hace mucho tiempo. La posición adoptada por los dos partidos mayoritarios vascos tiene muchas otras ventajas: en primer lugar, deja al Partido Popular fuera de juego en su pretensión de que los pactos entre el Gobierno y ETA estaban cerrados y que estos contendrían cláusulas de carácter político que, en la mitología popular, se representan como la “rendición del estado ante ETA”; le comunica formalmente a ETA que el proceso queda bloqueado en espera de que los terroristas decidan si abandonan la violencia en todas sus manifestaciones. Por último, permite al Gobierno recuperar la confianza de los sectores de la sociedad que, apoyando la iniciativa de José Luis Rodríguez Zapatero, disentían de la forma en la que el Gobierno estaba conduciendo este proceso.

Han sido semanas tensas en las que cohabitaba el frenazo que el Gobierno había dado a todas sus comunicaciones con ETA con el mantenimiento de unos contactos con Batasuna que habrían generado expectativas en el mundo abertzale sobre la posibilidad de combinar las actividades violentas con el avance del diálogo político.

ETA tiene que responder al bloqueo total del proceso y sus pretensiones de que Batasuna pueda participar en el proceso electoral del año que viene están condicionadas a un cambio de estrategia, en el que la violencia desaparezca o sea condenada formalmente por Batasuna. Si esto no se produce antes de final de año, las posibilidades de que el camino abierto quede definitivamente cerrado son muchas.

Al Gobierno le queda una baza por jugar en esta difícil encrucijada. En la larga trayectoria de la lucha contra el terrorismo se han producido distintos episodios, en los que la vía de la negociación ha agotado distintos intentos de poner fin a la violencia mediante el diálogo. En todos esos casos, el ofrecimiento de cierta generosidad del Estado para con los terroristas que voluntariamente dejaran de serlo, ha sido el núcleo de las ofertas de la sociedad española para incentivar el final del terrorismo. ¿Es razonable seguir manteniendo abierta esta posibilidad una vez que se llegase a consumar el fracaso de este proceso? ¿Sería razonable volver a esperar a que los terroristas, en el horrible supuesto de que decidieran reanudar sus atentados, se avengan a proponer una nueva tregua el camino de violencia?

 

Carlos Carnicero

 

Elplural.com, 4 de diciembre de 2006

Tres tristes destinos para un Zapatero en "máxima alerta"

María Teresa Fernández de la Vega reconoce que las Fuerzas de Seguridad del Estado están en "máxima alerta". Se lo traduzco: el "proceso" va mal. ¿Es una buena noticia? Me temo que no, porque la cosa va mal para el presidente de nuestro Gobierno, no para ETA. Si después de años de conversaciones el "proceso" se atasca, todo lo que Zapatero ha dado, prometido y comprometido, que no puede ser poco, sólo contribuye a reforzar a ETA. Así que en el mejor de los casos hemos perdido el tiempo y en el peor, y más probable, perderemos más cosas. Pero Zapatero tiene a quién parecerse.

Dicen algunos que este sujeto se parece a Neville Chamberlain, el hombre del paraguas, que volvió de su primer viaje en avión en 1938 con la promesa de una paz duradera. Peace in our time, y todo eso. Pero la comparación no es justa, porque al fin y al cabo lo que Chamberlain, Daladier y Mussolini garantizaron a Hitler en Munich no era injusto. Negociaron Estados rivales pero ninguno renunció a sus principios esenciales, se diga lo que se quiera. Hasta pudo haber salido bien. La paz se hizo imposible desde lo de Praga en marzo siguiente y lo de Moscú en agosto. Chamberlain, buscando la paz, quiso salvar además su imperio, y terminó salvando al menos la democracia. No es el caso de Zapatero.

Algunos insisten en comparar a Zapatero con John Fitzgerald Kennedy. No crean, no sólo lo hacen los propagandistas de su dudoso idealismo progresista, sino que también se puede hacer en tono crítico. Al fin y al cabo creó tensiones sin precedentes dentro de Estados Unidos, estuvo a punto de desencadenar una guerra mundial, consolidó una dictadura comunista en Cuba y enredó a su país en la guerra de Vietnam, tras el asesinato de Ngo Dinh Diem por no ser lo bastante demócrata. Pero Kennedy fue un patriota, que luchó voluntariamente en su Marina durante toda una guerra y que, bien o mal, siempre buscó el bien de su país.

Yo lo siento, pero en nuestra historia el mayor parecido lo tiene con un noble de sangre real, el conde don Julián, y con un obispo hermano de rey, don Oppas. Anteponer el interés personal (familiar o de partido) al de la comunidad; servirse de los enemigos internos y externos de la paz para derrotar al adversario político; y estar dispuesto a pagar a costa de todos el precio de esas alianzas, que ponen en riesgo el futuro común. Es un escenario de "máxima alerta", pero no es una novedad.

Pascual Tamburri

El Semanal Digital, 30 de noviembre de 2006

Una diferencia moral de fondo. Comparaciones entre la tregua del 98 y la negociación de Zapatero

Ahora, cuando está a punto de concluir el mal llamado proceso de paz generado por Zapatero, el presidente del Gobierno y el PSOE, con José Blanco y Rubalcaba a la cabeza, está empezando a trasladar la culpabilidad del fracaso al Partido Popular. Algo que no es nuevo en Zapatero ni en los socialistas, ya que siguieron la misma estrategia el 11 de marzo de 2004, cuando responsabilizaron, directamente y sin ningún tipo de escrúpulos, de la muerte de 191 personas al Ejecutivo de José María Aznar.

En estos momentos, cuando puede que todas las expectativas de paz generadas en la sociedad salten por los aires, el jefe del Ejecutivo quiere cargarle la culpa al PP. Es ahora cuando se acuerda del principal partido de la oposición. Y se acuerda para señalarle con el dedo y no asumir una responsabilidad que, desde el 22 de marzo de 2006, cuando se anunció el cese indefinido de la violencia, es única y exclusivamente suya. En este proceso no ha contado ni con el Partido Popular, ni con el PNV, ni con las víctimas del terrorismo, ni con un amplio sentir de la sociedad.

Para preparar a los españoles para el posible fracaso, el PSOE ha lanzado un manipulado vídeo en el que quiere demostrar dos cosas que son totalmente falsas: que el Ejecutivo del PP también hizo todo lo posible para negociar con ETA y que la tregua de 1998 es igual a la de 2006.

En el vídeo socialista hay mentiras y tergiversaciones fácilmente desmontables. Aznar nunca mendigó una tregua, se la encontró porque la prepararon los partidos nacionalistas con ETA, el Gobierno popular sólo se sentó una vez con los terroristas y, en cuanto comprobó que estaba ante un chantaje para pagar un precio político por dejar de matar, se levantó de la mesa y se detuvo a los interlocutores.

Además, en esos meses, el entonces presidente del Gobierno mantenía constantemente informado al PSOE de los pasos que se iban dando y de esto tendría mucho que hablar Joaquín Almunia o Juan Alberto Belloch. Entonces, Aznar, aconsejado por destacados dirigentes socialistas, tomó la decisión de acercar un centenar de presos a la península, eso es verdad. No haberlo hecho habría sido un signo de insensibilidad e inmovilidad ante la anunciada tregua. Y, con el paso del tiempo y conociendo al personaje, el acercamiento fue una decisión que se tomó correctamente.

Hay más diferencias: Aznar nunca internacionalizó el proceso y siempre estuvo con las víctimas, por citar más ejemplos que hacen diferentes ambos proceso. Pero sobre todo hay de fondo una gran diferencia que podemos calificar con el adjetivo de moral.

Existe entre la actitud del Gobierno popular de 1998 y el socialista de ahora una diferencia moral. Entones, Aznar que, en contra de su frialdad, hizo gestos para favorecer el proceso, se echó inmediatamente atrás en cuanto tuvo la certeza de que estaba ante un chantaje terrorista. No fue capaz de ceder. Ahora estamos ante un presidente del Gobierno que ha dado pruebas de todo lo contrario. Se trata de un problema moral de fondo que se traduce en una política totalmente diferente.

Independientemente de la simpatía o no que produjera Aznar, los españoles sabíamos que estábamos ante un frontón al que se iban a estrellar las ansias políticas de los etarras. Ahora con Zapatero, no. Nuestro presidente del Gobierno, marcado por un gran relativismo moral, ha afirmado que “todo cabe” o “todo vale” si desaparece la violencia, es decir, ha renunciado a acabar de raíz con el terror para, con un cálculo electoral, llegar a un acuerdo para cerrar en falso el problema y mantenerse en el poder. La libertad y la justicia son palabras de Zapatero para los grandes discursos.

Raquel Martín

Páginas digital, 28 de noviembre de 2006

Víctimas y negociación

La manifestación convocada por la AVT, principal asociación de víctimas, que ayer recorrió las calles de Madrid es ya la quinta en poco tiempo contra la política antiterrorista del Gobierno de Zapatero. El lema que abría la marcha proclamaba: "Rendición, en mi nombre, no". Más explícitamente, la convocatoria de la AVT decía que el objetivo era "exigir al Gobierno que deje de claudicar ante los asesinos de ETA". Los convocantes identifican por tanto el intento del Gobierno de propiciar un final pactado de ETA con una rendición en toda regla ante los terroristas.

Seguramente habrá muchos ciudadanos solidarios con las víctimas y convencidos de la necesidad de que su voz sea oída que no compartan esas acusaciones. Incluso personas críticas con la forma como el Gobierno está conduciendo el proceso, o aspectos del mismo, pero que no pueden sumarse a planteamientos tan burdos como los que presiden desde hace algún tiempo los pronunciamientos y convocatorias de la AVT.

La acusada politización de esa asociación es una dificultad objetiva para que cumpla su papel mediador entre las víctimas (cada una con sus ideas y creencias) y la sociedad cuya solidaridad invoca con un derecho cierto, pero cuya legitimidad disminuye en la medida en que se limita a abanderar a una formación política determinada. Sin embargo, no es posible prescindir de las víctimas; cualquier planteamiento de negociación tiene que contar con sus preocupaciones, sentimientos y reclamaciones.

Incluso ETA (y su brazo político) tienen que reconocer que ya no pueden prescindir de la exigencia de justicia de las víctimas a la hora, por ejemplo, de plantear eventuales medidas de gracia para los presos. Tampoco puede dejar de tomarlas en consideración el Gobierno; no para esquivar su propia responsabilidad a la hora de decidir las medidas más eficaces para acabar con el terrorismo; pero sí para escuchar sus razones y responder a ellas, si no las comparte, con argumentos. Cualquiera puede ver que muchas de las declaraciones de algunos portavoces de los colectivos de víctimas tienen una fuerte carga demagógica y reflejan a veces obsesiones disparatadas (en relación al 11-M, etcétera); pero el Gobierno no puede limitarse a ignorarlas o despacharlas con apelaciones a su manipulación por el PP.

El respeto que las víctimas reclaman y los políticos proclaman no significa que haya que darles la razón a todo lo que digan, como a veces insinúan los portavoces del primer partido de la oposición. La demagogia de contraponer proceso de paz a derrota de ETA (como si lo uno no fuera consecuencia de lo otro) es más grave en boca de dirigentes como Acebes, que saben que las cosas no son tan simples, que en las del portavoz habitual de la AVT. Pero incluso éste tiene derecho a que se le responda con razones. Cada día que pasa es más evidente que debe hacerse todo lo posible y más para que el PP se sume al consenso del resto de partidos en la tarea de acabar con el terrorismo y con el desconcierto de una parte de la opinión pública. Otra cosa es que el primer partido de la oposición tenga interés en ello.

Editorial de El País, 26 de noviembre de 2006

La resistencia a los tribunales del nacionalismo vasco

La Constitución de 1978 ideó un poder judicial unitario que no puede dividirse entre órganos centrales y autonómicos y que impide a las comunidades autónomas establecer tribunales propios o regular cualquier aspecto que afecte al estatuto jurídico de los jueces y magistrados, entre los que se encuentran la selección de los candidatos a ocupar puestos judiciales y la composición personal de los tribunales. Frente a ello, el nacionalismo vasco ha intentado desbordar el marco constitucional, como hacía el fracasado proyecto de Estatuto Político de 2002 (plan Ibarretxe). En dicho proyecto se preveían fórmulas como la ampliación de los miembros del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) nombrados a partir de ternas propuestas por el Parlamento autonómico o la atribución a un hipotético consejo judicial vasco de la selección de los jueces y, con todo ello, la culminación del objetivo real del nacionalismo, es decir, la creación de un auténtico poder judicial autonómico insertado en un aparente poder judicial unitario nacional, pero claramente controlado por los poderes autonómicos. Sólo desde esta clave puede entenderse la campaña mediática e institucional dirigida en los últimos días desde el tripartito gobernante contra diversos pronunciamientos judiciales. No se acepta ni que el anterior presidente del Parlamento vasco sea juzgado por desobediencia al Tribunal Supremo ni que el lehendakari pueda siquiera llegar a ser encausado penalmente.

En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo (TS) obligando al TSJPV a que dicte sentencia de fondo en el proceso penal contra Atutxa, Knörr y Bilbao, no voy a hacer aquí más que reiterar lo que ya anunciamos cinco catedráticos de Derecho Constitucional hace más de tres años en un artículo publicado en este mismo medio ('Paz jurídica versus conflicto jurídico en Euskadi', 5-7-03). La reiterada negativa de esos tres parlamentarios a no ejecutar las resoluciones del TS no podía tener más que la consecuencia que se acaba de producir. Los acuerdos de la Mesa del Parlamento vasco de 2002 y 2003 eran incomprensibles, ya que los autos del TS lo que hacían era precisamente respetar la autonomía de funcionamiento del Parlamento, dejándole que decidiera cómo dar cumplimiento a la resolución judicial de disolución del grupo parlamentario que agrupaba a los parlamentarios de Batasuna.

El TS, en su sentencia de 10 de noviembre de este año, descarta la aplicación al caso de la prerrogativa parlamentaria de la inviolabilidad, ya que no se trataba tanto de realizar actos parlamentarios como de dar cumplimiento a la ejecución de una sentencia firme (la de disolución de Batasuna). La inviolabilidad parlamentaria fue creada hace más de 400 años en Inglaterra como causa de exención de la responsabilidad penal para proteger la libertad de expresión del parlamentario en el ejercicio de sus funciones y, al ser una prerrogativa, ha de interpretarse restrictivamente (sentencia del Tribunal Constitucional 51/1985). Cuando un parlamentario ejerce funciones organizativas por su posición en un órgano como la Mesa no está ejerciendo la libertad de expresión en defensa de su posición política, sino que realiza una función materialmente administrativa. La orden de ejecución al Parlamento vasco de una sentencia firme del TS es un acto al que hay que dar siempre cumplimiento, poniendo los medios oportunos que estén a disposición del órgano al que el poder judicial solicita su colaboración.

En este caso, Atutxa y sus compañeros tenían dichos medios, ya que podían perfectamente haber declarado disuelto el grupo que acogía a Batasuna para integrar a sus miembros en el grupo mixto. La Mesa podía hacerlo pues tiene competencia para adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cámara (art. 23.1.1 del Reglamento del Parlamento). Sin embargo, no quisieron hacerlo y, como dice la sentencia del TS, «no dar cumplimiento a un mandato judicial en ejecución de lo resuelto en una sentencia firme es, en definitiva, no aplicar la ley» y los actos de un parlamentario «no pueden nunca dirigirse al incumplimiento de la ley». Por eso, el TS ordena al TSJPV que, sin necesidad de nuevo juicio oral, dicte sentencia entrando en el fondo de la cuestión, es decir, si hubo o no un delito de desobediencia.

En el caso del lehendakari, el TSJPV ni le ha juzgado ni muchos menos le ha condenado. Simplemente ha entendido que pueden existir «elementos suficientes para iniciar la investigación penal» y, para ello, abre la fase de instrucción con el objetivo de averiguar si efectivamente cabe la existencia de un delito de desobediencia al Tribunal Supremo por reunirse con Batasuna. Reaccionar ante una actuación judicial ordinaria considerándola una «decisión política» (Imaz, EL CORREO, 11-11-06) o que «atenta directamente contra la división de poderes» (declaración del Consejo de Gobierno vasco) supone ir directamente, como la Sala de Gobierno del TSJPV ha recordado, contra el principio de paz jurídica, ya que está en el núcleo indecidible de nuestro Estado de Derecho que la cláusula de cierre del sistema es la aceptación de que la última palabra en la resolución de los conflictos jurídicos la tengan los tribunales, de forma que todos los poderes públicos (incluidos el Gobierno vasco y el lehendakari) y los ciudadanos estén sometidos a la Constitución y al conjunto del ordenamiento jurídico.

Las declaraciones subidas de tono y la organización de actos de desagravio (como la concentración de cargos públicos en Gernika) en poco ayudan a que las relaciones entre los poderes públicos caminen por la senda de la normalidad, de manera que el TSJPV pueda adoptar con tranquilidad sus resoluciones definitivas sin verse sometido a una presión que pueda llegar a ser insoportable.

Al lehendakari le quedan los recursos judiciales ordinarios y, en su caso, si durante el proceso se vulneran sus derechos fundamentales, el amparo ante el Tribunal Constitucional. En este sentido, parece que sólo puede entenderse en clave política la presentación de un recurso de amparo en este momento inicial. Dicho recurso ha sido anunciado por el Gobierno vasco (así consta en la web oficial de 'Acuerdos adoptados por el Gobierno vasco'), sin establecer claramente si ha sido presentado en su nombre o en el del lehendakari. Parece difícil que lo sea en el primer caso pues el único afectado es el lehendakari. De todas formas, es inexplicable la alusión a una violación del derecho de acceso a los cargos públicos o al derecho a la participación política de los ciudadanos vascos, pues la actuación del TSJPV en nada ha impedido esa participación política ni le ha supuesto al lehendakari merma alguna, hasta este momento, para ejercer sus funciones.

Tampoco puede aceptarse la imputación al más alto tribunal en Euskadi de tomar la decisión «por un impulso político», para inmediatamente decir que eso «no va a resultar gratuito» (Acuerdo de presentación del amparo publicado en la web oficial), lo que es de una gravedad extraordinaria proviniendo de quien tiene la competencia sobre los medios materiales al servicio de la Administración de justicia. Por todo ello considero que la defensa de la posición institucional de los órganos del poder judicial, sin que se vean cuestionados y atacados continuamente, es un deber de todo aquel que quiera que el Estado constitucional de Derecho exista también en Euskadi.

El Correo, 21 de noviembre de 2006

EDUARDO VÍRGALA FORURIA (CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UPV-EHU).

 

Que no se haga leña del árbol caído

ETA, Batasuna y el Gobierno han empezado a cambiar su discurso para prepararse para lo peor: la ruptura del alto el fuego. Si el Gobierno reconoce sus errores, el Partido Popular debe tener altura de miras y favorecer el consenso. La unidad es lo que pide la sociedad frente al terrorismo, y si tras la vuelta a la violencia no se consigue, ETA volverá a ser la ganadora.

A estas alturas del mal llamado proceso de paz, ya nadie duda de que, por parte del mundo de Batasuna y ETA, no hay ningún interés en seguir avanzando sin nada a cambio. Es decir, no está en la agenda de los proetarras la condena de la violencia alguna. Así lo han afirmado públicamente Arnaldo Otegi y muchos de los que han participado en las conversaciones preparatorias de la famosa mesa de partidos.

Batasuna, según los interlocutores del PSE y del PNV en esas conversaciones, que por cierto son muchas y muy fluidas, no para de reiterar que no tiene ningún interés en legalizarse de cara a las próximas elecciones municipales porque no quiere “pasar por el aro” o la “humillación” de tener que expresar un rechazo a la violencia gratis total. Para eso, según aseguran en privado los dirigentes socialistas y peneuvistas que hablan con estos representantes de la “izquierda abertzale”, ya tienen la marca electoral del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) o la posibilidad de presentarse a través de las agrupaciones electorales. No van a pronunciar condena o rechazo alguno, a pesar de lo fácil que se lo ha puesto el Gobierno en las últimas semanas.

El mundo de ETA/Batasuna está totalmente encastillado en sus posiciones y aparecen por primera vez en estos ocho meses de alto el fuego permanente las primeras declaraciones pesimistas por parte del Gobierno. José Blanco ha admitido que la sociedad española puede tener “dudas justificadas” ante el proceso y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado ante la Ejecutiva del PSOE que “ya dijimos que esto no iba a ser fácil”, en un balance bastante negativo de la situación.

Los discursos han cambiado radicalmente. En primer lugar, el de ETA. Nada tiene que ver su primer comunicado con el anuncio, al último. También el del mundo de Batasuna, con amenazas que se incrementan día a día. Y la gran novedad es el giro que parece haber tomado el mensaje del Gobierno. Es como si todo el mundo se estuviera preparando para lo peor: la ruptura del alto el fuego.

Ahora falta por comprobar cómo va a actuar el Partido Popular. Esta semana el secretario general, Ángel Acebes, ha presentado un “Decálogo para un nuevo consenso” con diez condiciones bastantes razonables para volver a apoyar a Zapatero.

Si se rompe este mal llamado proceso del paz, si el Gobierno se planta en la partida que empezó en solitario con ETA, con la correspondiente autocrítica, al menos interna, por los errores cometidos, el principal partido de la oposición deberá tenderle una mano y no hacer leña del árbol caído.

Para ello, el presidente Zapatero, que lleva un año empleándose personalmente a fondo con este asunto, tendría que empezar de nuevo a reconstruir el consenso frente a ETA, empezando por su propio partido, también con el PP, con las víctimas del terrorismo y casi con la mayoría de la sociedad española.

No estaría de más una nueva reunión con el líder del PP, Mariano Rajoy, para transmitir a la sociedad española algo tan básico y vital como es la unidad frente al terrorismo. Porque uno de los mayores errores que debe rectificar el presidente es su huida en solitario al encuentro con ETA. También convendría una vuelta al Pacto Antiterrorista y el compromiso de no volver a llevar a Europa o a ningún otro foro internacional el debate del supuesto proceso de paz.

La sociedad española también está esperando del PP una altura de miras y no que “pase por el cuchillo” al Ejecutivo por su aventura con los terroristas. La mano tendida debería ser sincera porque si los principales partidos tras la vuelta de la violencia, que cada día parece más evidente, siguen divididos, la banda terrorista ETA volverá a ser la ganadora. El Ejecutivo debe rectificar y Mariano Rajoy, favorecer el consenso porque hay muchos dentro del partido que quieren pasar factura al Gobierno con este asunto hasta las próximas elecciones generales.

Raquel Martín

Páginas digital, 14 de noviembre de 2006