Arrestados en Arabia Saudita cuatro cristianos mientras rezaban en una casa

RIAD, lunes, 19 junio 2006 (ZENIT.org).- El pasado 9 de junio, diez policías, armados con porras, entraron en una casa privada de Yedá, en el distrito de Al-Rowaise, arrestando a cuatro cristianos de origen africano cuyo delito ha sido el de ser sorprendidos mientras rezaban.

La noticia ha sido denunciada por la agencia «Compass Direct», y retomada por el servicio misionero «AsiaNews» y por «Radio Vaticano».

Los dos etíopes y los dos eritreos todavía estarían detenidos en la cárcel local para inmigrantes.

En el momento del arresto, más de cien personas, algunas de ellas filipinas, se encontraban reunidas en la casa.

Según estas fuentes, los fieles invitaron a los policías a sentarse y éstos esperaron durante tres horas la conclusión del acto de oración para después arrestar a los cuatro líderes del grupo.

Un cristiano, que ha hablado con los detenidos por teléfono, ha referido que los cuatro «están bien física y moralmente»; sin embargo, no ha ofrecido detalles sobre cómo están siendo tratados o sobre si son sometidos a interrogatorios.

El gobierno de Arabia Saudita prohíbe la práctica y las manifestaciones públicas de toda religión diferente al Islam. En los últimos años, gracias a las presiones internacionales, la corona saudita ha permitido la práctica de otras religiones, pero sólo en privado.

Ahora bien, según «Radio Vaticano», la policía religiosa sigue arrestando, apresando y torturando a personas que practican otras religiones, aunque lo hagan en privado.

Se desconocen cifras exactas sobre la presencia cristiana en el país, constituida en la mayor parte de trabajadores inmigrados.
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Escarmentar en cabeza ajena

Todo lo que ahora es ebullición de datos, análisis y prospecciones de futuro sobre el resultado del referéndum de reforma del Estatut catalán y las causas de tan alta abstención, se convertirá en apenas una semana en inevitable aceptación del nuevo marco autonómico-competencial para Catalunya. En los próximos meses primará la batalla electoral y después las negociaciones para la constitución de un nuevo gobierno que probablemente habrá de ser de coalición, explícita o implícita. Y a partir de que vuelva a haber un presidente en la Generalitat, se abrirá un ciclo de gestión, con reclamación y administración de las nuevas transferencias y de las anteriores competencias, donde la batalla por la capacidad de decidir pasará a un estado latente no se sabe por cuántos años. Porque los procesos de cambio o de intento de cambio del estatus político e institucional de una nación no pueden darse cada poco tiempo. No cabe decir, como hiciera Rodríguez Zapatero, que la cuestión catalana queda resuelta «para siempre», pero ­salvo sorpresas como un recorte extremo del Tribunal Constitucional­ es lógico pensar que el nuevo Estatut tenga una duración que se acerque a la del ahora reformado.

El hecho de que el intento catalán de cambiar su situación jurídica haya cerrado su ciclo de propuesta, negociación, acuerdo y refrendo antes de que el proceso de normalización democrática de Euskal Herria entre en esa fase, permite a las vascas y vascos ­salvando las diferencias existentes­ aprender en cabeza ajena algunas lecciones importantes. La primera es que plantear una mera reforma estatutaria deja en manos de las Cortes españolas la última decisión. Esas reglas de juego no valen para lo que se pretende en Euskal Herria, por lo tanto es preciso pactar otras y tener garantías suficientes de que serán respetadas por todas las partes. Otra lección es que quienes aspiran a que la ciudadanía vasca sea dueña de su futuro deben mantenerse en relación constante con la sociedad y ésta debe estar movilizada. Además, los resultados de la fórmula de contactos bilaterales con los partidos explotada por Rodríguez Zapatero y aceptada por las formaciones catalanas enseña que es imprescindible que lo que se acuerde en Euskal Herria se defienda de manera unitaria ante cualquier otra instancia. Quienes en Catalunya se ilusionaron con el acuerdo del 90% de su Parlament del 30 de setiembre de 2005 ya no tienen la posibilidad de cambiar esa parte de su historia. Euskal Herria sí tiene la opción de escribir una nueva. -

Editorial de Gara, 20 de junio de 2006

Zapatero pretende eludir un nuevo rifirrafe con el PP

La beligerancia del PP contra un diálogo entre el Gobierno español y ETA ha llevado al PSOE a replantearse su idea inicial de solemnizar el inicio de estos encuentros a través de un pleno monográfico en el Congreso de Madrid. Al parecer, Zapatero cumplirá el trámite aprovechando alguna comparecencia parlamentaria.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha descartado que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, realice en el Congreso una comunicación formal para informar del inicio del diálogo con ETA, según indicaron ayer las agencias de información Efe y Europa Press citando «fuentes socialistas».

El PSOE sabe que cuenta con el rechazo frontal del PP y el respaldo del resto de formaciones, por lo que cabe la posibilidad de que aproveche una comparecencia o una pregunta parlamentaria en los plenos previstos para esta semana o la próxima, de forma que tampoco habría un debate sobre esta cuestión.

Zapatero intervendrá mañana en el Congreso no sólo durante la sesión de control al Ejecutivo, sino también, unas horas antes, para explicar los resultados de la última reunión del Consejo Europeo, que se celebró la pasada semana.

Las mismas «fuentes socialistas» reseñaron que el presidente avisará previamente de su anuncio al líder del PP, Mariano Rajoy.

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, compareció en rueda de prensa para volver a reclamar el respaldo del PP en esta materia, aunque su discurso no puede calificarse de conciliador: «Aunque sus dirigentes no tengan futuro, no pueden dificultar el proceso de paz», espetó Blanco. «El PP no va a hipotecar el proceso de paz por su falta de liderazgo, de criterio, por su cambio permanente y por anteponer el interés de su partido al interés general de los ciudadanos», agregó. Blanco apostilló que el PP tendrá que explicar a la ciudadanía «y a los dirigentes europeos» por qué «pone dificultades para acabar de una vez por todas con el terrorismo, y por qué utiliza el dolor de las víctimas en su estrategia».

Rajoy, contra todo

La posibilidad de un acercamiento en los próximos días entre el PSOE y el principal partido de la oposición se antoja prácticamente imposible.

El Comité Ejecutivo Nacional del PP se reunió ayer en Madrid, tras lo cual compareció ante los medios su presidente. Mariano Rajoy aseguró que su formación mantiene la ruptura de «toda relación» con el Ejecutivo Zapatero, y apeló al «espíritu de Ermua» y al «Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo» como único camino para acabar con ETA. El líder del Partido Popular defendió que el Estado español «no debe moverse» hasta que la organización armada «anuncie su disolución. Todo lo que sea moverse y hacer cesiones a ETA no sólo es ilegal, sino un error», sentenció.

Rajoy tachó de «frivolidades» las informaciones publicadas el domingo por “El País”, en las que se afirmaba que «la hoja de ruta para las conversaciones ya está lista».

En el texto se hablaba de reuniones con ETA con la intermediación de la ONG Centros de Diálogo, de «legalización» de Batasuna y de «mesas de partidos».

«No tienen nada que hacer»

El presidente del PP expresó su «disconformidad absoluta» con la intervención de mediadores, porque a su juicio no hay un «conflicto» ni «dos estados enfrentados», sino una «organización terrorista que mata a la gente. Es disparatado.

Aquí no tienen nada que hacer», sentenció antes de denunciar que se trata de una demanda de ETA. Este fue el mismo argumento que utilizó para rechazar la constitución de cualquier mesa de partidos vascos que tenga como objetivo «tomar las decisiones que estimen oportunas y que luego las tengan que aceptar Francia y España. Esto es ilegal, disparatado y contrario a la Constitución», apostilló. En cuanto al debate sobre la «legalidad» de la izquierda abertzale, Rajoy fue tajante y dio la razón a quienes apuntan que la pelota está en el tejado de quienes aprobaron la Ley de Partidos: «Batasuna es ETA y mientras ETA no se disuelva Batasuna no se puede presentar a elecciones. Batasuna se puede presentar a las elecciones si el Gobierno liquida la Ley de Partidos».

Y fue más explícito cuando, preguntado si bastaría con que Batasuna «condenara la violencia», Rajoy respondió que «no». «Batasuna es ETA y quien tiene que condenar la violencia es todo ETA, no una parte de ETA. Tendríamos una parte de ETA actuando en las instituciones y el resto de ETA garantizando que su voluntad saliera, y si no tendría las pistolas».

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso de Madrid, Josu Erkoreka, recordó que su partido nunca ha sido partidario de celebrar una sesión específica para que Zapatero informase del inicio del diálogo con ETA, por lo que reprochó al Ejecutivo la forma en la que ha gestionado este asunto y el hecho de que en su día anunciase con «tanta solemnidad» un debate exclusivo y ahora hablen de una pregunta en una sesión de control. Izquierda Unida también criticó la posibilidad planteada por el PSOE, al considerar que la cuestión del inicio del diálogo entre el Gobierno de Rodríguez Zapatero y ETA debe «parlamentarizarse» y no «resolverse a hurtadillas».

Gara, 20 de junio de 2006

Abstención, mayoría absoluta en Cataluña

Si el referendum fuese en Italia o se aplicase la norma de la UE para Montenegro, la abstención anularía el Estatut.

La Cataluña con derecho a voto se ha dividido en dos mitades: la que fue a votar y la que no; éstos últimos, fueron más. En concreto, al final hubo más abstencionistas que votantes: los abstencionistas ganaron por 61.000 personas.

Fueron a las urnas algo más de 2 millones y medio de catalanes (2.569.268). El Estatut ha sido aprobado por 1,88 millones de votantes, el 73% de los que han votado. Pero en un referéndum, los votos en blanco y la abstención también cuentan. En Italia, con una participación del 49,4% -como ha sido el caso en este Estatut- un referendum no tiene validez y el Estatut no se habría aprobado.

Hace unas semanas, la Unión Europea ponía un listón de participación del 50% y un 55% de síes en el referendum de Montenegro. En Cataluña no se ha llegado a ese 50%.

Una participación tan baja, por lo tanto, deslegitima o invalida un referendum en muchos países y sistemas. La particularidad del sistema español es lo que permite brindar con cava hoy a los tres partidos que consiguieron reunir 1,88 millones de votos después de dos años y medio de campaña intensiva y con el apoyo de los grandes medios públicos y privados.

La UE pedía una participación del 50% en el referendum de Montenegro; Cataluña no ha llegado..La abstención ha sido la más alta de todos los referendos celebrados en Cataluña (excepto el pasado de la Constitución Europea, con sólo un 40,9% de participación). Este Estatut ha contado con una participación 10,2 puntos menor que el de 1979: del 59,6% al 49,4%. También es curioso comparar con las elecciones catalanas de hace tres años. Cuando a los catalanes se les pidió que se pronunciasen sobre quién les ha de gobernar durante sólo 4 años, el 63,4% fue a las urnas. En cambio, cuando se les pide que se pronuncien sobre un Estatut que les va a afectar 20 años o más, no va a votar ni la mitad del censo. L

a diferencia con las generales del 2004 es abismal (de ¡26 puntos!): el 75,6% del censo catalán fue a votar en 2004 quién gobernaría España durante 4 años. Una tercera parte de estos no ha ido a votar cómo se legislará en Cataluña los próximos decenios.

La abstención castiga a los partidos

Los partidos del sí (CiU, PSC, ICV) en las pasadas elecciones catalanas del 2003 sumaban un 43,18% de la población con derecho a voto (ojo, no sobre voto emitido). Los del no, un 17,66%. ¿Han conseguido activar e ilusionar a sus votantes para este referendum? En absoluto.

El "sí" sólo ha activado al 37% de las personas con derecho a voto y el "no" apenas un poco más del 10%. Miles y miles de votantes de los partidos se han quedado en casa. ¿Qué votantes y qué partidos? Esa es la clave para saber qué significa la abstención. Al final, después de dos años de campaña, con el Estatut ocupando portadas y más portadas, como el proyecto principal de los partidos catalanes, sólo el 37% de las personas con derecho a voto lo ha apoyado con su voto

¿Cuánta gente será gobernada bajo este Estatut?

El Estatut generará leyes que se aplicarán en Cataluña. ¿Cuántos habitantes tiene Cataluña? Aunque los niños y extranjeros no tienen derecho a voto, son muchos habitantes que serán gobernados bajo las leyes que salgan del Estatut.

Según anunciaba en enero de 2006 la consellera de sanidad, Marina Geli, el número de tarjetas sanitarias en Cataluña roza los 7,2 millones. Este documento se concede a quien esté empadronado y pasa a recogerlo, por lo que según Marina Geli la cifra de casi 7,2 millones de personas "es la Cataluña real", aunque admitió que la población puede ser ligeramente superior porque todavía quedan ciudadanos que, por ignorancia, no reclaman la tarjeta sanitaria para no desvelar la situación irregular en la que se encuentran.

Si hay 7,2 millones de habitantes, y serán regidos durante años por un Estatut que contó con 1,88 millones de votos, significa que sólo el 26% de los habitantes reales de Cataluña (de la "Cataluña real", que dice Geli) ha apoyado con su voto favorable el Estatut.

Es decir, el 74% de los actuales habitantes de Cataluña serán gobernados por una ley que aprobó sólo el otro 26% de habitantes (los que, pudiendo votar, votaron sí).

Más allá de la reflexión sobre cómo nuestro sistema político debería representar de alguna manera a los niños o los extranjeros (habitantes sin cauce de expresión en el actual sistema), el ciudadano puede pedir a los medios de comunicación que sean más estrictos al hablar de "el Estatuto de todos los catalanes" o incluso de "la mayoría de los catalanes".

Matemáticamente, sólo uno de cada cuatro habitantes ha votado a favor.

Forum Libertas, 19 de junio de 2006

Presentación en Zaragoza del libro "La tregua de ETA: mentiras, tópicos, esperanzas y propuestas".

El Centro de Zaragoza de la Asociación Católica de Propagandistas ha organizado la presentación del libro: La tregua de ETA: mentiras, tópicos, esperanzas y propuestas.

Participarán:

D. José Luis Orella Martínez, presidente de Foro Arbil, director del Departamento de Historia y Pensamiento de la Universidad San Pablo-CEU y director del texto;

D. Jaime Larrínaga, coautor, ex-párroco de Maruri, presidente de Foro El Salvador; y

D. José Marco Jalle, delegado en Aragón de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Información del libro:

http://www.latreguadeeta.blogia.com

Martes 20 de junio de 2006, 20’00 horas.

Sala de Conferencias de Acción Social Católica.

C/. D. Jaime I, Nº 33, pral. ZARAGOZA

Asistencia libre.

Afirman que Zapatero ya tiene calendario para el inicio del diálogo

Bajo el titular «El Gobierno y ETA iniciarán de inmediato las conversaciones de paz», el rotativo “El País” abría su edición de ayer asegurando que «la hoja de ruta para las conversaciones ya está lista».

El periódico más cercano a La Moncloa resaltaba que José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá en el Congreso español antes de que finalice este mes. Previamente, informará de su intervención al líder del PP, Mariano Rajoy. En esa sesión parlamentaria no habrá ninguna votación. Según estas mismas fuentes, el primer encuentro entre el Ejecutivo español y la organización armada «se centrará en cuestiones de procedimiento, como la elección de puntos de reunión, modos de conectar, fijación de los calendarios y órdenes del día. Los interlocutores ya están nombrados y asistirán a los encuentros funcionarios de Centros de Diálogo, una ONG de apoyo a los procesos de paz».

Respecto a la reunión entre el PSE y Batasuna, “El País” la sitúa «unos diez días después de la comunicación de Zapatero en el Congreso». El encuentro «se anunciará a los medios de comunicación y, al final, ambos partidos ofrecerán una rueda de prensa por separado».

En una entrevista publicada ayer por “El Diario Vasco”, el propio secretario general del PSE, Patxi López, manifestaba que la reunión con Batasuna se celebrará «cuando el presidente comparezca en el Congreso», e insistía en que «hablar con la izquierda abertzale empujará el proceso de paz», porque «es necesaria para la solución».

PP: «Decisión tomada»

Estas informaciones desataron el rechazo del Partido Popular. Su portavoz en la CAV, Leopoldo Barreda, apuntó que manifestó que «esta situación indica que hay una decisión tomada quizás hace tiempo, que todo se va a dar por bueno y que la comprobación de las intenciones de ETA se está haciendo de aquella manera». Insistió en que «da igual cuántas cartas de extorsión lleguen y cuál sea el nivel de exigencias que plantee ETA-Batasuna, lo cierto es que el Gobierno parece que tiene tomada alguna decisión en el sentido de la rehabilitación de ETA-Batasuna y no sabemos de cuántas concesiones políticas podamos estar hablando en los meses siguientes». Barreda señaló que su impresión es que «el calendario se va a cumplir pase lo que pase y todo lo que sea un obstáculo para el cumplimiento del calendario, todo aquello que desmienta la intención de ETA de disolverse va a ser menospreciado y minusvalorado o apartado sin contemplaciones».

Otros dirigentes del PP, como Jaime Mayor Oreja o Ignacio Astarloa, se expresaron también en esta línea.

Gara, 19 de junio de 2006

Democracia de baja intensidad

Los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya estaban ayer llamados a pronunciarse en referéndum sobre una reforma estatutaria. La consulta estaba destinada a decidir sobre la versión sustitutiva del Estatut de Sau (1979), pero a diferencia de aquel, que se cimentó sobre el pacto del conjunto del catalanismo con el Estado, el nuevo texto ha sido rebajado entre CiU y PSOE.

El Estado español, ante cualquier intento de cuestionar el modelo territorial establecido tras el franquismo, saca a la luz una doctrina que se puede resumir en que un estatuto, y en general, cualquier otro acuerdo que incida en el modelo de relaciones entre una parte, en este caso Catalunya, y el todo, el Estado español, precisa de una mayoría clara, de un aporte de legitimidad en las urnas que no deje lugar a dudas sobre la voluntad de perdurar que acompaña a una norma básica. Ese dogma, bien discutible, es asumido a su manera por entidades supraestatales, como la Unión Europea, que lo han aplicado ante procesos que conllevan un cambio de estatus jurídico-político.

Tal es el caso del referéndum celebrado el mes pasado en Montenegro, en el que a los ciudadanos de esa república se les impuso desde Bruselas una doble premisa para ver reconocida su voluntad democrática. La primera, que votara el 50% del electorado, la segunda que la opción independentista cosechara más del 55% de los sufragios.

El primer baremo saltó ayer por los aires en el referéndum catalán. La abstención superó el 50% y el nuevo Estatut fue refrendado con el apoyo del 36,19% del total del censo ­aunque tres de cada cuatro de los electores que acudieron a votar dijeron «sí»­. Los defensores del Estatut festejaron anoche el respaldo de casi el 74% dado al acuerdo sellado en Moncloa por Mas y Zapatero, pero aunque el presidente español quiera con ese dato pasar la «página catalana», es difícil de ocultar la baja intensidad democrática de todo el proceso.

Frente al argumento simplista de que la ciudadanía eligió la playa frente a la urna cabe cuanto menos preguntarse por qué. Y habrá que sumar al análisis ambiental, factores de fondo como el hurto del acuerdo del Parlament, las maniobras tácticas de los partidos, la no respuesta a la demanda nacional ... No parece de recibo zanjar la cuestión con que ganó el «sí», sin tener en cuenta esa enorme reserva mostrada por la ciudadanía ante la forma y el fondo de esta reforma estatutaria. -

Editorial de Gara, 19 de junio de 2006

Mitos y realidades de la píldora abortiva

ROMA, sábado, 17 junio 2006 (ZENIT.org).- Uno de los primeros actos del nuevo gobierno de Italia ha sido anunciar el visto bueno a las pruebas utilizando píldoras abortivas. Las píldoras aparecen con toda una variedad de nombres, mifepristone, Mifeprex y RU-486. La ministra de sanidad, Livia Turco, anunció que algunos hospitales tendrían la posibilidad de importar las píldoras para experimentos, informaba el 23 de mayo el Corriere della Sera.

La decisión invierte la prohibición a los experimentos del gobierno anterior, tras un debate sobre el tema el año pasado.

El anuncio ha atraído protestas inmediatas. Francesco D’Agostino, presidente del Comité Nacional de Bioética, aunque no ha ido tan lejos como para condenar completamente el uso de la píldora abortiva, observaba que, al contrario de lo que a primera vista parece, la píldora no es tan sana para las mujeres y que su uso implica riesgos objetivos.

Un editorial del 24 de mayo del periódico semioficial del Vaticano, L’Osservatore Romano, declaraba que la decisión añade otra arma al arsenal contra la vida. También criticaba la rapidez con que se ha tomado la decisión, y la falta de esfuerzo alguno por escuchar las opiniones contrastadas sobre un tema tan discutible.

La decisión de Italia tiene lugar tras la creciente preocupación en Estados Unidos por la RU-486. Se ha relacionado la píldora con cuatro muertes en California y una en Canadá. Las muertes fueron resultado de infecciones bacterianas, facilitadas, según algunos expertos, por el uso de la píldora.

El 11 de mayo, se reunieron algunos científicos para discutir qué papel pudo haber jugado la píldora en dichas muertes, informaba el mismo día Associated Press. Se dividieron las opiniones, según el reportaje, con algunos que sostenían que el uso de la RU-486 permitía la propagación de la bacteria, y otros pidiendo más investigaciones antes de tomar una decisión.

Mayor riesgo de muerte
James McGregor, un profesor de obstetricia de la Centro de Ciencias Sanitarias de la Universidad de Colorado, afirmaba que el riesgo de muertes por los abortos médicos iguales a los causados por la píldora es de 1 de cada 80.000. Es un número notablemente superior al de 1 por millón de los abortos quirúrgicos. “Recomiendo que reduzcamos o eliminemos el mifepristone, o al menos lo consideremos”, declaraba, citado por Associated Press.

En el congreso, el subcomité de la cámara para derecho penal, política de drogas y recursos humanos también recibió evidencias sobre los peligros que implica la píldora, informó el 17 de mayo el Washington Post.

“Considerando las evidencias que tenemos sobre muertes y graves efectos secundarios, el fabricante de este medicamento debería haberlo retirado del mercado hace mucho tiempo”, afirmaba Michelle Gress, consejera del subcomité y portavoz de su presidente, Mark Souder.

Souder es uno de los 83 promotores de una ley que forzaría a retirar del mercado el medicamento. La ley tiene el nombre de “Ley de Holly”, en homenaje a Holly Patterson, una californiana de 18 años que murió por una infección tras tomar la píldora.

Según un informe preparado por el personal del subcomité, la Administración norteamericana para la Alimentación y los Medicamentos (FDA) “ha reconocido las muertes de ocho mujeres asociadas al medicamento, nueve incidentes de peligro de muerte, 232 hospitalizaciones, 116 transfusiones de sangre, y 88 casos de infección”. El informe observaba que estos y otros casos se añaden a un total de 950 avisos de sucesos adversos hasta el 31 de marzo.

Hasta una fuente inusual ha expresado su preocupación por la RU-486: un editorial del New York Times. Los informes sobre muertes de mujeres, comentaba el editorial del 10 de abril, “están haciendo que el tratamiento basado sobre la RU-486 parezca menos atractivo de lo que una vez se pensó”.

Aprobación en Australia y el Reino Unido
A pesar del creciente número de evidencias sobre los peligrosos efectos secundarios de la píldora, siguen adelante los planes de importar la RU-486 a Australia. A principios de año el parlamento federal quitó al ministro de sanidad la capacidad para bloquear las importaciones de la píldora, entregándosela a la Therapeutic Goods Administration, el equivalente al FDA estadounidense.

Según un reportaje en el Courier Mail del 6 de junio, un periódico del estado de Queensland, las mujeres locales serán las primeras del país en tener acceso a la RU-486. Caroline de Costa, una obstétrica de la ciudad de Cairns, declaró haber recibido la aprobación para tener píldoras disponibles el mes próximo. De Costa planea importar de Nueva Zelanda partidas de las RU-486.

En Gran Bretaña, las cifras han revelado que las píldoras sumaron 10.000 abortos en el 2005. Los datos proceden de BPAS (British Pregnancy Advisory Service), la organización que más abortos practica del país, informó el Times el 29 de mayo. Las píldoras suman un tercio de los 32.000 abortos practicados por BPAS el año pasado a mujeres en las nueve primeras semanas de embarazo.

La directora ejecutiva de BPAS, Ann Furedi, contestó a las críticas sobre el uso indiscriminado de la píldora abortiva. Citada en un artículo publicado el 5 de junio en la página web “Spiked”, Furedi declaró que el medicamento era un “método de aborto médico seguro, digno de confianza y efectivo”.

Fábulas

No es lo que dice un libro publicado esta semana en Italia: «La historia del aborto fácil: Mitos y realidades de la píldora RU486» («La favola dell’aborto facile: Miti e realtà della pillola RU486).

El libro, bien documentado, destaca un fenómeno interesante en Italia: el creciente acercamiento entre las feministas y los defensores de la vida. La coautora Eugenia Roccella viene de un ambiente fuertemente de izquierdas, con un trasfondo no religioso. También ha sido una figura clave del movimiento de liberación de la mujer en la Italia de los setenta. La otra coautora, Assuntina Morresi, es una católica pro vida.

Las dos aunaron fuerzas para publicar el libro, que reúne la última información sobre los peligros planteados por el uso de la píldora abortiva, tanto físicos como psicológicos.

El objetivo clave del libro es disipar la noción de que tomar la píldora abortiva es una forma de solución fácil. Algunos pro vida temen que la píldora haga que el aborto sea algo demasiado conveniente. Y quienes están a favor del aborto la defienden como una alternativa fácil al procedimiento quirúrgico.

De hecho, explican Roccella y Morresi, los abortos por medios químicos son más largos, difíciles e inciertos que su alternativa quirúrgica. Usar la píldora abortiva requiere repetidas visitas a una clínica. Y sólo en el 3% de los casos tiene lugar el aborto en las 48 horas posteriores a la toma de la primera píldora, según los datos del FDA.

La píldora normalmente también causa síntomas como dolores y calambres abdominales, náusea, hemorragias, dolores de cabeza y vómitos. La parte más dolorosa del proceso, cuando el feto es finalmente expulsado del cuerpo de la madre, puede durar horas.

Según las autoras, una estimación conservadora del número de muertes en el mundo debidas a abortos químicos alcanzó las 13 (hasta finales de marzo). La cifra verdadera podría ser más alta, observa el libro, puesto que en general los medios han preferido mirar a otra parte a la hora de informar de las muertes y otros problemas debidos a la píldora.

Los efectos secundarios de la píldora van más allá de los meramente físicos. Muchas mujeres, el 56% según un estudio citado en el libro, ven realmente el cadáver del feto abortado. Esta experiencia traumática puede dar lugar a pesadillas y a recuerdos dolorosos en las mujeres. Si la píldora no acaba siendo antes fatal.
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