ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL: Sopesar el bien de la unidad

Se acerca la fecha de la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal, que estará dedicada a examinar la situación actual de España, ya que la saturación de trabajo de la asamblea precedente no permitió a los obispos desarrollar un diálogo a fondo sobre la circunstancia histórica de nuestro país, marcada por una profunda secularización, por una política de laicismo radical y por un proceso que muchos califican de ruptura con el régimen constitucional del 78.

Evidentemente, los obispos no realizarán un análisis político en el sentido técnico de la palabra, pero no pueden dejar de tomar en consideración las coordenadas históricas de este momento a la hora de guiar al pueblo de Dios.  

También entre los obispos gana terreno la percepción de que nos encontramos en un momento de encrucijada histórica. No es que la mayoría de los problemas sean nuevos (casi todos tienen raíces históricas profundas), pero es verdad que el proceso político está actuando como catalizador de todos ellos.

Por un lado, la etapa abierta con la Transición había establecido un marco de reconciliación entre católicos y no católicos basado en los principios de libertad religiosa y colaboración del Estado con la Iglesia. En este marco, la Iglesia se ha sentido cómoda para desarrollar su misión en una sociedad plural. Como es natural, no han faltado las tensiones y las discrepancias, pero se han desenvuelto en un clima de lealtad básica, que es lo que ahora se ha comenzado a quebrar.  

Es cierto que el Gobierno de Zapatero no ha planteado formalmente la revisión de ese marco (como ha subrayado recientemente el Cardenal Rouco), pero también lo es que los soportes intelectuales del Ejecutivo vienen repitiendo machaconamente que el diseño constitucional de las relaciones con la Iglesia Católica es una anomalía que conviene corregir.

No se puede descartar que en esto, como en otras cosas, la Iglesia deba prepararse para una nueva etapa mucho menos halagüeña que la anterior.  Por otra parte, al calor del laicismo gubernamental, crece con mayor virulencia la hostilidad cultural contra el catolicismo, especialmente en los medios de comunicación y en los ámbitos intelectuales.

Esta es una planta que siempre ha existido en el solar español, pero ahora encuentra un suelo nutricio mucho más rico para su desarrollo. Sin duda los obispos tomarán buena nota y se preguntarán por el siempre pendiente diálogo cultural con el mundo "laico", que en España resulta tan difícil siquiera de emprender.  

Otro asunto en el que asoma la ruptura es el de la unidad solidaria de las regiones que integran la nación española. De ningún modo puede ser éste un asunto ajeno a las preocupaciones de los obispos, primero porque dicha unidad está vinculada a un patrimonio común de valores espirituales íntimamente ligado a la fe católica, y segundo porque la solidaridad entre los diferentes pueblos de España, amasada a lo largo de los siglos en una empresa común, es un valor que la propia Doctrina Social de la Iglesia no puede dejar de señalar. Así lo reconoce en su capítulo quinto la instrucción pastoral Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias.  

En una reciente entrevista, el cardenal Rouco subrayaba que "la caridad cristiana vivida en el mundo de las realidades políticas respecto a España implica valorar su unidad y la cooperación de todos en torno al bien común, como un gran bien que no se debe perder". Ciertamente, a continuación el cardenal explicaba que la configuración jurídica de esa unidad es una cuestión éticamente abierta. Por todo ello, los obispos no pueden dejar de preguntarse en esta asamblea por el significado del actual proceso de debilitamiento jurídico-político, pero también afectivo y moral, de la unidad de España.

Los obispos andaluces lo han expresado con claridad palmaria en su nota sobre la reforma del Estatuto:  "Esta unidad, reconocida por la Constitución de 1978, ha entrelazado en forma tal los bienes materiales y espirituales de todos los españoles y su recíproca dependencia, que su debilitamiento o quiebra pudiera conducir a un daño de consecuencias imprevisibles irresponsablemente infligido al bien común, al cual debe supeditarse cualquier ordenamiento jurídico".  

Por otra parte, no es casualidad que este proceso de quiebra de solidaridad venga de la mano de unos estatutos marcadamente laicistas, cuyos capítulos de derechos y deberes suponen una reformulación encubierta de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución en clave radical.

Se verifica una vez más que el laicismo y el nacionalismo disgregador se reclaman mutuamente.  Mucho se ha especulado sobre la forma en que la Asamblea Plenaria podría formular esta preocupación, a la vista de los procesos de reforma estatutaria en curso. En la mencionada entrevista, el cardenal Rouco ha expresado su deseo de que se publique un documento al respecto, si bien parece difícil que vea la luz en la inminente asamblea extraordinaria; quizás aquí se tejan los mimbres para un texto que se aprobaría en otoño.

De todas formas, la andadura de este debate no será sencilla, y ahí está para demostrarlo la carta que 27 políticos e intelectuales catalanes han dirigido a todos los obispos advirtiéndoles de que una reivindicación de la unidad de España implicaría expulsar a los católicos que no comulgan con el centralismo. Claro que podríamos preguntarnos qué tiene que ver el centralismo con el reconocimiento del bien moral de la unidad, y por qué los firmantes de la carta alaban el reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña en el documento episcopal Raíces cristianas de Cataluña, de 1985, y rechazan la posibilidad de que ahora el conjunto de los obispos de España valoren su unidad histórica como un bien moral a proteger.  

A los obispos no se les ha pasado por la cabeza sacralizar un modelo de Estado, como acusan estos críticos anticipados, sino juzgar desde el Evangelio la crisis de fondo que padece nuestra sociedad. Es una cita con la historia, a la que la Iglesia en España no debe faltar.  

Por José Luis Restán 

Libertad Digital, suplemento Iglesia, 15 de junio de 2006 

El ‘divorcio exprés’, las madres solteras y la inmigración ponen cara de niño a la pobreza

Cáritas y la Universidad Autónoma de Barcelona alertan de que “los colectivos en riesgo de pobreza ya no son los jubilados, sino los niños”

“Los hogares más propensos a ser pobres, a pasar a niveles de riesgo de exclusión, son los monoparentales, cuyos ingresos son mucho menores que hace una década, a esos les siguen las familias numerosas”, asegura Lluis Flaquer, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El experto sociólogo también constata que España es el país de la UE donde más está creciendo este modelo familiar desde 2001, “no sólo por separaciones, sino también por madres solteras”. Los datos de Flaquer son contrastados por Cáritas Barcelona, que incluye, además, la inmigración como tercer factor determinante del incremento de pobreza con cara de niño.  

Hace apenas una semana era el Consejo Económico y Social (CES) el que advertía de que uno de cada cinco españoles corre el riesgo de caer en la pobreza. La memoria del 2005 de Cáritas de Barcelona, presentada este lunes, 12 de junio, por su director, Jordi Roglà, y los datos de diversos estudios de la UAB sobre la familia en España, dirigidos por Flaquer, vienen a confirmar, además, que “la realidad es que tenemos el país europeo con prestaciones sociales más bajas y es muy posible que no estén orientadas a la problemática real del país. Los colectivos de riesgo de exclusión y de pobreza en España ya no son los jubilados. Los que necesitan más protección y más volumen de ayudas son los niños y las familias con hijos al cargo”, asegura el sociólogo de la UAB. 

Niños y jóvenes pobres, al alza 

El número de personas atendidas por Cáritas asciende cada año en unas 500 personas de media. Durante 2005 esta tendencia se triplicó, con un aumento de 1.445 individuos respecto al 2004. De las 22.463 personas que Cáritas atendió en ese periodo, el 26 por ciento eran niños y un 23 por ciento jóvenes de entre 18 y 29 años (49 por ciento sobre el total de pobres). También se mantiene un elevado número de mujeres atendidas, casi el 60 por ciento, en situación de exclusión (un 12 por ciento de éstas, con hijos a cargo) y un 76 por ciento que son inmigrantes.  Estas cifras, al alza, conforman un escenario en el que destaca “el rejuvenecimiento y la feminización de la pobreza” y producen una “señal de alarma” que la sociedad ha de tener en cuenta, dice Roglà, quién apuntó como el problema más grave el acceso a una vivienda digna, al que Cáritas destinó el 52 por ciento de sus ayudas. 

Los efectos del ‘divorcio exprés’ 

Que la polémica ley del ‘divorcio exprés’, puesta en marcha hace ahora algo más de un año por el Ejecutivo Zapatero, no era una buena medida y que provocaría un espectacular aumento de las rupturas matrimoniales estaba cantado.  Esta fue, precisamente, una de las referencias que hizo Flaquer en las jornadas sobre drogas y familia celebradas el pasado 9 de junio en Gijón. Entre las transformaciones que se están viviendo, hay que remarcar el rápido crecimiento del porcentaje de hijos fuera del matrimonio o del incremento “muy importante” de divorcios tras el cambio de la ley. “De esas cosas las administraciones deben tomar muy buena nota, porque nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a desbordar si no hay una prevención de situaciones en ciernes”, aseguró. El experto se mostró muy crítico con “algo tan típico de los gobiernos españoles, como es poner en marcha leyes o reformas que no cuestan un duro, que les parecen sin complejidad”, pero con una carga tremenda de profundidad, y puso como ejemplo la reciente ley del divorcio sin llevar aparejadas medidas sociales de protección a las familias con hijos a su cargo. 

Las políticas sociales de ZP, una ‘pose’ 

A la vista de todos estos datos, más bien se podrían calificar las políticas sociales de Zapatero como una ‘pose’, de cara a la opinión pública y los medios de comunicación, que como auténticas medidas sociales para favorecer a los más necesitados. En ese sentido, señala Flaquer, “la pobreza infantil es un tema que ha ido ganando peso en la agenda política europea, aunque en España sigue sin ocupar un lugar relevante entre las preocupaciones de administradores y políticos”.  Mientras los informes oficiales, como el del CES, sostienen que alrededor del 20 por ciento de los españoles pueden caer en una situación de pobreza relativa, “nuestra situación es más grave que en el resto de Europa porque hay un 25 por ciento de pobreza infantil, frente a un 16 por ciento de pobreza adulta. Y esa cifra ya es superior a la media que se registra en la Europa de los Quince”, dice el catedrático de Sociología de la UAB. Flaquer vincula, además, este último hecho con los informes educativos que sitúan a España, junto con Portugal y Malta, en las tasas más altas de fracaso escolar de la UE. 

“Escasa sensibilidad con la familia”

Una de las conclusiones a las que llegó el experto en Sociología de la UAB es “la escasa sensibilidad que los gobiernos españoles de la etapa democrática han mostrado con respecto al gasto social relacionado con la familia, lo que revela la limitación de las respuestas de las administraciones públicas ante los retos planteados por los cambios familiares”. “Las profundas transformaciones que han experimentado los hogares en todos los países desarrollados en los últimos decenios hacen surgir nuevas necesidades que requieren respuestas urgentes”, argumentó Flaquer, quien afirmó que, en España, “ese nuevo perfil de los hogares está creando un conjunto de requerimientos apremiantes”. 

“No sólo somos el país de la UE que menos fondos de protección social dedica a la familia e infancia, sino que también se dedica muy poco a servicios para las familias (cuidadores, guarderías). Sólo destinando inversiones semejantes a multiplicar por cuatro la construcción de la ‘T4’ de Barajas en Madrid, es decir, invirtiendo 25.000 millones de euros, nos situaríamos en posiciones más próximas a la media europea de gasto social a estas cuestiones... Eso tendría efecto en la tasa de fecundidad, se reducirían las tasas de inmigración, y la pobreza infantil”, sentenció el experto sociólogo.

Víctor Ruiz

Forum Libertas, 14 de junio de 2006

EL FORO ERMUA APOYA AL PODER JUDICIAL FRENTE AL ACOSO DEL GOBIERNO NACIONALISTA VASCO

Ante las gravísimas descalificaciones vertidas por el Gobierno vasco y los partidos que lo secundan contra el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a raíz de la admisión a trámite de la querella contra Ibarretxe, el FORO ERMUA manifiesta que: 

1º.-  Los dirigentes nacionalistas vascos, empezando por Josu Jon Imaz y terminando por el Gobierno vasco en su conjunto, han demostrado su talante radicalmente antidemocrático al pretender situarse por encima de la Ley y orquestar una campaña de insultos, descalificaciones y acoso al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por haber dictado una resolución que no se ajusta a sus intereses. 

2º.-  Pedir la comparecencia ante el Parlamento del Presidente del Tribunal para dar cuenta de un asunto que se encuentra en sede judicial, como ha hecho el Gobierno vasco, es un disparate que califica a quien lo propone y demuestra que los dirigentes nacionalistas quieren un poder judicial controlado políticamente. 

3º.-  La autoinculpación decidida ayer por el Gobierno vasco en pleno en el proceso judicial que se sigue contra Ibarretxe, al menos aparentemente tiene un carácter ficticio, ya que sólo expresan una solidaridad general, pero no reconocen haber realizado ellos mismos los actos constitutivos del presunto delito. Esto demuestra el sentido instrumental de la autoinculpación, la conciencia que tienen del carácter realmente delictivo de los hechos imputados y la cobardía del Gobierno nacionalista vasco. 

4º.-  La resolución del Tribunal Superior de Justicia por la que se admite a trámite la querella interpuesta por el Foro Ermua contra Ibarretxe, Otegi, Barrena y Petrikorena por sendos delitos de desobediencia y quiebra de medida cautelar, es de una corrección jurídica incuestionable: BATASUNA es una asociación terrorista, ilegalizada por el Tribunal Supremo y suspendida por la Audiencia Nacional, que tiene prohibida cualquier tipo de actividad. El Lehendakari, al llamar a BATASUNA a la ronda de reuniones mantenidas con diferentes fuerzas políticas, incumplió de manera flagrante las resoluciones judiciales, a pesar de haber sido advertido por el Foro Ermua previamente a su reunión con Otegi. ¿Pretende acaso el nacionalismo que puede situarse por encima de la Ley?, ¿pretende tener el privilegio de incumplir impunemente las resoluciones judiciales?, ¿qué clase de idea tiene de lo que es el Estado de Derecho? 

5º.-  Los dirigentes nacionalistas nunca han buscado la independencia del poder judicial, sino todo lo contrario. La campaña orquestada en esta ocasión tiene nuevamente como objeto coaccionar e intimidar al poder judicial para influir en sus resoluciones.  

6º.- El Presidente Rodríguez Zapatero, su Gobierno y su partido apenas se han pronunciado en contra del presente ataque del nacionalismo vasco a la independencia del poder judicial. Semejante inhibición da a entender que la deslegitimación del poder judicial favorece actualmente las intenciones políticas de Rodríguez Zapatero, lo que resulta escandaloso. 

Por todo esto, el FORO ERMUA expresa su respeto al poder judicial y espera que resista las presiones de las que está siendo objeto y llama al movimiento cívico, a las fuerzas democráticas y a la sociedad en general a que salgan en defensa del Estado de Derecho, de la independencia de la Justicia y, en definitiva, de la democracia.

Bilbao, 14 de junio de 2006

Ultimo comunicado de ETA: ETA emplaza al Estado francés a la negociación y el diálogo político

En un comunicado remitido a varios medios de comunicación, Euskadi Ta Askatasuna emplaza al Estado francés a que muestre su voluntad de dar una solución al conflicto político mediante el diálogo y la negociación. También emplaza a la opinión pública francesa a que «no colabore con el proceso de colonización territorial contra Euskal Herria».

El Gobierno francés, a través del Ministerio de Exteriores, comentó que «la solución política en el País Vasco español» es un asunto de la «soberanía española». Euskadi Ta Askatasuna, mediante un comunicado remitido a GARA en euskara y francés (ver páginas 16 y 17), emplaza al Gobierno francés a que muestre su voluntad de buscar «una salida al conflicto» a través del diálogo y la negociación.

«El objetivo ha de estar encaminado a dar una salida democrática a las raíces del conflicto y a sus consecuencias. ETA tiene una total disposición a poner en marcha ese proceso de diálogo», subraya la organización armada. ETA llama asimismo a los dirigentes franceses a «dejar de lado las actitudes represivas y negadoras, deteniendo desde hoy los ataques contra EuskalHerria y su ciudadanía, así como las vulneraciones de derechos». La organización armada reclama a esas mismas autoridades que no permanezcan «como espectadores pasivos.

En la medida en que son parte del conflicto, tarde o temprano deberán formar parte de la solución. Que no dejen pasar esta oportunidad». En este sentido, ETA indica que continúa en vigor el alto el fuego iniciado el pasado 24 de marzo y manifiesta que siendo su voluntad «la de llevar hasta el final el proceso abierto», basa su decisión «en la creencia de que la respuesta que recibamos estará en consonancia con el paso dado. Para superar un conflicto de muchos años, es necesario edificar una paz basada en los derechos de EuskalHerria y en la justicia. Esa es la voluntad de ETA».

Negación de la existencia

El comunicado arranca recordando que, tras la Revolución de 1789, se puso en marcha en el Estado francés «una opresión metódica» para «hacer desaparecer la identidad vasca en Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. Desde entonces, oficialmente no existen sino el pueblo y el idioma francés. EuskalHerria no existe y los derechos de su ciudadanía son sistemáticamente vulnerados». Más de dos siglos después, ETA resalta que «el Estado francés, priorizando sus principios centralistas, mantiene a los territorios vascos presos en una situación impuesta por la fuerza». Frente a ello, destaca que «si EuskalHerria continúa viva y tiene oportunidades de mirar con esperanza a su futuro es gracias a la lucha de los ciudadanos vascos en la construcción y defensa de nuestro pueblo».

«En nuestro pueblo se ha vertido mucho sudor y mucha sangre para que EuskalHerria viva. Pero se ha hecho camino y hoy, por ejemplo, la población reclama herramientas institucionales y el reconocimiento de EuskalHerria para garantizar el futuro de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. Para que nosotros mismos tengamos herramientas para poder decidir y gestionar el futuro de EuskalHerria, sin ninguna injerencia de los estados».

Promesas sin contenido

Bajo un epígrafe titulado «El desprecio del Estado francés», ETA denuncia que los diferentes gobiernos de las dos últimas décadas han ofrecido falsas promesas y seudoherramientas sin ningún tipo de competencias, considerando que así lograrían colmar las reivindicaciones de la sociedad. Critica que, además, se ha atacado a organismos creados por la propia ciudadanía vasca como Laborantza Ganbara. La organización armada también denosta la continua negativa francesa a reconocer la existencia de un conflicto. «Es bien sabido que donde no hay conflicto no hace falta una solución», señala. ETA tacha de «sinsentido» esta postura y constata que EuskalHerria «no tiene futuro» dentro de la estructura del Estado francés y del «dominio» de su legislación.

Reconocimiento institucional

Para hacer frente a esa situación de «desestructuración», reclama que se den «sin más dilaciones» pasos para llevar a cabo «un reconocimiento institucional» del conjunto de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa que permita garantizar la pervivencia de EuskalHerria y sus derechos como pueblo. ETA apela a las autoridades francesas para que aparquen «su actitud de desprecio y negación» y den «una respuesta positiva» ante las demandas de EuskalHerria. «Reconociendo sus derechos como pueblo y sus derechos lingüísticos, y respetando la identidad de EuskalHerria». En este sentido, insta al Estado francés a que abandone su carácter opresor y pase a ser un Estado que «reconozca los derechos de Euskal Herria», respetando «la palabra y la decisión» de su ciudadanía.

Llama a la ciudadanía a posicionarse por los derechos

DONOSTIA

La organización armada se dirige en una de las partes de su comunicado a la ciudadanía francesa, a la que pide que muestre «una actitud favorable hacia los derechos y el reconocimiento de Euskal Herria» y que se posicione en contra de «la política de opresión» que los dirigentes del Estado francés llevan respecto a este país. También llama a «no colaborar con el proceso de colonización del territorio, manteniendo una actitud de respeto hacia Euskal Herria y su identidad». Dentro de este capítulo, ETA resalta que «el conflicto entre Euskal Herria y el Estado francés» ha sido «ocultado» durante muchos años, algo que a su juicio sigue ocurriendo a día de hoy.

«Las autoridades imponen el silencio y la censura para que ese conflicto no sea conocido y solucionado», denuncia. Una visión que, según apunta, es reforzada por los principales agentes y medios de comunicación.

Desconocimiento

La organización armada insiste en apuntar que «la opresión del Estado francés hacia Euskal Herria y la lucha de la ciudadanía vasca por sus derechos» es una realidad «desconocida» para gran parte de la ciudadanía francesa. «Lo que más se conoce son las acciones de ETA», así como las situaciones derivadas de esta actividad armada, señala. «Pero este silencio no hará desaparecer la existencia del conflicto», manifiesta ETA antes de asegurar que éste continuará hasta que el Estado francés reconozca a Euskal Herria. Por otro lado, la organización armada expresa su «más cálido saludo» a todas aquellas personas y colectivos que han mostrado y muestran su respaldo y solidaridad hacia «la lucha por la liberación de Euskal Herria».  

Gara, 15 de junio de 2006

El treinta por ciento de las separaciones conflictivas usan a los hijos como arma arrojadiza

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) que se presenta cuando uno de los progenitores educa al niño en el odio y lo utiliza como arma arrojadiza se presenta en un 30 por ciento de las 43.300 separaciones conflictivas que se producen al año en España, según el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) que se presenta cuando uno de los progenitores educa al niño en el odio y lo utiliza como arma arrojadiza se presenta en un 30 por ciento de las 43.300 separaciones conflictivas que se producen al año en España, según el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.

Para evitar que este tipo de maltrato, esta institución presentó ayer una guía elaborada por el psicólogo José Manuel Aguilar en la que explica el proceso por el que se puede llegar a estas situaciones y facilita claves de actuación para evitar la utilización de los niños en las separaciones.

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, recordó que esta institución recibió el pasado año 210 quejas referidas a separaciones traumáticas frente a las 133 de 2004.

Asimismo, subrayó la necesidad de aprobar una Ley de Mediación. Morgades al mismo tiempo, apostó por la implantación de una "justicia de familia" con personal especializado y recalcó la necesidad de crear puntos de encuentro para las situaciones de separaciones más enfrentadas, bien dotados, con profesionales preparados y estables.

En este sentido, Núñez Morgades señaló que de esta manera se podría evitar el "maltrato institucional involuntario" que se produce cuando los menores deben declarar ante la Justicia o los Servicios Sociales a lo largo de los procesos judiciales de las separaciones.

El Síndrome de Alienación Parental consiste en una campaña de injurias hacia el otro progenitor, que en ocasiones se extiende a toda su familia, hasta que el padre o madre consigue que el menor exprese un rechazo frontal hacia el otro progenitor.

Finalmente, el propio progenitor alienador afirma que él no puede hacer nada para convencer a su hijo y que es éste el que ha decidido por sí mismo no tener contacto con el padre o la madre.

Análisis Digital, 14 de junio de 2006.

Cómo se complican algunos

Kepa Aulestia se sumergía ayer en el análisis del proceso político abierto en Euskal Herria y lamentaba el grado de confrontación existente entre PP y PSOE.

Decía el ex de EE en ‘‘La Vanguardia’’ que «en la confrontación extrema los matices pierden y ganan los improperios. No queda en pie ni una porción de verdad. Porque hasta los hechos ciertos son desmentidos o utilizados de forma artera. Cada exageración alimenta otra de signo contrario.

Cada tergiversación propicia la manipulación por parte del adversario». Y todo ese rollo para decir a continuación que «la oposición de los populares resulta tan frontal que sirve para que los socialistas no se den por aludidos si Díez Usabiaga insiste en que 'sin autodeterminación no habrá solución del conflicto'.

La indignación respecto al diálogo con ETA y con la izquierda abertzale es tan palpable entre una mayoría de víctimas que el hecho de que la AVT se haya sumado a quienes tratan de abrir todas las puertas de la sospecha sobre el 11-M pasa desapercibido». Por eso sospecha que «deben de ser ya muchos los ciudadanos convencidos de que ETA tuvo algo que ver con la masacre causada por el terrorismo islamista en Madrid.

Como deben de ser también muchos los convencidos de que el PP tratará por todos los medios de obstaculizar los intentos del Gobierno socialista» Y es que, según Aulestia, «la sociedad española mantiene una mirada escéptica respecto a la voluntad última de ETA. Sin embargo, no parece tan dispuesta a jalear los mensajes sobre el derrumbe del Estado de derecho ante las pretensiones etarras o los augurios sobre una próxima vuelta a la actividad terrorista».

O sea, que no saben por donde les da el aire... Y la conclusión que saca Aulestia es que «las posiciones más radicalmente opuestas a la iniciativa del Gobierno contribuyen a ocultar buena parte de los problemas que afectan a ésta. Cualquier diálogo con ETA entraña riesgos. Esos riesgos no disminuyen, sino que aumentan, con el distanciamiento entre socialistas y populares. Porque si bien Rodríguez Zapatero puede sentirse con las manos más libres, justificando decisiones unilaterales por la negativa del PP a colaborar con el Gobierno, también encontrará más dificultades para maniobrar si en un determinado momento ve la necesidad de rectificar o reconducir su iniciativa».  

¿Que complicado.

Maite Soroa 

Gara, 14 de junio de 2006

McGuinness saluda los «indicadores alentadores» sobre el proceso político

El jefe del equipo negociador de Sinn Féin en el proceso irlandés y número dos de la formación republicana se encuentra en Euskal Herria para continuar con las relaciones que emprendió Gerry Adams la semana pasada. Se mostró positivo respecto al proceso en Euskal Herria y animó a «todos los agentes a esforzarse al máximo».

DONOSTIA

«No venimos con una solución para resolver conflictos, no pretendemos tener la solución para Euskal Herria, pero sí el firme convencimiento de que es imposible resolver un conflicto si la gente no está preparada para aceptar la necesidad del diálogo y la negociación», señaló ayer el jefe del equipo negociador y número dos de Sinn Féin, Martin McGuinness, que se encuentra en Euskal Herria de la mano de Batasuna para continuar con los contactos que inició la semana pasada el presidente de la formación republicana, Gerry Adams, en torno al proceso político abierto en Euskal Herria.

Acompañado del mahaikide de Batasuna Pernando Barrena, McGuinness compareció en Donostia tras su llegada al aeropuerto de Loiu, donde también fue recibido por una representación de la formación independentista.  

McGuinness emprendió su intervención subrayando la «valiente decisión» de ETA con la declaración del alto el fuego, ya que según señaló «presenta una situación que no se puede echar a perder». Una situación «de oro» tanto para el pueblo vasco como para el español, sobre el que saludó además «los indicadores alentadores» provenientes de Madrid y de Euskal Herria, a los que, a su juicio, «es muy importante dar continuidad».

«Esforzarse al máximo»

El líder republicano parafraseó a Barrena al señalar que el pueblo vasco y el pueblo irlandés están «muy unidos» históricamente. El mahaikide de Batasuna realizó, además, una comparativa afirmando que si el proceso irlandés ha fructificado ha sido «porque se le ha hincado el diente, con voluntad política, a las raíces del conflicto, que son la autodeterminación y la territorialidad», los dos nudos a desatar en el proceso político de Euskal Herria.

McGuinness aseguró que la formación republicana se esforzará en que el proceso de Euskal Herria llegue a buen puerto porque «creemos firmemente en la necesidad de la paz», y animó a «todos a esforzarse al máximo para encontrar una solución que será beneficiosa tanto para los vascos como para los españoles».

«El PP debería ser inteligente y aprender»
G.M. DONOSTIA

El líder republicano afirmó que es también obligación de su formación compartir la experencia y las lecciones del proceso irlandés, y aludió al Partido Popular al afirmar que «debe- rían ser lo suficientemente inteligentes como para aprender de las lecciones de Irlanda y ver lo que han hecho los unionistas».

McGuinness trajo a colación el cambio de actitud al que se vieron abocados los unionistas en Irlanda, ya que fue, según señaló, su propia base la que forzó a estos partidos a adentrarse en el mismo pese su reticencia, frente al «deseo de paz» de los ciudadanos unionistas.

Por eso, emplazó al PP a aprender de la experiencia irlandesa: «El PP no debería dar por sentado el apoyo de su electorado y deberá de darse cuenta de que éste también quiere la paz», en alusión al posicionamiento contrario al inicio de un proceso de solución. Señaló, además, que ha conversado sobre Euskal Herria con el primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, y se mostró convencido de que éste ha hecho lo mismo con el presidente español.

Gara, 14 de junio de 2006

El proyecto de ETA y de Zapatero

Es posible que Zapatero no quiera la independencia del País Vasco, quizás tampoco un referéndum de autodeterminación. Es posible que no quiera la anexión de Navarra a Euskadi o la conformación de un espacio común que agrupe las siete provincias vascas. Es posible que el presidente del Gobierno no quiera todo esto, al menos no como un fin en sí mismo.

Sin embargo, es cierto que existe un proyecto en el que confluyen los intereses de ETA, de Batasuna y del PSOE, aunque por motivos distintos en cada caso. Por eso, no son tan descabelladas las palabras de Ángel Acebes.

A nadie se le escapa que el silencio de las pistolas supone un granero de votos tanto para el PSOE-PSE como para una legalizada Batasuna. Pero es que además, ambas formaciones comparten ciertas aspiraciones en un momento en que lo que verdaderamente está en juego, y lo que se está configurando, es el mapa político del País Vasco tras la disolución de la banda terrorista.

A los socialistas les interesa que el nacionalismo vasco del futuro esté dividido en dos bloques y para eso necesita una izquierda abertzale fuerte e influyente. Tomando como modelo la división del nacionalismo catalán, los dirigentes del PSOE y del PSE saben que esta situación les ofrece muchas más oportunidades de gobierno que un panorama en el que los herederos de ETA/Batasuna permanecieran como una fuerza residual frente a un hegemónico PNV.

Este planteamiento encaja a la perfección con las aspiraciones del mundo abertzale radical, que se asegura así un peso decisivo en la política vasca y una enorme capacidad de influir en los destinos de esta comunidad. Y esto tras haber sufrido su particular travesía del desierto marcada por el acoso policial y judicial, y por el secuestro de buena parte de sus reivindicaciones históricas, que fueron incorporadas al Plan Ibarretxe por el PNV, lo que generó la confusión y la división en sus bases.

Se puede discutir hasta la saciedad la conveniencia de este diseño en términos de real politik, pero lo que está fuera de duda es la grave inmoralidad que comete el Gobierno dando una salida tan airosa a quienes durante más de 30 años han practicado o han apoyado la violencia, con el resultado de 1.000 asesinatos y decenas de miles de personas amenazadas, perseguidas o huidas.

Nadie quiere más muertos, eso está claro. Pero el actual proceso dirigido por Zapatero está, de hecho, premiando a los violentos por sus actos. Es inevitable que ahora, en la mente de los terroristas y quienes les apoyaron aflore una idea: “mereció la pena”.

Mientras que quienes tuvieron la grandeza moral de abandonar la vía de la violencia y arrepentirse, arriesgando así la vida (y muchos perdiéndola) frente a la venganza ciega de sus ex compañeros, ven ahora cómo el Estado les da la espalda para dar la mano a quienes mataban y amenazaban.

Hay tiempo todavía para que el Gobierno rectifique y existen alternativas. Cuando empezó la democracia en España, ETA optó por seguir matando porque no era capaz de convencer de sus ideas a una mayoría y no estaba dispuesta a ceder. Ahora deja de matar pero sigue queriendo saltarse las reglas del juego democrático y busca una posición de ventaja, excluyendo a quienes piensan de otra forma. Aunque sea un camino más largo y tortuoso, lo correcto es evitar que se salgan con la suya. El empeño ha de ser, ante todo, defender la justicia y la libertad.

Sólo sobre estos dos pilares se puede construir una paz verdadera.

Ignacio Santa María

Páginas Digital, 12 de junio de 2006